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Seis detenidos en operativa de desmantelacion por parte de la DEA de red de fentanilo dirigida desde RD en EE. UU.
Santo Domingo.-El FBI conjuntamente con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), así como con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de New Haven (HSTF), arrestó a seis personas acusadas de integrar una red de narcotráfico y tráfico de armas de fuego que operaba en los estados de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, presuntamente dirigida por un ciudadano dominicano residente en el país..
El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito de Connecticut, David X. Sullivan, quien informó que los detenidos son Manolin Vargas D’Olón, alias “Robelin”, de 30 años; Giovanni Benoit, de 41; Álvaro Pérez, de 40; Anderson Amador Nova, de 35; Ángel Vásquez, alias “Bebo”, de 36; y Andy Martínez, de 46 años.
Según documentos judiciales, la organización distribuía narcóticos y armas de fuego a través de múltiples redistribuidores en varias ciudades del noreste de Estados Unidos.
El análisis de laboratorio del fentanilo reveló que parte de la sustancia estaba mezclada con bromazolam, una benzodiazepina sintética relativamente nueva, identificada cada vez con mayor frecuencia en combinaciones de drogas asociadas a sobredosis fatales.
Las autoridades también alegan que el ciudadano dominicano señalado como líder de la red afirmó tener la capacidad de ordenar actos de violencia contra personas en territorio estadounidense.
Un gran jurado federal de New Haven emitió el pasado 9 de diciembre de 2025 una acusación formal de 15 cargos contra los seis imputados, la cual fue hecha pública este martes. Los cargos incluyen conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, así como múltiples delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas de fuego.
De ser hallados culpables, Vargas D’Olón enfrentaría una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Benoit, Pérez y Amador Nova podrían recibir penas mínimas de cinco años y máximas de hasta 40 años de cárcel, mientras que Vásquez enfrenta una pena máxima de 20 años. Los cargos por tráfico de armas conllevan penas adicionales de hasta 15 años de prisión por cada imputación.
Vargas D’Olón, Benoit, Vásquez y Martínez están acusados de conspiración para el tráfico de armas; Vargas D’Olón enfrenta además cargos por posesión ilegal de un arma de fuego como extranjero en situación migratoria irregular; Vásquez por posesión de un arma como delincuente convicto; y Vargas D’Olón, Benoit y Vásquez por transferencia ilegal de armas.
El expediente judicial detalla que en mayo de 2025, Vargas D’Olón fue arrestado por cargos estatales de narcóticos. Posteriormente, el análisis de un teléfono celular incautado reveló archivos de video e imágenes que contenían pornografía infantil, almacenados en carpetas de caché de la aplicación de mensajería encriptada Telegram.
Por este hecho, un gran jurado emitió una acusación formal separada contra Vargas D’Olón por posesión de pornografía infantil, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Los seis acusados comparecieron ante un tribunal federal. Vargas D’Olón, Pérez, Amador Nova y Vásquez permanecen detenidos, mientras que Benoit y Martínez fueron liberados bajo fianza y enviados a arresto domiciliario.
El fiscal Sullivan reiteró que una acusación formal no constituye una prueba de culpabilidad y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creada para combatir organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de drogas y armas, así como delitos que involucren a menores, mediante una coordinación interinstitucional a nivel federal.
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Luis Henry Molina prepara su salida de la Suprema y asegura que entrega una justicia fortalecida
El presidente de la SCJ confirmó que no buscará permanecer en el cargo y afirmó que, tras concluir esta etapa institucional, dedicará mayor tiempo a su familia y a su vida espiritual
SANTO DOMINGO.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, confirmó que su decisión de no someterse al proceso de evaluación para continuar en el cargo es definitiva y anunció que, una vez concluya sus funciones, iniciará una nueva etapa centrada principalmente en su familia y su vida espiritual.
Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el magistrado recurrió a la metáfora de “subir y bajar la montaña” para explicar el momento personal e institucional que atraviesa, al considerar que ha llegado la hora de cerrar un ciclo en el Poder Judicial.
Molina indicó que a partir del próximo día 23 dejará atrás las exigencias cotidianas propias de sus funciones para dedicar más tiempo a espacios familiares que, según expresó, desea recuperar.
Una decisión que califica de personal
El presidente de la Suprema Corte manifestó que su salida responde a una decisión personal y que entre sus prioridades estará compartir más tiempo con sus hijos.
Al referirse a su hija Ana Carolina, relató que desea realizar actividades tan sencillas como sentarse a jugar muñecas con ella, una expresión con la que mostró el aspecto más familiar de su decisión de abandonar el cargo.
También señaló su interés en dedicar tiempo al cultivo de su espiritualidad.
La explicación ofrecida por Molina coloca su salida de la Suprema Corte fuera de las especulaciones sobre posibles diferencias institucionales y la presenta como el resultado de una decisión vinculada a una nueva etapa de su vida.
Nancy Salcedo tampoco se someterá a evaluación
Durante su intervención, Molina se refirió además a la magistrada Nancy Salcedo, quien tampoco participará en el proceso de evaluación.
Según explicó, la decisión de Salcedo responde igualmente a razones familiares y personales, entre ellas su interés de disponer de mayor tiempo para compartir con su nieto y atender a su madre.
Las declaraciones buscan despejar las versiones surgidas alrededor de la decisión de ambos magistrados de no someterse al proceso correspondiente para permanecer en sus funciones.
Molina defiende el legado de su gestión
Más allá de sus motivaciones personales, el todavía presidente de la Suprema Corte aprovechó el encuentro para hacer un balance de los años durante los cuales ha encabezado el Poder Judicial dominicano.
Molina sostuvo que deja una institución fortalecida y destacó las transformaciones tecnológicas y estructurales impulsadas durante su administración, así como la optimización de diferentes procesos judiciales.
Afirmó, además, que entrega un Poder Judicial sin escándalos institucionales y reivindicó los cambios implementados durante su gestión.
El magistrado asumió personalmente la responsabilidad de las transformaciones realizadas, procurando con ello desvincular a su equipo de las críticas que algunas de esas medidas pudieron generar.
El cierre de una etapa en el Poder Judicial
La salida de Molina marcará el cierre de una etapa caracterizada por una amplia agenda de transformación institucional y tecnológica del sistema judicial.
Su gestión también ha estado acompañada de debates dentro de la comunidad jurídica sobre los cambios implementados, el funcionamiento de los tribunales y el proceso de modernización de la administración de justicia.
Ahora, mientras se aproxima el momento de abandonar la presidencia de la Suprema Corte, Molina procura colocar el énfasis de su despedida en dos dimensiones: el legado institucional que asegura dejar y la recuperación de espacios familiares después de años dedicado a responsabilidades públicas.
Con su decisión de no someterse a evaluación, corresponderá al Consejo Nacional de la Magistratura desarrollar el proceso institucional correspondiente para la conformación de la Suprema Corte de Justicia en esta nueva etapa.
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Proyecto de ley propone servicio militar obligatorio para hombres y mujeres de 18 a 35 años en RD
La iniciativa contempla entrenamiento militar, formación técnica, remuneración mínima y cobertura de salud para los participantes
SANTO DOMINGO.– Los dominicanos de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y 35 años podrían quedar sujetos a prestar servicio militar obligatorio, conforme a un proyecto de ley sometido ante la Cámara de Diputados que busca establecer un nuevo sistema de formación para fortalecer las reservas y la capacidad de respuesta de la República Dominicana.
La iniciativa legislativa, presentada por el diputado Elías Wessin Chávez, plantea que el Servicio Militar constituya un período de educación, capacitación y adiestramiento, comenzando con una etapa de formación básica y continuando posteriormente con la asignación de los participantes a distintas áreas militares.
El propósito, según establece la propuesta, sería preparar ciudadanos para integrarse a las reservas y estar en condiciones de responder ante situaciones que representen amenazas internas o externas para el país.
Obligación comenzaría a los 18 años
De acuerdo con el proyecto, la obligación de prestar el servicio comenzaría desde que el ciudadano alcance la mayoría de edad y se extendería hasta cumplir los 35 años.
Uno de los aspectos que podría generar mayor discusión establece que las familias beneficiarias de ayudas directas o indirectas del Estado tendrían la obligación de enviar a sus hijos que se encuentren dentro del rango de edad contemplado por la iniciativa.
Durante el período de entrenamiento, los participantes recibirían un sueldo mínimo destinado a cubrir sus necesidades y serían incorporados como beneficiarios del régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Formación iría más allá del entrenamiento con armas
La propuesta no concibe el servicio militar exclusivamente como preparación para el manejo de armas.
También contempla la enseñanza de carreras técnicas, disciplina y valores patrios, con el propósito de proporcionar herramientas que puedan ser utilizadas por los jóvenes una vez finalizado el período de entrenamiento.
Entre las motivaciones de la iniciativa se expresa preocupación por los cambios experimentados en determinadas costumbres, valores y principios relacionados con el respeto, la honestidad y el patriotismo.
El proyecto plantea igualmente utilizar la educación y la disciplina como instrumentos para enfrentar lo que califica como “ociosidad improductiva” entre determinados segmentos de la población juvenil.
Delincuencia juvenil y oportunidades laborales
Otro de los argumentos expuestos en la iniciativa relaciona la implementación del servicio militar con la posibilidad de contribuir a disminuir la delincuencia juvenil y facilitar posteriormente la incorporación de los participantes al mercado laboral.
Al mismo tiempo, el proyecto sostiene que disponer de ciudadanos previamente entrenados permitiría fortalecer la política de defensa y seguridad nacional, además de aumentar la cantidad de personas preparadas para responder ante emergencias, calamidades públicas o eventuales conflictos.
Proyecto introduce argumento relacionado con la salud
La propuesta también incorpora consideraciones relativas a la condición física de la población joven.
El texto cita estudios que, según la iniciativa, sitúan en 33.6 % la proporción de jóvenes dominicanos con sobrepeso y plantea que la actividad física propia del entrenamiento militar podría contribuir a combatir el sedentarismo.
Una propuesta que abre un debate nacional
De avanzar en el Congreso Nacional, la iniciativa podría generar una discusión que trascienda los aspectos estrictamente militares.
La obligatoriedad para hombres y mujeres de entre 18 y 35 años, su relación con las familias beneficiarias de programas estatales y los argumentos vinculados con disciplina, delincuencia juvenil y formación ciudadana plantean interrogantes sobre derechos fundamentales, igualdad, proporcionalidad y los límites de las obligaciones que el Estado puede imponer a los ciudadanos.
El proyecto deberá recorrer el procedimiento legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en ley.
La defensa busca anular la declaración de culpabilidad, mientras el Ministerio Público pretende que sea revocado el perdón judicial otorgado al pelotero
PUERTO PLATA.– La Corte de Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata fijó para el próximo 22 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que serán conocidos los recursos presentados contra la sentencia dictada en el proceso judicial seguido al pelotero de Grandes Ligas Wander Samuel Franco Aybar.
La nueva etapa del caso enfrenta dos pretensiones distintas. Por un lado, la defensa del jugador procura que sea revocada la declaración de culpabilidad; por otro, el Ministerio Público cuestiona el perdón judicial que permitió al beisbolista quedar exento del cumplimiento de una pena de prisión.
La decisión recurrida fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Puerto Plata durante un segundo juicio, en el cual Franco volvió a ser declarado culpable de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad.
Sin embargo, en esa ocasión los jueces decidieron concederle un perdón judicial, por lo que no fue enviado a prisión.
Defensa cuestiona las pruebas
Los abogados de Franco sostienen en su recurso que los elementos probatorios presentados durante el proceso no son suficientes para mantener la declaración de culpabilidad.
La defensa pretende que la Corte de Apelación revoque la decisión adoptada por el tribunal de primer grado respecto de la responsabilidad penal del jugador.
El Ministerio Público mantiene una posición diferente. Aunque busca preservar la declaración de culpabilidad, pretende que sea eliminado el beneficio del perdón judicial.
El órgano acusador considera que esa figura jurídica no resulta aplicable en un proceso relacionado con abuso infantil.
Será ahora responsabilidad de la Corte examinar los argumentos de ambas partes y determinar si mantiene, modifica o revoca los aspectos cuestionados de la sentencia.
Tribunal consideró actuación de la madre
Al emitir la segunda sentencia, los jueces determinaron que Franco habría resultado una víctima colateral de las actuaciones atribuidas a la madre de la menor, consideración que incidió en el otorgamiento del perdón judicial.
En ese mismo proceso, Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, fue condenada a 10 años de prisión.
La controversia sobre el perdón judicial constituye uno de los puntos centrales que deberá analizar la Corte durante esta nueva fase.
Caso ya tuvo un primer juicio
La decisión que será examinada el 22 de septiembre es la segunda sentencia dictada en el proceso contra Franco.
En el primer juicio de fondo, el pelotero fue condenado a dos años de prisión suspendida bajo determinadas condiciones.
Posteriormente, la Corte de Apelación anuló esa sentencia y dispuso la celebración de un nuevo juicio.
Tras repetirse el proceso, el tribunal volvió a declarar culpable a Franco por abuso sexual y psicológico contra la menor, pero esta vez decidió concederle el perdón judicial y eximirlo del cumplimiento de una pena privativa de libertad.
La audiencia del 22 de septiembre abrirá ahora una nueva etapa procesal en un expediente que ha pasado en dos ocasiones por un juicio de fondo y que vuelve a manos de la jurisdicción de apelación.