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Diputados y senadores incurren en grave atentado a la institucionalidad con intento de eliminar candidaturas independientes.
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada este martes por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes mediante el desacato de la sentencia al respecto del Tribunal Constitucional y del mandato de la Constitucion de la Republica en su articulo 22-1.
Así lo estableció la Corte Constitucional, ya que visualizaba la dependencia de las entidades políticas como una limitación al derecho de participación política.
La pieza elaborada por el senador Rogelio Genao que elimina los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 deberá pasar al Poder Ejecutivo, donde el presidente decidirá si la promulga u observa.
El diputado Eugenio Cedeño considera que la acción legislativa de no asumir un dictamen constitucional representa la habilitación de una “caja de Pandora”, provocando que “cuando no agrade la decisión del TC” pueda ser ignorada.
“Esto plantea un problema constitucional de alta relevancia porque, si bien es cierto que no está contemplada en la Constitución, los partidos no tienen el monopolio para la presentación de candidaturas”, precisó el militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien rechazó la iniciativa.
Asimismo, el diputado Ramón Raposo manifestó que, “lejos de cercenar”, se debe construir una normativa legal robusta, con el objetivo de fortalecer la participación política.
Además, entiende que era la ocasión oportuna para implementar herramientas como el referendo para ampliar el sistema democrático del país.
Mientras tanto, los diputados Wandy Batista y Rogelio Genao coincidieron en sus declaraciones, valorando de manera positiva la supresión de las candidaturas independientes, alegando que el TC no tiene la potestad de crear leyes, ya que es una responsabilidad del legislador.
Lo que no puede hacer el TC es usurpar las funciones del legislador. La Constitución es clara en quién hace las leyes, en quién delega el pueblo como (creador) de leyes”, dijo Genao, compañero de partido de Rogelio, a Genao, propulsor de la derogación del método de participación política.
No obstante, todo esto ocurre luego de que integrantes de la dirigencia política anunciaran el año pasado que legislarían para asumir la decisión de la Corte Constitucional.
“Eso es un gran reto que tenemos por delante. Que haya una verdadera regulación para que nuestra democracia no sufra en lo más mínimo. Tenemos un país que disfruta de una estabilidad política, social y económica admirable”, dijo el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al hablar sobre los desafíos que asumiría en 2025.
El 27 de febrero del pasado año dedicó una breve ponencia en la primera sesión de la legislatura que iniciaba ese día para manifestar la necesidad que tenía el Poder Legislativo de acatar la sentencia del TC, aprobando así una nueva regulación o modificación de ese método electoral.
El diputado Elías Wessin fue en marzo del pasado año el presidente de la comisión especial encargada de estudiar una pieza que busca crear una ley independiente para regular la candidatura independiente. Pero, en la actualidad, prefirió dejar a un lado su iniciativa para respaldar la desaparición de las candidaturas independientes.
Según explicó ayer a reporteros, su decisión no representa una contradicción.
«Yo no he cambiado de opinión, la mantengo. Para que haya candidatura independiente, tiene que haber una modificación de la Constitución; ese es mi criterio. En consecuencia, no hay ningún tipo de contradicción”, indicó.
Los demás diputados que se opusieron a la eliminación de la candidatura independiente fueron Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), así como Nelson Vega y Braily Vargas, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Mientras que los 118 restantes que estaban presentes en la sesión ordinaria emitieron su respaldo. Dentro de esa lista se encuentran integrantes de la bancada del PLD, PRM, Fuerza del Pueblo (FP), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Dominicano por el Cambio (DXC), Alianza País.
Santo Domingo, R.D.-Una gran cantidad de expedientes pendientes de ser enviados al Tribunal Constitucional fue dada a conoce por la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia.
César García Lucas, secretario de la Suprema, informó que esta medida tiene como propósito facilitar a las partes el acceso a la información sobre el estado de sus expedientes y promover la realización de las gestiones necesarias para su completitud, conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, a fin de permitir su remisión y conocimiento por parte del Tribunal Constitucional.
Indicó que actualmente existen recursos de revisión en espera del vencimiento de los plazos, o que han sido devueltos por el Tribunal Constitucional debido a la falta de documentación indispensable para su correcta tramitación, como las constancias de notificación a las partes, cuya gestión puede ser promovida por los interesados a fin de facilitar la completitud de sus expedientes.
La Secretaría General habilitó un mecanismo de consulta pública del listado y ha iniciado el envío de correos electrónicos directos a las partes involucradas en dichos recursos, a fin de exhortarlas a realizar, a la mayor brevedad posible, los depósitos y diligencias correspondientes.
García Lucas destacó que, de manera paralela, se mantiene comunicación constante con la Secretaría del Tribunal Constitucional respecto a la situación de los expedientes incompletos, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional.
Precisó que esas medidas se desarrollan en cumplimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y sus procedimientos, así como en reglamento Jde esa alta corte.
Santo Domingo, R.D.-Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), acusó el pasado lunes al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de conspirar conjuntamente con el sector empresarial para alterar la cesantía del Código de Trabajo.
Ante estas acusaciones, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) consideró este martes que las declaraciones “tremendistas” emitidas por Abreu corresponden a una desinformación.
Pacheco le pidió a Abreu que sea moderado al referirse a él, aclarando que siempre respetará sus posiciones, aunque no las comparta.
Según aseguró, la posibilidad de que se registre una modificación a la cesantía en la Cámara Baja está completamente cerrada, ya que así lo han consensuado los principales bloques políticos.
Además, alegó que no ha obstaculizado el estudio de la pieza, diferente a quienes le acusan de retrasarlo para desacatar lo establecido en el acuerdo tripartito desarrollado en 2022, en el cual se mantiene intacto el derecho de los asalariados.
“Nunca le he dicho a ningún diputado aguántelo ahí, todo lo contrario. Hemos tomado medidas especiales para que la comisión trabaje”, reiteró mientras les hablaba al centenar de diputados que participaba en la sesión.
Pacheco afirmó que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, deberá “salir a camino” con la modernización del marco legislativo laboral.
“He sido partidario de que se apruebe (con la cesantía). Lo que sí he dicho que no soy partidario es de que, en nombre de situaciones, un sector también aproveche para atropellar a otro. Soy un representante de los sectores populares de la RD, pero no puedo usar esa representación para golpear a ningún otro sector y menos a los sectores productivos”, indicó.
Por último, Pacheco exhortó al sindicalista Abreu y a los demás grupos empresariales a continuar respaldando los acuerdos para garantizar la aprobación de la transformación legal laboral.
“Estoy siempre en el mejor de los intereses de que sea aprobado, con cada uno de los que fueron los acuerdos”, resaltó.
En la actualidad, la pieza se mantiene en manos de la Comisión Permanente de Trabajo, donde el diputado Mélido Mercedes dirige los trabajos de análisis y estudios con el objetivo de someterlo a votación ante el pleno del órgano legislativo.
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‘Defensa de Jean Alain solo busca dilatar el juicio con incidentes ya rechazados’, dice Wilson Camacho.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, acusó este lunes a la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez de hacer perder el tiempo al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional con incidentes procesales que, según afirmó, ya fueron rechazados durante la etapa de instrucción.
«¿Qué hemos recibido en el día de hoy? ¿Qué hemos hecho en el día de hoy? Y perdonen mi exceso de franqueza: perder el tiempo», declaró Camacho a la salida de la audiencia en el tribunal que preside la magistrada Claribel Nivar, acompañada por las juezas Yissell Soto y Clara Castillo.
El titular de la Dirección General de Persecución fue enfático al tildar la estrategia de los abogados de Jean Alain Rodríguez de «defensa aérea, que se ha pasado todos estos días repitiendo los mismos incidentes que fueron presentados ante el juez de la Instrucción y que fueron rechazados».
Camacho puso como ejemplo el argumento de que el Ministerio Público no habría notificado la acusación, cuando —según precisó— esa responsabilidad, además, recae en la Secretaría del tribunal, «que cumplió con el trámite en su momento».
El último incidente planteado por la defensa en la jornada de este lunes fue cuestionar la competencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para investigar a Rodríguez. «Cosas como esas es que están planteando en el tribunal, solo con el interés de perder el tiempo y de huir a las pruebas», subrayó el procurador adjunto.
Las declaraciones de Camacho se inscriben en un reclamo recurrente del Ministerio Público. Ya en febrero, el propio Camacho había acusado a la defensa de Jean Alain de intentar retrasar el juicio, mientras las defensas presentaban incidentes procesales que retrasaban la lectura de la acusación.
En paralelo, la defensa del exprocurador ha sostenido una versión opuesta. En febrero, Jean Alain atribuyó las demoras a negligencias del Ministerio Público y denunció que el proceso se ha extendido por más de cinco años y siete meses. Su equipo legal también solicitó la nulidad de la acusación por un alegado desacato de la Procuraduría a una sentencia del Tribunal Constitucional.
A inicios de marzo, el tribunal rechazó un pedido de Jean Alain para viajar a Madrid por fallas en la documentación médica presentada, en una audiencia que volvió a quedar marcada por los incidentes que impiden el inicio del debate de fondo.
El tribunal aplazó la continuación de la audiencia para el miércoles 25 de marzo, sin que el juicio de fondo haya logrado avanzar hacia la presentación de pruebas.
El caso involucra al exprocurador y a otros 15 imputados, entre ellos Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Isis Tapia y César Nicolás Rizik Pimentel, entre otros.
Según la acusación, Rodríguez Sánchez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, período en que se desempeñó como procurador general de la República. Los cargos incluyen soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. El expediente supera las 12,000 páginas y acusa a 41 personas y 22 empresas de integrar una red de corrupción que habría desfalcado al Estado dominicano.