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Congreso es reincidente en no cumplir con mandato de Tribunal Constitucional.
Santo Domingo. Como parte de una conducta recurrente del Congreso Nacional que no cumple con el mandato del Tribunal Constitucional, la aprobación de una modificación al Código Procesal Penal antes de diciembre, como ordenó el T.C, peligra debido al poco tiempo con que cuenta la Cámara de Diputados tras recibir la iniciativa a finales de octubre pasado desde el Senado.
Según indicó este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, los diputados, pese a tener «una buena relación con el honorable Senado», no han tenido el tiempo necesario para poder ver en detalle un proyecto extremadamente delicado y que toca los derechos fundamentales de las personas.
«Indudablemente que en la Cámara tenemos apuro con ese tema. Hemos establecido contacto con los demás poderes del Estado y con los actores del sistema judicial en busca de un consenso que nos permita en la fecha indicada ese tema resuelto del Código Procesal Penal», dijo Pacheco.
Aseveró que, como legislador, no se opone a ninguna alternativa legalmente correcta al referirse a la posibilidad de que el Código Procesal se apruebe con celeridad y ser evaluado despúes, ya que el Tribunal Constitucional lo que ataca es el procedimiento utilizado para aprobar la norma.
Según dijo, una comisión trabaja en descubrir la fecha en que el Congreso Nacional fue notificado por el Tribunal Constitucional, pues la misma corre a partir de la notificación, lo que —aunque no lo dijo— podría darle un margen de trabajo superior a ambas cámaras legislativas para completar los trabajos pendientes.
Pacheco insistió en que la norma no ha sido aprobada por falta de trabajo, sino porque fue recibida a finales del mes de octubre y la extensión y complejidad de la misma amerita más tiempo para ser estudiada.
La Ley 10-15, que instruye el Código Procesal Penal, fue modificada por el Senado de la República en varios aspectos sin que estos fueran conocidos por la Cámara de Diputados.
Esta acción provocó una acción de inconstitucionalidad que terminó provocando que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia 0765-24, que otorgaba un plazo de no más de un año al Congreso Nacional para adecuar la norma o, de lo contrario, perdería vigencia.
Ese plazo se vence a mediados del mes de diciembre, aunque los diputados tienen esperanza de encontrar un bajadero que les garantice extender un poco más el plazo, partiendo de la fecha en que fueron notificados oficialmente por el tribunal.
Hasta el momento se han presentado varias propuestas, entre las que se incluye solicitarle a la alta corte un nuevo plazo, lo que ha sido rechazado por juristas por considerar que sentaría un precedente peligroso en el Tribunal Constitucional.
Sobre el texto aprobado por el Senado
La pieza legislativa, que contiene 470 artículos, es resultado de un amplio consenso entre los distintos actores del sistema de justicia, incluyendo la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría Pública, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El informe de la comisión aclara que el contenido no citado o modificado permanece igual al aprobado en la primera lectura, respetando así los acuerdos alcanzados durante la fase inicial del proceso legislativo.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, no se opone a que se otorgue una prórroga al Ministerio Público para presentar acusación.
El doctor Miguel Valerio dijo que es un caso complejo y que es un derecho que tienen los fiscales de la de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Mientras que el abogado Hiroito Reyes, quien representa al imputado German Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico de Senasa, tampoco puso oposición a que se dé un tiempo al Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión luego de que la defensa del imputado, Francisco Minaya no compareciera a la audiencia, debido que su padre falleció la noche del martes y se encontraba en la funeraria.
Wilson Camacho y Mirna Ortiz procuran que se de cuatro meses más para presentar acusación formal, pedimento que se suman los abogados que representan al Estado dominicano.
Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.