Nacionales
Giro inesperado en el enfoque político y económico en discurso de la embajadora Campos
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
Nacionales
El 85 % de las amenazas de violencia son cometidas por jóvenes menores de 34 años, segun Procuraduría
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, presentó cifras de violencia que afectan a la sociedad dominicana, haciendo un llamado urgente a desmontar la cultura del conflicto y a centrar las políticas públicas en la juventud.
La magistrada, al presentar su rendición de cuentas 2026, dijo que el Ministerio Público recibió «la abrumadora cifra» de 73,291 casos relacionados exclusivamente con violencia de género, intrafamiliar y sexual durante el último año.
Reynoso destacó que, más allá de los delitos graves, las denuncias por amenazas alcanzaron los 25,024 casos.
Reynoso señaló que 6 de cada 10 homicidios en el país se originan por conflictos sociales y que, según los datos validados al 100 %, el 59 % de las muertes violentas no son producto del crimen organizado, sino de altercados ciudadanos; una cifra que revela una profunda crisis en la resolución pacífica de diferencias.
«De cada 10 homicidios, seis son por conflictos sociales. Si a esto le sumamos que el 80 % de los involucrados son menores de 35 años, tenemos datos suficientes para entender que debemos trabajar como sociedad», advirtió Reynoso.
La magistrada anunció que, como parte de la iniciativa «Vitaria», el Ministerio Público publicará cada tres meses un boletín especializado en violencia de género e intrafamiliar.
Explicó que este documento servirá como herramienta de análisis para las 31 instituciones aliadas y la sociedad civil, permitiendo una persecución basada en datos científicos y no en reacciones mediáticas.
«Rendir cuentas es nuestra obligación. La transparencia no es solo colgar datos, es permitir que la sociedad cuestione, pregunte y evalúe la meritocracia y el sistema de consecuencias que estamos consolidando», concluyó.
Para el 2026, la magistrada prometió una transformación total en la metodología de investigación criminal, incluyendo una nueva sede de investigación.
Sostuvo que, por disposición del presidente Luis Abinader, las unidades de investigación y procuradurías especializadas se trasladarán en menos de 90 días al edificio donde opera actualmente el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), el cual será convertido en una sede moderna y tecnificada.
Manifestó que, junto a la Policía Nacional y la Dicrim, se implementará un modelo más técnico, fortaleciendo los laboratorios y digitalizando procesos para garantizar una «calidad técnica sin precedentes».
Reynoso también se refirió a los procesos judiciales por corrupción administrativa. Aseguró que la institución no se dejará amedrentar por presiones externas ni por la coyuntura política.
Asimismo, anunció que el país alcanzará este año la independencia científica en materia forense.
Sostuvo que antes de que concluya el 2026, el país contará con la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) más avanzada de la región y tendrá la capacidad de procesar el 100 % de las pruebas de ADN en territorio nacional.
«Tener que pedir asistencia a Puerto Rico para realizar pruebas de ADN será cosa del pasado», sentenció la magistrada, al tiempo que anunció la creación de un fondo especial para que ningún caso se quede sin esta prueba científica por falta de recursos.
La procuradora reveló que se han ejecutado más de 34 operaciones de alto impacto contra el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y cibercriminalidad.
Además, anunció que a partir del 1 de abril, la interoperabilidad con la Policía Científica será del 100 % y el 100 % de los allanamientos realizados por fiscales serán grabados con cámaras corporales (bodycams) de última generación para garantizar la transparencia y el respeto al debido proceso.
La institución ha sistematizado el 70 % de sus procesos con el objetivo de llegar al 100 % en línea para el cierre de 2026. Se eliminarán los libros de récords físicos, utilizando firmas digitales y registros biométricos.
Finalmente, destacó la creación del Sistema Automatizado de Información Penitenciaria, que ha captado los datos biométricos de toda la población carcelaria en los 51 centros del país.
Este sistema será entregado al Ministerio de Justicia para interoperar con las agencias de inteligencia y defensa del Estado.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional exoneró de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un violento ataque con arma blanca que resultó en la muerte de una mujer de 70 años y dejó a otras cinco personas heridas en el Ensanche Naco.
De inmediato, el abogado Miguel Valerio, representante legal de los familiares de la víctima, criticó el fallo.
Por otro lado, el abogado defensor, Richard Martínez, se mostró conforme con la decisión. Alegó que existe un informe forense que establece que, el día de los hechos, Pumarol se encontraba bajo un brote psicótico, argumentando que ante una enfermedad de tal magnitud no existe culpabilidad penal.
Martínez añadió que, tras su salida de prisión, su cliente será trasladado a un centro especializado para recibir tratamiento, aunque no especificó la duración del mismo.
Cabe destacar que un informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contradice la premisa de la defensa, al establecer que el imputado posee la capacidad cognitiva necesaria para comprender los hechos, prestar testimonio y afrontar un juicio de fondo.
El incidente ocurrió el miércoles 23 de julio de 2025, cuando Pumarol Fernández atacó con un arma blanca a varias personas. En la tragedia falleció la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años. Además, resultaron heridos Guillermo Pumarol (padre del agresor), Teresa Fabián Heredia (cuidadora), y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
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Con una inversion mayor de más de US$600 millones de dólares construiran puerto espacial.
Santo Domingo, R.D.-Un proyecto de puerto espacial comercial contempla construir la República Dominicana en Pedernales con una inversion que supera los 600 millones de dólares, según informó Burton Catledge, CEO de la empresa Launch On Demand (LOD Holdings), durante el acto de presentación en el Palacio Nacional.
El proyecto tendrá como ubicación el municipio de Oviedo, en la provincia de Pedernales, como lo había anunciado el presidente Luis Abinader en la rendición de cuentas del 27 de febrero de este año.
«El futuro del espacio dependerá de quien se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio es posible», expresó Catledge.
Reveló que el diseño del proyecto inició hace apenas dos semanas, mientras que el primer lanzamiento espacial se estima que será en mayo de 2028.
El proyecto contempla la construcción de un puerto espacial comercial acompañado de un hub energético integrado, con capacidad estimada de 200 megavatios, orientado tanto a las operaciones aeroespaciales como al fortalecimiento de la red eléctrica nacional, de acuerdo a la Presidencia de la República.
Asimismo, se prevé el desarrollo de infraestructura logística, hídrica y tecnológica, incluyendo una planta desalinizadora y sistemas avanzados para la mitigación acústica durante los lanzamientos.
La Presidencia informó en un comunicado de prensa que en el ámbito legal, el proyecto se desarrollará conforme a un marco regulatorio adaptado a las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia modelos como los de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, transparentes y competitivas. Este enfoque busca facilitar la inversión extranjera y promover la participación de la República Dominicana en acuerdos estratégicos como CAFTA-DR.
El modelo financiero estará basado en inversión privada, alianzas estratégicas y mecanismos internacionales de financiamiento para infraestructura, con una inversión estimada de más de 600 millones de dólares, orientados a asegurar la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo del proyecto.
El plan incluye una planta energética híbrida de 200 megavatios para abastecer las operaciones, así como infraestructura complementaria que abarcaría desalinización de agua, producción de propelentes y servicios logísticos.
De acuerdo con el CEO de Launch On Demand, el modelo de negocio generaría ingresos a través de diversas áreas, entre ellas la generación energética, producción de gases industriales, desalinización, licenciamiento, lanzamientos espaciales y servicios de mantenimiento y soporte satelital.
Durante la exposición también se hizo referencia a casos como Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, destacando que este tipo de infraestructuras puede desarrollarse en armonía con el medio ambiente, bajo estrictas evaluaciones.