Latinoamericanas
Asamblea Nacional de Panamá aprueba de forma unánime derogación de Ley 72
Con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados de la Asamblea anularon la normativa que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre, autorizando la venta de tierras de la zona franca de Colón.
Resolución se aprobó con 59 votos a favor y ninguno en contra (Foto: Archivo)
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la madrugada de este domingo, en tercera discusión, el proyecto 541 que deroga la Ley 72, la cual permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón (centro-norte) y que generó una semana de protestas, con saldo final de tres muertos y decenas de heridos.
Con 59 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, los diputados del Parlamento anularon la normativa propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre, restituyendo así el Decreto Ley 18, del 17 de junio de 1948, que crea la Zona Libre de Colón.
Tras la decisión legislativa, el proyecto será enviado al Ejecutivo para su sanción por parte del presidente Ricardo Martinelli, cuya llegada al país no ha sido confirmada. El Mandatario realiza una gira oficial de una semana por Asia.
Medios locales reseñaron que una vez el Proyecto tenga la firma del jefe de Estado y sea publicada en Gaceta Oficial, se convertirá en Ley de la República.
En sus ocho días de aprobada, la ley 72 provocó a la economía nacional perdidas por el orden de los seis millones de dólares diarios, debido al rechazo y los paros laborales que generó en el país.
Durante el tercer y último debate, se incluyó en el Proyecto un artículo nuevo, propuesto por el diputado Miguel Salas, para la conformación de una comisión que investigar las muertes y represiones durante las protestas populares.
En su derecho de palabra, el diputado del partido Panameñista por la provincia de Colón, pidió castigar a los responsables que permitieron que fuerzas policiales utilizaran armas de fuego y “sitiaran la ciudad por vía terrestre y aérea”.
Salas pidió que la Asamblea no sólo se limite a derogar la ley, sino también a garantizar se haga justicia para los familiares de las personas que fallecieron por la represión durante las manifestaciones populares.
El comité de investigación estará integrado por tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos y tendrá un periodo de 60 días para rendir un informe ante el pleno del Parlamento.
En este sentido, la resolución aprobada establece que “las autoridades deberán cooperar con esta instancia para que realice todas la investigaciones” pertinentes.
Por su parte, la diputada Irasema de Dale, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pidió a sus colegas dejar de escuchar los lineamientos de los partidos y comenzar a escuchar al pueblo, porque “es el pueblo quien los ha puesto aquí”.
En tanto, el diputado panameñista Adolfo Valderrama afirmó que esta decisión pudo haber sido tomada el lunes pasado -cuando se impuso la Ley- y se habrían evitado los hechos de violencia.
También calificó como una irresponsabilidad que el presidente Ricardo Martinelli continuara con su gira por Asia. Agregó que la misión del legislativo “no es evaluar qué le conviene al Presidente y sus amigos, ni mucho menos evaluar cómo el Presidente puede hacerse más rico”.
Paralelo al debate de los diputados, miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) realizaron una vigilia en los predios de la Asamblea, a la espera de ver derogada la polémica ley que generó protestas en la provincia de Colón, en la Capital y otros puntos del país.
Latinoamericanas
Multan con más de 1,8 millones de dólares a inmigrante hondureña por no acatar orden de deportación
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años
Una inmigrante hondureña que vive en Estados Unidos desde hace décadas enfrenta una multa civil de 1.821.350 dólares, luego de no haber salido del país tras recibir una orden de deportación en abril de 2005, informó CBS News.
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años.
Multa amparada en ley poco utilizada
La mujer, de 41 años y madre de tres hijos, fue multada bajo una disposición poco aplicada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Según su abogada, Michelle Sánchez, la orden de deportación se emitió luego de que la inmigrante no se presentara a una audiencia judicial en 2005.
En 2024, Sánchez solicitó la reapertura del caso, argumentando que su clienta reúne los requisitos para optar a la residencia legal, debido a su larga permanencia en el país y su historial sin antecedentes. También sostuvo que la deportación causaría “dificultades extremas y excepcionalmente inusuales” a sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses.
“ICE está aterrorizando a las personas”
La abogada denunció que ha observado un aumento en la emisión de multas similares contra otros inmigrantes, aunque nunca había visto una de esta magnitud.
«ICE está aterrorizando a las personas sin necesidad de detenerlas. Las están amenazando con multas tan altas que muchos no ganarán esa cantidad ni en toda su vida», declaró Sánchez.
La notificación entregada a la mujer indica que la multa puede ser impugnada y que tiene derecho a solicitar una entrevista personal para presentar su caso.
Latinoamericanas
Centroamérica y República Dominicana renuevan compromiso por trabajo decente y modernización del empleo
Ciudad de Panamá.- En la ciudad de Panamá, se celebró la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, los días 14, 15 y 16 de mayo, con el objetivo de renovar el compromiso regional por el trabajo decente, la justicia social y la modernización del empleo.
La República Dominicana estuvo representada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien destacó durante su intervención que el país asumió la formalidad del empleo como la principal tarea laboral, convencido de que es el camino que conduce al trabajador y su familia a disfrutar de su derecho a la seguridad social.
Además, dijo que se trabaja intensamente en el empleo decente, que es otro pilar fundamental para garantizar el desarrollo humano y social.
Durante la reunión, fue aprobado el Plan de Acción 2025-2027 del Consejo, estructurado en cinco ejes estratégicos: Sistemas Públicos de Empleo, Inspección Laboral, Formalización, Fortalecimiento del Funcionamiento del Consejo y Gestión de la Cooperación Internacional.
Como parte del encuentro, el ministro de Trabajo, Olivares Ortega, rindió un informe sobre los avances de la preparación en octubre de de Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual forma parte de la proclama de Panamá del Consejo de Ministros de Trabajo.
De igual manera, se realizó la transferencia de la Presidencia Pro Tempore del Consejo que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.
Con esta reunión, Centroamérica y República Dominicana avanzan unidos hacia un mercado laboral moderno, inclusivo y resiliente, que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.
Por PRENSA LATINA
Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Los pandilleros incrementaron el precio del peaje para las vehículos cisternas de combustible, un acto que acerca a Haití a una parálisis total en las actividades económicas.
Ahora cuando los camiones salen cargados desde la terminal de Varreux, el pago a las bandas es de 50 mil gourdes, unos 378 dólares estadounidenses, con anterioridad eran 25 mil, un equivalente a 189 dólares por cada uno.
Las cabinas de peaje se multiplicaron y un transportista de combustible puede pagar hasta 600 mil gourdes (cuatro mil 545 dólares estadounidenses) para ir a Cabo Haitiano y hasta 700 mil gourdes (cinco mil 303) a Hinche, donde hay que pasar por al menos seis punto de extorsión.
COSTOS ADICIONALES YA SE SIENTEN
De acuerdo el diario digital Haití Libre, el impacto de estos costos adicionales ya se está sintiendo en los precios de los surtidores.
Ahora el galón de gasolina alcanzó los 700 gourdes (cinco dólares con 30 centavos) y pudiera llegar a 900 gourdes (seis dólares con 81 centavos), lejos del precio regulado de 560 gourdes (cuatro dólares con 24 centavos).
En tal sentido, la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití alertó sobre el riesgo inminente de una parálisis completa del sector ante el grado de violencia que hoy protagonizan las pandillas.
LOS RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA LLEGARON A SUS LÍMITES
“A pesar de nuestros continuos esfuerzos y compromiso de mantener el suministro de combustible a toda costa para apoyar la economía nacional, los recursos y capacidad operativa llegaron a sus límites”, subraya una misiva dirigida al primer ministro provisional, Alix Didier.
Ante esta situación de extrema urgencia, es imperativo que el Estado intervenga de manera inmediata y efectiva para restablecer las condiciones mínimas de seguridad necesarias para mantener la cadena de suministro de petróleo, enfatiza el texto divulgado por el diario Le Nouvelliste.
De no actuarse de manera rápida y decisiva para el libre trasiego, el sector coge el riesgo de cesar operaciones y las actividades económicas queden estáticas en un futuro cercano, insistió la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití.
ro/joe