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«Hay que poner un freno al Ministerio Público por instrumentar acusaciones alegres sin investigar», dice Angel Rondón.
Santo Domingo, R.D.-El empresario Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht, tras el Tribunal Constitucional buscar sentar un precedente contra lo que llama «acusaciones alegres» del Ministerio Público, dice que el dinero de la indemnización de la demanda contra el Estado dominicano será donado a hospitales de alto costo.
A Rondón, durante varios años, se le conoció un proceso judicial junto a exfuncionarios por su implicación en los sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht a exfuncionarios para obtener obras del Estado.
Rondón calificó el proceso judicial en su contra como una «necedad» e «irresponsabilidad» del Ministerio Público que se extendió por diez años, tras su vinculación en los sobornos.
Rondón fue enfático al señalar que el sistema judicial debe establecer límites: «Yo creo que hay que ponerle un freno al Ministerio Público. ¿Quién va a pagar la indemnización que se produzca de eso? El Estado ya está pagando muchísimo dinero por la mala instrumentación de los expedientes», expresó el empresario.
El empresario cuestionó la lógica jurídica de su condena inicial: «¿Cómo se puede condenar a una persona por soborno cuando todos los supuestos sobornados fueron absueltos? Como decían en mi campo, hasta el chino de Bonao sabe que eso es imposible».
Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares por daños derivados del caso Odebrecht
«Para mí fue una necedad del Ministerio Público. Creo que hay que ponerle un freno y que pague la indemnización que corresponda. Deben decirle: ve acá, Ministerio Público, ya el Estado está pagando mucho dinero por la mala instrumentación de los expedientes».
Durante sus declaraciones, Rondón detalló las pérdidas millonarias sufridas, mencionando una comisión pendiente de Odebrecht por Punta Catalina superior a los 20 millones de dólares, la cual no ha podido cobrar pese a sentencias a su favor.
Sin embargo, destacó que el daño más grave fue el familiar. Recordó con dolor que su hijo sufrió profundamente el proceso judicial seguido en su contra por ser acusado por el Ministerio Público, que lo vinculó a los sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht a exfuncionarios para obtener obras del Estado.
En ese proceso: «Mi hijo murió en ese proceso… eso no lo puedo olvidar nunca, fue producto de una irresponsabilidad del Ministerio Público. Esa es la realidad»
Rondón aclaró que no busca lucrarse con la demanda. Los fondos obtenidos, descontando los honorarios legales (cuota litis), serán destinados a instituciones de salud: hospitales de cáncer, hospitales del corazón e instituciones benéficas de enfermedades de alto costo.
«El Estado puede decir que está pagando una indemnización, pero que vaya para los hospitales. La justicia dominicana tiene que empoderarse y olvidarse de la propaganda mediática», concluyó.
Ángel Rondón había anunciado que demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante los años que se extendió su proceso judicial por presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, situación que le ocasionó problemas de salud y lo obligó a someterse a tratamientos costosos.
La decisión se tomó luego de que el Tribunal Constitucional ratificara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró no culpables al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Rondón, en relación con sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
El empresario informó que se ha apoderado de la barra de abogados encabezada por el jurista Miguel Minier, quien indicó que está estudiando las sentencias para iniciar el proceso de demanda contra el Estado a través de la Procuraduría General de la República. Aunque no se especificó la cantidad exacta, se indicó que será por varios millones de dólares.
El pasado viernes 20 de febrero se dio a conocer que el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia emitida por los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declara no culpables a Díaz Rúa y Rondón por recibir sobornos de Odebrecht para ser favorecida con obras estatales. La decisión original de la Segunda Sala fue emitida en julio de 2024.
El exfuncionario Díaz Rúa había sido condenado a cinco años y el empresario Rondón a ocho años por los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras ser declarados culpables de corrupción y enriquecimiento ilícito relacionado con los 92 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, en octubre de 2021.
Esta condena fue ratificada por los magistrados de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en mayo de 2023, que además eximió de responsabilidad penal al imputado Conrado Pittaluga Arzeno.
Al inicio del proceso fueron sometidas 14 personas, incluyendo funcionarios, exfuncionarios y empresarios, por recibir sobornos de Odebrecht. La empresa brasileña admitió el pago de sobornos y fue condenada a indemnizar al Estado con 184 millones de dólares, que deberían ser pagados en ocho cuotas parciales de 30 millones de dólares. Hasta la fecha se desconoce si la empresa ha cumplido con estos pagos.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.