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Por obras para el suroeste y en defensa del medioambiente miles de personas marchan en Barahona.
Santo Domingo, R.D.-No hubo causas para detener a las cientos de personas que pese a la lluvia que cayó durante la víspera y la madrugada de este domingo, procedentes de distintas provincias del país respondieran al llamado de la Coalición Enriquillo y se movilizaran en esta provincia Barahona para exigir la protección del Bahoruco Oriental, rechazar las actividades mineras en esa zona montañosa y exigir respuestas a una serie de demandas históricas de la zona Suroeste.
Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a llegar delegaciones de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan y otras provincias, cuyos participantes fueron recibidos en el Cruce de Cabral antes de desplazarse en caravana hasta la Plaza Duarte, próximo al Arco del Triunfo, punto de partida de la manifestación.
La marcha-caravana recorrió varias de las principales vías de la ciudad, incluyendo el malecón de Barahona, donde opera la empresa Belfond Enterprise en actividades de exportación de materiales. Durante todo el trayecto, un amplio contingente policial y militar acompañó la movilización, la cual concluyó sin incidentes.
Personas de distintas edades desafiaron el intenso calor y se sumaron a la manifestación pacífica en BarahonaBenny Rodríguez
El documento fue presentado por el coordinador de la Coalición Enriquillo, Leonardo Mercedes (Leo), acompañado de intervenciones del presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Ángel Féliz, y del dirigente comunitario Domingo Féliz, vinculado a decenas de organizaciones sociales de la región.
Argumentaron que la defensa del Bahoruco Oriental no constituye una causa exclusivamente provincial, sino una responsabilidad regional debido a la importancia estratégica de esa zona para la sostenibilidad ambiental del Suroeste.
Durante la lectura del manifiesto, los participantes denunciaron que el sistema montañoso enfrenta crecientes presiones derivadas de actividades extractivas y advirtieron sobre los posibles efectos que estas podrían generar sobre las fuentes acuíferas, la biodiversidad y las comunidades que dependen de esos recursos.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental.
Los manifestantes sostienen que esa zona constituye la principal reserva de agua de Barahona y una de las más importantes de toda la región Enriquillo. Según expusieron, en sus montañas nacen más de 23 ríos y arroyos que abastecen acueductos, sistemas de riego y comunidades rurales y urbanas.
Por esa razón consideran que cualquier actividad económica desarrollada en el área debe estar sometida a rigurosos controles ambientales.
La expansión de concesiones mineras ha incrementado la preocupación de organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas que observan con inquietud el futuro de ese patrimonio natural.
Entre las operaciones señaladas figura la desarrollada por Belfond Enterprise en las comunidades de Las Filipinas y Santa Elena, objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores que consideran que las actividades extractivas representan riesgos para los ecosistemas de la zona.
La discusión sobre la minería estuvo acompañada por otro reclamo que ha cobrado fuerza en los últimos meses: la exportación de materiales minerales a través del puerto de Barahona.
Los participantes afirmaron que el transporte constante de materiales desde las áreas de extracción hasta la terminal marítima provoca emisiones de polvo que afectan sectores urbanos de la ciudad y deterioran la calidad ambiental.
Ante esa situación, solicitaron al presidente Luis Abinader disponer el cese de las exportaciones de minerales por el puerto local y evaluar la construcción de una terminal especializada para cargas industriales fuera del casco urbano.
La movilización también sirvió para volver a colocar sobre la mesa una vieja demanda regional: la terminación integral del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande.
La Coalición Enriquillo reclamó el inicio de los procesos de licitación para ejecutar las obras complementarias pendientes, especialmente el sistema de riego, considerado esencial para que la presa alcance los objetivos agrícolas, productivos y sociales para los cuales fue concebida.
Asimismo, exigió el cumplimiento de compromisos asumidos con agricultores afectados por la construcción de la obra y con productores agrícolas de distintas comunidades del Suroeste.
Durante la actividad también fueron denunciadas situaciones relacionadas con contaminación ambiental, manejo de recursos hídricos y ocupación de terrenos agrícolas.
Los participantes reclamaron una mayor intervención de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y demandaron la formulación de un plan integral para la recuperación de la Laguna de Rincón, considerada uno de los humedales más importantes de República Dominicana.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental, de acuerdo con lo expresado por los convocantes.
Al concluir la jornada, los organizadores reiteraron un conjunto de demandas dirigidas al Poder Ejecutivo, entre ellas la paralización de las actividades mineras en el Bahoruco Oriental, la revisión de concesiones otorgadas en la zona, la terminación integral de Monte Grande y la adopción de políticas públicas orientadas a fortalecer la producción agrícola y la protección de los recursos naturales.
Los convocantes aseguraron que mantendrán las jornadas de movilización y los espacios de diálogo institucional hasta obtener respuestas concretas.
La manifestación concluyó sin incidentes, pero dejó una señal política y social difícil de ignorar: la creciente articulación de organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas, religiosas y profesionales en torno a una agenda común que vincula la defensa de los recursos naturales con el modelo de desarrollo que reclaman las provincias del Suroeste.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
of-am
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.