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«Hay que poner un freno al Ministerio Público por instrumentar acusaciones alegres sin investigar», dice Angel Rondón.
Santo Domingo, R.D.-El empresario Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht, tras el Tribunal Constitucional buscar sentar un precedente contra lo que llama «acusaciones alegres» del Ministerio Público, dice que el dinero de la indemnización de la demanda contra el Estado dominicano será donado a hospitales de alto costo.
A Rondón, durante varios años, se le conoció un proceso judicial junto a exfuncionarios por su implicación en los sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht a exfuncionarios para obtener obras del Estado.
Rondón calificó el proceso judicial en su contra como una «necedad» e «irresponsabilidad» del Ministerio Público que se extendió por diez años, tras su vinculación en los sobornos.
Rondón fue enfático al señalar que el sistema judicial debe establecer límites: «Yo creo que hay que ponerle un freno al Ministerio Público. ¿Quién va a pagar la indemnización que se produzca de eso? El Estado ya está pagando muchísimo dinero por la mala instrumentación de los expedientes», expresó el empresario.
El empresario cuestionó la lógica jurídica de su condena inicial: «¿Cómo se puede condenar a una persona por soborno cuando todos los supuestos sobornados fueron absueltos? Como decían en mi campo, hasta el chino de Bonao sabe que eso es imposible».
Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares por daños derivados del caso Odebrecht
«Para mí fue una necedad del Ministerio Público. Creo que hay que ponerle un freno y que pague la indemnización que corresponda. Deben decirle: ve acá, Ministerio Público, ya el Estado está pagando mucho dinero por la mala instrumentación de los expedientes».
Durante sus declaraciones, Rondón detalló las pérdidas millonarias sufridas, mencionando una comisión pendiente de Odebrecht por Punta Catalina superior a los 20 millones de dólares, la cual no ha podido cobrar pese a sentencias a su favor.
Sin embargo, destacó que el daño más grave fue el familiar. Recordó con dolor que su hijo sufrió profundamente el proceso judicial seguido en su contra por ser acusado por el Ministerio Público, que lo vinculó a los sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht a exfuncionarios para obtener obras del Estado.
En ese proceso: «Mi hijo murió en ese proceso… eso no lo puedo olvidar nunca, fue producto de una irresponsabilidad del Ministerio Público. Esa es la realidad»
Rondón aclaró que no busca lucrarse con la demanda. Los fondos obtenidos, descontando los honorarios legales (cuota litis), serán destinados a instituciones de salud: hospitales de cáncer, hospitales del corazón e instituciones benéficas de enfermedades de alto costo.
«El Estado puede decir que está pagando una indemnización, pero que vaya para los hospitales. La justicia dominicana tiene que empoderarse y olvidarse de la propaganda mediática», concluyó.
Ángel Rondón había anunciado que demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante los años que se extendió su proceso judicial por presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, situación que le ocasionó problemas de salud y lo obligó a someterse a tratamientos costosos.
La decisión se tomó luego de que el Tribunal Constitucional ratificara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró no culpables al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Rondón, en relación con sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
El empresario informó que se ha apoderado de la barra de abogados encabezada por el jurista Miguel Minier, quien indicó que está estudiando las sentencias para iniciar el proceso de demanda contra el Estado a través de la Procuraduría General de la República. Aunque no se especificó la cantidad exacta, se indicó que será por varios millones de dólares.
El pasado viernes 20 de febrero se dio a conocer que el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia emitida por los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declara no culpables a Díaz Rúa y Rondón por recibir sobornos de Odebrecht para ser favorecida con obras estatales. La decisión original de la Segunda Sala fue emitida en julio de 2024.
El exfuncionario Díaz Rúa había sido condenado a cinco años y el empresario Rondón a ocho años por los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras ser declarados culpables de corrupción y enriquecimiento ilícito relacionado con los 92 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, en octubre de 2021.
Esta condena fue ratificada por los magistrados de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en mayo de 2023, que además eximió de responsabilidad penal al imputado Conrado Pittaluga Arzeno.
Al inicio del proceso fueron sometidas 14 personas, incluyendo funcionarios, exfuncionarios y empresarios, por recibir sobornos de Odebrecht. La empresa brasileña admitió el pago de sobornos y fue condenada a indemnizar al Estado con 184 millones de dólares, que deberían ser pagados en ocho cuotas parciales de 30 millones de dólares. Hasta la fecha se desconoce si la empresa ha cumplido con estos pagos.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.