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Denuncian omisiones y falta de respuestas en caso de niña haitiana que murió ahogada.
Santiago, R.D.-Los abogados de la niña haitiana que murio ahogada durante una excursión del colegio donde estudiaba de nombre Leonardo Da Vinci, luego de tres meses y cuatro días de su fallecimiento, cuyo nombre era Stephora Anne-Mircie Joseph, denunciaron un retardo injustificado en las investigaciones del caso y la falta de respuesta a una a una solicitud de medidas de coercion contra otros presuntos implicados no incluido por el Ministerio Público.
Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño explicaron que, desde el momento en que se conoció la medida de coerción impuesta a tres profesoras vinculadas al hecho, solicitaron formalmente que se procediera también contra las autoridades administrativas del centro educativo y otros responsables del lugar donde ocurrió la tragedia.
“Desde el día 10 de diciembre que se conoció la medida de coerción contra tres profesoras, nosotros solicitamos ese mismo día una solicitud de medida de coerción para los representantes directos del colegio, dígase el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc, el director del centro Freddy Núñez y los encargados de la Hacienda Los Caballos”, explicó Valdemar.
Asimismo, indicó que a más de dos meses de haberse conocido medidas de coerción contra tres de las cuatro maestras imputadas, no se han producido avances concretos respecto a esa solicitud, lo que calificó como una dilación procesal injustificada.
“Al día de hoy, lo que se ha hecho es ir rebotando esta solicitud. La jueza de Atención Permanente la refirió al juez coordinador de Instrucción de Santiago y este luego la ha remitido al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción”, añadió.
Además, advirtió que dicho tribunal no tiene competencia para conocer el caso, por lo que existe el riesgo de que el expediente vuelva a ser remitido sin que se adopte una decisión de fondo.
“Ustedes sabrán que este Cuarto Juzgado en Santiago solamente se dedica a los casos de violencia de género y delitos sexuales, así que lo más seguro es que reboten nuevamente el expediente”, concluyó.
En ese sentido, los abogados aseguran que desde el inicio de este proceso han solicitado al Ministerio Público una serie de diligencias procesales las cuales a pesar de haber notificado formalmente se niegan a dar cumplimiento.
“Hemos solicitado que sean interrogados los niños que participaron en esta actividad para ver su parecer, el video completo de todo lo que pasó, entre otras series de diligencias”, dijo.
El abogado Shesnell Calcaño calificó como preocupante la dilación existente por el Tribunal Constitucional del cual no ha recibido respuesta, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido públicamente que no existen retrasos en los procesos judiciales.
“En virtud de precedentes existentes que establece que las víctimas y querellantes pueden solicitar medidas de coerción personales o reales en contra de otros imputados en un caso que no hayan sido incluidos por el Ministerio Público” sostuvo.
Finalmente, los abogados recordaron su compromiso en la consecución de este caso para que este fatídico hecho no vuelva a pasar a ningún otro niño.
“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol, que es exigir justicia, que se cumpla con toda la parte procesal y que se le dé respuesta a esta familia. Porque lo que pasó con Stephora no puede volver a pasar con ningún otro niño en un colegio, ya sea público o privado” concluyó Calcaño.
Hacienda Los Caballos
En tanto, fueron retirados los letreros de “Cerrado” que permanecían en la Hacienda Los Caballos, lugar donde se realizaba la excursión en la que falleció la menor, pese a que desde la Defensa Civil aseguran que no han recibido ninguna solicitud de reevaluación que permita autorizar la reapertura del establecimiento.
El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica como medidas de coerción, contra tres miembros del colegio Da Vinci, y dejó en libertad a una de las cuatro presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph.
La presentación periódica y la garantía económica fueron impuestas a Yris del Carmen Reyes Adames; Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, en tanto que, Gisela González, fue dejada en libertad.
El Ministerio Público imputa a las empleadas del colegio bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público es criticado por la defensa de Yokairy Sosa, encabezada por el abogado Jean Cristofer Pérez, quien cuestiona una actuación del del órgano tras solicitar una sentencia de casación antes de que la Suprema Corte de Justicia haya emitido su fallo.
Para la defensa, esta gestión genera dudas legítimas, al proyectar un interés anticipado sobre una decisión que todavía está pendiente. Sostiene que, más que un simple trámite, se trata de una actuación que inquieta y que merece atención pública por el mensaje que transmite.
Jean Cristofer Pérez advirtió que en un proceso de esta naturaleza la justicia debe decidir con absoluta independencia, sin actuaciones que puedan interpretarse como presión, premura o intención de incidir en el resultado.
La defensa reiteró que el recurso de casación fue interpuesto precisamente para que la Suprema Corte examine el caso dentro del marco del debido proceso y las garantías fundamentales, por lo que entiende impropio cualquier movimiento institucional que se adelante a una sentencia aún no emitida.
Finalmente, hizo un llamado a la prudencia y a la transparencia, al considerar que este tipo de actuaciones solo aumentan las dudas sobre el comportamiento del Ministerio Público en un caso que sigue bajo expectativa pública.
Santo Domingo.– Un proyecto de ley para modificar la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos politicos con el fin de fortalecer la integridad del sistema de partidos, mejorar los controles de financiamiento y prevenir la infiltracion del crimen organizado, fue presentado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La iniciativa fue presentada por el presidente del partido, José Ignacio Paliza, ante el bloque de legisladores del PRM y miembros de la prensa.
Según explicó el dirigente político, la propuesta busca establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas del país.
Medidas para reforzar la integridad política
Durante su intervención, Paliza señaló que la política debe actuar con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para el sistema democrático.
“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política, a nuestro partido y a otros, han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda”, expresó.
El dirigente añadió que “la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, al referirse a la necesidad de adoptar controles más estrictos dentro de los partidos.
Control del financiamiento y requisitos para candidatos
El proyecto introduce mecanismos de control interno dentro de los partidos, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento normativo (compliance partidario).
Estas medidas buscan prevenir lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras dirigenciales y en los procesos de selección de candidaturas.
Asimismo, la propuesta establece procedimientos de debida diligencia para verificar el origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas.
- También plantea mecanismos de trazabilidad para identificar a los aportantes y evitar el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Entre las disposiciones se incluyen nuevos requisitos de integridad para aspirantes a candidaturas, como la presentación de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio y pruebas antidopaje.
Además, los aspirantes deberán otorgar autorizaciones para la verificación de la información presentada ante las autoridades partidarias.
El proyecto también fortalece las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral sobre el financiamiento de los partidos políticos.
Igualmente, establece un régimen de consecuencias para los casos de incumplimiento de las normas relacionadas con la transparencia y control de recursos en la actividad política.
Paliza recordó que la iniciativa responde al compromiso anunciado en su mensaje al país del 24 de noviembre de 2025, en el que planteó impulsar reformas para fortalecer el sistema democrático.
“La política debe ser un espacio de servicio público, no una puerta de entrada para intereses ilícitos. La democracia debe ser un muro frente al crimen, no un refugio”, afirmó.
El presidente del PRM indicó que la organización ha decidido asumir esta propuesta con responsabilidad y coherencia, promoviendo reglas más claras y controles efectivos que refuercen la confianza ciudadana.
“La mejor respuesta frente a cualquier señalamiento no es la retórica, sino la determinación. No es la negación, sino el fortalecimiento institucional”, sostuvo.
El dirigente expresó su expectativa de que la propuesta reciba el respaldo de distintos sectores políticos, comprometidos con instituciones más sólidas y un país más transparente.
- El documento fue recibido por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; y el vocero del PRM ante el Senado, Moisés Ayala.
Santo Domingo, R.D.-En segunda lectura el Senado de la República, cuya mayoria es perremeísta, aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca eliminar la figura de las candidaturas independientes del sistema electoral, mediante la derogación de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor y cuatro en contra y ahora deberá ser conocida por la Cámara de Diputados.
El proyecto fue propuesto por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), junto a otros diez legisladores.
Durante la sesión de hoy, el legislador arguyó que la medida busca cumplir con el mandato constitucional y evitar distorsiones en el sistema electoral.
- Genao sostuvo que con la iniciativa el Congreso Nacional “está volviendo sobre sus pasos” para corregir lo que consideró un error en la Ley 20-23, al entender que el sistema político dominicano ha operado durante más de seis décadas bajo un modelo de partidos.
El legislador también destacó que en las elecciones de 2024 participaron 28 partidos políticos y seis candidatos presidenciales, lo que, a su juicio, demuestra que existen espacios dentro del sistema para aspirar a cargos electivos.
A favor de la propuesta intervino el senador Antonio Marte, quien argumentó que permitir candidaturas independientes podría desbordar el proceso electoral.
“No habrá sábana o no habrá República Dominicana que coja los candidatos… eso sería un puro disparate”, expresó.
Previo a la aprobación de la pieza, el senador por Montecristi del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Bernardo Alemán Rodríguez, pidió que la propuesta fuera enviada a vistas públicas para escuchar a los partidos políticos, la sociedad civil y a la Junta Central Electoral antes de su aprobación.
Su propuesta fue rechazada.
En contra de la iniciativa también se pronunció el senador por el mismo partido, Antonio Taveras Guzmán, quien consideró que permitir candidaturas fuera de los partidos podría ampliar la democracia.
“Yo pienso que la discusión se ha llevado mal. No creo que eso afecte a la democracia; al contrario, pienso que eso amplía la democracia”, afirmó el senador por la provincia Santo Domingo.
Dijo que si bien el sistema de partido es el corazón de la democracia, sin partido político la democracia moderna representativa no pudiera existir. Agregó: “Ahora bien, ¿qué tipo de partido? Es lo que tenemos que preguntar, porque si los partidos están perdiendo credibilidad es precisamente por las malas actuaciones de los partidos políticos”.
«Muchos partidos políticos, la mayoría, han permitido que el crimen organizado se introduzca en el sistema de partido”, manifestó, al tiempo que expresó que ve «un miedo y creen que por esto el sistema de partido se va a fortalecer”.
El artículo 156 de la Ley 20-23 permite la presentación de candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional a través de agrupaciones políticas.
El artículo 157 establece los requisitos para aspirar de manera independiente a la Presidencia de la República, entre ellos contar con una estructura organizativa similar a la de los partidos políticos en todo el territorio nacional y presentar un programa de gobierno.
Mientras que el artículo 158 dispone que las agrupaciones que respalden candidaturas independientes en los municipios puedan mantener sus estructuras y participar en elecciones posteriores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
La propuesta legislativa busca modificar el marco electoral vigente tras la sentencia TC-0788-24 del Tribunal Constitucional, que abrió la posibilidad a que candidatos independientes aspiren a cargos electivos sin someterse al régimen de los partidos políticos