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Denuncian ante la JCE una supuesta red que habría facilitado documentos irregulares a extranjera
Santo Domingo, R.D.-Cristian Miguel Moreta Romero, abogado y periodista, depositó este miércoles ante la Junta Central Electoral (JCE) una denuncia formal en la que solicita una investigación profunda sobre presuntas irregularidades en el registro civil relacionadas con la ciudadana haitiana Millien Midrene Manessa, quien fue apresada en noviembre de 2022 con un cargamento de municiones de alto calibre en la frontera de El Carrizal, provincia Elías Piña.
En declaraciones ofrecidas vía telefónica, Moreta Romero explicó que la extranjera fue detenida por el Cesfront mientras intentaba cruzar la frontera a bordo de una jeepeta cargada con 22 mil cápsulas para fusiles AK-47 y M60, municiones que, según informes oficiales, serían destinadas a una banda armada en Haití.
“Se trata de un delito transnacional que preocupa incluso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque esa ruta de armas sale por Elías Piña. Esa desgracia que vive Haití también ha sido alimentada desde aquí”, afirmó el jurista.
Presunto esquema para obtener documentos dominicanos
El abogado denunció que la señora Manessa habría logrado obtener actas de nacimiento dominicanas para cinco menores, con el supuesto fin de crear un arraigo falso y así obtener beneficios judiciales durante su proceso penal.
De acuerdo con su relato, el procedimiento habría involucrado: una oficina privada de abogados en Comendador, personal del hospital de Hondo Valle, donde se habrían emitido certificaciones de nacido vivo que, según él, no se corresponden con la realidad, y la oficialía del Estado Civil de ese municipio, donde se registraron los nacimientos.
Moreta aseguró que los documentos se tramitaron para menores nacidos en Haití, algunos con edades superiores a los 15 años, pero registrados en República Dominicana para eludir los controles biométricos del sistema de la JCE. “Ni siquiera llevaron a los niños; redujeron las edades biológicas en los papeles para que no aparecieran datos biométricos”, dijo.
Falta de supervisión en el registro civil
El denunciante, quien ejerció durante más de 20 años como oficial del Estado Civil, criticó duramente la falta de controles en la JCE en las zonas fronterizas.
“El registro civil está en manos de funcionarios con un poder enorme, que decide quién es dominicano y quién no. Si no hay supervisión, se abren las puertas a este tipo de maniobras. Lo que ocurre en Hondo Valle, Bánica, Pedro Santana y otras zonas fronterizas es preocupante”, declaró.
Aseguró además que este caso no es aislado, sino parte de “una red que opera desde hace años” y que comenzaría en oficinas de abogados que conocen cómo burlar los mecanismos de control.
El caso penal: condena y variación de medida
Manessa fue condenada a 10 años de prisión en primera instancia por tráfico de armas y municiones, sentencia que posteriormente fue ratificada en apelación. Sin embargo, según explica Moreta Romero, tras presentar los nuevos documentos obtenidos en República Dominicana, la imputada logró que se le variara la medida de coerción a arresto domiciliario alegando arraigo familiar.
“El Ministerio Público aceptó esos documentos sin verificar su legitimidad. Yo tengo los expedientes de primera instancia y apelación, y ahora he llevado el caso a la JCE porque esto no puede quedarse como una simple cancelación de actas”, señaló.
Pide una auditoría forense y sanciones penales
El abogado solicitó a la JCE realizar una auditoría forense en las oficialías fronterizas y remitir los hallazgos al Ministerio Público.
“Los únicos que no tienen culpa son los menores. Pero todos los adultos involucrados —el oficial civil, el hospital, el abogado actuante, el padre no biológico y la imputada, deben responder ante la justicia”, expresó.
Moreta afirmó que entregó todo el expediente a la Consultoría Jurídica de la JCE para que actúen con rapidez para evitar que más casos similares se repitan.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.