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Senador Antonio Taveras abandona fila del PRM y se declara independiente.
Santo Domingo, R.D.-Por sostener que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha quedado atrapado en politicas de corto plazo y porque ha perdido el rumbo estratégico, el senador Antonio Taveras anunció su salida de esa organización politica.
El senador de la provincia Santo Domingo mencionó que se cuestionó a sí mismo cómo el gobierno estaban cumpliendo con las causas que la ciudadanía reclamó en las calles, o el por qué se unió al proyecto político del PRM.
Ante esto, Taveras acusó al gobierno de replicar prácticas clientelistas, y cuestionó pocos avances que se han reflejado desde que asumieron el mando de la nación en agosto del año 2020.
Apuntó que el país se mantiene atrapado en un modelo económico que crece, pero que no genera suficientes oportunidades, mientras que la educación continúa sin producir la transformación social prometida.
“El sistema eléctrico sigue siendo una herida abierta muy costosa. La salud y la seguridad social siguen lacerando la dignidad de los dominicanos”, declaró Taveras desde su curul en el Senado de la República.
“Estamos atrapados en políticas de corto plazo, replicando viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo perverso de la pobreza. Pero quizás lo más grave es eso: la pérdida del rumbo estratégico. Es entonces momento de apegarse a la conciencia. Elegir dar un paso al frente en la dirección del país en el que creo”, subrayó.
Al sostener que es momento de apegarse a la conciencia, el legislador afirmó que permanecerá apoyando toda iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo que fortalezca la institucionalidad, combata la corrupción sin favoritismos y mejore las condiciones de vida de los dominicanos.
«Buenas tardes presidente, colegas senadores y senadoras:
Hoy me dirijo a ustedes con el respeto de siempre para compartir un asunto de vital importancia para mi quehacer legislativo y político.
Hace unos días recordaba la lucha, que del 2017 al 2020, el pueblo dominicano llevó en las calles, para derrotar un proyecto político autoritario que pretendía perpetuarse en el poder.
Ciudadanos, organizaciones sociales y pequeños partidos políticos, conformamos una coalición democrática que respaldó la propuesta política y social del Presidente Luis Abinader.
Juntos llegamos al poder levantando causas: la lucha contra la corrupción y la impunidad, el necesario reconocimiento de derechos y la anhelada transformación social.
Durante estos años creí sinceramente que podíamos impulsar grandes transformaciones:
• un nuevo modelo de desarrollo,
• la aceleración productiva para una economía más competitiva e incluyente,
• instituciones más transparentes y fuertes.
En los momentos más difíciles de estos años, en días de preocupación por el rumbo del país, venían desde mi interior preguntas a modo de confrontación:
• ¿estamos cumpliendo con las causas que la ciudadanía reclamo en las calles?
• ¿por qué vine a este proyecto político?
Desde muy joven, la convicción de que un mejor país es posible me llevó a estar vinculado a procesos sociales, políticos y de transformación cuyo objetivo ha sido siempre construir una democracia fuerte, efectiva y que garantice derechos.
No vine por cargos, ni por reconocimiento, tampoco vine para administrar lo existente. Vine para ayudar a transformar.
Vine de las asambleas de barrio, de las discusiones en las universidades, de conversaciones donde todavía se habla de esperanza genuina. Vine junto a pequeños y medianos empresarios comprometidos con un país de justicia social.
Es justo reconocer que en estos últimos cinco años hemos podido avanzar en algunas áreas, por ejemplo, en una justicia más independiente, especialmente en el Ministerio Público.
• Sin embargo, observo con profunda preocupación cómo postergamos reformas estructurales que nos permitan avanzar como país.
• Seguimos atrapados en un modelo económico que crece pero que no genera suficientes oportunidades.
• La educación continúa sin producir la transformación social prometida.
• El sistema eléctrico sigue siendo una herida abierta muy costosa.
• La salud y la seguridad social siguen lacerando la dignidad de los dominicanos.
La lucha contra la corrupción se ha quedado a medio camino, creando la peligrosa percepción de que existen actos que gozan de cierta indulgencia.
Estamos atrapados en políticas de corto plazo, replicando viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo perverso de la pobreza.
Pero quizás lo más grave es eso: la pérdida del rumbo estratégico.
Es entonces momento de apegarse a la conciencia. Elegir dar un paso al frente en la dirección del país en el que creo.
Desde la independencia, pueden esperar de mí tres cosas:
• Primero, continuaré mi trabajo legislativo con el mismo rigor de siempre.
• Segundo, seguiré siendo la voz de la agenda ciudadana.
• Tercero, continuaré apoyando toda iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo que fortalezca verdaderamente la institucionalidad, combata la corrupción sin favoritismos y mejore las condiciones de vida de los dominicanos.
• Me opondré, con el mismo criterio, a lo que socave los derechos de la gente y la democracia.
Esto es un regreso a lo que soy: un ciudadano que llegó al Senado con convicción, que continuará escuchando para construir, defender y dar voz a todas esas causas que en el ruido se diluyen, pero que miles de ciudadanos aún esperan.
Agradezco al presidente Luis Abinader, a la militancia del PRM, y a todos los partidos que conformamos la coalición democrática, por su respeto y colaboración durante estos seis años.
De igual modo, a quienes hicieron causa común por un mejor país y a quienes con altura difirieron de mis posiciones.
A los colegas senadores: espero que la INDEPENDENCIA de un senador sea entendida como lo que es, UNA EXPRESIÓN DE LA DEMOCRACIA QUE DEFENDEMOS, un compromiso con la ciudadanía que nos eligió, y que desde el respeto continuemos haciendo país.
A mi equipo de trabajo, CONFÍEN… seguimos en la lucha.
A mi familia: mirarlos a ustedes a los ojos, con una conciencia tranquila, sin tachadura, es mi meta.
A mi gente de la provincia Santo Domingo y a todo el pueblo dominicano, que me han dado su confianza dos veces para representarlo: ¡gracias!… Yo no me doblo.
Seguiré luchando para que deje de ser dádiva todo aquello que por derecho LES pertenece».
Santo Domingo, R.D.-El Sitema Nacional de Alertas fue convertido en ley este miércoles por la Cámara de Diputados, que ordena la activación de alarmas inmediatas cuando una persona en estado vulnerable desaparezca.
El proyecto de ley es autoría de las diputadas oficialistas Carmen Ligia Barceló y Liz Mieses, se aprobó en única lectura por mayoría de votos y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Si es promulgada, la nueva ley permitiría que las autoridades no tengan que esperar 24 horas si se reporta la desaparición de niños, de mujeres en situación de maltrato, de ancianos o de personas con alguna discapacidad.
Así lo establece el artículo 16 de la normativa que ordena a la Policía Nacional y al Ministerio Público a activar «alertas inmediatas» sin que transcurran 24 horas desde la desaparición, como ocurre actualmente.
Con el nuevo Sistema Nacional de Alertas, las autoridades estarán autorizadas para activar alarmas rápidas y obligatorias en medios de comunicación, redes sociales, medios de transporte y entidades de seguridad.
La activación de la alarma, según el artículo 16 del documento, permitirá un despliegue interinstitucional para desplegar operativos inmediatos en los hospitales, terminales de transporte, aeropuertos y otras zonas estratégicas.
Asimismo, la nueva ley integra un nuevo Consejo de Personas Desaparecidas que estará estructurado por instituciones como los ministerios de Interior y Policía, Defensa, Relaciones Exteriores, Mujer, así como la Policía Nacional, el Sistema 9-1-1, el Consejo Nacional de la Niñez (Conani), entre otros.
El referido registro, según el artículo 35 de la pieza, deberá contener los datos personales de los desaparecidos, su descripción física, la circunstancias de su desaparición, información médica relevante, contacto de familiares, una fotografía reciente y el estatus más actual de la búsqueda.
Para tener una mejor organización de las alertas que se activarán, la nueva ley hace una clasificación: las alertas Amber son para la búsqueda de niños y niñas; las alertas Silver para los envejecientes y las alertas Rosa para los casos de mujeres en contexto de violencia o trata de personas.
Tras su aprobación en ambas cámaras congresuales, el proyecto ahora tiene un plazo de diez días para ser observado o promulgado por el presidente Luis Abinader.
Santo Domingo, R.D.-El proceso de reforma estatutaria que regirá el futuro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no luce que pueda el resolver el problema que afecta a la organizacion politica de exhibir una vocacion antidemocratica.
De acuerdo con el partido político, la iniciativa busca garantizar una reforma participativa, ordenada y representativa. Por eso, la entidad política ha decidido constituir una comisión especial encargada de orientar los contenidos de la propuesta estatutaria.
La comisión, designada por la dirección ejecutiva del partido, será integrada por Roberto Fulcar, Darío Castillo, Guido Gómez Mazará, Sigmund Freund, Dionicio De Los Santos, Yadira Henríquez y Salvador Ramos.
Según el documento, el Comité Ejecutivo Nacional será convocado el 21 de junio para conocer oficialmente la propuesta de reforma y acordar las fechas de la convención extraordinaria y la convención ordinaria.
Se espera que el proceso culmine a mediados del mes de septiembre.
Los actuales estatutos del PRM les obligan a celebrar este verano sus elecciones internas para escoger a las autoridades del partido.
Sin embargo, se ha planteado internamente la posibilidad de extender el mandato en la dirección del partido de José Ignacio Paliza, actual presidente y de Carolina Mejía, su secretaria general.
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Reglamento de la JCE sobre encuestas choca con varias sentencias del Tribunal Constitucional
Santo Domingo, R.D.-Las restricciones a la publicación de encuestas políticas establecidas por la Junta Central Electoral (JCE) comenzaron a producir cuestionamientos sobre la capacidad del órgano para imponer limitaciones no previstas expresamente en la ley en un debate que ha reactivado criterios del Tribunal Constitucional (TC) sobre los límites de la potestad reglamentaria y que ahora encuentra respaldo en una opinión reciente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Finjus sostuvo ayer que la discusión no se limita a determinar si la JCE tiene facultades para regular las encuestas electorales, sino a establecer si una restricción de esta naturaleza puede imponerse mediante reglamento cuando afecta actividades y derechos cuyo alcance —afirmó— debe definirse mediante ley aprobada por el Congreso Nacional.
«La cuestión que nos ocupa parte de la duda inicial de si ¿cuenta este reglamento con suficiente respaldo legal para limitar la actividad de libre empresa de las encuestadoras y prohibir la publicación de encuestas fuera de los plazos de precampaña y campaña electoral?», planteó la Finjus en un documento.
La entidad agregó que la JCE posee potestad reglamentaria en los asuntos de su competencia, pero recordó que esa facultad tiene como función desarrollar la ley y no sustituirla ni contradecirla.
El planteamiento de Finjus coincide con criterios que el Tribunal Constitucional ha fijado sobre la relación entre ley y reglamento.
En la sentencia TC/0032/12, el tribunal recordó que el reglamento tiene una función subordinada frente a la ley, y sostuvo que «no puede exceder el alcance de la ley ni tampoco contrariarla, sino que debe respetarla en su letra y espíritu». También indicó que los reglamentos no pueden «contrariarla ni rebasar su ámbito de aplicación».
En esa decisión, el tribunal concluyó que el órgano había excedido sus competencias al regular mediante resolución una materia reservada a la ley.
El TC sostuvo, además, que la potestad reglamentaria «no se presume, pues debe estar prevista por la ley de manera expresa».