Latinoamericanas
Asamblea Nacional de Panamá aprueba de forma unánime derogación de Ley 72
Con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados de la Asamblea anularon la normativa que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre, autorizando la venta de tierras de la zona franca de Colón.
Resolución se aprobó con 59 votos a favor y ninguno en contra (Foto: Archivo)
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la madrugada de este domingo, en tercera discusión, el proyecto 541 que deroga la Ley 72, la cual permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón (centro-norte) y que generó una semana de protestas, con saldo final de tres muertos y decenas de heridos.
Con 59 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, los diputados del Parlamento anularon la normativa propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre, restituyendo así el Decreto Ley 18, del 17 de junio de 1948, que crea la Zona Libre de Colón.
Tras la decisión legislativa, el proyecto será enviado al Ejecutivo para su sanción por parte del presidente Ricardo Martinelli, cuya llegada al país no ha sido confirmada. El Mandatario realiza una gira oficial de una semana por Asia.
Medios locales reseñaron que una vez el Proyecto tenga la firma del jefe de Estado y sea publicada en Gaceta Oficial, se convertirá en Ley de la República.
En sus ocho días de aprobada, la ley 72 provocó a la economía nacional perdidas por el orden de los seis millones de dólares diarios, debido al rechazo y los paros laborales que generó en el país.
Durante el tercer y último debate, se incluyó en el Proyecto un artículo nuevo, propuesto por el diputado Miguel Salas, para la conformación de una comisión que investigar las muertes y represiones durante las protestas populares.
En su derecho de palabra, el diputado del partido Panameñista por la provincia de Colón, pidió castigar a los responsables que permitieron que fuerzas policiales utilizaran armas de fuego y “sitiaran la ciudad por vía terrestre y aérea”.
Salas pidió que la Asamblea no sólo se limite a derogar la ley, sino también a garantizar se haga justicia para los familiares de las personas que fallecieron por la represión durante las manifestaciones populares.
El comité de investigación estará integrado por tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos y tendrá un periodo de 60 días para rendir un informe ante el pleno del Parlamento.
En este sentido, la resolución aprobada establece que “las autoridades deberán cooperar con esta instancia para que realice todas la investigaciones” pertinentes.
Por su parte, la diputada Irasema de Dale, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pidió a sus colegas dejar de escuchar los lineamientos de los partidos y comenzar a escuchar al pueblo, porque “es el pueblo quien los ha puesto aquí”.
En tanto, el diputado panameñista Adolfo Valderrama afirmó que esta decisión pudo haber sido tomada el lunes pasado -cuando se impuso la Ley- y se habrían evitado los hechos de violencia.
También calificó como una irresponsabilidad que el presidente Ricardo Martinelli continuara con su gira por Asia. Agregó que la misión del legislativo “no es evaluar qué le conviene al Presidente y sus amigos, ni mucho menos evaluar cómo el Presidente puede hacerse más rico”.
Paralelo al debate de los diputados, miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) realizaron una vigilia en los predios de la Asamblea, a la espera de ver derogada la polémica ley que generó protestas en la provincia de Colón, en la Capital y otros puntos del país.
PUERTO PRINCIPE.- Al menos ocho presuntos miembros de pandillas que atacaron el hospital de Mirebalais y la localidad de Saut-d’Eau murieron este martes en enfrentamientos con la Policía y la población.
De acuerdo con medios locales, agentes especializados y de la Brigada de Intervención y Búsqueda, así como residentes persiguieron a los integrantes de bandas y algunos fueron linchados y sus cuerpos quemados. La Policía también recuperó fusiles y otros insumos.
Horas antes hombres armados atacaron el Hospital Universitario de Mirebalais en el departamento Centro, y en videos que circularon en las redes sociales se podían ver los agujeros de balas en las paredes.
Personal de la institución confirmó a la prensa que no se registraron muertes ni heridos, sin embargo, los impactos dañaron la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos.
Presuntamente, la misma banda atacó el viernes y el lunes últimos la comuna de Saut-d’Eau también en el departamento Centro con un saldo de una veintena de muertos y lesionados, de acuerdo con autoridades locales.
El ataque a la localidad tuvo lugar durante la misma jornada en que líderes de bandas se comprometieron con no atacar a la población indefensa y permitirles realizar sus actividades con normalidad.
Haití sigue inmerso en una profunda violencia en medio del crecimiento de las pandillas y el aumento de sus zonas de control.
Informes de Naciones Unidas revelaron que en lo que va de año al menos dos mil 500 personas fueron asesinadas y un millar secuestradas.
El deterioro de la seguridad también provocó desplazamientos masivos y solo de agosto a septiembre más de 32 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares en Carrefour Feuilles y Tabarre en esta capital.
ATACAN HOSPITAL
Hombres armados atacaron hoy el Hospital Universitario de la ciudad de Mirebalais, en el departamento Centro de Haití, sin que hasta el momento se registren víctimas mortales.
Los hechos ocurrieron en la madrugada, precisó a la prensa personal del centro hospitalario, uno de los más grandes y mejor equipados del país.
Videos publicados en las redes sociales muestran agujeros de bala en las paredes del hospital universitario de la comuna de Mirebalais. También dañaron la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos.
Los individuos también saquearon las localidades cercanas y mataron a al menos una persona y asaltaron una oficina de transferencias.
En represalia por el incidente en el nosocomio, residente lincharon y quemaron vivo a un supuesto miembro de la banda de Izo que reivindicó las agresiones en la región.
Desde el pasado viernes la zona sufre un auge de violencia y a incursión de las pandillas provocó una veintena de muertes y heridos. También incendiaron viviendas y vehículos y hurtaron 14 autos, confirmó la alcaldesa de Saut-d’Eau, Marie Andrée Ruth Thelus.
La gobernadora local pidió a las autoridades intervenir en la zona para permitir que los ciudadanos realicen sus actividades habituales.
Los recientes ataques suceden en momentos en que las pandillas se comprometieron a un supuesto alto al fuego y en un video que se viralizó en las redes sociales instaron a la población a regresar a sus hogares y a la diáspora a invertir en el país.
A su regreso de Nueva York, donde participó en la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, el primer ministro Ariel Henry desestimó la acción de las pandillas y aseguró que los grupos armados no pueden ofrecer paz a Haití.
Latinoamericanas
Canadá sanciona a tres empresarios haitianos por «alimentar la violencia» en el país caribeño
Lima, Perú.- Los poderes judiciales de República Dominicana y de la República de Perú firmaron un Memorándum de Entendimiento para desarrollar acciones estratégicas coordinadas, según lo permitan la normativa y legislación interna de los dos países, en áreas como la lucha contra los crímenes transnacionales, la ciberdelincuencia, delitos en contra de personas vulnerables, trámites electrónicos y juzgados especializados en delitos de flagrancia.
El convenio firmado en el marco de la celebración de la XXI Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que se realiza en Perú, fue rubricado por el magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo el Poder Judicial de República Dominicana y Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial del Perú.
Además, se difundirán las actividades y programas de capacitación que de forma independiente organicen ambas partes para la participación de los jueces y funcionarios de ambas instituciones.
Asimismo, se comprometen a compartir las publicaciones editadas por ambas instituciones para enriquecer el acervo bibliográfico de ambas partes y estimular la participación de los jueces y funcionarios de ambas partes como investigadores, autores y revisores en las revistas editadas por ambos poderes judiciales.
En la firma del acuerdo acompañaron a Molina, el embajador dominicano en Perú, Alejandro Arias, los magistrados Justiniano Montero Montero, juez de la Primer Sala de la SCJ y Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial, la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, secretaria general del CPJ y la directora de Planificación del PJ, Isnelda Guzmán.
La XXI versión de la Cumbre Judicial Iberoamericana se realiza en Perú, en virtud de que el Poder Judicial de esa nación ostenta la Secretaría pro tempore para el período 2021-2023. El eje temático de la Asamblea Plenaria es “Por una Carrera Judicial Independiente y Eficaz”, con este se busca fortalecer la carrera judicial y su función pacificadora.