Latinoamericanas
Miles de trabajadores juciales de Colombia cumplen 23 días en paro
Funcionarios colombianos de la rama judicial encabezan este viernes movilizaciones en distintos puntos del país y como medida de presión mantienen cerrados edificios públicos. Afirman que el Gobierno no ha mostrado verdadera voluntad para solucionar el conflicto.
Los trabajadores judiciales de Colombia iniciaron un ‘plan tortuga’. (Foto: eluniversal.com.co)
Unos 42 mil trabajadores de la rama judicial colombiana cumplen este viernes 23 días de huelga indefinida en reclamo por una nivelación salarial, amparada por la Ley número 4 de 1992, que busca cerrar la brecha entre los magistrados y jueces de las altas cortes y tribunales.
Los funcionarios judiciales encabezan algunas movilizaciones en distintos puntos de la nación y como medida de presión mantienen cerrados todos los edificios públicos en Bogotá (la capital), incluida la Fiscalía y los tribunales.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo, reportó que los cerca de 42 mil trabajadores realizan asambleas informativas en donde los representantes sindicales comentan las últimas incidencias.
“En este momento se está adelantando un ‘plan tortuga’ en la unidades de reacción inmediata de la Fiscalía y despachos encargados de recibir las diferentes denuncias. Hay plan tortuga y se recrudecen las acciones”, agregó.
El periodista recordó que están rotas las conversaciones con el Gobierno, porque los huelguistas aseguran que desde el Ejecutivo no se está mostrando una verdadera voluntad para que el conflicto se pueda solucionar.
Por ello, los trabajadores judiciales están agendando las acciones que van a realizar la próxima semana. Se estima que van a haber movilizaciones en la capital y otras regiones colombianas.
Por otra parte, Vladimir Carrillo indicó que en horas de la mañana la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que está haciendo todo lo posible para que se decrete ilegal el paro y para que los salarios de las personas que participan en la movilización laboral no sean cancelados.
En la víspera, la contralora general de la República, Sandra Morelli, solicitó ante la Sala laboral del Tribunal Superior del departamento de Barranquilla (norte) declarar ilegal la huelga judicial, por afectar a un servicio público esencial.
Morelli hizo la petición bajo el criterio de que “la ley establece su competencia para ejercer, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración, a particulares o las entidades que manejan fondos o bienes de la nación”.
Añadió que el paro judicial ha generado distorsiones en cuanto a la correcta, eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público.
En tanto, los trabajadores judiciales han rechazado enérgicamente la afirmación tanto de Morelli como de Correa y en cuanto a la contralora dicen que “no es la funcionaria encargada por Constitución de presentar una demanda para que el cese de actividades se declare ilegal”.
Los reclamos de los trabajadores comenzaron desde hace aproximadamente 20 años, cuando se expidió la Ley número 4 de 1992 que, entre otras cosas, ordenaba la nivelación salarial. Los años han pasado y la promesa, según los sindicatos de la justicia, quedó en el olvido.
Por este motivo, los funcionarios le exigen al Gobierno un billón y medio de pesos (819 millones 403 mil 520 dólares) para que durante los próximos tres años se pueda implementar esa nivelación.
Latinoamericanas
Multan con más de 1,8 millones de dólares a inmigrante hondureña por no acatar orden de deportación
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años
Una inmigrante hondureña que vive en Estados Unidos desde hace décadas enfrenta una multa civil de 1.821.350 dólares, luego de no haber salido del país tras recibir una orden de deportación en abril de 2005, informó CBS News.
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años.
Multa amparada en ley poco utilizada
La mujer, de 41 años y madre de tres hijos, fue multada bajo una disposición poco aplicada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Según su abogada, Michelle Sánchez, la orden de deportación se emitió luego de que la inmigrante no se presentara a una audiencia judicial en 2005.
En 2024, Sánchez solicitó la reapertura del caso, argumentando que su clienta reúne los requisitos para optar a la residencia legal, debido a su larga permanencia en el país y su historial sin antecedentes. También sostuvo que la deportación causaría “dificultades extremas y excepcionalmente inusuales” a sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses.
“ICE está aterrorizando a las personas”
La abogada denunció que ha observado un aumento en la emisión de multas similares contra otros inmigrantes, aunque nunca había visto una de esta magnitud.
«ICE está aterrorizando a las personas sin necesidad de detenerlas. Las están amenazando con multas tan altas que muchos no ganarán esa cantidad ni en toda su vida», declaró Sánchez.
La notificación entregada a la mujer indica que la multa puede ser impugnada y que tiene derecho a solicitar una entrevista personal para presentar su caso.
Latinoamericanas
Centroamérica y República Dominicana renuevan compromiso por trabajo decente y modernización del empleo
Ciudad de Panamá.- En la ciudad de Panamá, se celebró la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, los días 14, 15 y 16 de mayo, con el objetivo de renovar el compromiso regional por el trabajo decente, la justicia social y la modernización del empleo.
La República Dominicana estuvo representada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien destacó durante su intervención que el país asumió la formalidad del empleo como la principal tarea laboral, convencido de que es el camino que conduce al trabajador y su familia a disfrutar de su derecho a la seguridad social.
Además, dijo que se trabaja intensamente en el empleo decente, que es otro pilar fundamental para garantizar el desarrollo humano y social.
Durante la reunión, fue aprobado el Plan de Acción 2025-2027 del Consejo, estructurado en cinco ejes estratégicos: Sistemas Públicos de Empleo, Inspección Laboral, Formalización, Fortalecimiento del Funcionamiento del Consejo y Gestión de la Cooperación Internacional.
Como parte del encuentro, el ministro de Trabajo, Olivares Ortega, rindió un informe sobre los avances de la preparación en octubre de de Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual forma parte de la proclama de Panamá del Consejo de Ministros de Trabajo.
De igual manera, se realizó la transferencia de la Presidencia Pro Tempore del Consejo que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.
Con esta reunión, Centroamérica y República Dominicana avanzan unidos hacia un mercado laboral moderno, inclusivo y resiliente, que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.
Por PRENSA LATINA
Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Los pandilleros incrementaron el precio del peaje para las vehículos cisternas de combustible, un acto que acerca a Haití a una parálisis total en las actividades económicas.
Ahora cuando los camiones salen cargados desde la terminal de Varreux, el pago a las bandas es de 50 mil gourdes, unos 378 dólares estadounidenses, con anterioridad eran 25 mil, un equivalente a 189 dólares por cada uno.
Las cabinas de peaje se multiplicaron y un transportista de combustible puede pagar hasta 600 mil gourdes (cuatro mil 545 dólares estadounidenses) para ir a Cabo Haitiano y hasta 700 mil gourdes (cinco mil 303) a Hinche, donde hay que pasar por al menos seis punto de extorsión.
COSTOS ADICIONALES YA SE SIENTEN
De acuerdo el diario digital Haití Libre, el impacto de estos costos adicionales ya se está sintiendo en los precios de los surtidores.
Ahora el galón de gasolina alcanzó los 700 gourdes (cinco dólares con 30 centavos) y pudiera llegar a 900 gourdes (seis dólares con 81 centavos), lejos del precio regulado de 560 gourdes (cuatro dólares con 24 centavos).
En tal sentido, la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití alertó sobre el riesgo inminente de una parálisis completa del sector ante el grado de violencia que hoy protagonizan las pandillas.
LOS RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA LLEGARON A SUS LÍMITES
“A pesar de nuestros continuos esfuerzos y compromiso de mantener el suministro de combustible a toda costa para apoyar la economía nacional, los recursos y capacidad operativa llegaron a sus límites”, subraya una misiva dirigida al primer ministro provisional, Alix Didier.
Ante esta situación de extrema urgencia, es imperativo que el Estado intervenga de manera inmediata y efectiva para restablecer las condiciones mínimas de seguridad necesarias para mantener la cadena de suministro de petróleo, enfatiza el texto divulgado por el diario Le Nouvelliste.
De no actuarse de manera rápida y decisiva para el libre trasiego, el sector coge el riesgo de cesar operaciones y las actividades económicas queden estáticas en un futuro cercano, insistió la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití.
ro/joe