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Senador Antonio Taveras abandona fila del PRM y se declara independiente.
Santo Domingo, R.D.-Por sostener que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha quedado atrapado en politicas de corto plazo y porque ha perdido el rumbo estratégico, el senador Antonio Taveras anunció su salida de esa organización politica.
El senador de la provincia Santo Domingo mencionó que se cuestionó a sí mismo cómo el gobierno estaban cumpliendo con las causas que la ciudadanía reclamó en las calles, o el por qué se unió al proyecto político del PRM.
Ante esto, Taveras acusó al gobierno de replicar prácticas clientelistas, y cuestionó pocos avances que se han reflejado desde que asumieron el mando de la nación en agosto del año 2020.
Apuntó que el país se mantiene atrapado en un modelo económico que crece, pero que no genera suficientes oportunidades, mientras que la educación continúa sin producir la transformación social prometida.
“El sistema eléctrico sigue siendo una herida abierta muy costosa. La salud y la seguridad social siguen lacerando la dignidad de los dominicanos”, declaró Taveras desde su curul en el Senado de la República.
“Estamos atrapados en políticas de corto plazo, replicando viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo perverso de la pobreza. Pero quizás lo más grave es eso: la pérdida del rumbo estratégico. Es entonces momento de apegarse a la conciencia. Elegir dar un paso al frente en la dirección del país en el que creo”, subrayó.
Al sostener que es momento de apegarse a la conciencia, el legislador afirmó que permanecerá apoyando toda iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo que fortalezca la institucionalidad, combata la corrupción sin favoritismos y mejore las condiciones de vida de los dominicanos.
«Buenas tardes presidente, colegas senadores y senadoras:
Hoy me dirijo a ustedes con el respeto de siempre para compartir un asunto de vital importancia para mi quehacer legislativo y político.
Hace unos días recordaba la lucha, que del 2017 al 2020, el pueblo dominicano llevó en las calles, para derrotar un proyecto político autoritario que pretendía perpetuarse en el poder.
Ciudadanos, organizaciones sociales y pequeños partidos políticos, conformamos una coalición democrática que respaldó la propuesta política y social del Presidente Luis Abinader.
Juntos llegamos al poder levantando causas: la lucha contra la corrupción y la impunidad, el necesario reconocimiento de derechos y la anhelada transformación social.
Durante estos años creí sinceramente que podíamos impulsar grandes transformaciones:
• un nuevo modelo de desarrollo,
• la aceleración productiva para una economía más competitiva e incluyente,
• instituciones más transparentes y fuertes.
En los momentos más difíciles de estos años, en días de preocupación por el rumbo del país, venían desde mi interior preguntas a modo de confrontación:
• ¿estamos cumpliendo con las causas que la ciudadanía reclamo en las calles?
• ¿por qué vine a este proyecto político?
Desde muy joven, la convicción de que un mejor país es posible me llevó a estar vinculado a procesos sociales, políticos y de transformación cuyo objetivo ha sido siempre construir una democracia fuerte, efectiva y que garantice derechos.
No vine por cargos, ni por reconocimiento, tampoco vine para administrar lo existente. Vine para ayudar a transformar.
Vine de las asambleas de barrio, de las discusiones en las universidades, de conversaciones donde todavía se habla de esperanza genuina. Vine junto a pequeños y medianos empresarios comprometidos con un país de justicia social.
Es justo reconocer que en estos últimos cinco años hemos podido avanzar en algunas áreas, por ejemplo, en una justicia más independiente, especialmente en el Ministerio Público.
• Sin embargo, observo con profunda preocupación cómo postergamos reformas estructurales que nos permitan avanzar como país.
• Seguimos atrapados en un modelo económico que crece pero que no genera suficientes oportunidades.
• La educación continúa sin producir la transformación social prometida.
• El sistema eléctrico sigue siendo una herida abierta muy costosa.
• La salud y la seguridad social siguen lacerando la dignidad de los dominicanos.
La lucha contra la corrupción se ha quedado a medio camino, creando la peligrosa percepción de que existen actos que gozan de cierta indulgencia.
Estamos atrapados en políticas de corto plazo, replicando viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo perverso de la pobreza.
Pero quizás lo más grave es eso: la pérdida del rumbo estratégico.
Es entonces momento de apegarse a la conciencia. Elegir dar un paso al frente en la dirección del país en el que creo.
Desde la independencia, pueden esperar de mí tres cosas:
• Primero, continuaré mi trabajo legislativo con el mismo rigor de siempre.
• Segundo, seguiré siendo la voz de la agenda ciudadana.
• Tercero, continuaré apoyando toda iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo que fortalezca verdaderamente la institucionalidad, combata la corrupción sin favoritismos y mejore las condiciones de vida de los dominicanos.
• Me opondré, con el mismo criterio, a lo que socave los derechos de la gente y la democracia.
Esto es un regreso a lo que soy: un ciudadano que llegó al Senado con convicción, que continuará escuchando para construir, defender y dar voz a todas esas causas que en el ruido se diluyen, pero que miles de ciudadanos aún esperan.
Agradezco al presidente Luis Abinader, a la militancia del PRM, y a todos los partidos que conformamos la coalición democrática, por su respeto y colaboración durante estos seis años.
De igual modo, a quienes hicieron causa común por un mejor país y a quienes con altura difirieron de mis posiciones.
A los colegas senadores: espero que la INDEPENDENCIA de un senador sea entendida como lo que es, UNA EXPRESIÓN DE LA DEMOCRACIA QUE DEFENDEMOS, un compromiso con la ciudadanía que nos eligió, y que desde el respeto continuemos haciendo país.
A mi equipo de trabajo, CONFÍEN… seguimos en la lucha.
A mi familia: mirarlos a ustedes a los ojos, con una conciencia tranquila, sin tachadura, es mi meta.
A mi gente de la provincia Santo Domingo y a todo el pueblo dominicano, que me han dado su confianza dos veces para representarlo: ¡gracias!… Yo no me doblo.
Seguiré luchando para que deje de ser dádiva todo aquello que por derecho LES pertenece».
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.