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Por obras para el suroeste y en defensa del medioambiente miles de personas marchan en Barahona.
Santo Domingo, R.D.-No hubo causas para detener a las cientos de personas que pese a la lluvia que cayó durante la víspera y la madrugada de este domingo, procedentes de distintas provincias del país respondieran al llamado de la Coalición Enriquillo y se movilizaran en esta provincia Barahona para exigir la protección del Bahoruco Oriental, rechazar las actividades mineras en esa zona montañosa y exigir respuestas a una serie de demandas históricas de la zona Suroeste.
Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a llegar delegaciones de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan y otras provincias, cuyos participantes fueron recibidos en el Cruce de Cabral antes de desplazarse en caravana hasta la Plaza Duarte, próximo al Arco del Triunfo, punto de partida de la manifestación.
La marcha-caravana recorrió varias de las principales vías de la ciudad, incluyendo el malecón de Barahona, donde opera la empresa Belfond Enterprise en actividades de exportación de materiales. Durante todo el trayecto, un amplio contingente policial y militar acompañó la movilización, la cual concluyó sin incidentes.
Personas de distintas edades desafiaron el intenso calor y se sumaron a la manifestación pacífica en BarahonaBenny Rodríguez
El documento fue presentado por el coordinador de la Coalición Enriquillo, Leonardo Mercedes (Leo), acompañado de intervenciones del presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Ángel Féliz, y del dirigente comunitario Domingo Féliz, vinculado a decenas de organizaciones sociales de la región.
Argumentaron que la defensa del Bahoruco Oriental no constituye una causa exclusivamente provincial, sino una responsabilidad regional debido a la importancia estratégica de esa zona para la sostenibilidad ambiental del Suroeste.
Durante la lectura del manifiesto, los participantes denunciaron que el sistema montañoso enfrenta crecientes presiones derivadas de actividades extractivas y advirtieron sobre los posibles efectos que estas podrían generar sobre las fuentes acuíferas, la biodiversidad y las comunidades que dependen de esos recursos.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental.
Los manifestantes sostienen que esa zona constituye la principal reserva de agua de Barahona y una de las más importantes de toda la región Enriquillo. Según expusieron, en sus montañas nacen más de 23 ríos y arroyos que abastecen acueductos, sistemas de riego y comunidades rurales y urbanas.
Por esa razón consideran que cualquier actividad económica desarrollada en el área debe estar sometida a rigurosos controles ambientales.
La expansión de concesiones mineras ha incrementado la preocupación de organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas que observan con inquietud el futuro de ese patrimonio natural.
Entre las operaciones señaladas figura la desarrollada por Belfond Enterprise en las comunidades de Las Filipinas y Santa Elena, objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores que consideran que las actividades extractivas representan riesgos para los ecosistemas de la zona.
La discusión sobre la minería estuvo acompañada por otro reclamo que ha cobrado fuerza en los últimos meses: la exportación de materiales minerales a través del puerto de Barahona.
Los participantes afirmaron que el transporte constante de materiales desde las áreas de extracción hasta la terminal marítima provoca emisiones de polvo que afectan sectores urbanos de la ciudad y deterioran la calidad ambiental.
Ante esa situación, solicitaron al presidente Luis Abinader disponer el cese de las exportaciones de minerales por el puerto local y evaluar la construcción de una terminal especializada para cargas industriales fuera del casco urbano.
La movilización también sirvió para volver a colocar sobre la mesa una vieja demanda regional: la terminación integral del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande.
La Coalición Enriquillo reclamó el inicio de los procesos de licitación para ejecutar las obras complementarias pendientes, especialmente el sistema de riego, considerado esencial para que la presa alcance los objetivos agrícolas, productivos y sociales para los cuales fue concebida.
Asimismo, exigió el cumplimiento de compromisos asumidos con agricultores afectados por la construcción de la obra y con productores agrícolas de distintas comunidades del Suroeste.
Durante la actividad también fueron denunciadas situaciones relacionadas con contaminación ambiental, manejo de recursos hídricos y ocupación de terrenos agrícolas.
Los participantes reclamaron una mayor intervención de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y demandaron la formulación de un plan integral para la recuperación de la Laguna de Rincón, considerada uno de los humedales más importantes de República Dominicana.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental, de acuerdo con lo expresado por los convocantes.
Al concluir la jornada, los organizadores reiteraron un conjunto de demandas dirigidas al Poder Ejecutivo, entre ellas la paralización de las actividades mineras en el Bahoruco Oriental, la revisión de concesiones otorgadas en la zona, la terminación integral de Monte Grande y la adopción de políticas públicas orientadas a fortalecer la producción agrícola y la protección de los recursos naturales.
Los convocantes aseguraron que mantendrán las jornadas de movilización y los espacios de diálogo institucional hasta obtener respuestas concretas.
La manifestación concluyó sin incidentes, pero dejó una señal política y social difícil de ignorar: la creciente articulación de organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas, religiosas y profesionales en torno a una agenda común que vincula la defensa de los recursos naturales con el modelo de desarrollo que reclaman las provincias del Suroeste.
Santo Domingo. – La denuncia de presuntas deficiencias estructurales, filtraciones y problemas de mantemimiento de la Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Urena, ha provocado que el Ministerio de Vivienda, habitat y Edificaciones dispusiera un proceso de rehabilitacion integral de la misma.
Como parte de ese proceso, el MIVHED abrió una convocatoria a licitación pública nacional para ejecutar el remozamiento general del emblemático edificio cultural, con una inversión estimada de RD$264,212,068.09.
Las propuestas técnicas y económicas serán recibidas hasta el próximo 23 de junio de 2026, tanto de manera presencial en la Dirección de Compras y Contrataciones del ministerio como a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
El director general de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero, explicó que las condiciones actuales del inmueble son el resultado de un proceso de deterioro acumulado durante décadas, especialmente en las áreas superiores del edificio.
«El edificio fue inaugurado en el año 1971 y años después se hicieron ampliaciones laterales. Esos empates dejaron ranuras o defectos que nunca fueron corregidos completamente, y con el paso del tiempo las lluvias fueron causando daños cada vez mayores», señaló.
Peralta Romero indicó que, durante años, el personal de la institución tuvo que adoptar medidas provisionales para proteger el patrimonio bibliográfico, movilizando estanterías, cubriendo libros con plásticos y colocando recipientes para contener el agua proveniente de las filtraciones.
- Aunque posteriormente se realizaron trabajos para corregir problemas en la cubierta del edificio, algunas secuelas continúan siendo visibles y requieren una intervención más profunda.
La Dirección General de la Biblioteca Nacional destacó que el MIVHED realizó previamente un levantamiento técnico de la infraestructura, cuyos resultados sirvieron de base para el proceso de licitación actualmente en marcha.
La institución reafirmó su compromiso con la seguridad de empleados, usuarios y visitantes, así como con la preservación del patrimonio documental que resguarda, al tiempo que valoró la pronta respuesta de las autoridades para ejecutar las obras necesarias que permitirán garantizar la conservación y funcionalidad de uno de los espacios culturales más importantes del país.
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Unos RD$5,778 millones en ingresos generaron los peajes del país durante enero-mayo de 2026
Santo Domingo.– Durante los primeros cinco meses de 2026 el Fideicomiso RD Vial recaudó RD$5,778,179,800, producto del tránsito de 42,323,519 vehículos por las diferentes estaciones de peaje del país.
La entidad, dirigida por Hostos Rizik Lugo, indicó que el promedio mensual de recaudación superó los RD$1,155 millones, mientras que el flujo vehicular promedio fue de 8.4 millones de vehículos por mes.
Según explicó Rizik, la mayor parte de estos recursos se destina al financiamiento, ampliación y construcción de importantes infraestructuras viales ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
RD Vial destacó que, entre enero y abril de 2026, las inversiones realizadas mediante los recursos administrados por el fideicomiso alcanzaron los RD$3,080,448,976.78.
Asimismo, informó que el monto acumulado invertido entre 2021 y abril de 2026 asciende a aproximadamente RD$59,266 millones.
Estos recursos han sido destinados al avance de proyectos estratégicos de infraestructura vial en distintas regiones del país.
La institución también informó que mantiene una cartera de proyectos viales valorada en RD$38,700 millones, entre obras adjudicadas y en proceso de licitación.
Entre estas iniciativas destacan la Autopista del Ámbar, con una inversión proyectada de RD$32,000 millones; los elevados de los kilómetros 17, 22 y 28 de la Autopista Duarte; así como la ampliación de la avenida Sánchez.
La estación de peaje de la Autopista Duarte registró la mayor recaudación del período enero-mayo, al generar RD$784.2 millones mediante el tránsito de más de seis millones de vehículos, equivalentes al 14.19 % de los ingresos totales.
Le siguieron las estaciones de Las Américas, con RD$531.3 millones; el Tramo I de la Circunvalación Santo Domingo, con RD$482.6 millones; la Autopista 6 de Noviembre, con RD$353.5 millones; y la Autovía del Coral, con RD$355.4 millones.
RD Vial destacó que las 17 estaciones de peaje del país movilizaron más de 42.3 millones de vehículos durante los primeros cinco meses del año, generando recursos que son reinvertidos en el desarrollo y modernización de la infraestructura vial nacional.
Santo Domingo.- Luis Peña Núnez, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), informó este domingo que su gestión ha identificado una serie de irregularidades en el Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS), tras evaluaciones financieras y administrativas realizadas durante los últimos cinco meses.
Sin embargo, el gremialista evitó confirmar versiones que circulan de manera extraoficial sobre un presunto desfalco de hasta 50 millones de pesos, al insistir en que las investigaciones aún no han concluido.
“Estamos haciendo los procesos investigativos. Posteriormente, cuando concluyan, ofreceremos los detalles precisos y oportunos”, afirmó.
De hecho, este lunes el que el Gran Bloque Unitario, conformado por pasados presidentes y otros miembros, ha convocado a una rueda de prensa para denunciar un alegado desfalco en el IPPS, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por la actual directiva del CMD.
Aunque Peña Núñez se rehusó a aclarar quién investiga y a quiénes investiga, datos extraoficiales también apuntan a que esta involucra a empleadas de una entidad financiera privada, así como cuatro gestiones pasadas del gremio médico.
Peña Núñez explicó que, desde su llegada al gremio hace cinco meses, se dispuso una investigación exhaustiva para evaluar la situación financiera del instituto, detectando inconsistencias que están siendo analizadas bajo los procedimientos legales correspondientes.
El presidente del CMD subrayó que el proceso no es breve debido a la complejidad de los hallazgos y a la necesidad de respetar el debido proceso.
“Es una investigación profunda y exhaustiva. Tenemos que actuar con calma para hacer las cosas correctamente”, sostuvo.
Agregó que los resultados podrían darse a conocer en un plazo aproximado de un mes o incluso antes, una vez concluyan los análisis técnicos.
El dirigente médico insistió en que, hasta el momento, no se han establecido responsabilidades ni se han formulado acusaciones formales.
“Nosotros no hemos hecho ninguna acusación. Estamos informando que hay situaciones que se están investigando”, puntualizó.
Reiteró que, de comprobarse irregularidades que comprometan el patrimonio institucional o violaciones a la ley, los hallazgos serán remitidos a las autoridades competentes.
Peña Núñez aseguró que la actual Junta Directiva 2025-2027 actúa sin responder a intereses particulares y con el objetivo de proteger los recursos del gremio médico.
“Nuestro compromiso es salvaguardar los intereses de todos los médicos y garantizar el cumplimiento de la ley”, expresó.
El Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS) tiene como función principal ofrecer apoyo a los galenos, incluyendo ayudas económicas, préstamos, pensiones y asistencia en situaciones familiares, como fallecimientos.
En ese sentido, el presidente del CMD enfatizó la importancia de esclarecer cualquier situación que pueda afectar los recursos destinados a la protección social de los médicos.
Mientras avanzan las investigaciones, el gremio mantiene la expectativa sobre los resultados que arroje la auditoría interna, en medio de señalamientos externos aún no confirmados.
“Cuando tengamos todos los detalles, los daremos con transparencia a los medios y a los médicos”, dijo Peña Núñez.