Latinoamericanas
Miles de trabajadores juciales de Colombia cumplen 23 días en paro
Funcionarios colombianos de la rama judicial encabezan este viernes movilizaciones en distintos puntos del país y como medida de presión mantienen cerrados edificios públicos. Afirman que el Gobierno no ha mostrado verdadera voluntad para solucionar el conflicto.
Los trabajadores judiciales de Colombia iniciaron un ‘plan tortuga’. (Foto: eluniversal.com.co)
Unos 42 mil trabajadores de la rama judicial colombiana cumplen este viernes 23 días de huelga indefinida en reclamo por una nivelación salarial, amparada por la Ley número 4 de 1992, que busca cerrar la brecha entre los magistrados y jueces de las altas cortes y tribunales.
Los funcionarios judiciales encabezan algunas movilizaciones en distintos puntos de la nación y como medida de presión mantienen cerrados todos los edificios públicos en Bogotá (la capital), incluida la Fiscalía y los tribunales.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo, reportó que los cerca de 42 mil trabajadores realizan asambleas informativas en donde los representantes sindicales comentan las últimas incidencias.
“En este momento se está adelantando un ‘plan tortuga’ en la unidades de reacción inmediata de la Fiscalía y despachos encargados de recibir las diferentes denuncias. Hay plan tortuga y se recrudecen las acciones”, agregó.
El periodista recordó que están rotas las conversaciones con el Gobierno, porque los huelguistas aseguran que desde el Ejecutivo no se está mostrando una verdadera voluntad para que el conflicto se pueda solucionar.
Por ello, los trabajadores judiciales están agendando las acciones que van a realizar la próxima semana. Se estima que van a haber movilizaciones en la capital y otras regiones colombianas.
Por otra parte, Vladimir Carrillo indicó que en horas de la mañana la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que está haciendo todo lo posible para que se decrete ilegal el paro y para que los salarios de las personas que participan en la movilización laboral no sean cancelados.
En la víspera, la contralora general de la República, Sandra Morelli, solicitó ante la Sala laboral del Tribunal Superior del departamento de Barranquilla (norte) declarar ilegal la huelga judicial, por afectar a un servicio público esencial.
Morelli hizo la petición bajo el criterio de que “la ley establece su competencia para ejercer, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración, a particulares o las entidades que manejan fondos o bienes de la nación”.
Añadió que el paro judicial ha generado distorsiones en cuanto a la correcta, eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público.
En tanto, los trabajadores judiciales han rechazado enérgicamente la afirmación tanto de Morelli como de Correa y en cuanto a la contralora dicen que “no es la funcionaria encargada por Constitución de presentar una demanda para que el cese de actividades se declare ilegal”.
Los reclamos de los trabajadores comenzaron desde hace aproximadamente 20 años, cuando se expidió la Ley número 4 de 1992 que, entre otras cosas, ordenaba la nivelación salarial. Los años han pasado y la promesa, según los sindicatos de la justicia, quedó en el olvido.
Por este motivo, los funcionarios le exigen al Gobierno un billón y medio de pesos (819 millones 403 mil 520 dólares) para que durante los próximos tres años se pueda implementar esa nivelación.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.