Nacionales
Profesional del derecho implicado en caso Coral solicita absolución total y devolución de bienes
Santo Domingo, R.D.-Raynmer Pastor de los Santos, profesional del derecho, implicado en el caso Coral, solicitó ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una sentencia de absolución total en favor de su defendido, cuyo al argumento principal es que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones de lavado de activos y de testaferrato.
Wendy Lora, representante legal del imputado, planteó a los jueces que el análisis de las pruebas de la defensa, sumado a las debilidades de la acusación, robustecen la postura de inocencia de Pastor de los Santos.
Conforme a la acusación del Ministerio Público, Raymer Pastor de los Santos es señalado como presunto testaferro del general Julio Camilo de los Santos Viola, subdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
Sin embargo, Lora sostuvo que no existen pruebas que vinculen al imputado con fondos ilícitos ni con la estructura de corrupción que pretende establecer la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
«Las calificaciones legales no subsisten ni conviven con la de testaferrato. No se ha probado ningún tipo de asociación de malhechores que vincule a nuestro representado con actividad delictiva alguna», afirmó la abogada ante las magistradas.
Asimismo, la defensa solicitó el cese de las restricciones financieras y patrimoniales que pesan sobre el imputado, incluyendo, levantamiento de la prohibición de traspaso de propiedades ante la DGII y el Registro Inmobiliario, el reintegro de los fondos generados por el alquiler de tres solares en el proyecto Cabirma del Este, los cuales, según la defensa, han sido retenidos de forma irregular, así como levantamiento inmediato del congelamiento de todos los productos bancarios de Pastor de los Santos.
La defensa pidió al tribunal rechazar la querella y constitución en actoría civil presentada por el Estado dominicano.
Wendy Lora argumentó que dicha querella no fue presentada conforme a la norma y que carece de pruebas que vinculen las acciones de su cliente con un perjuicio real al patrimonio público. Además, señaló que «los daños morales no pueden ser reconocidos a las personas jurídicas o al Estado», solicitando así que se desestime cualquier pretensión indemnizatoria.
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.