Nacionales
Congreso es reincidente en no cumplir con mandato de Tribunal Constitucional.
Santo Domingo. Como parte de una conducta recurrente del Congreso Nacional que no cumple con el mandato del Tribunal Constitucional, la aprobación de una modificación al Código Procesal Penal antes de diciembre, como ordenó el T.C, peligra debido al poco tiempo con que cuenta la Cámara de Diputados tras recibir la iniciativa a finales de octubre pasado desde el Senado.
Según indicó este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, los diputados, pese a tener «una buena relación con el honorable Senado», no han tenido el tiempo necesario para poder ver en detalle un proyecto extremadamente delicado y que toca los derechos fundamentales de las personas.
«Indudablemente que en la Cámara tenemos apuro con ese tema. Hemos establecido contacto con los demás poderes del Estado y con los actores del sistema judicial en busca de un consenso que nos permita en la fecha indicada ese tema resuelto del Código Procesal Penal», dijo Pacheco.
Aseveró que, como legislador, no se opone a ninguna alternativa legalmente correcta al referirse a la posibilidad de que el Código Procesal se apruebe con celeridad y ser evaluado despúes, ya que el Tribunal Constitucional lo que ataca es el procedimiento utilizado para aprobar la norma.
Según dijo, una comisión trabaja en descubrir la fecha en que el Congreso Nacional fue notificado por el Tribunal Constitucional, pues la misma corre a partir de la notificación, lo que —aunque no lo dijo— podría darle un margen de trabajo superior a ambas cámaras legislativas para completar los trabajos pendientes.
Pacheco insistió en que la norma no ha sido aprobada por falta de trabajo, sino porque fue recibida a finales del mes de octubre y la extensión y complejidad de la misma amerita más tiempo para ser estudiada.
La Ley 10-15, que instruye el Código Procesal Penal, fue modificada por el Senado de la República en varios aspectos sin que estos fueran conocidos por la Cámara de Diputados.
Esta acción provocó una acción de inconstitucionalidad que terminó provocando que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia 0765-24, que otorgaba un plazo de no más de un año al Congreso Nacional para adecuar la norma o, de lo contrario, perdería vigencia.
Ese plazo se vence a mediados del mes de diciembre, aunque los diputados tienen esperanza de encontrar un bajadero que les garantice extender un poco más el plazo, partiendo de la fecha en que fueron notificados oficialmente por el tribunal.
Hasta el momento se han presentado varias propuestas, entre las que se incluye solicitarle a la alta corte un nuevo plazo, lo que ha sido rechazado por juristas por considerar que sentaría un precedente peligroso en el Tribunal Constitucional.
Sobre el texto aprobado por el Senado
La pieza legislativa, que contiene 470 artículos, es resultado de un amplio consenso entre los distintos actores del sistema de justicia, incluyendo la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría Pública, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El informe de la comisión aclara que el contenido no citado o modificado permanece igual al aprobado en la primera lectura, respetando así los acuerdos alcanzados durante la fase inicial del proceso legislativo.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.