Opinión
El complejo militar-industrial de eeuu y su control de la minería
Por Narciso Isa Conde
Los intereses del poder profundo de EEUU, de su complejo militar-industrial-financiero e informático, dominan la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Congreso y sus inquilinos, las elites que dirigen los partidos PD y PR, y el poderoso capital sionista omnipresente en todas las instancias de decisión.
Todos acompañan al Súper Estado terrorista dominante y a su política de guerra con diferentes énfasis y modalidades.
Todos se empeñaron en subordinar y comprometer a la degradada Europa Occidental en su cruzada contra Rusia… hasta destrozar a Ucrania.
Todos ha instrumentalizando el Estado Genocida de Israel para la ejecución del holocausto palestino, sus viles ataques a la resistencia islámica y su fracasada cruzada de exterminio contra Irán.
Todos auparon las matanzas de la OTAN y precipitaron su crisis.
Todos han impulsado los diversos capítulos, con sus crueldades y fracasos, de la destructiva guerra global infinita: Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Libia, Gaza, Cisjordania, Líbano, Irán, Ucrania, Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua…
George W. Busch fue el instrumento escogido al inicio de este siglo XXI para decretar esa Guerra Global Infinita o Guerra mundial Antiterrorista, precedida la guerra con la que lograron desintegrar Yugoslavia y masacrar Kosovo.
Clinton habló de paz y continuó la guerra.
Obama volvió a hablar de paz e hizo lo mismo, y aun así logró que le colgaran el prostituido Premio Nobel de la Paz.
Trump repitió la historia, sin aspirar inicialmente a tanto.
Biden arreció el tono guerrerista y Trump volvió con nuevos cantos de paz, para luego vestirse de paloma y actuar como halcón, aspirando a un Nobel todavía más prostituido, que se lo traspasó María Corina.
Todos apuntando los cañones contra la emergencia de China y de Rusia, la intensa expansión de los BRICS y el auge del Sur Global abrazado cada vez más a la autodeterminación.
Todos sorprendidos por el poderío militar de la Federación Rusa y atónitos y llenos de miedo por el poderío político-militar de Irán.
Divididos, enloquecidos, empobreciéndose, gansterizándose cada vez más…perdiendo progresivamente la tercera guerra mundial no declarada.
Es en ese contexto y en medio de la crisis múltiple de EEUU y de todo el sistema imperialista occidental, es que brota el engendro Donald Trump, actualmente en ruta hacia la bancarrota por las sucesivas derrotas sufridas.
Las guerras, con sus reveses y sus victorias, son el gran negocio de ese poder profundo, de ese complejo militar, de su industria armamentista y sus articulaciones financieras, de su componentes micro electrónicos-digitales y de la gran minería que los nutre.
Eso determina que los planes mineros de los países dependientes o nuevas colonias estén regidos por los centros imperiales, con una fuerte impronta de ese complejo militar industrial y del PENTÁGONO, específicamente de su Comando Sur en la región latino-caribeña y en el caso de nuestro país y de la hermana república de Haití
Recordemos como generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, y quienes la han relevado en el mando, pregonan sin rubor que el interés fundamental de esa súper potencia en la región latino-caribeña reside en el conjunto de minerales estratégicos, tales como los derivados de las tierras raras, el litio, oro titanio, níquel, cobalto uranio, sílice y otros.
Este enfoque se formula desde un Pentágono, estrechamente vinculado al poderoso Complejo Militar-Industrial-Informático- Financiero-Informático, que sostiene y se beneficia de la guerra global infinita y la carrera armamentista; actualmente en desventaja frente a China, Rusia, Irán y otros países soberanos en relación la posesión de esos minerales estratégicos.
El plan minero del régimen neocolonial dominicano, con su FALCONDO, BARRICK-UNIGOLD, GOLD QUEST, BELFOND, con sus más 300 concesiones de exploración y el control del 25% de su territorio y múltiples fuentes de agua, responde a los intereses y la dirección imperialista transnacional, e incluye la minería no metálica
· MÁS ALLÁ DE ORO, NÍQUEL, HIERRO Y COBALTO…
Más allá del oro, níquel y cobalto está el agua, el territorio y mucho más…todo atrapado por el Comando Sur.
Además de oro, plata, níquel, hierro y cobalto, en RD hay tierras raras (con sus 17 elementos) y titanio, que también las hay en Haití
El diario digital NOTICIA LIBRE informó y publicó en junio del 2023 fotografías de los equipos del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana recorriendo el sitio de Las Mercedes, ubicada en la zona de exploración de tierras raras en la Provincia de Pedernales.
Entonces, ese medio precisó que «el Ejército de los Estados Unidos confirmó la alta presencia de elementos de tierras raras (REE) en la República Dominicana, como resultado de un estudio colaborativo entre el Departamento de Defensa (DoD), el Departamento de Estado (DOS) y el gobierno dominicano». Y agregó que ese esfuerzo fue liderado por «el Laboratorio Ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (ERDC).
Gran parte de esos yacimientos son de alto interés del Pentágono y el Complejo Militar, para la fabricación de armamentos de alta tecnología.
Por su parte, Comando Sur, con todo el descaro del mundo declaró que se trata de minerales fundamentales «para la seguridad nacional de EEUU»; y no es un secreto que unidades militares estadounidenses están explorando tierras raras y otros minerales estratégicos aquí y en Haití.
Las tierras raras de República Dominicana y de Haití están a ambos lados de la parte sur de la frontera dominico-haitiana y el titanio a ambos lados en la parte norte.
No es casual que el Gobierno dominicano le haya concedido al ejército de EEUU, inicialmente en secreto, la función de explorar áreas de tierras raras en la reserva fiscal de Ávila, próximo a Pedernales-Cabo Rojo.
La unidad militar se instaló en el paraje «Las Abejas». Algo absolutamente ilegal, totalmente prohibido cuando se trata de otros estados.
Tampoco es casual que, del otro lado de la frontera, en territorio haitiano, cerca del río Pedernales, esté instalada, desde hace tiempo, una unidad militar norteamericana con igual propósito.
Respecto al titanio, «en el tramo norte de la frontera, a ambos lados del MURO o de la llamada «VERJA INTELIGENTE», hay arena y rocas titaniferas» y del lado dominicano, en la cercanía de Pepillo Salcedo, «se otorgó una concesión de exploración de titanio de 80 km2 a un tal Eliezer Lisboa Medina, que data del 2012 y que ahora se está gestionando el permiso de explotación. La misma fue bautizada como Concesión Pepillo Salcedo.
La existencia en grande de esos minerales y la ubicación geoestratégica de esta isla, es parte de lo esencial para la superpotencia norteamericana reforzar su intervención militar y aplastar su derecho a la autodeterminación,
Por eso no es nada casual, que con el pretexto del Muro fronterizo y de la crisis haitiana, manipulada por el Pentágono y la CIA, la frontera dominico-haitiana esté intervenida militarmente por el Comando Sur y unidades de Inteligencia de Israel.
Tampoco lo es que Haití, intervenido militarmente 12 veces antes por EEUU en los últimos 30 años, cargue ahora con la nueva fase del «caos meta-controlado», a cargo de intervención bajo tutela EEUU.
Pero hay más en cuanto a colonialismo militar:
· -El Ministerio de Defensa del gobierno que preside Abinader firmó un acuerdo con el Comando Sur del Pentágono, en el que se compromete a actuar conjuntamente con la armada estadounidense donde quiera que se «atente contra la seguridad nacional de EEUU».
· -La presencia recurrente de la jefatura del Comando Sur en la isla es parte ya de la cotidianidad política-militar.
· -El trabajo de campo para el conocimiento del terreno, suelo y subsuelo y sobresuelo del país, ha estado a cargo de sucesivas maniobras militares del Comando Sur, bautizadas con el nombre de «Nuevo Horizonte.»
· -La USAID-CÍA-DEA-FBI-DEA tienen presencia directa en puntos más sensibles del Estado dominicano, de un estado gestionado con una lógica empresarial y neocolonial.
· -El Comando Sur y la USAID tienen a su cargo la tutela de la remodelación del Puerto Atlántico Noroestano (cívico-militar) y de los proyectos energéticos de Manzanillo, ubicado en áreas próximas a las tierras y rocas titaniferas; justo en la frontera marítima atlántica con Haití, de cara a Cuba, Venezuela y Nicaragua, acosadas y agredidas por EEUU. Consumado lo de VENEZUELA
Aquí mandan el Comando Sur, directamente; y la CÍA, desde la DNCD.
Por Isaías Ramos
Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.
La corrupción no vive solo en expedientes, titulares o ruedas de prensa. Se siente cuando falta medicina en un hospital, cuando una escuela se deteriora, cuando un apagón apaga un negocio, cuando una familia se endeuda para comer y cuando un joven descubre que el mérito no pesa tanto como la conexión.
Después de hablar de un país donde la movilidad social está bloqueada, hay que decirlo con claridad: la corrupción es una fábrica de inmovilidad social. Roba dinero, sí; pero también roba confianza, oportunidades, futuro y dignidad.
El informe de clima social de LS Consulting confirma que corrupción y costo de vida se consolidan como ejes del malestar: el costo de vida es la experiencia diaria; la corrupción, la explicación de por qué ese costo no se administra mejor. También muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
Ahí está el fondo: el pueblo recorta, se endeuda, sacrifica salud, alimentación, transporte y tranquilidad; mientras observa que arriba muchas veces no hay la misma disciplina, transparencia ni sacrificio.
Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios, no transparenta concesiones, no revisa exenciones y no devuelve recursos al pueblo, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo puede producir titulares, pero no reconstruye movilidad social.
El país no necesita “pan y circo” anticorrupción. Necesita justicia con recuperación de activos y reforma institucional.
Y aquí cabe una pregunta que la República debe hacerse sin miedo: ¿para qué se aprobó y promulgó una Ley de Extinción de Dominio si los bienes ilícitos no se persiguen con firmeza, si lo robado no se recupera con transparencia y si esos recursos no vuelven a escuelas, hospitales, agua, seguridad, electricidad y oportunidades?
La Ley núm. 340-22 regula la extinción de dominio como acción autónoma, independiente y patrimonial, ejercida contra bienes ilícitos y no como sustituto del juicio penal contra una persona. Reconoce derechos y garantías de las partes afectadas y exige declaración judicial a favor del Estado.
Hay que hablar con rigor. La extinción de dominio no significa quitar bienes por discurso, presión política o condena mediática. La ley dispone que el juicio sea en audiencia pública, oral y contradictoria; que las pruebas se debatan; que el Ministerio Público pruebe las causales de procedencia y la ausencia de buena fe; y que el estándar aplicable sea la preponderancia de la prueba.
Pero tampoco puede convertirse en letra muerta. Frente a una acción debidamente sustentada, quien ostenta bienes cuestionados tiene derecho a defenderse y aportar prueba fehaciente sobre su origen lícito y su buena fe. Si un tribunal competente determina que esos bienes tienen origen o destino ilícito y que no existe buena fe jurídicamente protegida, no deben seguir amparados por la lentitud, la influencia o el poder económico. Deben pasar al Estado y volver al bien común.
Cada peso robado que no se recupera se convierte en deuda moral, fiscal y social que terminarán pagando nuestros hijos.
No basta con presentar culpables si los bienes robados no regresan al patrimonio público. Y no basta con perseguir casos si las mismas prácticas vuelven con otro contrato, otra nómina, otra exención o una nueva concesión.
La verdadera lucha contra la corrupción debe responder tres preguntas: ¿dónde está el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron?, ¿qué reglas deben cambiar para que no vuelva a ocurrir?
La corrupción también se disfraza de legalidad. A veces ocurre con contratos blindados, incentivos eternos, obras sobrevaluadas, compras sin competencia real, subsidios sin beneficiario claro y privilegios convertidos en política pública.
Por eso el combate a la corrupción no puede limitarse al funcionario que mete la mano. También debe mirar al modelo que permite capturar decisiones públicas, recibir beneficios sin retorno y trasladar el costo al ciudadano común.
Esto no es contra empresarios productivos ni contra inversión responsable. Es contra privilegios sin consecuencia, subsidios sin auditoría, incentivos sin resultados e impunidad vestida de normalidad.
La Constitución dominicana no manda un Estado de espectáculo. Manda un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. Cuando los recursos se pierden en corrupción, clientelismo o privilegios, no solo se viola la ética pública: se contradice el mandato constitucional.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la lucha anticorrupción debe dejar de ser temporada de titulares y convertirse en política permanente de Estado: registro público de bienes recuperados, auditorías de subsidios y exenciones, contrataciones transparentes, control ciudadano de obras, protección a denunciantes, sanción patrimonial y destino social de los recursos recuperados.
Cada peso recuperado debe tener rostro y destino: escuelas, hospitales, agua, seguridad, transporte, electricidad, apoyo productivo, juventud y movilidad social. Porque lo robado no puede quedarse en expedientes. Lo robado debe volver al pueblo.
No se trata de venganza. Se trata de República. No se trata de dividir al país. Se trata de unir a la ciudadanía alrededor de una regla básica: quien robe al pueblo debe responder ante la justicia y ante la República.
Porque un país donde la corrupción entretiene más de lo que repara no está haciendo justicia: está administrando indignación. Y una nación que administra indignación, pero no recupera lo robado, no abre camino. Lo bloquea.
Ya basta de justicia-espectáculo: lo robado debe volver al pueblo y la República debe ser gobernada con orden constitucional.
Por Robinson Lebrón
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El bloque de constitucionalidad y la dimensión sustantiva del sufragio
La proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010 supuso una ruptura paradigmática en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, al transicional formalmente desde un Estado clásico de derecho hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta transformación situó a la dignidad humana en la cúspide axiológica del sistema, definiéndola en su artículo 5 como el fundamento ético y ontológico de la República, y reforzándola en el artículo 38 como un valor sagrado, innato e inviolable.
Bajo esta nueva matriz dogmática, los derechos políticos tradicionalmente interpretados como meras facultades procedimentales para la alternancia del poder adquirieron la categoría de derechos fundamentales vinculados directamente al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual. Votar y ser elegible dejaron de ser simples mecanismos técnicos de agregación de preferencias para convertirse en un canal de autorrealización ciudadana.
El Tribunal Constitucional dominicano, a través de su prolífica jurisprudencia a partir de 2012, consolidó este criterio al establecer que los derechos de ciudadanía no pueden ejercerse plenamente si se despoja al individuo de las condiciones mínimas materiales y de respeto a su integridad moral. Por consiguiente, la legitimidad de los procesos electorales en los últimos veinte años empezó a medirse no solo por la pulcritud del cómputo de las boletas, sino por la capacidad del Estado para garantizar que cada ciudadano concurra a las urnas en condiciones de libertad, igualdad y no discriminación.
Mecanismos de inclusión fáctica: El Voto Accesible
Uno de los hitos más tangibles en la operativización de la dignidad humana dentro del sistema electoral dominicano ha sido el desmantelamiento progresivo de las barreras arquitectónicas y metodológicas que históricamente excluyeron a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el mandato de igualdad del artículo 39 de la Carta Magna, la Junta Central Electoral (JCE) implementó de manera sistemática a partir de la década de 2010 la política de Voto Accesible.
Esta política institucionalizada se ramificó en tres componentes principales que devolvieron la autonomía al elector:
- Colegios Electorales en Primeros Niveles: La reubicación obligatoria de las mesas de votación en las plantas bajas de los recintos escolares y recintos públicos para garantizar el libre acceso de ciudadanos con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas.
- Plantillas Braille: La introducción de boletas auxiliares con relieve para las personas con discapacidad visual, permitiendo por primera vez el ejercicio del voto secreto e independiente, eliminando la necesidad de delegar su voluntad en un tercero, práctica que lesionaba directamente su dignidad y privacidad.
- El Programa de Voto en Casa: Un plan piloto ejecutado en los últimos ciclos electorales diseñado para trasladar al personal de las mesas de votación y las urnas directamente a los hogares de ciudadanos con condiciones de salud extremas o inmovilidad absoluta, reconociendo su estatus de miembros plenos de la soberanía política del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma dispone lo que debe realizarse luego del cumplimiento de la condena, según las limitaciones sobre el enjuiciamiento o el castigo de otros delitos. El Estatuto prevé sobre la transferencia de la persona que no sea un nacional de Estado que ejecuta, extradita o entrega al Estado que lo solicite.
La descripción que hace el Estatuto de Roma podría verse detallada de la regla de especialidad. Regula el derecho individual de proteger a una persona que esta condenada o que cumple una condena, para que no sea enjuiciada o extraditada, salvo que la CPI lo acepte a solicitud del Estado.
Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional sólo podrá referirse a la solicitud de un Estado ¨¨¨luego de haber escuchado la opinión de la persona condenada¨.
Si un Estado acepta a una persona condenada, se necesitaran procedimientos apropiados para que se respete a cabalidad con este requisito. Particularmente los Estados de ejecución deberán adherirse a lo dispuesto en varias partes del Estatuto de Roma.
En cuanto a las medidas de parte de los Estados Partes de la CPI para la implementación cabe destacar que esto podría requerir de cambios tanto legislativos como administrativos por parte de los Estados aceptantes.
En lo referente a la revisión por parte de la CPI para reducir condenas, el Estatuto de Roma establece claramente que solo la Corte tiene la potestad de reducir la condena luego de haber dado audiencia a la persona condenada.
La revisión de una sentencia por parte de la CPI deberá llevarse a cabo cuando la persona haya cumplido dos tercios de la condena, o 25 años en el caso de la cadena perpetua. La CPI podrá reducir la sentencia basándose en los elementos en lo que al respecto establece el Estatuto de Roma.
En el contexto de cumplimiento de las obligaciones los Estados no deberán interferir con las condenas impuestas por la Corte Penal Internacional, ya sea reduciendo o modificando la sentencia. En este sentido se recomienda que los Estados deberán revisar su legislación para evitar esta posibilidad.