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CNM completa la matrícula de la Suprema Corte de Justicia
Santo Domingo, R.D.-Francisco Alarcon Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Victoria, Yorlin Lisett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez fueron las personas escogidas a unanimidad por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ocupar las cinco vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia.
Namphi Rodríguez
De acuerdo con su perfil, Rodríguez es destacado por su trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales y autor de cinco libros que han seguido la transformación del Derecho dominicano en los últimos tres lustros.
Del mismo modo, su figura e influencia académica en el Derecho dominicano ha sido ponderada por notables juristas e intelectuales como Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, el exvicepresidente Rafael Alburquerque, principal exponente del Derecho del Trabajo en el país, y el abogado Eduardo Jorge Prats.
Uno de los precedentes de mayor calado impulsado por Rodríguez es la sentencia TC/0075/16, dictada por el Tribunal Constitucional (TC) en el 2016, que puso fin al sistema de “responsabilidad jurídica en cascada” que imputaba a terceros por los delitos cometidos por otros y que conllevaba un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado sobre periodistas y directores de medios de comunicación.
Vásquez Castro es una joven de 35 años informó que era licenciada en Derecho y licenciada en contabilidad. Además de ser egresada con índice de honor de la Escuela Nacional de la Judicatura.
En el 2020, ingresó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como Subdirectora Jurídica. Bajo su liderazgo se creó la Defensoría del Contribuyente, el marco orgánico, funcional y de recursos humanos de la administración tributaria y, junto al Ministerio Público, la unidad de persecución de delitos tributarios.
En la entrevista dijo que aspiraba para aportar cuatro elementos: su especialidad, en materia tributaria, su destreza en aspectos gerenciales, al dirigir un equipo de 3,500 personas, “especialmente en la subdirección somos 350 abogados, que es el equipo jurídico de defensa más grande del estado dominicano, y hemos manejado de manera íntegra, honesta y transparente, miles de millones de pesos”.
Los de carrera
Alarcon Polanco, Ureña Núñez y Aurelio Victoria son jueces de carrera del Poder Judicial. Alarcon Polanco fue hasta ayer el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Ureña Núñez posee maestría en Derecho Constitucional, concentración jurisdicción constitucional de la Pucmm y Universite de Savoie, Francia; en Derecho societario y comercial de la Pucmm y hasta el viernes fue Jueza Miembro de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mientras que Aurelio Victoria se ha desempeñado como juez de paz. Presidente de la Tercera Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional; además cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal en la UASD y publicado libros como Sobre las pruebas, el juicio penal abreviado y la interpretación constitucional.
Ascenso a Nancy Salcedo
De la misma forma se determinó que Nancy Salcedo, que hasta al momento era la jueza secretaria del Poder Judicial, fungirá como segunda sustituta del presidente de la Alta Corte, Luis Henry Molina.
Los nuevos jueces serán juramentados en un acto en el Palacio Nacional a las nueve de la mañana del próximo lunes y el mismo será encabezado por el presidente Luis Abinader.
Los mismos tomarán posesión en la Suprema Corte inmediatamente después que concluya el acto en el Palacio Nacional.
El cronograma de escogencia de los jueces, tanto /para la Suprema Corte como para el Tribunal Superior Electoral (TSE) estaba supuesto a terminar el cuatro de diciembre con su juramentación, sin embargo aunque los miembros del TSE si fueron escogidos, el proceso con los de la Suprema fue extendido.
Las entrevistas a los 54 aspirantes concluyeron el pasado 20 de noviembre, luego de cuatro jornadas de vistas públicas.
Resolución
Peralta señaló a los miembros de la prensa que la resolución reseñando las motivaciones de la escogencia de cada uno de los jueces será publicada «en cualquier momento».
Reacción Finjus
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), extendió una felicitación al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tras la culminación del proceso de selección de los cinco nuevos magistrados.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, destacó la calidad de los perfiles elegidos, asegurando que los nuevos integrantes del máximo tribunal del orden judicial cuentan con las credenciales necesarias para fortalecer la justicia dominicana.
“Todos cuentan con el acervo jurídico e integridad que requiere una posición de tal magnitud, como es ser juez del Poder Judicial”, expresó el jurista.
Castaño Guzmán calificó la decisión del CNM como una “excelente elección” y auguró éxito a los magistrados en sus nuevas funciones.
“¡Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante labor!”, concluyó Castaños Guzmán, reafirmando el compromiso de la sociedad civil con el seguimiento a la idoneidad de los actores del sistema judicial.
Nacionales
Suprema Corte mantiene condena de RD$2 millones contra Jean Alain Rodríguez a favor de Marino Zapete
La Primera Sala declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el exprocurador al considerar que no acreditó el interés casacional exigido por la Ley 2-23
SANTO DOMINGO.– La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó vigente la condena que ordena al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez pagar una indemnización de RD$2 millones al periodista Marino Zapete Corniel, por concepto de daños morales relacionados con la salida del aire de su programa El Jarabe de Zapete.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por Justiniano Montero Montero e integrado por los magistrados Samuel Arias Arzeno, Édynson Alarcón y Miguelina Ureña Núñez, al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por Rodríguez Sánchez.
La Suprema Corte determinó que el recurrente no acreditó la existencia de interés casacional, requisito establecido por la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación.
Como consecuencia, permanece vigente la sentencia dictada el 26 de agosto de 2024 por la Tercera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó una decisión de primer grado y estableció la responsabilidad civil del exprocurador.
Condena incluye interés judicial
Además de los RD$2 millones por daños morales, la decisión contempla el pago de un interés judicial de 1.5 % mensual, computado desde la notificación de la sentencia hasta su ejecución total.
La Corte de Apelación había rechazado, sin embargo, la demanda interpuesta contra Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador, y determinó que tampoco fueron demostrados los daños materiales reclamados por Zapete.
El origen del conflicto
El litigio tiene su origen en informaciones difundidas por Marino Zapete el 25 de septiembre de 2019, durante una emisión de El Jarabe de Zapete, transmitido entonces por Teleradio América.
El periodista abordó contratos suscritos entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL, relacionados con el suministro de cemento asfáltico AC-30.
Dos de esos contratos habían sido firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez en representación de la empresa.
Tras las informaciones divulgadas, Zapete solicitó que las contrataciones fueran investigadas. Maybeth Rodríguez respondió mediante una comunicación en la que negó ser o haber sido suplidora del Estado y posteriormente presentó una acusación penal privada por difamación contra el comunicador, acción de la que desistió en 2020.
Zapete sostuvo en su demanda que Jean Alain Rodríguez ejerció presiones para que se retractara de sus señalamientos y que, ante su negativa, posteriormente se produjo la salida del aire de su programa. El periodista atribuyó a esos hechos los daños reclamados judicialmente.
Demanda fue rechazada inicialmente
En 2022, el tribunal de primera instancia rechazó la demanda al considerar insuficientes las pruebas presentadas.
La decisión fue posteriormente revocada por la Corte de Apelación, que estableció responsabilidad civil a cargo de Jean Alain Rodríguez y fijó en RD$2 millones la indemnización por daños morales.
Rodríguez recurrió la sentencia en casación alegando, entre otros aspectos, violaciones a su derecho de defensa, deficiencias en la motivación y valoración de las pruebas y cuestionamientos relacionados con la participación de una magistrada en la decisión de apelación.
SCJ no encontró acreditado el interés casacional
Al examinar los requisitos de admisibilidad, la Primera Sala concluyó que Rodríguez Sánchez no demostró que la sentencia impugnada contradijera jurisprudencia establecida por esa jurisdicción, que existieran criterios contradictorios entre tribunales sobre el asunto planteado o que fuera necesario establecer doctrina respecto de normas jurídicas inéditas.
Por esas razones, el recurso fue declarado inadmisible, sin que la Suprema Corte modificara la condena impuesta por la Corte de Apelación.
La SCJ también examinó el cuestionamiento relacionado con la magistrada Maritza Elupina Capellán Araujo. Determinó que la jueza había integrado el tribunal durante el conocimiento del proceso y que no fue recusada durante el trámite correspondiente.
Asimismo, estableció que su ausencia como firmante de la sentencia definitiva respondió a un error material, circunstancia que, según la Primera Sala, no afectó la validez de la decisión recurrida.
Lenin Jhericop Núñez de León deberá cumplir la medida de coerción en Najayo Hombres; el caso se originó tras una negociación para adquirir un iPhone 15 Pro Max
SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva contra Lenin Jhericop Núñez de León, señalado como presunto responsable de la muerte de Emmanuel Contreras Medina, de 23 años, quien fue agredido en medio de una negociación relacionada con la compra de un teléfono celular.
La medida de coerción fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La audiencia se desarrolló en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo un amplio dispositivo de seguridad.
Una negociación por un iPhone terminó en tragedia
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el hecho ocurrió el pasado 1 de julio, en los alrededores de un play ubicado en el sector Los Praditos, Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene que Núñez de León habría perseguido a Contreras Medina y posteriormente lo habría golpeado con un bate en la cabeza y la espalda.
El incidente habría tenido su origen en una confusa negociación para adquirir un iPhone 15 Pro Max, anunciado a través de Facebook Marketplace. Según el expediente, en la operación también intervino un tercer hombre que actualmente se encuentra prófugo.
Las autoridades sostienen, además, que después de la agresión el imputado habría tomado el teléfono celular que Emmanuel tenía entre sus pertenencias mientras permanecía tendido en el pavimento.
Emmanuel permaneció ingresado hasta su fallecimiento
Contreras Medina resultó gravemente herido y permaneció bajo cuidados intensivos hasta que falleció el 9 de septiembre en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por los fiscales Vladimir Viloria y Kelvyn Colón Rodríguez. En la audiencia también participaron representantes de la Fiscalía del Distrito Nacional y de la Dirección General de Persecución.
Según los fiscales litigantes, el tribunal consideró suficientes los presupuestos presentados para imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Defensa rechaza responsabilidad del imputado
La defensa cuestionó la medida de coerción. La abogada Dianiris Perderaux sostuvo previamente que en los hechos participaron varias personas y rechazó que su representado fuera responsable de provocar la muerte de Contreras Medina.
Por su parte, Hugo Contreras, padre de Emmanuel, manifestó satisfacción por la decisión judicial y agradeció el respaldo recibido por su familia. También expresó su esperanza de que el proceso continúe hasta esclarecer completamente el caso.
La imposición de prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una declaración de culpabilidad. El proceso penal deberá continuar hasta que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes.
Los jueces revisan las decisiones dictadas en primera instancia mientras el órgano acusador busca aumentar las penas y obtener condenas contra imputados que fueron descargados
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La corte continúa este martes el conocimiento de los recursos de apelación relacionados con el caso Antipulpo, proceso mediante el cual condenados, el Ministerio Público y otras partes procuran la revisión de decisiones adoptadas en primera instancia.
Las audiencias se desarrollan los martes, en horario aproximado de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, como parte de una fase judicial que deberá determinar si las decisiones recurridas son confirmadas, modificadas o revocadas conforme a los argumentos y pruebas sometidos por las partes.
El Ministerio Público mantiene su pretensión de que sean incrementadas algunas de las condenas impuestas y que se establezca responsabilidad penal respecto de personas que resultaron descargadas en primera instancia.
El órgano persecutor ha sostenido durante el proceso que el entramado investigado habría ocasionado al Estado dominicano un perjuicio económico superior a RD$5,000 millones, planteamiento que corresponde a la tesis de la acusación.
Tribunal retoma audiencia tras aplazamiento
La corte está integrada por los magistrados Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, quienes tienen a su cargo la revisión de los recursos interpuestos contra la sentencia.
La audiencia anterior fue aplazada a solicitud de la defensa de José Idelfonso Correa, luego de que fuera presentado un certificado médico indicando que se encontraba en recuperación tras una intervención quirúrgica.
Superado ese aplazamiento, el tribunal retoma el conocimiento de los recursos y continuará escuchando los planteamientos de las diferentes partes involucradas.
Ministerio Público mantiene petición de penas mayores
En representación del Ministerio Público participan Wilson Camacho, director general de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
La acusación busca que la jurisdicción de alzada modifique parcialmente las decisiones adoptadas en primera instancia.
Entre sus pretensiones se encuentra conseguir penas superiores para determinados condenados, además de revertir los descargos pronunciados respecto de otros procesados.
Las defensas, por su parte, ejercen los recursos y medios correspondientes para cuestionar aquellos aspectos de la sentencia que consideran desfavorables a sus representados.
Los principales procesados
Entre las personas que recibieron condenas en primera instancia figura Juan Alexis Medina Sánchez, a quien el Ministerio Público ha señalado como principal responsable del entramado investigado.
También fueron condenados Magaly Medina Sánchez; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La etapa de apelación no constituye un nuevo juicio desde cero, sino una revisión jurisdiccional de los aspectos de la sentencia que han sido impugnados por las partes, conforme a las reglas del proceso penal.
Un proceso que continúa abierto
El denominado caso Antipulpo ha sido uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa de mayor dimensión económica presentados en los últimos años en República Dominicana.
Sin embargo, el proceso todavía no ha concluido definitivamente.
La corte deberá ponderar individualmente los argumentos contenidos en los recursos, las respuestas de las demás partes y los fundamentos de la sentencia recurrida antes de adoptar sus decisiones.
Por tanto, será la jurisdicción de apelación la que determine cuáles condenas permanecen, cuáles podrían ser modificadas y qué decisión corresponde respecto de las personas descargadas cuya absolución fue recurrida por el Ministerio Público.