Latinoamericanas
Asamblea Nacional de Panamá aprueba de forma unánime derogación de Ley 72
Con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados de la Asamblea anularon la normativa que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre, autorizando la venta de tierras de la zona franca de Colón.
Resolución se aprobó con 59 votos a favor y ninguno en contra (Foto: Archivo)
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la madrugada de este domingo, en tercera discusión, el proyecto 541 que deroga la Ley 72, la cual permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón (centro-norte) y que generó una semana de protestas, con saldo final de tres muertos y decenas de heridos.
Con 59 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, los diputados del Parlamento anularon la normativa propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre, restituyendo así el Decreto Ley 18, del 17 de junio de 1948, que crea la Zona Libre de Colón.
Tras la decisión legislativa, el proyecto será enviado al Ejecutivo para su sanción por parte del presidente Ricardo Martinelli, cuya llegada al país no ha sido confirmada. El Mandatario realiza una gira oficial de una semana por Asia.
Medios locales reseñaron que una vez el Proyecto tenga la firma del jefe de Estado y sea publicada en Gaceta Oficial, se convertirá en Ley de la República.
En sus ocho días de aprobada, la ley 72 provocó a la economía nacional perdidas por el orden de los seis millones de dólares diarios, debido al rechazo y los paros laborales que generó en el país.
Durante el tercer y último debate, se incluyó en el Proyecto un artículo nuevo, propuesto por el diputado Miguel Salas, para la conformación de una comisión que investigar las muertes y represiones durante las protestas populares.
En su derecho de palabra, el diputado del partido Panameñista por la provincia de Colón, pidió castigar a los responsables que permitieron que fuerzas policiales utilizaran armas de fuego y “sitiaran la ciudad por vía terrestre y aérea”.
Salas pidió que la Asamblea no sólo se limite a derogar la ley, sino también a garantizar se haga justicia para los familiares de las personas que fallecieron por la represión durante las manifestaciones populares.
El comité de investigación estará integrado por tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos y tendrá un periodo de 60 días para rendir un informe ante el pleno del Parlamento.
En este sentido, la resolución aprobada establece que “las autoridades deberán cooperar con esta instancia para que realice todas la investigaciones” pertinentes.
Por su parte, la diputada Irasema de Dale, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pidió a sus colegas dejar de escuchar los lineamientos de los partidos y comenzar a escuchar al pueblo, porque “es el pueblo quien los ha puesto aquí”.
En tanto, el diputado panameñista Adolfo Valderrama afirmó que esta decisión pudo haber sido tomada el lunes pasado -cuando se impuso la Ley- y se habrían evitado los hechos de violencia.
También calificó como una irresponsabilidad que el presidente Ricardo Martinelli continuara con su gira por Asia. Agregó que la misión del legislativo “no es evaluar qué le conviene al Presidente y sus amigos, ni mucho menos evaluar cómo el Presidente puede hacerse más rico”.
Paralelo al debate de los diputados, miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) realizaron una vigilia en los predios de la Asamblea, a la espera de ver derogada la polémica ley que generó protestas en la provincia de Colón, en la Capital y otros puntos del país.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am