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CNM completa la matrícula de la Suprema Corte de Justicia
Santo Domingo, R.D.-Francisco Alarcon Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Victoria, Yorlin Lisett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez fueron las personas escogidas a unanimidad por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ocupar las cinco vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia.
Namphi Rodríguez
De acuerdo con su perfil, Rodríguez es destacado por su trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales y autor de cinco libros que han seguido la transformación del Derecho dominicano en los últimos tres lustros.
Del mismo modo, su figura e influencia académica en el Derecho dominicano ha sido ponderada por notables juristas e intelectuales como Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, el exvicepresidente Rafael Alburquerque, principal exponente del Derecho del Trabajo en el país, y el abogado Eduardo Jorge Prats.
Uno de los precedentes de mayor calado impulsado por Rodríguez es la sentencia TC/0075/16, dictada por el Tribunal Constitucional (TC) en el 2016, que puso fin al sistema de “responsabilidad jurídica en cascada” que imputaba a terceros por los delitos cometidos por otros y que conllevaba un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado sobre periodistas y directores de medios de comunicación.
Vásquez Castro es una joven de 35 años informó que era licenciada en Derecho y licenciada en contabilidad. Además de ser egresada con índice de honor de la Escuela Nacional de la Judicatura.
En el 2020, ingresó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como Subdirectora Jurídica. Bajo su liderazgo se creó la Defensoría del Contribuyente, el marco orgánico, funcional y de recursos humanos de la administración tributaria y, junto al Ministerio Público, la unidad de persecución de delitos tributarios.
En la entrevista dijo que aspiraba para aportar cuatro elementos: su especialidad, en materia tributaria, su destreza en aspectos gerenciales, al dirigir un equipo de 3,500 personas, “especialmente en la subdirección somos 350 abogados, que es el equipo jurídico de defensa más grande del estado dominicano, y hemos manejado de manera íntegra, honesta y transparente, miles de millones de pesos”.
Los de carrera
Alarcon Polanco, Ureña Núñez y Aurelio Victoria son jueces de carrera del Poder Judicial. Alarcon Polanco fue hasta ayer el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Ureña Núñez posee maestría en Derecho Constitucional, concentración jurisdicción constitucional de la Pucmm y Universite de Savoie, Francia; en Derecho societario y comercial de la Pucmm y hasta el viernes fue Jueza Miembro de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mientras que Aurelio Victoria se ha desempeñado como juez de paz. Presidente de la Tercera Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional; además cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal en la UASD y publicado libros como Sobre las pruebas, el juicio penal abreviado y la interpretación constitucional.
Ascenso a Nancy Salcedo
De la misma forma se determinó que Nancy Salcedo, que hasta al momento era la jueza secretaria del Poder Judicial, fungirá como segunda sustituta del presidente de la Alta Corte, Luis Henry Molina.
Los nuevos jueces serán juramentados en un acto en el Palacio Nacional a las nueve de la mañana del próximo lunes y el mismo será encabezado por el presidente Luis Abinader.
Los mismos tomarán posesión en la Suprema Corte inmediatamente después que concluya el acto en el Palacio Nacional.
El cronograma de escogencia de los jueces, tanto /para la Suprema Corte como para el Tribunal Superior Electoral (TSE) estaba supuesto a terminar el cuatro de diciembre con su juramentación, sin embargo aunque los miembros del TSE si fueron escogidos, el proceso con los de la Suprema fue extendido.
Las entrevistas a los 54 aspirantes concluyeron el pasado 20 de noviembre, luego de cuatro jornadas de vistas públicas.
Resolución
Peralta señaló a los miembros de la prensa que la resolución reseñando las motivaciones de la escogencia de cada uno de los jueces será publicada «en cualquier momento».
Reacción Finjus
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), extendió una felicitación al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tras la culminación del proceso de selección de los cinco nuevos magistrados.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, destacó la calidad de los perfiles elegidos, asegurando que los nuevos integrantes del máximo tribunal del orden judicial cuentan con las credenciales necesarias para fortalecer la justicia dominicana.
“Todos cuentan con el acervo jurídico e integridad que requiere una posición de tal magnitud, como es ser juez del Poder Judicial”, expresó el jurista.
Castaño Guzmán calificó la decisión del CNM como una “excelente elección” y auguró éxito a los magistrados en sus nuevas funciones.
“¡Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante labor!”, concluyó Castaños Guzmán, reafirmando el compromiso de la sociedad civil con el seguimiento a la idoneidad de los actores del sistema judicial.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.