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Por obras para el suroeste y en defensa del medioambiente miles de personas marchan en Barahona.
Santo Domingo, R.D.-No hubo causas para detener a las cientos de personas que pese a la lluvia que cayó durante la víspera y la madrugada de este domingo, procedentes de distintas provincias del país respondieran al llamado de la Coalición Enriquillo y se movilizaran en esta provincia Barahona para exigir la protección del Bahoruco Oriental, rechazar las actividades mineras en esa zona montañosa y exigir respuestas a una serie de demandas históricas de la zona Suroeste.
Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a llegar delegaciones de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan y otras provincias, cuyos participantes fueron recibidos en el Cruce de Cabral antes de desplazarse en caravana hasta la Plaza Duarte, próximo al Arco del Triunfo, punto de partida de la manifestación.
La marcha-caravana recorrió varias de las principales vías de la ciudad, incluyendo el malecón de Barahona, donde opera la empresa Belfond Enterprise en actividades de exportación de materiales. Durante todo el trayecto, un amplio contingente policial y militar acompañó la movilización, la cual concluyó sin incidentes.
Personas de distintas edades desafiaron el intenso calor y se sumaron a la manifestación pacífica en BarahonaBenny Rodríguez
El documento fue presentado por el coordinador de la Coalición Enriquillo, Leonardo Mercedes (Leo), acompañado de intervenciones del presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Ángel Féliz, y del dirigente comunitario Domingo Féliz, vinculado a decenas de organizaciones sociales de la región.
Argumentaron que la defensa del Bahoruco Oriental no constituye una causa exclusivamente provincial, sino una responsabilidad regional debido a la importancia estratégica de esa zona para la sostenibilidad ambiental del Suroeste.
Durante la lectura del manifiesto, los participantes denunciaron que el sistema montañoso enfrenta crecientes presiones derivadas de actividades extractivas y advirtieron sobre los posibles efectos que estas podrían generar sobre las fuentes acuíferas, la biodiversidad y las comunidades que dependen de esos recursos.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental.
Los manifestantes sostienen que esa zona constituye la principal reserva de agua de Barahona y una de las más importantes de toda la región Enriquillo. Según expusieron, en sus montañas nacen más de 23 ríos y arroyos que abastecen acueductos, sistemas de riego y comunidades rurales y urbanas.
Por esa razón consideran que cualquier actividad económica desarrollada en el área debe estar sometida a rigurosos controles ambientales.
La expansión de concesiones mineras ha incrementado la preocupación de organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas que observan con inquietud el futuro de ese patrimonio natural.
Entre las operaciones señaladas figura la desarrollada por Belfond Enterprise en las comunidades de Las Filipinas y Santa Elena, objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores que consideran que las actividades extractivas representan riesgos para los ecosistemas de la zona.
La discusión sobre la minería estuvo acompañada por otro reclamo que ha cobrado fuerza en los últimos meses: la exportación de materiales minerales a través del puerto de Barahona.
Los participantes afirmaron que el transporte constante de materiales desde las áreas de extracción hasta la terminal marítima provoca emisiones de polvo que afectan sectores urbanos de la ciudad y deterioran la calidad ambiental.
Ante esa situación, solicitaron al presidente Luis Abinader disponer el cese de las exportaciones de minerales por el puerto local y evaluar la construcción de una terminal especializada para cargas industriales fuera del casco urbano.
La movilización también sirvió para volver a colocar sobre la mesa una vieja demanda regional: la terminación integral del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande.
La Coalición Enriquillo reclamó el inicio de los procesos de licitación para ejecutar las obras complementarias pendientes, especialmente el sistema de riego, considerado esencial para que la presa alcance los objetivos agrícolas, productivos y sociales para los cuales fue concebida.
Asimismo, exigió el cumplimiento de compromisos asumidos con agricultores afectados por la construcción de la obra y con productores agrícolas de distintas comunidades del Suroeste.
Durante la actividad también fueron denunciadas situaciones relacionadas con contaminación ambiental, manejo de recursos hídricos y ocupación de terrenos agrícolas.
Los participantes reclamaron una mayor intervención de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y demandaron la formulación de un plan integral para la recuperación de la Laguna de Rincón, considerada uno de los humedales más importantes de República Dominicana.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental, de acuerdo con lo expresado por los convocantes.
Al concluir la jornada, los organizadores reiteraron un conjunto de demandas dirigidas al Poder Ejecutivo, entre ellas la paralización de las actividades mineras en el Bahoruco Oriental, la revisión de concesiones otorgadas en la zona, la terminación integral de Monte Grande y la adopción de políticas públicas orientadas a fortalecer la producción agrícola y la protección de los recursos naturales.
Los convocantes aseguraron que mantendrán las jornadas de movilización y los espacios de diálogo institucional hasta obtener respuestas concretas.
La manifestación concluyó sin incidentes, pero dejó una señal política y social difícil de ignorar: la creciente articulación de organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas, religiosas y profesionales en torno a una agenda común que vincula la defensa de los recursos naturales con el modelo de desarrollo que reclaman las provincias del Suroeste.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.