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Operacion ha sido puesta en marcha por el Ministerio Público contra red criminal.
SANTO DOMINGO.- Fue puesto en marcha por el Ministerio Público a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago la Operación XL526 contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener fondos con los que, además, incurrían en el delito de lavado de activos.
La Operación XL526 llevó al arresto de 20 personas, incluyendo a cinco cabecillas y seis integrantes de la red. Un grupo de 35 fiscales encabezaron 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata.
Las acciones se ejecutan con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
Otros ocho fueron detenidos con fines de investigación mientras el Ministerio Público persigue a otro hombre vinculado a la estructura criminal.
Los integrantes de la red criminal serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por su vinculación a la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
La red estaba integrada por individuos que dominan el idioma inglés y utilizan herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas. Su modus operandi consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, conforme a un guion previamente estructurado por los cabecillas de la organización.
Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
Los fondos así obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin-, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
Dichas transacciones fueron realizadas, en la mayoría de los casos, a favor de terceros que la investigación ha identificado, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos y encubrir su origen ilícito.
La ostentación de un estatus de bienestar económico por parte de los miembros de la organización criminal incentivaba la incorporación de nuevas personas, principalmente, jóvenes, en la ciudad de Santiago de los Caballeros y sus municipios aledaños.
Los imputados han empleado mecanismos de intimidación y coacción que han generado graves afectaciones psicológicas en las víctimas, utilizando amenazas como medio para provocar temor, sufrimiento y perturbación emocional, tanto en las víctimas directas como entre sus familiares, incidiendo de manera significativa en su estabilidad personal y calidad de vida.
Santo Domingo, R.D.-Como parte de lo que el gobierno llama nuevo proceso institucional del Consejo Estatal de la Azucar (CEA), el presidente Luis Abinader designó tres nuevos miembros del consejo de directores de la institucion oficial.
De acuerdo con el Decreto 352-26, José García Ramírez fue designado miembro del consejo de directores del CEA en representación del sector privado. Asimismo, Rosa Pastora Méndez Méndez fue nombrada integrante de dicho organismo también en representación del sector privado.
“La disposición presidencial señala que las personas designadas permanecerán en sus respectivos cargos hasta que concluya el proceso de disolución del CEA o hasta que se disponga su sustitución mediante una nueva decisión del Poder Ejecutivo”, señala el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.
La fusión del CEA con Bienes Nacionales fue de las primeras anunciadas por el presidente Abinader, sin embargo, seis años después la misma aún no ha sido contemplada. En 2024, el director de ambas entidades, Rafael Burgos Gómez había señalado que la misma se encontraba “en un 92%”, siendo la última vez que se ofreció una actualización sobre ese proceso.
“Con estas designaciones, el Gobierno continúa avanzando en las acciones administrativas e institucionales relacionadas con la transformación y reorganización de los organismos estatales, en consonancia con las políticas de modernización impulsadas por la presente gestión gubernamental”, manifiesta el documento de prensa.
Santo Domingo, R.D.-Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, adelantó este martes que no ha hecho ninguna propuesta de modificación al proyecto de ley de reforma laboral que actualmente cursa en el Congreso Nacional, específicamente en lo relativo al tema de la cesantía laboral.
El legislador enfatizó que, desde la Cámara de Diputados, no existe intención de promover cambios sobre este derecho adquirido de los trabajadores dominicanos.
Asimismo, reiteró que el compromiso del órgano legislativo es garantizar un proceso de discusión abierto, democrático y respetuoso del marco institucional, escuchando a todos los sectores involucrados dentro del proceso de estudio de la pieza legislativa.
Pacheco afirmó que el Congreso Nacional continuará desarrollando sus trabajos con transparencia y responsabilidad, priorizando siempre la estabilidad social y el respeto a los derechos de los trabajadores dominicanos.
Sobre la pieza, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) aseguró que el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, ignora las propuestas que buscan racionalizar y flexibilizar las cargas regulatorias y económicas.
En tanto que el abogado laboralista Luis Vílchez también ha expresado quejas con el proyecto aprobado, señalando que si una persona está siendo investigada por las autoridades o ha sido detenida, el Código de Trabajo actual exige que la empresa lo suspenda durante todo el proceso judicial hasta una sentencia definitiva; más la reforma flexibiliza la suspensión en estos casos, permitiendo su reintegración si está disponible para trabajar.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público mientras anunciaba que reafirma su lucha contra la corrupción informó que apelará la decisión judicial que dictó un auto de no ha lugar en un caso de alto perfil, cuya medida en opinion del órgano carece de fundamentos jurídicos suficientes y contradice las pruebas recopiladas durante el proceso de investigación.
Mediante un comunicado emitido este lunes 1 junio de 2026 y firmado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público aseguró que participó directamente en las investigaciones y que cuenta con testimonios, pruebas documentales y otras evidencias que respaldan las acusaciones. La institución sostuvo que los fondos presuntamente desviados fueron recibidos por personas favorecidas con la reciente decisión judicial y afirmó que las pruebas permanecen disponibles para ser valoradas en un eventual juicio de fondo.El Ministerio Público aseguró que utilizará todos los recursos procesales contemplados por la ley para revertir la decisión y garantizar que las responsabilidades penales sean conocidas por los tribunales competentes.
La institución también resaltó los avances alcanzados en los últimos años en materia de combate a la corrupción. Entre los resultados presentados figuran 274 personas físicas y jurídicas acusadas, 74 condenas obtenidas, 174 autos de apertura a juicio y más de RD$6,000 millones decomisados a favor del Estado.
La Procuraduría afirmó que continuará impulsando investigaciones y procesos judiciales contra actos de corrupción, al considerar que estos afectan directamente los servicios públicos, la seguridad y las oportunidades de desarrollo de la población. También reiteró que las acusaciones y pruebas presentadas son de carácter público y que mantendrá su compromiso de llevar cada caso hasta las últimas consecuencias