Latinoamericanas
Asamblea Nacional de Panamá aprueba de forma unánime derogación de Ley 72
Con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados de la Asamblea anularon la normativa que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre, autorizando la venta de tierras de la zona franca de Colón.
Resolución se aprobó con 59 votos a favor y ninguno en contra (Foto: Archivo)
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la madrugada de este domingo, en tercera discusión, el proyecto 541 que deroga la Ley 72, la cual permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón (centro-norte) y que generó una semana de protestas, con saldo final de tres muertos y decenas de heridos.
Con 59 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, los diputados del Parlamento anularon la normativa propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre, restituyendo así el Decreto Ley 18, del 17 de junio de 1948, que crea la Zona Libre de Colón.
Tras la decisión legislativa, el proyecto será enviado al Ejecutivo para su sanción por parte del presidente Ricardo Martinelli, cuya llegada al país no ha sido confirmada. El Mandatario realiza una gira oficial de una semana por Asia.
Medios locales reseñaron que una vez el Proyecto tenga la firma del jefe de Estado y sea publicada en Gaceta Oficial, se convertirá en Ley de la República.
En sus ocho días de aprobada, la ley 72 provocó a la economía nacional perdidas por el orden de los seis millones de dólares diarios, debido al rechazo y los paros laborales que generó en el país.
Durante el tercer y último debate, se incluyó en el Proyecto un artículo nuevo, propuesto por el diputado Miguel Salas, para la conformación de una comisión que investigar las muertes y represiones durante las protestas populares.
En su derecho de palabra, el diputado del partido Panameñista por la provincia de Colón, pidió castigar a los responsables que permitieron que fuerzas policiales utilizaran armas de fuego y “sitiaran la ciudad por vía terrestre y aérea”.
Salas pidió que la Asamblea no sólo se limite a derogar la ley, sino también a garantizar se haga justicia para los familiares de las personas que fallecieron por la represión durante las manifestaciones populares.
El comité de investigación estará integrado por tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos y tendrá un periodo de 60 días para rendir un informe ante el pleno del Parlamento.
En este sentido, la resolución aprobada establece que “las autoridades deberán cooperar con esta instancia para que realice todas la investigaciones” pertinentes.
Por su parte, la diputada Irasema de Dale, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pidió a sus colegas dejar de escuchar los lineamientos de los partidos y comenzar a escuchar al pueblo, porque “es el pueblo quien los ha puesto aquí”.
En tanto, el diputado panameñista Adolfo Valderrama afirmó que esta decisión pudo haber sido tomada el lunes pasado -cuando se impuso la Ley- y se habrían evitado los hechos de violencia.
También calificó como una irresponsabilidad que el presidente Ricardo Martinelli continuara con su gira por Asia. Agregó que la misión del legislativo “no es evaluar qué le conviene al Presidente y sus amigos, ni mucho menos evaluar cómo el Presidente puede hacerse más rico”.
Paralelo al debate de los diputados, miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) realizaron una vigilia en los predios de la Asamblea, a la espera de ver derogada la polémica ley que generó protestas en la provincia de Colón, en la Capital y otros puntos del país.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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