Nacionales
Denuncian omisiones y falta de respuestas en caso de niña haitiana que murió ahogada.
Santiago, R.D.-Los abogados de la niña haitiana que murio ahogada durante una excursión del colegio donde estudiaba de nombre Leonardo Da Vinci, luego de tres meses y cuatro días de su fallecimiento, cuyo nombre era Stephora Anne-Mircie Joseph, denunciaron un retardo injustificado en las investigaciones del caso y la falta de respuesta a una a una solicitud de medidas de coercion contra otros presuntos implicados no incluido por el Ministerio Público.
Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño explicaron que, desde el momento en que se conoció la medida de coerción impuesta a tres profesoras vinculadas al hecho, solicitaron formalmente que se procediera también contra las autoridades administrativas del centro educativo y otros responsables del lugar donde ocurrió la tragedia.
“Desde el día 10 de diciembre que se conoció la medida de coerción contra tres profesoras, nosotros solicitamos ese mismo día una solicitud de medida de coerción para los representantes directos del colegio, dígase el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc, el director del centro Freddy Núñez y los encargados de la Hacienda Los Caballos”, explicó Valdemar.
Asimismo, indicó que a más de dos meses de haberse conocido medidas de coerción contra tres de las cuatro maestras imputadas, no se han producido avances concretos respecto a esa solicitud, lo que calificó como una dilación procesal injustificada.
“Al día de hoy, lo que se ha hecho es ir rebotando esta solicitud. La jueza de Atención Permanente la refirió al juez coordinador de Instrucción de Santiago y este luego la ha remitido al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción”, añadió.
Además, advirtió que dicho tribunal no tiene competencia para conocer el caso, por lo que existe el riesgo de que el expediente vuelva a ser remitido sin que se adopte una decisión de fondo.
“Ustedes sabrán que este Cuarto Juzgado en Santiago solamente se dedica a los casos de violencia de género y delitos sexuales, así que lo más seguro es que reboten nuevamente el expediente”, concluyó.
En ese sentido, los abogados aseguran que desde el inicio de este proceso han solicitado al Ministerio Público una serie de diligencias procesales las cuales a pesar de haber notificado formalmente se niegan a dar cumplimiento.
“Hemos solicitado que sean interrogados los niños que participaron en esta actividad para ver su parecer, el video completo de todo lo que pasó, entre otras series de diligencias”, dijo.
El abogado Shesnell Calcaño calificó como preocupante la dilación existente por el Tribunal Constitucional del cual no ha recibido respuesta, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido públicamente que no existen retrasos en los procesos judiciales.
“En virtud de precedentes existentes que establece que las víctimas y querellantes pueden solicitar medidas de coerción personales o reales en contra de otros imputados en un caso que no hayan sido incluidos por el Ministerio Público” sostuvo.
Finalmente, los abogados recordaron su compromiso en la consecución de este caso para que este fatídico hecho no vuelva a pasar a ningún otro niño.
“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol, que es exigir justicia, que se cumpla con toda la parte procesal y que se le dé respuesta a esta familia. Porque lo que pasó con Stephora no puede volver a pasar con ningún otro niño en un colegio, ya sea público o privado” concluyó Calcaño.
Hacienda Los Caballos
En tanto, fueron retirados los letreros de “Cerrado” que permanecían en la Hacienda Los Caballos, lugar donde se realizaba la excursión en la que falleció la menor, pese a que desde la Defensa Civil aseguran que no han recibido ninguna solicitud de reevaluación que permita autorizar la reapertura del establecimiento.
El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica como medidas de coerción, contra tres miembros del colegio Da Vinci, y dejó en libertad a una de las cuatro presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph.
La presentación periódica y la garantía económica fueron impuestas a Yris del Carmen Reyes Adames; Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, en tanto que, Gisela González, fue dejada en libertad.
El Ministerio Público imputa a las empleadas del colegio bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.