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Diputados y senadores incurren en grave atentado a la institucionalidad con intento de eliminar candidaturas independientes.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada este martes por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes mediante el desacato de la sentencia al respecto del Tribunal Constitucional y del mandato de la Constitucion de la Republica en su articulo 22-1.

De esta manera, el Congreso Nacional ignoró la sentencia TC/0788/2024 emitida en diciembre de 2024 por el Tribunal Constitucional (TC), con la cual el pleno consideró que ese mecanismo de participación electoral no debe estar sujeto a las organizaciones políticas, sino a entidades sociales.

Así lo estableció la Corte Constitucional, ya que visualizaba la dependencia de las entidades políticas como una limitación al derecho de participación política.

La pieza elaborada por el senador Rogelio Genao que elimina los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 deberá pasar al Poder Ejecutivo, donde el presidente decidirá si la promulga u observa.

El diputado Eugenio Cedeño considera que la acción legislativa de no asumir un dictamen constitucional representa la habilitación de una “caja de Pandora”, provocando que “cuando no agrade la decisión del TC” pueda ser ignorada.

“Esto plantea un problema constitucional de alta relevancia porque, si bien es cierto que no está contemplada en la Constitución, los partidos no tienen el monopolio para la presentación de candidaturas”, precisó el militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien rechazó la iniciativa.

Asimismo, el diputado Ramón Raposo manifestó que, “lejos de cercenar”, se debe construir una normativa legal robusta, con el objetivo de fortalecer la participación política.

Además, entiende que era la ocasión oportuna para implementar herramientas como el referendo para ampliar el sistema democrático del país.

Mientras tanto, los diputados Wandy Batista y Rogelio Genao coincidieron en sus declaraciones, valorando de manera positiva la supresión de las candidaturas independientes, alegando que el TC no tiene la potestad de crear leyes, ya que es una responsabilidad del legislador.

Lo que no puede hacer el TC es usurpar las funciones del legislador. La Constitución es clara en quién hace las leyes, en quién delega el pueblo como (creador) de leyes”, dijo Genao, compañero de partido de Rogelio, a Genao, propulsor de la derogación del método de participación política.

No obstante, todo esto ocurre luego de que integrantes de la dirigencia política anunciaran el año pasado que legislarían para asumir la decisión de la Corte Constitucional.

“Eso es un gran reto que tenemos por delante. Que haya una verdadera regulación para que nuestra democracia no sufra en lo más mínimo. Tenemos un país que disfruta de una estabilidad política, social y económica admirable”, dijo el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al hablar sobre los desafíos que asumiría en 2025.

El 27 de febrero del pasado año dedicó una breve ponencia en la primera sesión de la legislatura que iniciaba ese día para manifestar la necesidad que tenía el Poder Legislativo de acatar la sentencia del TC, aprobando así una nueva regulación o modificación de ese método electoral.

El diputado Elías Wessin fue en marzo del pasado año el presidente de la comisión especial encargada de estudiar una pieza que busca crear una ley independiente para regular la candidatura independiente. Pero, en la actualidad, prefirió dejar a un lado su iniciativa para respaldar la desaparición de las candidaturas independientes.

Según explicó ayer a reporteros, su decisión no representa una contradicción.

«Yo no he cambiado de opinión, la mantengo. Para que haya candidatura independiente, tiene que haber una modificación de la Constitución; ese es mi criterio. En consecuencia, no hay ningún tipo de contradicción”, indicó.

Los demás diputados que se opusieron a la eliminación de la candidatura independiente fueron Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), así como Nelson Vega y Braily Vargas, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mientras que los 118 restantes que estaban presentes en la sesión ordinaria emitieron su respaldo. Dentro de esa lista se encuentran integrantes de la bancada del PLD, PRM, Fuerza del Pueblo (FP), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Dominicano por el Cambio (DXC), Alianza País.

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Por efecto de vaguada declaran 21 provincias en alerta amarilla y 7 en verde.

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SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el  Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del  colentamiento diurno, segun  el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.

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Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.

Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.

«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.

  • El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.

Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».

«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».

Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».

Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y  «con rencor», así como por interés político.

Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.

Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.

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Fijan lectura de sentencia del caso Coral para el 15 de junio.

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Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado  de fallo el juicio  seguido  contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos  implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.

La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.

La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.

A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.

Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.

Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.

El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

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