Opinión
El complejo militar-industrial de eeuu y su control de la minería
Por Narciso Isa Conde
Los intereses del poder profundo de EEUU, de su complejo militar-industrial-financiero e informático, dominan la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Congreso y sus inquilinos, las elites que dirigen los partidos PD y PR, y el poderoso capital sionista omnipresente en todas las instancias de decisión.
Todos acompañan al Súper Estado terrorista dominante y a su política de guerra con diferentes énfasis y modalidades.
Todos se empeñaron en subordinar y comprometer a la degradada Europa Occidental en su cruzada contra Rusia… hasta destrozar a Ucrania.
Todos ha instrumentalizando el Estado Genocida de Israel para la ejecución del holocausto palestino, sus viles ataques a la resistencia islámica y su fracasada cruzada de exterminio contra Irán.
Todos auparon las matanzas de la OTAN y precipitaron su crisis.
Todos han impulsado los diversos capítulos, con sus crueldades y fracasos, de la destructiva guerra global infinita: Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Libia, Gaza, Cisjordania, Líbano, Irán, Ucrania, Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua…
George W. Busch fue el instrumento escogido al inicio de este siglo XXI para decretar esa Guerra Global Infinita o Guerra mundial Antiterrorista, precedida la guerra con la que lograron desintegrar Yugoslavia y masacrar Kosovo.
Clinton habló de paz y continuó la guerra.
Obama volvió a hablar de paz e hizo lo mismo, y aun así logró que le colgaran el prostituido Premio Nobel de la Paz.
Trump repitió la historia, sin aspirar inicialmente a tanto.
Biden arreció el tono guerrerista y Trump volvió con nuevos cantos de paz, para luego vestirse de paloma y actuar como halcón, aspirando a un Nobel todavía más prostituido, que se lo traspasó María Corina.
Todos apuntando los cañones contra la emergencia de China y de Rusia, la intensa expansión de los BRICS y el auge del Sur Global abrazado cada vez más a la autodeterminación.
Todos sorprendidos por el poderío militar de la Federación Rusa y atónitos y llenos de miedo por el poderío político-militar de Irán.
Divididos, enloquecidos, empobreciéndose, gansterizándose cada vez más…perdiendo progresivamente la tercera guerra mundial no declarada.
Es en ese contexto y en medio de la crisis múltiple de EEUU y de todo el sistema imperialista occidental, es que brota el engendro Donald Trump, actualmente en ruta hacia la bancarrota por las sucesivas derrotas sufridas.
Las guerras, con sus reveses y sus victorias, son el gran negocio de ese poder profundo, de ese complejo militar, de su industria armamentista y sus articulaciones financieras, de su componentes micro electrónicos-digitales y de la gran minería que los nutre.
Eso determina que los planes mineros de los países dependientes o nuevas colonias estén regidos por los centros imperiales, con una fuerte impronta de ese complejo militar industrial y del PENTÁGONO, específicamente de su Comando Sur en la región latino-caribeña y en el caso de nuestro país y de la hermana república de Haití
Recordemos como generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, y quienes la han relevado en el mando, pregonan sin rubor que el interés fundamental de esa súper potencia en la región latino-caribeña reside en el conjunto de minerales estratégicos, tales como los derivados de las tierras raras, el litio, oro titanio, níquel, cobalto uranio, sílice y otros.
Este enfoque se formula desde un Pentágono, estrechamente vinculado al poderoso Complejo Militar-Industrial-Informático- Financiero-Informático, que sostiene y se beneficia de la guerra global infinita y la carrera armamentista; actualmente en desventaja frente a China, Rusia, Irán y otros países soberanos en relación la posesión de esos minerales estratégicos.
El plan minero del régimen neocolonial dominicano, con su FALCONDO, BARRICK-UNIGOLD, GOLD QUEST, BELFOND, con sus más 300 concesiones de exploración y el control del 25% de su territorio y múltiples fuentes de agua, responde a los intereses y la dirección imperialista transnacional, e incluye la minería no metálica
· MÁS ALLÁ DE ORO, NÍQUEL, HIERRO Y COBALTO…
Más allá del oro, níquel y cobalto está el agua, el territorio y mucho más…todo atrapado por el Comando Sur.
Además de oro, plata, níquel, hierro y cobalto, en RD hay tierras raras (con sus 17 elementos) y titanio, que también las hay en Haití
El diario digital NOTICIA LIBRE informó y publicó en junio del 2023 fotografías de los equipos del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana recorriendo el sitio de Las Mercedes, ubicada en la zona de exploración de tierras raras en la Provincia de Pedernales.
Entonces, ese medio precisó que «el Ejército de los Estados Unidos confirmó la alta presencia de elementos de tierras raras (REE) en la República Dominicana, como resultado de un estudio colaborativo entre el Departamento de Defensa (DoD), el Departamento de Estado (DOS) y el gobierno dominicano». Y agregó que ese esfuerzo fue liderado por «el Laboratorio Ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (ERDC).
Gran parte de esos yacimientos son de alto interés del Pentágono y el Complejo Militar, para la fabricación de armamentos de alta tecnología.
Por su parte, Comando Sur, con todo el descaro del mundo declaró que se trata de minerales fundamentales «para la seguridad nacional de EEUU»; y no es un secreto que unidades militares estadounidenses están explorando tierras raras y otros minerales estratégicos aquí y en Haití.
Las tierras raras de República Dominicana y de Haití están a ambos lados de la parte sur de la frontera dominico-haitiana y el titanio a ambos lados en la parte norte.
No es casual que el Gobierno dominicano le haya concedido al ejército de EEUU, inicialmente en secreto, la función de explorar áreas de tierras raras en la reserva fiscal de Ávila, próximo a Pedernales-Cabo Rojo.
La unidad militar se instaló en el paraje «Las Abejas». Algo absolutamente ilegal, totalmente prohibido cuando se trata de otros estados.
Tampoco es casual que, del otro lado de la frontera, en territorio haitiano, cerca del río Pedernales, esté instalada, desde hace tiempo, una unidad militar norteamericana con igual propósito.
Respecto al titanio, «en el tramo norte de la frontera, a ambos lados del MURO o de la llamada «VERJA INTELIGENTE», hay arena y rocas titaniferas» y del lado dominicano, en la cercanía de Pepillo Salcedo, «se otorgó una concesión de exploración de titanio de 80 km2 a un tal Eliezer Lisboa Medina, que data del 2012 y que ahora se está gestionando el permiso de explotación. La misma fue bautizada como Concesión Pepillo Salcedo.
La existencia en grande de esos minerales y la ubicación geoestratégica de esta isla, es parte de lo esencial para la superpotencia norteamericana reforzar su intervención militar y aplastar su derecho a la autodeterminación,
Por eso no es nada casual, que con el pretexto del Muro fronterizo y de la crisis haitiana, manipulada por el Pentágono y la CIA, la frontera dominico-haitiana esté intervenida militarmente por el Comando Sur y unidades de Inteligencia de Israel.
Tampoco lo es que Haití, intervenido militarmente 12 veces antes por EEUU en los últimos 30 años, cargue ahora con la nueva fase del «caos meta-controlado», a cargo de intervención bajo tutela EEUU.
Pero hay más en cuanto a colonialismo militar:
· -El Ministerio de Defensa del gobierno que preside Abinader firmó un acuerdo con el Comando Sur del Pentágono, en el que se compromete a actuar conjuntamente con la armada estadounidense donde quiera que se «atente contra la seguridad nacional de EEUU».
· -La presencia recurrente de la jefatura del Comando Sur en la isla es parte ya de la cotidianidad política-militar.
· -El trabajo de campo para el conocimiento del terreno, suelo y subsuelo y sobresuelo del país, ha estado a cargo de sucesivas maniobras militares del Comando Sur, bautizadas con el nombre de «Nuevo Horizonte.»
· -La USAID-CÍA-DEA-FBI-DEA tienen presencia directa en puntos más sensibles del Estado dominicano, de un estado gestionado con una lógica empresarial y neocolonial.
· -El Comando Sur y la USAID tienen a su cargo la tutela de la remodelación del Puerto Atlántico Noroestano (cívico-militar) y de los proyectos energéticos de Manzanillo, ubicado en áreas próximas a las tierras y rocas titaniferas; justo en la frontera marítima atlántica con Haití, de cara a Cuba, Venezuela y Nicaragua, acosadas y agredidas por EEUU. Consumado lo de VENEZUELA
Aquí mandan el Comando Sur, directamente; y la CÍA, desde la DNCD.
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.