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Por obras para el suroeste y en defensa del medioambiente miles de personas marchan en Barahona.
Santo Domingo, R.D.-No hubo causas para detener a las cientos de personas que pese a la lluvia que cayó durante la víspera y la madrugada de este domingo, procedentes de distintas provincias del país respondieran al llamado de la Coalición Enriquillo y se movilizaran en esta provincia Barahona para exigir la protección del Bahoruco Oriental, rechazar las actividades mineras en esa zona montañosa y exigir respuestas a una serie de demandas históricas de la zona Suroeste.
Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a llegar delegaciones de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan y otras provincias, cuyos participantes fueron recibidos en el Cruce de Cabral antes de desplazarse en caravana hasta la Plaza Duarte, próximo al Arco del Triunfo, punto de partida de la manifestación.
La marcha-caravana recorrió varias de las principales vías de la ciudad, incluyendo el malecón de Barahona, donde opera la empresa Belfond Enterprise en actividades de exportación de materiales. Durante todo el trayecto, un amplio contingente policial y militar acompañó la movilización, la cual concluyó sin incidentes.
Personas de distintas edades desafiaron el intenso calor y se sumaron a la manifestación pacífica en BarahonaBenny Rodríguez
El documento fue presentado por el coordinador de la Coalición Enriquillo, Leonardo Mercedes (Leo), acompañado de intervenciones del presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Ángel Féliz, y del dirigente comunitario Domingo Féliz, vinculado a decenas de organizaciones sociales de la región.
Argumentaron que la defensa del Bahoruco Oriental no constituye una causa exclusivamente provincial, sino una responsabilidad regional debido a la importancia estratégica de esa zona para la sostenibilidad ambiental del Suroeste.
Durante la lectura del manifiesto, los participantes denunciaron que el sistema montañoso enfrenta crecientes presiones derivadas de actividades extractivas y advirtieron sobre los posibles efectos que estas podrían generar sobre las fuentes acuíferas, la biodiversidad y las comunidades que dependen de esos recursos.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental.
Los manifestantes sostienen que esa zona constituye la principal reserva de agua de Barahona y una de las más importantes de toda la región Enriquillo. Según expusieron, en sus montañas nacen más de 23 ríos y arroyos que abastecen acueductos, sistemas de riego y comunidades rurales y urbanas.
Por esa razón consideran que cualquier actividad económica desarrollada en el área debe estar sometida a rigurosos controles ambientales.
La expansión de concesiones mineras ha incrementado la preocupación de organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas que observan con inquietud el futuro de ese patrimonio natural.
Entre las operaciones señaladas figura la desarrollada por Belfond Enterprise en las comunidades de Las Filipinas y Santa Elena, objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores que consideran que las actividades extractivas representan riesgos para los ecosistemas de la zona.
La discusión sobre la minería estuvo acompañada por otro reclamo que ha cobrado fuerza en los últimos meses: la exportación de materiales minerales a través del puerto de Barahona.
Los participantes afirmaron que el transporte constante de materiales desde las áreas de extracción hasta la terminal marítima provoca emisiones de polvo que afectan sectores urbanos de la ciudad y deterioran la calidad ambiental.
Ante esa situación, solicitaron al presidente Luis Abinader disponer el cese de las exportaciones de minerales por el puerto local y evaluar la construcción de una terminal especializada para cargas industriales fuera del casco urbano.
La movilización también sirvió para volver a colocar sobre la mesa una vieja demanda regional: la terminación integral del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande.
La Coalición Enriquillo reclamó el inicio de los procesos de licitación para ejecutar las obras complementarias pendientes, especialmente el sistema de riego, considerado esencial para que la presa alcance los objetivos agrícolas, productivos y sociales para los cuales fue concebida.
Asimismo, exigió el cumplimiento de compromisos asumidos con agricultores afectados por la construcción de la obra y con productores agrícolas de distintas comunidades del Suroeste.
Durante la actividad también fueron denunciadas situaciones relacionadas con contaminación ambiental, manejo de recursos hídricos y ocupación de terrenos agrícolas.
Los participantes reclamaron una mayor intervención de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y demandaron la formulación de un plan integral para la recuperación de la Laguna de Rincón, considerada uno de los humedales más importantes de República Dominicana.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental, de acuerdo con lo expresado por los convocantes.
Al concluir la jornada, los organizadores reiteraron un conjunto de demandas dirigidas al Poder Ejecutivo, entre ellas la paralización de las actividades mineras en el Bahoruco Oriental, la revisión de concesiones otorgadas en la zona, la terminación integral de Monte Grande y la adopción de políticas públicas orientadas a fortalecer la producción agrícola y la protección de los recursos naturales.
Los convocantes aseguraron que mantendrán las jornadas de movilización y los espacios de diálogo institucional hasta obtener respuestas concretas.
La manifestación concluyó sin incidentes, pero dejó una señal política y social difícil de ignorar: la creciente articulación de organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas, religiosas y profesionales en torno a una agenda común que vincula la defensa de los recursos naturales con el modelo de desarrollo que reclaman las provincias del Suroeste.
Por redacción
Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo dispuso que determinadas compras vinculadas a programas sociales del Estado sean realizadas exclusivamente con micro, pequeñas y medianas industrias de producción nacional, como parte de una política dirigida a fortalecer la fabricación local y ampliar la participación de este sector en las contrataciones públicas.
La disposición está contenida en el Decreto núm. 672-26, emitido por el presidente Luis Abinader, y abarca adquisiciones relacionadas con alimentación, vestimenta, materiales escolares, productos de higiene y otros bienes destinados a programas de asistencia y protección social.
La iniciativa establece que las instituciones comprendidas deberán priorizar a las MIPYMES industriales dominicanas siempre que exista capacidad suficiente para responder a las cantidades, especificaciones y estándares de calidad requeridos.
Productos deberán ser de origen nacional
Uno de los puntos centrales de la disposición es que los bienes adquiridos dentro de estos procedimientos deberán ser de producción nacional y encontrarse en territorio dominicano.
Además, el decreto procura que las compras se efectúen directamente a los productores y limita la intermediación, salvo que exista una autorización previa y escrita del fabricante.
Las entidades contratantes deberán incorporar en sus pliegos de condiciones los mecanismos necesarios para comprobar tanto el origen nacional de los productos como la condición del oferente como MIPYME industrial o productor nacional.
La política sigue una línea que ya ha sido utilizada por el Estado para promover la participación de MIPYMES y de la industria nacional en las compras públicas. El Gobierno también ha impulsado recientemente herramientas como Eficompras, integrada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, para ampliar el acceso de pequeños proveedores al mercado estatal.
Entidades alcanzadas por la medida
Entre las instituciones incluidas en el decreto figuran Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación.
También son mencionados el INAIPI, CONANI, CONAPE, PROMESE-CAL, URBE, MIVHED, INAVI y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, entre otras entidades responsables de programas de asistencia pública.
La disposición no implica que todas las adquisiciones realizadas por estas instituciones deban contratarse exclusivamente con MIPYMES. La aplicación queda circunscrita a los programas, bienes y servicios contemplados específicamente en el decreto.
Empresas deberán estar certificadas
Las industrias interesadas en participar deberán cumplir con varios requisitos administrativos.
Entre ellos se encuentra poseer el Registro Industrial de PROINDUSTRIA y la Certificación MIPYMES emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Cuando se trate de empresas lideradas por mujeres, deberán contar también con la correspondiente Certificación MIPYMES Mujer.
El decreto dispone que PROINDUSTRIA y el MICM faciliten estos procedimientos y brinden orientación a las empresas para agilizar los registros y certificaciones necesarios.
Estado deberá identificar proveedores disponibles
Antes de iniciar los procedimientos de contratación, las instituciones deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para identificar las empresas que puedan responder a la demanda.
La modernización del RPE forma parte de las reformas recientes del sistema de compras públicas, que han buscado simplificar requisitos para las MIPYMES y reducir obstáculos administrativos para su participación como proveedoras del Estado.
Si no aparecen proveedores con capacidad suficiente, la institución correspondiente deberá realizar una manifestación de interés con el propósito de determinar si existen otras empresas nacionales calificadas para ofrecer el producto o servicio.
Los procesos tendrán que desarrollarse mediante mecanismos competitivos y conforme al régimen establecido por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y sus normas de aplicación.
MICM y Contrataciones Públicas coordinarán implementación
Otro de los componentes de la medida es la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional integrada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Ese organismo tendrá entre sus funciones dar seguimiento a la aplicación del decreto, identificar sectores industriales con potencial para abastecer al Estado y facilitar la coordinación entre las necesidades de las instituciones públicas y la capacidad productiva de las empresas dominicanas.
También deberá promover capacitaciones dirigidas tanto a las MIPYMES como a las unidades responsables de las contrataciones estatales.
PROINDUSTRIA, por su parte, tendrá la responsabilidad de modernizar el Registro Industrial para incorporar información sobre los productos fabricados, capacidad de producción y certificaciones de las empresas.
Buscan conectar compras públicas con producción nacional
La medida coloca las adquisiciones del Estado como un instrumento para incentivar la producción local y generar oportunidades para empresas de menor tamaño.
El Gobierno ya había establecido mediante disposiciones anteriores mecanismos destinados a que determinadas compras vinculadas con programas de alimentación, reducción de la pobreza y protección de sectores vulnerables fueran dirigidas a MIPYMES industriales con capacidad de suplir los productos requeridos.
El nuevo decreto también instruye a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) y al MICM a desarrollar acciones para promover el consumo de bienes y servicios elaborados por las micro, pequeñas y medianas industrias nacionales.
Las disposiciones del Decreto 672-26 entrarán en vigencia a partir de su publicación.
Santo Domingo.– Los abogados de varios de los encartados en el denominado caso SeNaSa 2.0 cuestionaron este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer hasta 18 meses de prisión preventiva contra parte de los investigados, al considerar que existen otras medidas de coerción suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Los representantes legales sostienen que sus defendidos, entre ellos profesionales de la medicina, poseen domicilio conocido, vínculos familiares y laborales en la República Dominicana, elementos que, según la defensa, disminuyen cualquier posibilidad de que intenten abandonar el país o sustraerse de la acción de la justicia.
Los juristas insistieron en que los imputados se encuentran en disposición de asistir a las audiencias y demás actuaciones judiciales que sean requeridas mientras continúe la investigación.
“Son médicos, tienen arraigo y no se van a ir del país”, manifestaron abogados vinculados al proceso al defender la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Tribunal impuso diferentes medidas de coerción
Como parte del proceso relacionado con la denominada Operación Cobra 2.0-A, el tribunal estableció distintas medidas de coerción de acuerdo con la situación particular de cada imputado.
Entre las disposiciones adoptadas figuran prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Durante la jornada de este lunes, abogados de algunos de los procesados comenzaron además las gestiones correspondientes al retiro de dispositivos de monitoreo impuestos por el tribunal dentro de las medidas adoptadas.
Investigación por presuntas irregularidades
El expediente tiene su origen en una investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a supuestas irregularidades relacionadas con autorizaciones y servicios de salud atribuidos a personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades investigan la posible existencia de un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares en perjuicio de la aseguradora estatal.
Los abogados de los imputados han reiterado que sus clientes permanecerán disponibles para responder a las imputaciones y participar en las distintas etapas del proceso.
La defensa sostiene que el arraigo laboral, familiar y domiciliario de los acusados debe ser ponderado por los tribunales al momento de determinar la necesidad y proporcionalidad de las medidas de coerción.
El proceso continúa bajo investigación mientras las partes preparan sus respectivos argumentos frente a las decisiones adoptadas por la jurisdicción competente.
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INTRANT ajustará licencias de mayores de 75 años tras fallo del Tribunal Constitucional
La institución modificará sus sistemas de emisión y renovación luego de que el TC declarara inconstitucional la reducción automática de la vigencia de la licencia por razón de edad
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció que adecuará sus procedimientos para cumplir con la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la disposición que establecía una vigencia de solo dos años para las licencias de conducir de las personas mayores de 75 años. Tribunal Constitucional
La decisión constitucional se produjo a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu contra el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, que contiene el Reglamento de Licencias de Conducir. La sentencia fue publicada por el Tribunal Constitucional el 14 de septiembre de 2026. Tribunal Constitucional
El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, informó este lunes que la institución acatará la decisión y realizará los ajustes correspondientes en sus procedimientos. La medida elimina el trato diferenciado que reducía la duración de las licencias únicamente por haber alcanzado determinada edad. Diario Libre
INTRANT inicia adecuación de sus sistemas
Como parte del cumplimiento de la sentencia, Méndez García dispuso que las áreas jurídicas, técnicas y de atención al usuario trabajen en las modificaciones necesarias para que los sistemas utilizados en la emisión y renovación de licencias sean adaptados al nuevo escenario jurídico. El Atlantico
La institución procura que las personas adultas mayores puedan realizar estos trámites en condiciones de igualdad y sin una reducción automática del período de vigencia fundamentada exclusivamente en la edad.
La decisión, sin embargo, no elimina los requisitos relacionados con las condiciones necesarias para conducir. La normativa dominicana contempla evaluaciones y requisitos vinculados con las aptitudes y condiciones psicofísicas de los conductores, por lo que el fallo debe distinguirse de las restricciones que puedan justificarse a partir de condiciones individuales acreditadas y no simplemente de la edad de una persona. Intrant
Igualdad y no discriminación en el centro del caso
El alcance del fallo trasciende el procedimiento administrativo de renovación de una licencia. La controversia coloca en primer plano el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al cuestionar que la edad, considerada de manera aislada, pueda servir para imponer una carga administrativa diferenciada.
La sentencia TC/0904/26 constituye así una referencia relevante en la discusión sobre los derechos de los adultos mayores y los límites constitucionales de las regulaciones administrativas. Tribunal Constitucional
El INTRANT continuará aplicando la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las normas relativas a la aptitud para conducir, pero deberá hacerlo conforme al criterio constitucional establecido en la decisión.
La adecuación anunciada representa, además, una consecuencia directa del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional para los poderes públicos y órganos del Estado.