Este periódico La República ha sido un observador de primer orden de los fenómenos que representan un peligro para la estabilidad política y económica de cualquier país, los cuales tienen una gran trascendencia nacional e internacional.

El caso más patético en esta materia lo representa la administración de Donald Trump, cuyo mandatario de la principal potencia del mundo actúa regularmente de forma muy emocional y volátil con resultados dolorosos y catastróficos para su nación y el resto de los países del planeta.

En estos momentos Trump no sólo crea serios problemas al mundo entero, sino que los mismos van acompañados de una tensión externa e interna, asi como en su en su Bolsa de Valores, cuya principal pretensión ha sido abolir o buscar la desaparición de la proyectada institucionalidad de los Estados Unidos y del derecho internacional, cuya primera parece ser parte de una inexistente realidad, porque en su administración  el Ejecutivo se pone por encima del equilibrio de los poderes, lo que incluso pone en peligro la democracia.

En los Estados Unidos de América ahora todo parte de la voluntad y del deseo de Trump, quien no ha tenido reparos en intentar barrer con las instituciones y todo el derecho interno y externo, que data de siglos, porque esta nación fue de las tres primeras que tuvieron una constitución y que es la madre del equilibrio de los poderes y del derecho constitucional difuso.

Sin embargo, Trump ha echado por la borda el legado constitucional y de derechos a partir de sus propias órdenes ejecutivas en las que no respeta el sistema establecido y lo viola todo mediante sus decisiones repentistas, lo que crea conflictos con sus aliados de Europa y de otros continentes del mundo.

En el escenario está en los actuales momentos la guerra en contra de Irán, la cual ha sido manejada sobre la base de una percepción que no parece corresponderse con la verdad de los hechos, pese a que lo que se puede ver a la distancia es que la confrontación bélica va camino a crear una crisis económica mundial con las alzas que se producen en los precios de los combustibles.

En el curso de los días y a pesar de que la administración Trump garantizó en algún momento que  controlaría el tráfico  de barcos con petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz, todo ha parecido ser una versión que no ofrece la más mínima posibilidad de que sea verdad, con el agravante de que los países de la unión europea no están muy animados a colaborar con los Estados Unidos para facilitar desbloquear la vía marítima que permite el transporte  del  20 por ciento de los combustibles que llegan a todo el mundo.

La verdad es que el pase del petróleo por el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica localizada en el Oriente Medio, que se conecta con el Golfo de Imán y el Mar Arábigo, delimitado por Irán al norte y por Omán y los Emiratos Árabes al sur, cuya anchura mínima es de aproximadamente 33 a 50 kilómetros, está totalmente obstaculizado por el control que ejerce el país persa y que provoca que los precios del barril del mismo alcancen niveles preocupantes para todas las economias del planeta..

Trump no tiene ni siquiera la visión de evitar abrirse muchos frentes al mismo tiempo, sino que promueve guerras y confrontaciones  por doquier que ya parece que ha roto la unidad a lo interno de su gobierno en virtud de que su vicepresidente J.D. Vance ha dicho no compartir desarrollar confrontaciones bélicas en el mundo como aquella contra Irak, donde expresa que todavía hay presencia militar de la potencia del norte sin jugar ningún papel allí.

La cuestión es que Trump, que no parece tener el suficiente control para no enfrentar a todo el mundo mismo tiempo  e incluso con el uso de recursos como las visas que se otorgan en los diferentes consulados ubicados universalmente sobre la base de un chantaje en contra de todo aquel que tiene una crítica con su política agresora de los derechos a la autodeterminación de los pueblos, lo cual se produce en una época en la que se entiende que semejante comportamiento había sido superado en razón del empoderamiento del derecho convencional e internacional, tanto público como privado, máxime aquellos que están en el contexto de los derechos humanos fundamentales.

A algo más de un año del inicio del gobierno de Donald Trump, la situación en los Estados Unidos de América y los demás países del planeta se proyecta muy inestable, por la influencia de éste ante las demás naciones, cuyo retroceso, después de la llegada de este gobernante a la Casa Blanca, crea mucha incertidumbre en las democracias de los hemisferio oriental y occidental.

Es impredecible saber que es lo próximo que podrá ocurrir con la administración Trump, ya que nada es parte de un plan a corto, mediano y largo plazo, sino del capricho de un gobernante que se apoya en el criterio de que los Estados Unidos están por cima de todas las demás naciones y que los derechos sólo tienen sentido con aquellos que están de acuerdo con su proceder caracterizado por la irracionalidad y el capricho.

Cualquiera pudiera pensar que el «Checks and Balances» o equilibrio de los poderes en español es un logro que ya no tiene sentido, siempre de acuerdo con el proceder e imposición de la fuerza por parte de la administración de Donald Trump, con la que se comprueba que la teoría en este sentido, a pesar de que tuvo mucho sentido, pero que su logro no parece ser para siempre, ya que en este caso ha sido hecha trizas con el vencimiento de la institucionalidad  por el presidencialismo.

Por Elba García

En la República Dominicana gobiernos tras gobiernos la incapacidad y la vocacion por la corrupción  son  las condiciones  más destacables entre los que tienen el privilegio de controlar la administracion pública, pero no parece existir una medición de cuál de estas dos condiciones puede conducir a la nación a su quiebra o ruina total, no sólo económica, sino también ético-moral e institucional, aunque ambas son más que suficientes para que el pais se proyecte como no viable.

Cuando un líder ocupa la presidencia de la República y se ocupa más de enriquecer a determinadas personas, ya sea física o moral, crea grandes inestabilidades emocionales, económicas y financiera en la sociedad.

Sin embargo, los resultados no son mejores cuando quien dirige la nación no tiene la menor idea de lo que es el Estado, máxime si no cuenta con un plan programático y estratégico a corto, mediano y largo plazo.

Ambas cuestiones son comunes y corrientes en los políticos de estos tiempos, cuando la política ha dejado de ser ideológica para ser clientelar, es decir, que el lenguaje del dinero se pone por encima del adecentamiento de la administración pública y para alcanzar niveles altos de crecimiento y desarrollo nacionales.

Lo que no se puede precisar cuál de las dos falencias ocupa el primer lugar, aunque se puede decir que ambas son muy propias de los que se convierten en candidatos presidenciales sin tener la formacion, un alto nivel de espiritualidad y sin estar consciente de la transitoriedad de la vida.

Ello así porque de lo que se puede estar plenamente seguro es de que la gran mayoría de los que hacen carrera política no ponen en una balanza para medir el mayor peso si el legado o la fortuna, cuya última es la meta a alcanzar por los que persiguen el poder sin estar preparados para ello.

Sin embargo, cualquiera de las dos no puede dejar un buen resultado para la sociedad, porque depredar el patrimonio público crea déficit en el Gobierno e impide satisfacer necesidades sociales por parte del Estado y la otra impide que a corto, mediano y largo plazo se alcance la meta de toda nación en vía desarrollo en tema como la educación, la salud, medio ambiente, transporte público y cualquier otro renglón de importancia en un país del tercer mundo.

La República Dominicana ha tenido que verse en ese espejo, porque la corrupción administrativa es uno de sus principales males, porque prácticamente todo el que va a la administración pública llega con la mente puesta en enriquecerse más que pensar en proporcionar seguridad alimentaria, de empleo, salud y educación a los niños que nacen cada día en clínicas y hospitales del territorio nacional.

Este problema es de tal gravedad que en el país se ha dicho miles de veces que lo robado en el sector público permitiría construir varias republicanas más grandes y fuertes que la que se tiene en los actuales momentos.

No obstante, la falta de formación para dirigir el Estado también tiene el agravante de que un gobernante de este carácter no ve el futuro del país a corto, mediano y largo plazo, porque se guía por la improvisación, mal que es consustancial a la nación desde los tiempos coloniales.

Naturalmente, hay unos peores que otros y que las consecuencias salen a relucir con una rapidez impresionante, como por ejemplo el que no tiene la menor idea de lo complejo que es dirigir un Estado no importa que pequeño sea, cuyas consecuencias es no promover politicas públicas para preservar y mejorar lo logrado y mucho menos tener algún éxito en el curso del tiempo en favor del Estado y la sociedad, porque carece de la visión y la formación para promover el desarrollo integral de la nación.

A pesar de que la improvisación es un mal cultural en la República Dominicana, pero hay unos que la enarbolan hasta con la más insignificante de sus acciones, dado que no miden consecuencias, lo cual implica que una gestión pública suya lleva la nación a los tiempos de las cavernas.

El problema es el que en  el marco del Estado Social y Democratico de Dwerecho  a nadie se le puede impedir tener participación en el control y dirección del Estado, porque existe el principio de igualdad que permite que cualquier ciudadano en sus plenas facultades civiles pueda aspirar a dirigir la nación, aunque no tenga ninguna capacidad para ello.

Empero, la única limitante para que una persona sin estar preparada alcance dirigir el Estado está determinado por los niveles de institucionalidad y la conciencia ciudadana, pese a que difícilmente ese problema puede ser controlado mediante estas condiciones.

La República Dominicana lleva décadas golpeada por la vocación por la corrupción administrativa, la falta de ética y de moral y también de la falta de capacidad gerencial de sus mandatarios, cuyo impacto en la sociedad son prácticamente demoledores con el deterioro de los servicios públicos y de valores sociales que son cuestiones del pasado.

La pregunta de la gente que todavía busca una mejor suerte para la  nación es preguntarse si será posible en medio de este cuadro sacar el país del pantano en que ha sido sumergido por los que no tienen ningún tipo de miramiento para darse cuenta que sus acciones son una vía de provocar la ruina nacional.

Por José Cabral

El Senado de la República Dominicana aprobó unínimente en primera y ahora en una segunda lectura, pero con algunos votos en contra, un proyecto de ley que busca eliminar los artículos 156,157 y 158 de la Ley 20-23, orgánica del régimen electoral, el cual pasa a la Camara de Diputados, pero de antemano con el aval de los legisladores del partido oficial, que son la mayoria en ese hemicible, cuyo propósito es sepultar o sumergir en el olvido la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone mediante una interpretación de la norma constitucional la doble vía para participar en el control y la dirección del Estado.

La sentencia interpretativa aditiva TCF/0788/24 fundamentada en el principio de legalidad y de juridicidad y en el articulo 22 de la Constitución, que dispone la vía directa o indirecta, es decir, ciudadana y o de los partidos politicos para la presentacion de candidaturas  a cargos electivos para la direccion del Estado,  ha generado reacciones contrarias a la labor en esta materia del TC, ya que incluso los legisladores, con más miedo que vergüenza,  consideran que este órgano extra poder se excedió porque ha entrado en el terreno del legislador positivo para emitir una decisión que en su opinión pone en peligro el sistema de partidos en la República Dominicana.

Las candidaturas independientes, que no han sido un invento del Tribunal Constitucional, ya que son encontradas en el régimen legal de la nación desde el año 1926, cuyo fundamento era muy cuestionado porque su texto vulneraba la Constitución de la República, pero en el 2024 fue impactada por la labor de la alta corte mediante el proceso de constitucionalización que vive el derecho dominicano.

El asunto ha implicado que tome mucha fuerza la confrontación entre el derecho y la política, la última de las cuales tiene el control del poder público y en consecuencia podría echar a perder los avances que ha tenido el país en lo que respecta al Estado Social y Democrático y de Derecho que consigna la carta magna en su artículo 7.

Las candidaturas independientes, de acuerdo a los diputados y senadores,  en estos momentos representan una amenaza para los partidos políticos porque se observa que pueden por esta vía ser desplazados del poder, naturalmente, aunque todo va a depender de cómo se asuma la figura, ya que ante la grave crisis de valores y del liderazgo nacional la sociedad podría sufrir serias distorsiones que pongan en peligro la vulnerable democracia que prevalece en el país.

El problema que representan las candidaturas independientes, siempre de acuerdo con  la partidocracia, es que pone en peligro su existencia, cuya actitud de fuerza  no sólo impacta peligrosamente la precaria institucionalidad de la República Dominicana, sino también los derechos fundamentales que están seriamente amenazados de que su violación tome mayor cuerpo, sobre todo a partir de las dudas que dejan las autoridades nacionales ante la pérdida de su legitimidad con elecciones en las que cantidad de votantes es prácticamente irrelevante cada cuatro años.

La falta de credibilidad de los partidos se vuelve tan importante que en las encuestas que salen regularmente en el país su bajo nivel de aceptación popular disminuye como si el votante ya se resistiera a darle apoyo a estas organizaciones para que controlen y dirijan un Estado que permanente se vuelve más incapaz para resolver los problemas nacionales.

El descrédito  de la llamada partidocracia requiere de la creación de alguna válvula de escape de una sociedad en la que los problemas de la violencia, el tránsito, el alto costo de la vida, la deuda pública, incluida la per cápita, la educación, la salud, el sistema eléctrico nacional sólo tienen solución en los discursos y las mentes de los actores de la vida política nacional, lo que ha dado paso a las candidaturas independientes como una vía de darle oxígeno  a  un sistema que está al borde de la muerte y cuya salida está consignada constitucionalmente para mejorar la democracia nacional al hacerla más participativa sobre la base del derecho fundamental de elegir y ser elegido a partir del mandato de la ley sustantiva de la nación a través de su artículo 22 y 216, que consignan que la participación electoral puede ser  directa o indirecta, es decir, a través de los ciudadanos  o de los partidos políticos.

Las candidaturas independientes es una figura jurídica que no es extraña al derecho internacional comparado, como la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica, cuyo artículo 23 habla claro sobre los derechos ciudadanos, entre los que cita el de elegir y ser elegido, de manera que tanto en el derecho interno como en el externo es un derecho que no está en cuestionamiento.

La disputa en la República Dominicana en esta materia traslada la nación a los tiempos de las cavernas, porque el proceso de constitucionalización del derecho tiene su origen en el país en  la Constitución del 2010, la cual se sustenta en los derechos fundamentales y cuya base legal de la facultad interpretativa del Tribunal Constitucional descansa en la Ley 137-11, Orgánica del TC, ya que su artículo 47 le da la fuerza para desarrollar la labor que se ha buscado cuestionar, pero de igual modo lo autoriza el 184 y 185 de la ley suprema de la nación.

Las candidaturas independientes han traído consigo un cuestionamiento al Tribunal Constitucional que no tiene asidero ni justificación desde el marco legal, ya que tiene la facultad que se le ha querido cuestionar, dado que cuando este órgano extra poder sienta alguna jurisprudencia, la cual es irrevocable y vinculante como la de la especie, pasa de ser de legislador negativo a positivo porque la misma es de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos y los ciudadanos.

Otro detalle importante en esta disputa es que el Tribunal Constitucional es el único autorizado para interpretar aquellas normas que violan o que están ajustadas a la carta magna como en el presente caso, pero que esa función pueden hacerla los senadores y diputados sólo en su labor legislativa, sin que la misma sea definitiva y vinculante, dado que esa facultad sólo la tiene la alta corte.

La facultad del Tribunal Constitucional ya no es sólo del dominicano, sino que es una atribución que tiene este tipo de corte en todo el derecho internacional comparado y que va desde el continente europeo hasta naciones de otros lugares del mundo que asimilaron las enseñanzas en esta materia del gran filósofo y jurista australiano Hans Kelsen.

La actitud ilegal y de fuerza de los partidos políticos en contra de las candidaturas independientes y de igual modo de algunas instancias del poder público como la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional, se constituye en una causa más para que el sistema institucional de la nación corra mayores peligros y pueda colapsar definitivamente, porque por ahí se crea un cuestionamiento que no tiene ninguna base de sustentación legal y que  proyecta la idea de que las mafias  que se mueven en el escenario electoral no creen en la ley y en la regla del juego democrático.

La aprobación de una ley que modifique o cambie lo ya decidido por el Tribunal Constitucional  como lo pretenden los diputados y senadores conllevaría la presentación ante el mismo órgano extra poder  de una nueva acción directa de inconstitucionalidad para declarar su nulidad y hacer valer una jurisprudencia sentada por la alta corte sobre las candidaturas independientes, la cual no hay forma posible de borrarla o eliminarla del derecho nacional, a menos que no sea a través de una figura para la que no se dan las condiciones para que se aplique en el presente caso.

La introducción en el Senado del proyecto de ley para intentar eliminar las candidaturas independientes es un esfuerzo perdido que no va a surtir ningún efecto desde el punto de vista jurídico, aunque sí político y en lo que respecta a la credibilidad y la sepultura social de los que pretenden ser ley batuta y constitución sin tener la autoridad para ello.