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Denuncian ante la JCE una supuesta red que habría facilitado documentos irregulares a extranjera
Santo Domingo, R.D.-Cristian Miguel Moreta Romero, abogado y periodista, depositó este miércoles ante la Junta Central Electoral (JCE) una denuncia formal en la que solicita una investigación profunda sobre presuntas irregularidades en el registro civil relacionadas con la ciudadana haitiana Millien Midrene Manessa, quien fue apresada en noviembre de 2022 con un cargamento de municiones de alto calibre en la frontera de El Carrizal, provincia Elías Piña.
En declaraciones ofrecidas vía telefónica, Moreta Romero explicó que la extranjera fue detenida por el Cesfront mientras intentaba cruzar la frontera a bordo de una jeepeta cargada con 22 mil cápsulas para fusiles AK-47 y M60, municiones que, según informes oficiales, serían destinadas a una banda armada en Haití.
“Se trata de un delito transnacional que preocupa incluso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque esa ruta de armas sale por Elías Piña. Esa desgracia que vive Haití también ha sido alimentada desde aquí”, afirmó el jurista.
Presunto esquema para obtener documentos dominicanos
El abogado denunció que la señora Manessa habría logrado obtener actas de nacimiento dominicanas para cinco menores, con el supuesto fin de crear un arraigo falso y así obtener beneficios judiciales durante su proceso penal.
De acuerdo con su relato, el procedimiento habría involucrado: una oficina privada de abogados en Comendador, personal del hospital de Hondo Valle, donde se habrían emitido certificaciones de nacido vivo que, según él, no se corresponden con la realidad, y la oficialía del Estado Civil de ese municipio, donde se registraron los nacimientos.
Moreta aseguró que los documentos se tramitaron para menores nacidos en Haití, algunos con edades superiores a los 15 años, pero registrados en República Dominicana para eludir los controles biométricos del sistema de la JCE. “Ni siquiera llevaron a los niños; redujeron las edades biológicas en los papeles para que no aparecieran datos biométricos”, dijo.
Falta de supervisión en el registro civil
El denunciante, quien ejerció durante más de 20 años como oficial del Estado Civil, criticó duramente la falta de controles en la JCE en las zonas fronterizas.
“El registro civil está en manos de funcionarios con un poder enorme, que decide quién es dominicano y quién no. Si no hay supervisión, se abren las puertas a este tipo de maniobras. Lo que ocurre en Hondo Valle, Bánica, Pedro Santana y otras zonas fronterizas es preocupante”, declaró.
Aseguró además que este caso no es aislado, sino parte de “una red que opera desde hace años” y que comenzaría en oficinas de abogados que conocen cómo burlar los mecanismos de control.
El caso penal: condena y variación de medida
Manessa fue condenada a 10 años de prisión en primera instancia por tráfico de armas y municiones, sentencia que posteriormente fue ratificada en apelación. Sin embargo, según explica Moreta Romero, tras presentar los nuevos documentos obtenidos en República Dominicana, la imputada logró que se le variara la medida de coerción a arresto domiciliario alegando arraigo familiar.
“El Ministerio Público aceptó esos documentos sin verificar su legitimidad. Yo tengo los expedientes de primera instancia y apelación, y ahora he llevado el caso a la JCE porque esto no puede quedarse como una simple cancelación de actas”, señaló.
Pide una auditoría forense y sanciones penales
El abogado solicitó a la JCE realizar una auditoría forense en las oficialías fronterizas y remitir los hallazgos al Ministerio Público.
“Los únicos que no tienen culpa son los menores. Pero todos los adultos involucrados —el oficial civil, el hospital, el abogado actuante, el padre no biológico y la imputada, deben responder ante la justicia”, expresó.
Moreta afirmó que entregó todo el expediente a la Consultoría Jurídica de la JCE para que actúen con rapidez para evitar que más casos similares se repitan.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
- «Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
- «Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
- La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
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Apresan dos hombres supuestamente vinculados en muerte de joven en el municipio de Guerra.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.