Nacionales
Gobierno subastará mil vehículos de alto consumo por ahorro
Simón Lizardo, ministro de Hacienda.
El Estado cuenta con alrededor de mil vehículos de alto cilindraje, que serán subastados para adquirir otros con menor consumo de combustible.Así lo informó ayer el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, quien explicó que la subasta será realizada posiblemente en el próximo mes de noviembre. Dijo que para determinar el número de vehículos de alto cilindraje de propiedad estatal, la cartera que dirige realizó una auditoría tras la instrucción que le diera el presidente Danilo Medina de hacer un inventario para evaluar la posibilidad de vender, mediante subasta, los vehículos de lujo y alto consumo que son utilizados por los funcionarios.
Lizardo explicó que los resultados de esa evaluación ya fueron suministrados a los ministerios de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia, para que allí se tomen las medidas pertinentes en cuanto al tipo de vehículos que serán adquiridos para reemplazar los subastados.
Para determinar cuánto representa en términos de ahorro económico para el Estado el cambio de esa flotilla por otra de menor consumo, ahora debe agotarse un proceso de tasación para establecer cuáles serían los precios de puja para liquidar esos vehículos, según informó Lizardo.
Medidas por política de frugalidad
El vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, se mostró de acuerdo con que los funcionarios se trasladen en vehículos de bajo consumo, lo que ha funcionado en otros países del mundo como medida de ahorro de combustible.
Informó que en la Dirección General de Comunicación de la Presidencia, organismo que dirige, hay dos vehículos de ese tipo que serán retirados.
Asimismo, explicó que el gobierno de Medina procura hacer una administración pública que provea confianza a los ciudadanos en cuanto al manejo de los recursos del Estado, pero al mismo tiempo que sea sostenible en el tiempo.
Aseguró que el propósito del Gobierno no es fomentar una política de austeridad, sino de frugalidad. Entiende que aquellos gobiernos que han conducido sus economías a políticas de austeridad en medio de dificultades económicas, el resultado ha sido una recesión.
“La austeridad es una medida de castigo y se asemeja mucho a esas dietas que hacemos después de las fiestas navideñas, que luego de comer mucho puerco asado, moro de gandules y muchos dulces, pues nos autoimponemos un castigo por los excesos que hemos cometido. Son dietas imposibles de cumplir y evidentemente no da resultados”, afirmó.
“Pobre de aquel que no cumpla con el mandato”
El portavoz de la Presidencia sostuvo que en cada una de las instituciones del Estado hay un mandato muy claro de tener una política de “no dispendio”, que de ser violada por los funcionarios, estos serían castigados. “Pobre de aquel que no cumpla ese mandato, porque el presidente Medina es muy exigente. Los funcionarios saben que el que mete la pata va a sufrir un merecido castigo, aquí nadie puede violar esas disposiciones”, dijo Rodríguez Marchena.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.