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«Hay que poner un freno al Ministerio Público por instrumentar acusaciones alegres sin investigar», dice Angel Rondón.
Santo Domingo, R.D.-El empresario Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht, tras el Tribunal Constitucional buscar sentar un precedente contra lo que llama «acusaciones alegres» del Ministerio Público, dice que el dinero de la indemnización de la demanda contra el Estado dominicano será donado a hospitales de alto costo.
A Rondón, durante varios años, se le conoció un proceso judicial junto a exfuncionarios por su implicación en los sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht a exfuncionarios para obtener obras del Estado.
Rondón calificó el proceso judicial en su contra como una «necedad» e «irresponsabilidad» del Ministerio Público que se extendió por diez años, tras su vinculación en los sobornos.
Rondón fue enfático al señalar que el sistema judicial debe establecer límites: «Yo creo que hay que ponerle un freno al Ministerio Público. ¿Quién va a pagar la indemnización que se produzca de eso? El Estado ya está pagando muchísimo dinero por la mala instrumentación de los expedientes», expresó el empresario.
El empresario cuestionó la lógica jurídica de su condena inicial: «¿Cómo se puede condenar a una persona por soborno cuando todos los supuestos sobornados fueron absueltos? Como decían en mi campo, hasta el chino de Bonao sabe que eso es imposible».
Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares por daños derivados del caso Odebrecht
«Para mí fue una necedad del Ministerio Público. Creo que hay que ponerle un freno y que pague la indemnización que corresponda. Deben decirle: ve acá, Ministerio Público, ya el Estado está pagando mucho dinero por la mala instrumentación de los expedientes».
Durante sus declaraciones, Rondón detalló las pérdidas millonarias sufridas, mencionando una comisión pendiente de Odebrecht por Punta Catalina superior a los 20 millones de dólares, la cual no ha podido cobrar pese a sentencias a su favor.
Sin embargo, destacó que el daño más grave fue el familiar. Recordó con dolor que su hijo sufrió profundamente el proceso judicial seguido en su contra por ser acusado por el Ministerio Público, que lo vinculó a los sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht a exfuncionarios para obtener obras del Estado.
En ese proceso: «Mi hijo murió en ese proceso… eso no lo puedo olvidar nunca, fue producto de una irresponsabilidad del Ministerio Público. Esa es la realidad»
Rondón aclaró que no busca lucrarse con la demanda. Los fondos obtenidos, descontando los honorarios legales (cuota litis), serán destinados a instituciones de salud: hospitales de cáncer, hospitales del corazón e instituciones benéficas de enfermedades de alto costo.
«El Estado puede decir que está pagando una indemnización, pero que vaya para los hospitales. La justicia dominicana tiene que empoderarse y olvidarse de la propaganda mediática», concluyó.
Ángel Rondón había anunciado que demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante los años que se extendió su proceso judicial por presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, situación que le ocasionó problemas de salud y lo obligó a someterse a tratamientos costosos.
La decisión se tomó luego de que el Tribunal Constitucional ratificara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró no culpables al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Rondón, en relación con sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
El empresario informó que se ha apoderado de la barra de abogados encabezada por el jurista Miguel Minier, quien indicó que está estudiando las sentencias para iniciar el proceso de demanda contra el Estado a través de la Procuraduría General de la República. Aunque no se especificó la cantidad exacta, se indicó que será por varios millones de dólares.
El pasado viernes 20 de febrero se dio a conocer que el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia emitida por los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declara no culpables a Díaz Rúa y Rondón por recibir sobornos de Odebrecht para ser favorecida con obras estatales. La decisión original de la Segunda Sala fue emitida en julio de 2024.
El exfuncionario Díaz Rúa había sido condenado a cinco años y el empresario Rondón a ocho años por los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras ser declarados culpables de corrupción y enriquecimiento ilícito relacionado con los 92 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, en octubre de 2021.
Esta condena fue ratificada por los magistrados de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en mayo de 2023, que además eximió de responsabilidad penal al imputado Conrado Pittaluga Arzeno.
Al inicio del proceso fueron sometidas 14 personas, incluyendo funcionarios, exfuncionarios y empresarios, por recibir sobornos de Odebrecht. La empresa brasileña admitió el pago de sobornos y fue condenada a indemnizar al Estado con 184 millones de dólares, que deberían ser pagados en ocho cuotas parciales de 30 millones de dólares. Hasta la fecha se desconoce si la empresa ha cumplido con estos pagos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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