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Denuncian omisiones y falta de respuestas en caso de niña haitiana que murió ahogada.

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Santiago, R.D.-Los abogados de la niña haitiana que murio ahogada durante una excursión del colegio donde estudiaba de nombre Leonardo Da Vinci,  luego de tres meses y cuatro días de su fallecimiento, cuyo nombre era Stephora Anne-Mircie Joseph, denunciaron un retardo injustificado en las investigaciones del caso y la falta de respuesta a una a una solicitud de medidas de coercion contra otros presuntos implicados no incluido por el Ministerio Público.

Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño explicaron que, desde el momento en que se conoció la medida de coerción impuesta a tres profesoras vinculadas al hecho, solicitaron formalmente que se procediera también contra las autoridades administrativas del centro educativo y otros responsables del lugar donde ocurrió la tragedia.

“Desde el día 10 de diciembre que se conoció la medida de coerción contra tres profesoras, nosotros solicitamos ese mismo día una solicitud de medida de coerción para los representantes directos del colegio, dígase el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc, el director del centro Freddy Núñez y los encargados de la Hacienda Los Caballos”, explicó Valdemar.

Asimismo, indicó que a más de dos meses de haberse conocido medidas de coerción contra tres de las cuatro maestras imputadas, no se han producido avances concretos respecto a esa solicitud, lo que calificó como una dilación procesal injustificada.

“Al día de hoy, lo que se ha hecho es ir rebotando esta solicitud. La jueza de Atención Permanente la refirió al juez coordinador de Instrucción de Santiago y este luego la ha remitido al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción”, añadió.

Además, advirtió que dicho tribunal no tiene competencia para conocer el caso, por lo que existe el riesgo de que el expediente vuelva a ser remitido sin que se adopte una decisión de fondo.

“Ustedes sabrán que este Cuarto Juzgado en Santiago solamente se dedica a los casos de violencia de género y delitos sexuales, así que lo más seguro es que reboten nuevamente el expediente”, concluyó.

En ese sentido, los abogados aseguran que desde el inicio de este proceso han solicitado al Ministerio Público una serie de diligencias procesales las cuales a pesar de haber notificado formalmente se niegan a dar cumplimiento.

“Hemos solicitado que sean interrogados los niños que participaron en esta actividad para ver su parecer, el video completo de todo lo que pasó, entre otras series de diligencias”, dijo.

El abogado Shesnell Calcaño calificó como preocupante la dilación existente por el Tribunal Constitucional del cual no ha recibido respuesta, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido públicamente que no existen retrasos en los procesos judiciales.

“En virtud de precedentes existentes que establece que las víctimas y querellantes pueden solicitar medidas de coerción personales o reales en contra de otros imputados en un caso que no hayan sido incluidos por el Ministerio Público” sostuvo.

Finalmente, los abogados recordaron su compromiso en la consecución de este caso para que este fatídico hecho no vuelva a pasar a ningún otro niño.

“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol, que es exigir justicia, que se cumpla con toda la parte procesal y que se le dé respuesta a esta familia. Porque lo que pasó con Stephora no puede volver a pasar con ningún otro niño en un colegio, ya sea público o privado” concluyó Calcaño.

Hacienda Los Caballos

En tanto, fueron retirados los letreros de “Cerrado” que permanecían en la Hacienda Los Caballos, lugar donde se realizaba la excursión en la que falleció la menor, pese a que desde la Defensa Civil aseguran que no han recibido ninguna solicitud de reevaluación que permita autorizar la reapertura del establecimiento.

El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica como medidas de coerción, contra tres miembros del colegio Da Vinci, y dejó en libertad a una de las cuatro presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph.

La presentación periódica y la garantía económica fueron impuestas a Yris del Carmen Reyes Adames; Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, en tanto que, Gisela González, fue dejada en libertad.

El Ministerio Público imputa a las empleadas del colegio bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.

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Una promesa que nadie cree de Abinader de que se compromete a resolver problema eléctrico hasta el 2032

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Santo Domingo, R.D.-En otra de sus afirmaciones sin base, el presidente Luis Abinader manifestó que su gestión de Gobierno trabaja para que la República Dominicana no tenga problemas en el sector eléctrico hasta el 2032.

Al participar en la conferencia–diálogo “Un Presidente Economista» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el mandatario señaló que cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto del 2020, la demanda energética era igual a la oferta de las generadoras eléctricas.

«Había entrado Punta Catalina, pero habían salido 400 megas por otros asuntos y esa inyección de Punta Catalina se la tragó el crecimiento. Bueno, inmediatamente hicimos solicitaciones por 2, 000 megas pero una planta termoléctrica dura cinco años de construcción, y ahora es que esas plantas en funcionamiento. Pero yo voy a dejar, hasta el 2032, pues vamos a hacer otra licitación, preparado el país para que no haya problemas», explicó Abinader.

El mandatario enfatizó que así como él se «adelantó a los acontecimientos», los próximos presidentes también deberán de adelantarse para evitar que los afecte una crisis eléctrica.

«Los otros gobiernos van a tener también que adelantarse para que todos los años crezcan. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo de la zona fría era 2,650 megas. Hoy es de 4,300», indicó.

Las declaraciones del presidente surgen luego de que varios sectores hayan del Gran Santo Domingo, y otras partes días, denunciarán largas tandas de apagones.

El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en Intec

El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en IntecJorge Martínez

Al responder la pregunta de uno de los estudiantes, el presidente señaló que el tema energético fue solo una de las «crisis y crisis» que le han tocado en sus casi seis años a cargo del Poder Ejecutivo.

«Yo entré con la pandemia. La pandemia, imagínense, llevamos año y medio con el país encerrado y el tema era que hasta qué hora es que se va a permitir, hasta la 10:00 de la noche o hasta las 11:00 y nosotros luchando para que el turismo abra. Fuimos el país que primero recuperó el turismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, con esta situación planificamos, también las grandes obras y el desarrollo de infraestructura básica», explicó.

El mandatario indicó que a pesar que de esos temas, hay que planificar las obras de infraestructura por el bien y desarrollo del país.

Abinader indicó que en su mandato se han enfocado en la construcción de acueductos y mejora de otros para mejorar el sistema de agua potable del país.

«Durante muchos años no se hicieron acueductos para el gran Santo Domingo. Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando 4 metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, a 2 metros cúbicos de agua. Y estamos haciendo el de Hatillo para 10 años. Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital», exclamó.

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Creador de contenido es condenanado a seis meses de prisión por difamación.

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Santo Domingo, R.D.-El creador de contenido Angel Martinez fue condenado este jueves por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de difamar e injuriar a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.

La jueza Luz Almonte también condenó a Martínez a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por los daños ocasionados a la exfuncionaria.

Asimismo, deberá cumplir condena en el centro de corrección Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.

Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.

Este mismo tribunal dictó tres meses de prisión suspendida contra Ángel Martínez el pasado miércoles, tras declararlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Gory Moya.

Asimismo, sostuvo que durante el proceso el imputado no logró demostrar las acusaciones realizadas contra el legislador.

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Acuerdan aumento salarial para personal judicial .

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Santo Domingo, D. N.—Un acuerdo de aumento salarial fue anunciado por el Consejo del Poder Judicial tras negociaciones en las que participó el Ministerio de Hacienda y Economía  que incluye  la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, cuyo resultado es del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.

Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.

En tal sentido, se anunció un incremento general de 30% para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.

El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.

La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.

El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.

Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.

Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.

En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.

En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.

El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.

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