Latinoamericanas
Miles de trabajadores juciales de Colombia cumplen 23 días en paro
Funcionarios colombianos de la rama judicial encabezan este viernes movilizaciones en distintos puntos del país y como medida de presión mantienen cerrados edificios públicos. Afirman que el Gobierno no ha mostrado verdadera voluntad para solucionar el conflicto.
Los trabajadores judiciales de Colombia iniciaron un ‘plan tortuga’. (Foto: eluniversal.com.co)
Unos 42 mil trabajadores de la rama judicial colombiana cumplen este viernes 23 días de huelga indefinida en reclamo por una nivelación salarial, amparada por la Ley número 4 de 1992, que busca cerrar la brecha entre los magistrados y jueces de las altas cortes y tribunales.
Los funcionarios judiciales encabezan algunas movilizaciones en distintos puntos de la nación y como medida de presión mantienen cerrados todos los edificios públicos en Bogotá (la capital), incluida la Fiscalía y los tribunales.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo, reportó que los cerca de 42 mil trabajadores realizan asambleas informativas en donde los representantes sindicales comentan las últimas incidencias.
“En este momento se está adelantando un ‘plan tortuga’ en la unidades de reacción inmediata de la Fiscalía y despachos encargados de recibir las diferentes denuncias. Hay plan tortuga y se recrudecen las acciones”, agregó.
El periodista recordó que están rotas las conversaciones con el Gobierno, porque los huelguistas aseguran que desde el Ejecutivo no se está mostrando una verdadera voluntad para que el conflicto se pueda solucionar.
Por ello, los trabajadores judiciales están agendando las acciones que van a realizar la próxima semana. Se estima que van a haber movilizaciones en la capital y otras regiones colombianas.
Por otra parte, Vladimir Carrillo indicó que en horas de la mañana la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que está haciendo todo lo posible para que se decrete ilegal el paro y para que los salarios de las personas que participan en la movilización laboral no sean cancelados.
En la víspera, la contralora general de la República, Sandra Morelli, solicitó ante la Sala laboral del Tribunal Superior del departamento de Barranquilla (norte) declarar ilegal la huelga judicial, por afectar a un servicio público esencial.
Morelli hizo la petición bajo el criterio de que “la ley establece su competencia para ejercer, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración, a particulares o las entidades que manejan fondos o bienes de la nación”.
Añadió que el paro judicial ha generado distorsiones en cuanto a la correcta, eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público.
En tanto, los trabajadores judiciales han rechazado enérgicamente la afirmación tanto de Morelli como de Correa y en cuanto a la contralora dicen que “no es la funcionaria encargada por Constitución de presentar una demanda para que el cese de actividades se declare ilegal”.
Los reclamos de los trabajadores comenzaron desde hace aproximadamente 20 años, cuando se expidió la Ley número 4 de 1992 que, entre otras cosas, ordenaba la nivelación salarial. Los años han pasado y la promesa, según los sindicatos de la justicia, quedó en el olvido.
Por este motivo, los funcionarios le exigen al Gobierno un billón y medio de pesos (819 millones 403 mil 520 dólares) para que durante los próximos tres años se pueda implementar esa nivelación.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am