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Denuncian ante la JCE una supuesta red que habría facilitado documentos irregulares a extranjera

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Santo Domingo, R.D.-Cristian Miguel Moreta Romero,   abogado y periodista,  depositó este miércoles ante la Junta Central Electoral (JCE) una denuncia formal en la que solicita una investigación profunda sobre presuntas irregularidades en el registro civil relacionadas con la ciudadana haitiana Millien Midrene Manessa, quien fue apresada en noviembre de 2022 con un cargamento de municiones de alto calibre en la frontera de El Carrizal, provincia Elías Piña.

En declaraciones ofrecidas vía telefónica, Moreta Romero explicó que la extranjera fue detenida por el Cesfront mientras intentaba cruzar la frontera a bordo de una jeepeta cargada con 22 mil cápsulas para fusiles AK-47 y M60, municiones que, según informes oficiales, serían destinadas a una banda armada en Haití.

“Se trata de un delito transnacional que preocupa incluso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque esa ruta de armas sale por Elías Piña. Esa desgracia que vive Haití también ha sido alimentada desde aquí”, afirmó el jurista.

Presunto esquema para obtener documentos dominicanos

El abogado denunció que la señora Manessa habría logrado obtener actas de nacimiento dominicanas para cinco menores, con el supuesto fin de crear un arraigo falso y así obtener beneficios judiciales durante su proceso penal.

De acuerdo con su relato, el procedimiento habría involucrado: una oficina privada de abogados en Comendador, personal del hospital de Hondo Valle, donde se habrían emitido certificaciones de nacido vivo que, según él, no se corresponden con la realidad, y la oficialía del Estado Civil de ese municipio, donde se registraron los nacimientos.

Moreta aseguró que los documentos se tramitaron para menores nacidos en Haití, algunos con edades superiores a los 15 años, pero registrados en República Dominicana para eludir los controles biométricos del sistema de la JCE. “Ni siquiera llevaron a los niños; redujeron las edades biológicas en los papeles para que no aparecieran datos biométricos”, dijo.

Falta de supervisión en el registro civil

El denunciante, quien ejerció durante más de 20 años como oficial del Estado Civil, criticó duramente la falta de controles en la JCE en las zonas fronterizas.

“El registro civil está en manos de funcionarios con un poder enorme, que decide quién es dominicano y quién no. Si no hay supervisión, se abren las puertas a este tipo de maniobras. Lo que ocurre en Hondo Valle, Bánica, Pedro Santana y otras zonas fronterizas es preocupante”, declaró.

Aseguró además que este caso no es aislado, sino parte de “una red que opera desde hace años” y que comenzaría en oficinas de abogados que conocen cómo burlar los mecanismos de control.
El caso penal: condena y variación de medida

Manessa fue condenada a 10 años de prisión en primera instancia por tráfico de armas y municiones, sentencia que posteriormente fue ratificada en apelación. Sin embargo, según explica Moreta Romero, tras presentar los nuevos documentos obtenidos en República Dominicana, la imputada logró que se le variara la medida de coerción a arresto domiciliario alegando arraigo familiar.

“El Ministerio Público aceptó esos documentos sin verificar su legitimidad. Yo tengo los expedientes de primera instancia y apelación, y ahora he llevado el caso a la JCE porque esto no puede quedarse como una simple cancelación de actas”, señaló.

Pide una auditoría forense y sanciones penales

El abogado solicitó a la JCE realizar una auditoría forense en las oficialías fronterizas y remitir los hallazgos al Ministerio Público.

“Los únicos que no tienen culpa son los menores. Pero todos los adultos involucrados —el oficial civil, el hospital, el abogado actuante, el padre no biológico y la imputada, deben responder ante la justicia”, expresó.

Moreta afirmó que entregó todo el expediente a la Consultoría Jurídica de la JCE para que actúen con rapidez para evitar que más casos similares se repitan.

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Envían a prisión preventiva a “El Pastor” por caso de 14 menores rescatados en Haina

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Ángel Gabriel Capellán deberá cumplir tres meses en Najayo-Hombres, mientras un segundo imputado recibió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida; la defensa anunció que recurrirá la decisión

SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”, investigado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y maltratos físicos y psicológicos contra 14 menores de edad.

El tribunal dispuso que Capellán cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.

En el mismo proceso figura Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, a quien el magistrado impuso una garantía económica de RD$20,000, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del territorio nacional.

El juez acogió parcialmente la solicitud presentada por el Ministerio Público, que había solicitado tres meses de prisión preventiva contra los dos imputados.

Ministerio Público presentó 40 elementos de prueba

Para sustentar su petición, el órgano acusador presentó ante el tribunal 40 elementos de prueba que, según sostiene, relacionan a los investigados con hechos de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y presuntos maltratos físicos y psicológicos.

Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran declaraciones ofrecidas por menores que fueron rescatados de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), localizada en Bajos de Haina.

Debido a la condición de menores de edad de las presuntas víctimas, sus testimonios fueron obtenidos mediante Cámara Gesell, mecanismo utilizado para reducir su exposición durante el proceso judicial y preservar sus declaraciones como anticipo de prueba.

Fundación habría operado sin autorización para recibir menores

Capellán dirigía la Fundación Restaurando Vida, entidad que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, no disponía de la autorización correspondiente para funcionar como hogar de acogida de niños y adolescentes.

El órgano persecutor sostiene que en las instalaciones convivían menores junto a otras personas en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades investigan además las circunstancias en que la organización recibía niños y adolescentes, así como la captación de fondos y donaciones vinculadas con sus actividades.

Estos señalamientos forman parte de la investigación del Ministerio Público y deberán ser examinados durante el proceso judicial.

Denuncia de un menor originó la investigación

El caso comenzó a ser investigado después de que uno de los menores presuntamente escapara de las instalaciones y acudiera a un destacamento policial para denunciar las condiciones en que se encontraba.

La denuncia motivó actuaciones de las autoridades que posteriormente condujeron a allanamientos, al rescate de los menores que permanecían en la fundación y a las detenciones de Capellán y Muñoz Rodríguez.

Como parte de las diligencias, una de las presuntas víctimas fue sometida a una evaluación médico-legal.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el examen documentó lesiones en distintas partes del cuerpo y quemaduras de segundo grado en proceso de cicatrización en ambas manos.

Una evaluación psicológica forense también habría determinado que el menor no asistía a la escuela y que presuntamente realizaba trabajos de carpintería relacionados con la construcción de una vivienda.

El Ministerio Público sostiene además que el adolescente habría sido sometido reiteradamente a castigos físicos.

Defensa anuncia apelación

Tras concluir la audiencia, Manuel Soto, abogado de Ángel Gabriel Capellán, anunció que recurrirá la decisión que envió a su representado a prisión preventiva.

El jurista sostuvo que Capellán es inocente de las imputaciones formuladas y explicó que espera recibir formalmente la resolución judicial para presentar el recurso de apelación.

El proceso continuará ahora con las investigaciones del Ministerio Público mientras se cumplen las medidas de coerción impuestas.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una condena. La responsabilidad penal de los imputados deberá ser determinada posteriormente por los tribunales a partir de las pruebas y argumentos presentados por las partes.

Mientras avanza el expediente, las autoridades mantienen bajo protección a los menores involucrados, cuyas identidades deben permanecer reservadas conforme a las normas destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes.

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Evoluciona favorablemente joven herido durante intento de asalto en Serrallés

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Gustavo Mejía-Ricart Risk, de 23 años, continúa hospitalizado luego de ser sometido a una cirugía de emergencia por varias heridas de arma blanca; la Policía informó del arresto de un hombre señalado como presunto agresor

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, muestra una evolución favorable luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de emergencia tras resultar gravemente herido durante un intento de asalto ocurrido en el sector Serrallés, en el Distrito Nacional.

Mejía-Ricart Risk recibió varias heridas de arma blanca en el abdomen que comprometieron algunos órganos, situación que obligó al personal médico a practicarle una cirugía de emergencia.

Su madre, Katherine Risk, informó que, pese a la gravedad que inicialmente presentó, el joven ha respondido favorablemente al tratamiento y continúa bajo vigilancia médica mientras avanza su proceso de recuperación.

La familia ha recibido numerosas expresiones de solidaridad desde que se conoció públicamente el ataque, incluyendo mensajes de personas que no mantienen vínculos personales con el joven.

Risk agradeció las oraciones y muestras de apoyo recibidas y destacó la fortaleza mostrada por su hijo durante las horas posteriores a la intervención quirúrgica.

Ataque ocurrió próximo a la residencia del joven

El hecho se produjo cuando Mejía-Ricart Risk se dirigía hacia el lobby de la torre donde reside, después de estacionar su vehículo en las inmediaciones.

De acuerdo con las informaciones preliminares de las autoridades, el agresor presuntamente siguió al joven a bordo de una motocicleta y posteriormente intentó despojarlo de sus pertenencias.

Durante el incidente, la víctima habría ofrecido resistencia y recibió varias heridas de arma blanca.

El atacante posteriormente escapó del lugar sin lograr concretar el robo, según la versión ofrecida sobre el caso.

Policía arresta a un sospechoso

La Policía Nacional informó este martes que, mediante un operativo realizado conjuntamente con el Ministerio Público, fue detenido Johnny González, de 41 años, señalado por las autoridades como presunto responsable de la agresión.

Durante las actuaciones relacionadas con el arresto fueron ocupados un cuchillo, una motocicleta, prendas de vestir y otros objetos que las autoridades investigan para determinar su posible vinculación con el hecho.

González fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes, mientras las investigaciones continúan.

Su arresto y señalamiento como sospechoso no constituyen una declaración de culpabilidad, responsabilidad que deberá ser determinada por los tribunales conforme a las pruebas que sean presentadas durante el proceso.

Estudiante de Derecho

Gustavo Mejía-Ricart Risk es estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y también desarrolla actividades laborales junto a su familia.

Su madre consideró que el episodio sufrido por su hijo debe trascender el caso particular y servir para llamar la atención sobre la violencia y la inseguridad que pueden enfrentar los ciudadanos.

La familia expresó además su confianza en que las autoridades desarrollen las investigaciones correspondientes y que el proceso judicial permita esclarecer completamente las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades conforme a la ley.

Mientras avanzan las investigaciones, la principal atención de sus familiares permanece concentrada en la recuperación de Gustavo, quien continúa bajo cuidado médico y presenta una evolución favorable después de la cirugía de emergencia.

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Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro y pasajeros viajarán gratis por el resto del día

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La Empresa Metropolitana de Transporte informó que sus técnicos corrigieron la avería registrada en la Subestación de Tracción García Saleta y ofreció disculpas a los usuarios afectados

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Línea 2 del Metro de Santo Domingo retomó sus operaciones habituales la noche de este martes, luego de que los equipos técnicos solucionaran la falla eléctrica que había obligado a interrumpir temporalmente el servicio en varias estaciones.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) comunicó que la avería fue corregida en la Subestación de Tracción García Saleta, instalación donde se había producido el inconveniente que afectó el suministro de energía necesario para la circulación de los trenes.

Concluidos los trabajos técnicos y realizadas las verificaciones correspondientes, la institución autorizó la normalización de las operaciones en toda la Línea 2.

Servicio será gratuito por el resto de la jornada

Como compensación por los inconvenientes ocasionados a los pasajeros durante la interrupción, la EMT anunció que los usuarios podrán utilizar gratuitamente el Metro durante el resto de la jornada de este martes 15 de septiembre.

La medida fue presentada por la institución como un gesto de agradecimiento a los ciudadanos por la paciencia y comprensión mostradas mientras los técnicos trabajaban para solucionar la avería.

Falla había obligado a dividir las operaciones

El incidente se produjo alrededor de las 6:47 de la tarde, cuando una falla en la Subestación García Saleta provocó una pérdida de energía en la catenaria.

Por razones de seguridad, el servicio quedó temporalmente suspendido entre las estaciones Pedro Bonó y Ramón Cáceres.

Mientras se desarrollaban las labores de reparación, la Línea 2 operó mediante dos servicios parciales: uno entre Pablo Adón y Pedro Bonó, y otro desde Ramón Cáceres hasta Concepción Bona.

La situación afectó a pasajeros que utilizaban el sistema durante las primeras horas de la noche, coincidiendo con el desplazamiento de numerosos ciudadanos al concluir sus jornadas laborales.

EMT ofrece disculpas a los pasajeros

Tras solucionar la avería, la Empresa Metropolitana de Transporte ofreció disculpas por las dificultades generadas y agradeció la comprensión de los usuarios.

Con la recuperación del suministro eléctrico en la subestación afectada, los trenes volvieron a circular normalmente por toda la Línea 2, quedando sin efecto el esquema provisional que había sido implementado durante la emergencia.

La institución indicó que sus equipos técnicos completaron los trabajos necesarios para garantizar la operación segura del sistema.

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