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Presidente del Senado reafirma compromiso con institucionalidad y democracia

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Santo Domingo. – En ocasión del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, resaltó la gobernabilidad democrática y la transparencia que ha imperado durante el mandato del presidente Luis Abinader, considerando que se ha demostrado con hechos concretos una lucha real contra la corrupción y la impunidad, estableciendo un precedente histórico en favor de la patria y el bienestar del pueblo dominicano”.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez, habló en este contexto durante su discurso ante la Asamblea Nacional, previo a la alocución del primer mandatario, quien desglosó su informe de gestión correspondiente al año 2025 en cumplimiento de la constitución.

Abinader: “Tengo amigos, pero no cómplices; este gobierno no retrocede frente a la corrupción”

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De Los Santos, consideró que, con la rendición de cuentas se reafirma la fortaleza del Estado, donde cada Poder ejercer sus atribuciones con independencia, responsabilidad, respeto y sentido de nación, considerando que la gobernabilidad democrática es una tarea compartida, y la institucionalidad se preserva, cuando cada actor cumple su rol con apego a la Constitución y las leyes.

En ese sentido, el legislador también definió el informe gubernamental como un pilar esencial de la transparencia y una herramienta indispensable en la lucha contra la corrupción, “un fenómeno que socava la confianza ciudadana, debilita el sistema democrático y traiciona el sacrificio histórico de quienes fundaron nuestra República”.

Ricardo de los Santos recordó que, desde el inicio de su mandato, el presidente de la República Luis Abinader, ha expresado que, en el ejercicio del poder se pueden tener amigos, pero no cómplices, una afirmación que interpela a todos los servidores públicos y recuerda que la lealtad verdadera debe ser siempre con la Constitución, la ley, y el pueblo dominicano.

Compromiso con la administración responsable de los recursos públicos en apego a aña constitución y las leyes

Al reflexionar sobre su gestión al frente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, declaró que asumió su rol con la conciencia clara de que, la administración de recursos ajenos es un acto de confianza que exige rectitud absoluta; un aprendizaje que adquirió durante su trayectoria de representación sindical, y que para él constituye una lección que ha guiado su vida.

Al mismo tiempo recordó que desde el año 2001, cuando por primera vez le correspondió administrar bienes de terceros, comprendió que la transparencia no es un discurso, sino una práctica cotidiana que debe honrarse, especialmente cuando nadie está mirando.

“En todas las posiciones que he ocupado, siempre he dicho: al final de mi gestión, es posible que haya perdido algunos amigos, pero siempre me quedará uno: mi conciencia”, afirmó con ímpetu, el legislador cotuisano.

En ese marco, Ricardo de los santos, quien ha presidido la Cámara Alta durante tres periodos consecutivos, declaró que el Congreso Nacional reafirma su compromiso con el ejercicio responsable del mandato constitucional, orientado a la construcción de una República Dominicana moderna, institucionalmente sólida, socialmente justa y en permanente proceso de desarrollo.

El congresista también aseguró que en el Senado de la República prevalecerá el trabajo tesonero cimentado sobre la base del diálogo democrático, como única vía para la construcción de consensos. “En una sociedad plural y diversa, la escucha respetuosa y la concertación, son fundamentales para adoptar decisiones que favorezcan el interés general y la gobernabilidad”, concluyó el presidente de la Asamblea Nacional.

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Renovacion de cédula es flexibilizada por la JCE.

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Santo Domingo, R.D.-Los ciudadanos podrán renovar su cédula sin restriccion alguna relacionada con el mes de nacimiento durante los fines de semana y los dias feriados, según lo dispuso la Junta Central Electoral (JCE).

La medida aplica en los centros de cedulación habilitados a nivel nacional y busca facilitar el proceso de renovación del documento.

  • Otra decisión tomada por el Pleno, con impacto en la población adulta, es la eliminación total de la restricción del mes de nacimiento para todos los ciudadanos de 70 años o más en todo el territorio nacional, autorizando su atención inmediata en cualquier centro de cedulación.

Además, la JCE informó que añadió otros 38 centros de cedulación, los cuales se suman a los anunciados anteriormente, para que las personas nacidas entre enero y junio puedan renovar la cédula de identidad y electoral de lunes a viernes, en los horarios vigentes, y los sábados, domingos y días feriados sin restricción del mes de nacimiento.

Los centros de cedulación que se añaden están ubicados en Arroyo Salado (Payita), Bayaguana, Cabrera, Cambita-Garabitos, Constanza, Consuelo, El Factor, Esperanza, Fantino, Gaspar Hernández, Guayubín, Jarabacoa, Jima Abajo, Las Matas de Farfán, Licey al Medio, Loma de Cabrera y Miches.

En consecuencia, los centros donde no aplican estas disposiciones y que mantienen su flujo habitual son: Azua 01 y 02, Bajos de Haina 01 y 02, Baní 01 y 02, Barahona, Boca Chica, Bonao, Carretera Mella, Cedulación Megacentro, los centros de expedición de Bella Vista Mall, Ciudad Juan Bosch, Coral Mall, Galería 360, Higüey, Megacentro, Occidental Mall, Plaza Central, Sambil, San Juan de la Maguana, Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como Comendador, Cotuí y Cristo Rey.

De igual manera, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, las oficinas de Santiago de los Caballeros (Las Colinas, Las Carreras, Colinas Mall, Los Jardines, Cienfuegos y Cuesta Colorada), Santiago VIP, Verón, Villa Mella y dos centros disponibles en la sede central de la JCE.

  • La JCE exhortó a la población a aprovechar las facilidades establecidas para renovar la nueva cédula de identidad y electoral.

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Gerentes de Oncológico del Cibao obligaban al personal a vender medicamentos donados.

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Santo Domingo.- El escándalos que involucra a los tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el caso Onco14, se habrían aprovechado de sus posiciones para comercializar medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo destinados a pacientes oncológicos.

Según el Ministerio Público, esta práctica constituye una “conducta cruel contra personas pobres afectadas por una enfermedad devastadora como el cáncer”.

Así consta la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva para los integrantes de la presunta red de corrupción vinculada al caso Onco14.

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían convertido la institución en una especie de empresa familiar para sustraer recursos económicos en beneficio propio.

Según el expediente, el personal era amenazado con el despido si entregaba estos medicamentos de forma gratuita.

La justificación utilizada era que la farmacia necesitaba generar ventas y que, por tanto, los pacientes debían comprar los medicamentos.

Los acusados habrían comercializado medicamentos donados, incluyendo tratamientos de alto costo utilizados en quimioterapias. Además, dejaron vencer aquellos fármacos que no pudieron vender, una práctica que el Ministerio Público califica como ilegal y especialmente perjudicial para pacientes de escasos recursos afectados por cáncer.

La investigación también establece que los imputados realizaban una doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando en dos ocasiones los conduces correspondientes a un mismo medicamento, en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y de los pacientes.

Asimismo, se les atribuye haber suministrado dosis incompletas de medicamentos de quimioterapia, dividiendo un mismo frasco entre dos pacientes mientras facturaban a SeNaSa un frasco completo para cada uno, obteniendo así un beneficio económico ilícito.

El expediente también indica que facturaban medicamentos biológicos originales tanto a pacientes como a aseguradoras, pero entregaban versiones genéricas de menor costo, obteniendo diferencias económicas indebidas en perjuicio de los afectados y del sistema de salud.

Según la solicitud de medida de coerción, los imputados privatizaron de manera ilícita habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo significativamente la disponibilidad de espacios y la capacidad de respuesta del centro.

Además, una habitación concebida para pacientes con cáncer habría sido utilizada para atender pacientes de cirugías estéticas realizadas por cirujanos plásticos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron la farmacia del Patronato para comercializar medicamentos que contienen sustancias controladas, presuntamente al margen de las disposiciones legales y regulatorias vigentes.

Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Onco14.

La audiencia está programada para celebrarse en las próximas horas.
El órgano acusador atribuye al grupo los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología incluyendo acceso ilícito y uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.

Los tres imputados fueron interrogados durante el fin de semana por un equipo de fiscales encabezado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó funciones como auditora interna y externa de la entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante la gestión de Lora Cruceta.

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Preocupacion del Episcopado Dominicano por discusión del aborto en el TC

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Santo Domingo, R.D.-Una profunda preocupación expresó la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) ante el estado de fallo en que dejó el Tribunal Constitucional a 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una contra varios artículos de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal y busca la despenalización del aborto.

Según su opinión, y reflejado en un comunicado, las acciones que se están llevando a cabo en el órgano judicial buscan ignorar los derechos fundamentales de la vida y la familia que están establecidos en la Constitución de la República.

“Los ataques a esos derechos, como es sabido, se vienen lanzando desde hace décadas, y en todas las ocasiones, tanto el legislador constituyente como el ordinario, interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación”, se puede leer en el escrito.

El pasado 17 de junio, el Tribunal Constitucional se reservó el fallo sobre una acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).

«Pretender que el Tribunal Constitucional irrespete o subvierta con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que son el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional, especialmente, cuando la misma se funda en visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo», señala la Conferencia del Episcopado en su comunicado.

Recordaron a la entidad que República Dominicana forma parte de las pocas naciones del mundo que no pertenecen a las “propias culturas de la muerte” para buscar lo que catalogan como “falso sentido del progreso humano o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres”.

En ese sentido, apreciaron que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional rechazaron ante el Tribunal las pretensiones de varias organizaciones y personas de ignorar lo impuesto por la Constitución.

“Saludamos que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional hayan rechazado ante el Tribunal Constitucional las pretensiones de varias organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer los derechos consignados en la Constitución que, además, por su propia naturaleza, son fundamento de todos los demás derechos y libertades”, expresaron.

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