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Crimen de adolescente de Yelenny Duarte Hilario que consternó el país
Santo Domingo, R.D.-Crimen que generó horror ocurrido ell 26 de marzo de 2024 se convirtió en una fecha marcada por el horror en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, ya que ese día la joven Yennely Andreina Duarte Hilario, de tan solo 18 años, fue asesinada de manera brutal.
Su muerte estremeció a la población dominicana, no solo por el nivel de violencia que sufrió, sino porque la responsable del crimen fue su propia amiga y expareja, Ammy Hidalgo, quien más tarde se entregaría a las autoridades y confesaría lo ocurrido.
Ayer lunes, tras un proceso judicial cargado de aplazamientos, apelaciones, tensiones y reclamos insistentes de justicia por parte de la familia de la víctima, Ammy Hidalgo fue condenada a 30 años de prisión.
El día del crimen
El 26 de marzo de 2024 Yennely comenzó su día sonriente. Fue al salón, se hizo las uñas y, según sus familiares y vecinos, se le vio contenta. No había ningún indicio de que saldría de su casa por última vez y que marcaría por el resto de su vida a sus allegados.
Cerca de las 7:00 de la noche, Ammy Hiraldo Peña salió de su vivienda conduciendo el KIA Sorento de su padre, comprado en 2021. Dentro del vehículo llevaba amoníaco, un cuchillo y un envase con gasolina, elementos que posteriormente demostrarían la premeditación del crimen.
Ammy había quedado de recoger a Yennely en su casa. Así ocurrió: pasadas las 7:00 de la noche, detuvo el carro frente a la vivienda, apagó el motor y la joven se subió al asiento de copiloto. Cámaras de seguridad captaron el vehículo desplazándose por varias calles hasta dirigirse al callejón de Moncho, en Cotuí, donde sucedería el hecho.
Allí, en esa zona oscura ocurrió la agresión. Ammy le propinó a Yennely más de 40 estocadas, ocasionándole la muerte. Luego roció su cuerpo con gasolina, aunque, no llegó a incendiarlo. Durante el interrogatorio, los agentes le preguntaron si entendía por qué estaba detenida, a lo que respondió:
«Por el homicidio que me acusan de la joven Yennely Duarte Hilario, en el callejón de Moncho, a quien herí con un cuchillo en varias partes del cuerpo.»
También explicó que, tras el ataque, acudió a la Clínica Jacobo porque había resultado herida al intentar esquivar un cuchillo que llevaba la víctima.
El hallazgo del cadáver
Al día siguiente, miércoles 27 de marzo, a las 7:15 a.m., el cuerpo de Yennely fue encontrado en el callejón donde Ammy la había abandonado. Estaba en el suelo, rociado con gasolina y con múltiples heridas.
Junto al cadáver, la policía levantó varias evidencias, entre ellas, un par de sandalias color crema con marrón, marca RealWoman, un pote blanco rotulado como «amoníaco puro«, una toalla roja, manchada de sangre, un pote transparente, ensangrentado, que contenía restos de la gasolina utilizada.
El Inacif confirmó que la joven había sido violada sexualmente, golpeada y recibió más de 40 estocadas, incluyendo en sus genitales. El informe causo impacto y aumentó la indignación en la población.
La confesión
El jueves 28 de marzo, a las 9:33 de la mañana, la madre de la víctima acudió a las autoridades para denunciar formalmente a Ammy Hiraldo Peña. Estaba segura de que ella tenía responsabilidad, pues sabía que su hija había salido con ella la noche anterior.
Ammy terminó entregándose a la policía ese mismo día. A las 2:37 de la tarde fue interrogada y confesó el crimen. Dijo que había actuado porque «no quería estar con ella y ella insistía». Según el entorno de la víctima, Yennely tenía novio y habría rechazado retomar una relación con Ammy.
Un proceso judicial marcado por reclamos de justicia
Desde el comienzo del caso, la familia de Yennely— en especial su padre Wilson Duarte—se mantuvo exigiendo de justicia. El proceso estuvo marcado por aplazamientos, apelaciones, retrasos y cuestionamientos, durante los cuales los familiares insistieron en que Ammy no actuó sola.
Desde el primer día afirmaron que había otra persona involucrada, y sostuvieron esa postura incluso después de que la investigación preliminar señalara solo a Ammy como autora material.
Ayer, luego del veredicto, la madre de la víctima, Yanely Hilario, reiteró su convicción: «estoy segura de que ella no la mató sola, pero existe la justicia divina, y los cómplices la van a pagar.»
La familia sabe que ahora inicia la fase de apelación, pero confía en que las instancias superiores ratificarán la condena.
La audiencia de ayer se desarrolló bajo un estricto dispositivo de seguridad debido a la sensibilidad del caso y a la presión social que generó desde el principio.
Los jueces inalmente sentenciaron a Ammy Hidalgo a 30 años de prisión, pena que cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.