Un hombre señalado de ingresar con un machete al centro educativo fue detenido, pero la preocupación persiste entre las familias. El director reclama vigilancia policial y asistencia psicológica para los estudiantes.

BARAHONA, República Dominicana. – El arresto de un hombre acusado de amenazar de muerte al director de la Escuela Primaria Mencía, ubicada en el municipio de Paraíso, no ha sido suficiente para devolver la tranquilidad a la comunidad educativa, donde este martes se registró una ausencia masiva de estudiantes debido al temor generado por el incidente.

De una matrícula de 800 alumnos, apenas 102 asistieron a clases, lo que representa una ausencia cercana al 87 % de la población estudiantil del plantel.

La situación se produjo después de que un individuo identificado como Algenis Ferreras presuntamente penetrara al recinto escolar portando un machete y profiriera amenazas contra el director, Joselin Lebrón, durante la tarde del lunes.

Según explicó el educador, el hombre habría ingresado saltando la pared perimetral de la parte trasera de la escuela, provocando momentos de angustia entre estudiantes y profesores.

Estudiantes manifiestan miedo de regresar a las aulas

El impacto emocional del incidente ha trascendido las instalaciones escolares y mantiene preocupadas a numerosas familias.

Lebrón relató que, desde el día de las amenazas, comenzó a recibir llamadas de padres cuyos hijos presentaban temor de regresar al centro educativo.

Algunos estudiantes habrían experimentado dificultades para dormir, mientras otros manifestaron su negativa a asistir nuevamente a clases por miedo a encontrarse en una situación semejante.

La preocupación no se limita a quienes presenciaron directamente el incidente, debido a que la información se extendió rápidamente entre los residentes de la comunidad.

Ante esta realidad, el director considera indispensable que las autoridades educativas dispongan asistencia psicológica y actividades de orientación para ayudar a los alumnos a recuperar su confianza.

Director pide investigar posible participación de terceros

Aunque el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades por sus familiares, el director solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio Público profundizar las investigaciones para determinar las verdaderas circunstancias del suceso.

Lebrón expresó sospechas sobre la posibilidad de que otras personas pudieran haber influido en el comportamiento del detenido, aunque aclaró que no dispone de elementos concluyentes para responsabilizar a terceros.

El educador explicó que Ferreras era conocido por el personal del centro, debido a que acostumbraba acudir a solicitar alimentos y recibía comida regularmente.

Incluso, aseguró que el mismo día del incidente el hombre había visitado el plantel y se le había ofrecido alimentación.

Por esa razón, manifestó que desconoce qué pudo motivar las amenazas, especialmente porque, según afirmó, nunca había tenido conflictos personales con el detenido.

Las sospechas expresadas por el director deberán ser verificadas por los organismos investigadores antes de establecer cualquier responsabilidad adicional.

Un estudiante alertó sobre el peligro

Al describir lo ocurrido, Lebrón explicó que se encontraba almorzando en la biblioteca cuando un estudiante llegó visiblemente alterado para advertirle que un hombre había penetrado al plantel y amenazaba con quitarle la vida.

Posteriormente, otros alumnos y profesores confirmaron la presencia del individuo y la situación de tensión que se desarrollaba dentro de la escuela.

El director indicó que varios niños reaccionaron con llanto y nerviosismo.

También señaló que recibió versiones sobre la posible presencia de un arma de fuego, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con los relatos conocidos por el educador, el incidente podría estar relacionado con una supuesta situación en la que estudiantes lanzaban piedras fuera del recinto escolar.

Sin embargo, sostuvo que ninguna circunstancia de esa naturaleza justificaría que una persona ingresara armada a una institución educativa y amenazara a sus integrantes.

Denuncian falta de policías escolares

El episodio también ha puesto de manifiesto las preocupaciones existentes sobre las condiciones de seguridad en la Escuela Primaria Mencía.

Su director aseguró que, antes de producirse las amenazas, había remitido comunicaciones al Distrito Educativo 01-02 de Enriquillo solicitando la asignación de agentes de la Policía Escolar.

Según explicó, esos requerimientos no habían recibido la respuesta esperada, pese a que el plantel alberga diariamente a cientos de niños.

Lebrón afirmó que conserva constancias de las solicitudes depositadas ante las autoridades y reiteró la necesidad de contar con personal de vigilancia que permita controlar el acceso de personas ajenas a la comunidad educativa.

También indicó que existen otras necesidades pendientes, entre ellas el nombramiento de docentes para cubrir determinadas funciones.

Educación ofrece acompañamiento

Pese a sus cuestionamientos por la falta de vigilancia, el director reconoció el respaldo recibido de la Regional 01 de Educación de Barahona y del Distrito Educativo 01-02 de Enriquillo.

Explicó que las autoridades regionales se han mantenido en comunicación con él y han manifestado disposición para brindarle acompañamiento jurídico.

Asimismo, agradeció las expresiones de solidaridad de padres, estudiantes y residentes de Paraíso, quienes acudieron al centro educativo para manifestarle apoyo después de conocer las amenazas.

El profesor aseguró que continuará desempeñando sus funciones y trabajando por el bienestar de los alumnos.

Autoridades deberán restablecer la confianza

El detenido se encuentra a disposición de los organismos correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del incidente y establecer posibles responsabilidades.

Hasta el momento de las informaciones divulgadas, no se habían ofrecido detalles sobre la calificación jurídica que recibiría el caso ni sobre una eventual solicitud de medidas de coerción.

Entretanto, la principal preocupación de la comunidad educativa gira en torno a las condiciones necesarias para garantizar el regreso seguro de los estudiantes.

La ausencia de casi 700 alumnos en una sola jornada evidencia la magnitud del temor generado por el episodio y la necesidad de adoptar medidas que permitan recuperar la normalidad escolar.

El caso deja planteada una situación que va más allá de las amenazas contra un educador: la importancia de garantizar mecanismos efectivos de vigilancia, prevención de la violencia y protección emocional en los centros educativos del país.

Para las familias de Paraíso, el desafío inmediato es recuperar la confianza de que sus hijos pueden acudir a recibir enseñanza sin temor a que su integridad física y emocional se encuentre amenazada.

La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos cuestiona posibles cambios en las prescripciones y distribución de medicamentos especializados, mientras la aseguradora estatal asegura que sus procedimientos cumplen criterios médicos y regulatorios.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Una controversia sobre la administración de medicamentos utilizados en pacientes con cáncer enfrenta a la Asociación Dominicana de Centros Oncológicos (Asodco) y al Seguro Nacional de Salud (Senasa), luego de que representantes del sector médico denunciaran presuntas irregularidades que, a su juicio, podrían comprometer la seguridad y continuidad de los tratamientos.

La organización solicitó la intervención de las autoridades sanitarias para esclarecer los procedimientos empleados por la aseguradora estatal en la autorización, adquisición y distribución de medicamentos oncológicos, especialmente aquellos de alto costo que requieren controles estrictos de conservación y seguimiento.

Los cuestionamientos fueron presentados por el presidente de Asodco, José Ramírez, y su vicepresidenta, Claudia Santos, quienes expresaron preocupación por decisiones administrativas que, según denunciaron, podrían modificar indicaciones de los médicos tratantes o alterar los mecanismos tradicionales de suministro de medicamentos.

Advierten sobre riesgos en la entrega de medicamentos

Uno de los principales puntos de preocupación de los especialistas está relacionado con la entrega de determinados productos farmacéuticos directamente desde distribuidores a pacientes, particularmente cuando no existen garantías verificables sobre su conservación, identificación y seguimiento.

Los representantes de Asodco señalaron que los medicamentos utilizados para combatir el cáncer pueden requerir condiciones especiales de temperatura, almacenamiento y manipulación, por lo que cualquier modificación en su cadena de distribución debe estar acompañada de controles adecuados.

La asociación considera necesario establecer quién verifica que el paciente recibe exactamente el producto indicado, cómo se garantiza su integridad durante el transporte y cuáles procedimientos se aplican ante posibles errores o interrupciones del suministro.

Los médicos también cuestionaron las presuntas sustituciones de prestadores y modificaciones de prescripciones, al considerar que las decisiones sobre el tratamiento deben preservar el criterio clínico del especialista responsable de atender al enfermo.

Hasta el momento, las denuncias divulgadas constituyen señalamientos de la asociación y no determinaciones oficiales de que se hayan producido daños a pacientes o incumplimientos legales.

Solicitan intervención de Salud Pública y Sisalril

Ante estas preocupaciones, Asodco pidió a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), al Ministerio de Salud Pública y a las demás instituciones competentes examinar los procedimientos cuestionados.

La organización entiende que cualquier cambio en los mecanismos de autorización y suministro debe garantizar la continuidad de los tratamientos y respetar los derechos de los afiliados.

Durante una rueda de prensa realizada en el Colegio Dominicano de Periodistas, sus representantes insistieron en la necesidad de que Senasa ofrezca explicaciones públicas sobre los protocolos aplicados y los mecanismos de supervisión establecidos.

Los especialistas consideran que las decisiones administrativas relacionadas con el suministro de medicamentos no deben generar incertidumbre para personas que necesitan terapias continuas y oportunas.

Senasa asegura que las terapias son evaluadas por especialistas

Frente a los cuestionamientos, el Seguro Nacional de Salud rechazó que sus procedimientos estén orientados a comprometer la atención de los pacientes y defendió los mecanismos utilizados para autorizar los tratamientos oncológicos.

La aseguradora explicó que las solicitudes son examinadas por equipos de médicos especializados, tomando en consideración las indicaciones de los profesionales tratantes y las recomendaciones contenidas en guías clínicas internacionales.

Según su posición institucional, estas evaluaciones buscan garantizar que los afiliados reciban terapias apropiadas para sus condiciones de salud.

Senasa también manifestó que mantiene su compromiso con la seguridad de los medicamentos, la calidad de los servicios y la continuidad de la atención de quienes padecen enfermedades oncológicas.

Defiende mecanismos de compra y control de calidad

En relación con la adquisición de productos farmacéuticos, la aseguradora indicó que trabaja con proveedores que cuentan con los registros y permisos exigidos por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

Agregó que los medicamentos oncológicos autorizados deben disponer de avales de organismos regulatorios internacionales reconocidos, entre ellos la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

La institución sostuvo que sus políticas de compra y distribución están dirigidas a garantizar el acceso a terapias especializadas y mantener el uso eficiente de los recursos.

Sin embargo, en la respuesta difundida no se precisaron todos los procedimientos específicos de distribución, conservación y trazabilidad sobre los cuales la asociación médica solicitó aclaraciones.

Aseguradora revela tres reuniones con representantes del sector

Senasa informó que ha celebrado tres encuentros con representantes de los centros oncológicos para tratar temas relacionados con la autorización, entrega y administración de medicamentos.

La institución aseguró que continúa dispuesta a dialogar y solicitó a la asociación presentar expedientes concretos sobre los casos que considere irregulares.

De acuerdo con la aseguradora, esos reportes permitirían evaluar individualmente cada situación y determinar si corresponde introducir correcciones en los procesos.

También defendió la necesidad de negociar condiciones de adquisición favorables para los medicamentos de alto costo, con el propósito de ampliar el acceso de los afiliados sin afectar los estándares de seguridad y eficacia.

Atención de pacientes con cáncer, en el centro de la controversia

Las diferencias entre la asociación de centros especializados y Senasa plantean interrogantes sobre el equilibrio que debe existir entre la administración de los recursos del sistema de salud y el respeto a las decisiones clínicas que requiere cada paciente.

La evaluación de una prescripción médica, el control de costos y la negociación de medicamentos forman parte de los procesos de gestión de las aseguradoras, pero su aplicación debe realizarse conforme a las coberturas legales y sin comprometer la seguridad ni la continuidad de la atención.

En tratamientos oncológicos, cualquier retraso o cambio terapéutico puede tener consecuencias clínicas cuya gravedad depende del diagnóstico y de las condiciones particulares del paciente.

Por esa razón, la controversia requiere una evaluación técnica que permita determinar si los procedimientos cuestionados cumplen los estándares sanitarios y contractuales correspondientes.

Pendiente esclarecimiento de las denuncias

Mientras Asodco reclama una investigación institucional y mayor transparencia sobre los mecanismos de distribución, Senasa sostiene que sus actuaciones responden a criterios clínicos y regulatorios y se muestra dispuesta a revisar situaciones particulares.

La participación de las autoridades competentes será fundamental para determinar si existen incumplimientos, establecer responsabilidades cuando corresponda y garantizar que las diferencias administrativas no afecten el acceso oportuno a los tratamientos.

El conflicto pone sobre la mesa una cuestión esencial para el sistema sanitario dominicano: la necesidad de que las decisiones sobre medicamentos contra el cáncer combinen una gestión responsable de los recursos con la protección efectiva de la salud y la vida de los pacientes.

La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos también ha señalado que mantiene conversaciones sobre estas preocupaciones desde 2023, lo que añade importancia a la solicitud de una revisión institucional que permita esclarecer los casos denunciados y establecer soluciones verificables.

La Dirección General de Juegos de Azar puso en marcha nuevas medidas de fiscalización, advirtió sobre posibles clausuras y estableció mecanismos para investigar denuncias contra establecimientos que incumplan las disposiciones legales.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Las autoridades dominicanas anunciaron nuevas restricciones para el funcionamiento de los negocios de apuestas, incluyendo la prohibición de instalar nuevas bancas de lotería y otros puntos de venta, así como un plazo extraordinario de 30 días para que determinados operadores declaren voluntariamente establecimientos que presentan irregularidades.

Las disposiciones fueron adoptadas este martes 13 de octubre por la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), que inició formalmente sus operaciones bajo la dirección de Teófilo (Quico) Tabar Manzur, con el propósito de reforzar el control sobre una actividad comercial que ha sido objeto de procesos de regularización en los últimos años.

Mediante las resoluciones 01-2026 y 02-2026, la institución estableció procedimientos administrativos, controles sobre los operadores y mecanismos para identificar negocios que funcionan al margen de las autorizaciones correspondientes.

Advierten sobre cierre de establecimientos ilegales

Una de las decisiones principales impide la apertura de nuevas bancas de lotería, agencias y puntos de venta, además de restringir la instalación de máquinas para comercializar apuestas en lugares donde la legislación no lo permite.

La Resolución 01-2026 también contempla que los establecimientos que estén operando en violación de esas disposiciones procedan voluntariamente a cerrar sus operaciones.

En caso de incumplimiento, la Dirección General de Juegos de Azar podrá impulsar la aplicación de las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

Las medidas podrían alcanzar otros negocios y operaciones vinculadas con los responsables de las infracciones, siempre que existan fundamentos legales para extender las consecuencias administrativas.

Operadores tendrán un mes para informar irregularidades

La Resolución 02-2026 concede un período extraordinario de 30 días calendario, contados desde su emisión, para que los responsables de establecimientos de apuestas presenten declaraciones juradas sobre determinadas situaciones pendientes de regularización.

La medida comprende bancas de lotería, negocios de apuestas deportivas, agencias hípicas y otros establecimientos relacionados con juegos de azar.

Entre las informaciones que deberán suministrarse figuran las operaciones iniciadas fuera de los plazos originalmente establecidos y los locales donde funcionan simultáneamente distintas modalidades de apuestas que necesitan permisos independientes.

Los expedientes serán evaluados mediante una mesa de trabajo sectorial encargada de examinar las situaciones declaradas.

Sin embargo, la presentación voluntaria de esas informaciones no supone necesariamente la legalización automática de establecimientos que incumplan las normas.

Los negocios que hayan iniciado operaciones sin autorización y fuera de los períodos legalmente permitidos podrán enfrentar medidas de clausura y sanciones administrativas, sin descartar eventuales consecuencias penales o tributarias cuando correspondan.

Crean mecanismos para recibir denuncias ciudadanas

Como parte de las nuevas disposiciones, la institución anunció la creación de un sistema para recibir y tramitar denuncias relacionadas con el funcionamiento de los juegos de azar.

A través de este mecanismo podrán reportarse presuntas irregularidades como la negativa a pagar premios, operaciones clandestinas, prácticas fraudulentas y otros incumplimientos de las disposiciones vigentes.

Las investigaciones podrán comenzar por iniciativa de la propia institución o mediante reclamaciones debidamente documentadas.

Las autoridades indicaron que no será indispensable realizar una inspección presencial previa para iniciar todas las investigaciones, lo que permitirá examinar informaciones recibidas a través de los canales institucionales.

El sistema funcionará progresivamente mediante mecanismos presenciales y electrónicos, con procedimientos destinados a registrar las reclamaciones, darles seguimiento y proteger los datos personales de los denunciantes.

Empresas tecnológicas también estarán bajo vigilancia

Las nuevas regulaciones no se limitan a los establecimientos físicos.

La Dirección General de Juegos de Azar estableció un plazo de 30 días para que los consorcios y operadores identifiquen formalmente a los responsables del desarrollo, mantenimiento y suministro de los sistemas informáticos utilizados en las actividades de apuestas.

La disposición abarca programadores, desarrolladores y proveedores de programas informáticos que intervienen en el procesamiento de las operaciones.

Con esta medida, la institución procura ampliar la supervisión de los mecanismos tecnológicos vinculados a la comercialización de juegos de azar y facilitar la identificación de los actores responsables de su funcionamiento.

Nueva estructura administrativa

La DGJA también anunció que compartirá instalaciones con la Lotería Nacional, en el Centro de los Héroes, Distrito Nacional.

Durante el período de transición, algunos trámites continuarán recibiéndose en las antiguas dependencias de la Dirección de Casinos.

Asimismo, se dispuso la integración de un comité técnico consultivo de hasta siete funcionarios para contribuir con la evaluación de solicitudes y expedientes administrativos pendientes.

Otra decisión establece la anulación de los carnés y credenciales anteriores, por lo que únicamente serán reconocidas las identificaciones oficiales emitidas por la nueva administración a los funcionarios debidamente autorizados.

Nueva legislación busca reorganizar el sector

La puesta en funcionamiento del organismo se produce después de la promulgación de la Ley 86-26, que establece el nuevo marco regulatorio de los juegos de azar en la República Dominicana.

La normativa fue publicada el 2 de octubre de 2026, mientras que Tabar Manzur fue designado mediante el Decreto 684-26 para dirigir transitoriamente la institución.

No obstante, el alcance de estas medidas dependerá de la capacidad de las autoridades para realizar una fiscalización efectiva, procesar las denuncias y aplicar las sanciones correspondientes.

Con las nuevas resoluciones, el Gobierno procura establecer mayores controles sobre las bancas de apuestas y sus operadores, al tiempo que coloca bajo supervisión tanto los establecimientos comerciales como los sistemas tecnológicos utilizados en ese sector.

La aplicación de las disposiciones permitirá determinar hasta qué punto el nuevo organismo puede reducir las operaciones irregulares y fortalecer la transparencia en una actividad económica de amplia presencia en el territorio dominicano.