Más Noticias
Por obras para el suroeste y en defensa del medioambiente miles de personas marchan en Barahona.
Santo Domingo, R.D.-No hubo causas para detener a las cientos de personas que pese a la lluvia que cayó durante la víspera y la madrugada de este domingo, procedentes de distintas provincias del país respondieran al llamado de la Coalición Enriquillo y se movilizaran en esta provincia Barahona para exigir la protección del Bahoruco Oriental, rechazar las actividades mineras en esa zona montañosa y exigir respuestas a una serie de demandas históricas de la zona Suroeste.
Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a llegar delegaciones de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan y otras provincias, cuyos participantes fueron recibidos en el Cruce de Cabral antes de desplazarse en caravana hasta la Plaza Duarte, próximo al Arco del Triunfo, punto de partida de la manifestación.
La marcha-caravana recorrió varias de las principales vías de la ciudad, incluyendo el malecón de Barahona, donde opera la empresa Belfond Enterprise en actividades de exportación de materiales. Durante todo el trayecto, un amplio contingente policial y militar acompañó la movilización, la cual concluyó sin incidentes.
Personas de distintas edades desafiaron el intenso calor y se sumaron a la manifestación pacífica en BarahonaBenny Rodríguez
El documento fue presentado por el coordinador de la Coalición Enriquillo, Leonardo Mercedes (Leo), acompañado de intervenciones del presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Ángel Féliz, y del dirigente comunitario Domingo Féliz, vinculado a decenas de organizaciones sociales de la región.
Argumentaron que la defensa del Bahoruco Oriental no constituye una causa exclusivamente provincial, sino una responsabilidad regional debido a la importancia estratégica de esa zona para la sostenibilidad ambiental del Suroeste.
Durante la lectura del manifiesto, los participantes denunciaron que el sistema montañoso enfrenta crecientes presiones derivadas de actividades extractivas y advirtieron sobre los posibles efectos que estas podrían generar sobre las fuentes acuíferas, la biodiversidad y las comunidades que dependen de esos recursos.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental.
Los manifestantes sostienen que esa zona constituye la principal reserva de agua de Barahona y una de las más importantes de toda la región Enriquillo. Según expusieron, en sus montañas nacen más de 23 ríos y arroyos que abastecen acueductos, sistemas de riego y comunidades rurales y urbanas.
Por esa razón consideran que cualquier actividad económica desarrollada en el área debe estar sometida a rigurosos controles ambientales.
La expansión de concesiones mineras ha incrementado la preocupación de organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas que observan con inquietud el futuro de ese patrimonio natural.
Entre las operaciones señaladas figura la desarrollada por Belfond Enterprise en las comunidades de Las Filipinas y Santa Elena, objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores que consideran que las actividades extractivas representan riesgos para los ecosistemas de la zona.
La discusión sobre la minería estuvo acompañada por otro reclamo que ha cobrado fuerza en los últimos meses: la exportación de materiales minerales a través del puerto de Barahona.
Los participantes afirmaron que el transporte constante de materiales desde las áreas de extracción hasta la terminal marítima provoca emisiones de polvo que afectan sectores urbanos de la ciudad y deterioran la calidad ambiental.
Ante esa situación, solicitaron al presidente Luis Abinader disponer el cese de las exportaciones de minerales por el puerto local y evaluar la construcción de una terminal especializada para cargas industriales fuera del casco urbano.
La movilización también sirvió para volver a colocar sobre la mesa una vieja demanda regional: la terminación integral del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande.
La Coalición Enriquillo reclamó el inicio de los procesos de licitación para ejecutar las obras complementarias pendientes, especialmente el sistema de riego, considerado esencial para que la presa alcance los objetivos agrícolas, productivos y sociales para los cuales fue concebida.
Asimismo, exigió el cumplimiento de compromisos asumidos con agricultores afectados por la construcción de la obra y con productores agrícolas de distintas comunidades del Suroeste.
Durante la actividad también fueron denunciadas situaciones relacionadas con contaminación ambiental, manejo de recursos hídricos y ocupación de terrenos agrícolas.
Los participantes reclamaron una mayor intervención de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y demandaron la formulación de un plan integral para la recuperación de la Laguna de Rincón, considerada uno de los humedales más importantes de República Dominicana.
Uno de los aspectos más reiterados durante la movilización fue la importancia hídrica del Bahoruco Oriental, de acuerdo con lo expresado por los convocantes.
Al concluir la jornada, los organizadores reiteraron un conjunto de demandas dirigidas al Poder Ejecutivo, entre ellas la paralización de las actividades mineras en el Bahoruco Oriental, la revisión de concesiones otorgadas en la zona, la terminación integral de Monte Grande y la adopción de políticas públicas orientadas a fortalecer la producción agrícola y la protección de los recursos naturales.
Los convocantes aseguraron que mantendrán las jornadas de movilización y los espacios de diálogo institucional hasta obtener respuestas concretas.
La manifestación concluyó sin incidentes, pero dejó una señal política y social difícil de ignorar: la creciente articulación de organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas, religiosas y profesionales en torno a una agenda común que vincula la defensa de los recursos naturales con el modelo de desarrollo que reclaman las provincias del Suroeste.
Más Noticias
Abogado anuncia amparo contra director del Intrant por circulación de vehículos pesados en carril izquierdo
La acción busca exigir el cumplimiento de la Ley 63-17 y de la Resolución 003-2026, que dispone que camiones, patanas y vehículos de carga circulen por el carril derecho
SANTO DOMINGO.– El abogado Julio de la Rosa Tiburcio anunció que interpondrá una acción de amparo de cumplimiento contra el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, alegando falta de ejecución de las disposiciones que regulan la circulación de vehículos pesados por las carreteras y autopistas de República Dominicana.
La iniciativa procura que las autoridades hagan cumplir las disposiciones de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de la Resolución núm. 003-2026, del 10 de febrero de 2026, que restringe el desplazamiento de camiones, patanas y otros vehículos de carga por el carril izquierdo.
De acuerdo con lo anunciado por el jurista, la acción judicial será presentada en las próximas horas con el propósito de obtener una decisión que obligue al organismo regulador a ejecutar efectivamente las medidas establecidas para este tipo de vehículos.
Vehículos pesados deben mantenerse en el carril derecho
La normativa establece como regla que los vehículos pesados y destinados al transporte de carga deben desplazarse por el carril derecho de las vías.
El uso del carril izquierdo queda reservado para las situaciones excepcionales contempladas por las disposiciones de tránsito, particularmente cuando resulte necesario realizar determinadas maniobras y estas puedan ejecutarse en condiciones de seguridad.
Para efectuar un rebase, además, el conductor debe contar con suficiente visibilidad y espacio para realizar la maniobra y posteriormente retornar al carril derecho sin generar peligro de colisión.
Las restricciones adquieren especial relevancia en pendientes, curvas, áreas con visibilidad reducida y lugares donde existan señales o demarcaciones que prohíban adelantar.
Multas de RD$10,000
La violación de las disposiciones contempladas para la circulación de estos vehículos conlleva, según la información suministrada, una multa de RD$10,000, equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado, además de la correspondiente acumulación de puntos en la licencia de conducir.
La supervisión y aplicación de las medidas corresponde conjuntamente a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Intrant y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
La anunciada acción de amparo coloca ahora el debate no solamente sobre el comportamiento de los conductores de vehículos pesados, sino también sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito.
Una disposición con antecedentes
Las reglas relativas a la circulación de vehículos pesados por las vías dominicanas tienen antecedentes anteriores a la resolución emitida este año.
En julio de 2020, el entonces presidente Danilo Medina emitió el Decreto 258-20, que estableció lineamientos relacionados con la circulación y movilidad de vehículos de carga, disposiciones que posteriormente han servido de referencia para la regulación de este tipo de transporte.
La Resolución 003-2026 reforzó las restricciones al establecer expresamente la obligación de que los vehículos pesados permanezcan en el carril derecho, salvo las excepciones contempladas.
Seguridad vial vuelve al centro del debate
La eventual presentación del amparo podría llevar ante los tribunales la discusión sobre el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas para ordenar la circulación de vehículos pesados.
El accionante pretende que el tribunal determine si las autoridades responsables han cumplido adecuadamente con las obligaciones establecidas en la legislación y en la resolución administrativa.
La controversia se produce en momentos en que la seguridad vial, el cumplimiento de las normas de tránsito y la fiscalización de los vehículos pesados continúan siendo asuntos de interés público en República Dominicana.
El ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana y pondrá a prueba protocolos de evacuación, coordinación institucional y un sistema de alertas mediante mensajes a teléfonos celulares
SANTO DOMINGO.– República Dominicana realizará este martes 8 de septiembre el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, un ejercicio de alcance nacional dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones ante la eventual ocurrencia de un movimiento sísmico de gran magnitud.
La jornada está programada para comenzar a las 10:00 de la mañana y contará con la participación de instituciones públicas y privadas, centros educativos, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos de diferentes puntos del territorio nacional.
El objetivo principal es que la población conozca cómo actuar ante un terremoto y pueda aplicar protocolos previamente establecidos, reduciendo la improvisación en una situación real de emergencia.
Sirenas y mensajes a celulares
El inicio del ejercicio será anunciado mediante sirenas, silbatos y altavoces. Además, las autoridades tienen previsto probar un sistema de mensajería instantánea destinado a enviar alertas a los teléfonos celulares durante situaciones de emergencia.
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de alerta y comunicación con la ciudadanía y comprobar su funcionamiento dentro de un escenario simulado.
Durante el ejercicio también serán evaluados los protocolos de activación, comunicación y coordinación de las instituciones que forman parte del sistema nacional de respuesta ante emergencias.
El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, destacó que los terremotos ocurren sin previo aviso, por lo que la organización y el conocimiento de las medidas de autoprotección resultan esenciales para reducir las consecuencias de estos fenómenos.
Según explicó, el ejercicio no se limitará a comprobar la capacidad para evacuar viviendas, comunidades o edificaciones, sino que permitirá evaluar integralmente los protocolos de actuación y la comunicación entre las instituciones.
Llamado al sector privado
Las autoridades también han puesto especial atención en la participación de las empresas y edificaciones privadas.
El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, exhortó a propietarios y responsables de edificaciones privadas a solicitar evaluaciones de vulnerabilidad de sus estructuras.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre el ejercicio, estas revisiones son realizadas gratuitamente.
¿Qué hacer durante un terremoto?
La Defensa Civil recomienda contar previamente con un plan familiar de emergencia y practicar los procedimientos que deben seguirse ante un movimiento sísmico.
Durante un terremoto, la principal recomendación es mantener la calma, agacharse y protegerse la cabeza, buscando un lugar seguro.
Si resulta necesario abandonar una edificación, las autoridades recomiendan utilizar las escaleras y no los ascensores.
Quienes se encuentren dentro de edificaciones deben mantenerse alejados de ventanas, lámparas, armarios, libreros, estantes y otros objetos susceptibles de desprenderse o caer.
En lugares con grandes concentraciones de personas se recomienda evitar correr desesperadamente hacia las salidas, debido al riesgo de provocar caídas, aglomeraciones o avalanchas humanas.
Precauciones en calles y vehículos
Las personas que se encuentren en espacios abiertos deberán alejarse de postes eléctricos, edificios, árboles y muros.
En caso de estar conduciendo, la recomendación es detener el vehículo en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer en su interior, evitando estacionarse debajo o encima de puentes, elevados o pasos a desnivel.
Si el movimiento ocurre mientras se viaja en transporte colectivo, el conductor deberá detenerse en una zona segura y los pasajeros permanecer sentados hasta que las condiciones permitan continuar.
Prepararse antes de que ocurra una emergencia
El simulacro de este martes busca medir no solamente la capacidad de reacción de las autoridades, sino también el nivel de preparación de ciudadanos, familias, empresas e instituciones.
Las autoridades insisten en que, debido a que los terremotos no pueden predecirse con suficiente anticipación para realizar una evacuación preventiva, conocer los protocolos y practicarlos puede marcar una diferencia importante cuando ocurre una emergencia real.
Las personas e instituciones interesadas en participar pueden registrarse a través del portal oficial del Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Cinco países europeos avanzan hacia la creación de un centro de retorno fuera de la Unión Europea, mientras República Dominicana mantiene una política de deportaciones y refuerza los mecanismos de control migratorio
SANTO DOMINGO.– El endurecimiento de las políticas destinadas a enfrentar la migración irregular continúa ganando espacio tanto en Europa como en República Dominicana, aunque bajo modelos y circunstancias diferentes.
Mientras cinco países europeos trabajan para establecer fuera de la Unión Europea un centro destinado a recibir migrantes que ya no cuentan con autorización legal para permanecer en territorio comunitario, República Dominicana mantiene una política de interdicción, procesamiento, deportación y repatriación de extranjeros en situación migratoria irregular.
Europa busca trasladar migrantes a terceros países
Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia han expresado su intención de alcanzar un acuerdo con un país ajeno a la Unión Europea para establecer un denominado “centro de retorno”.
De concretarse la iniciativa, las personas sobre las cuales exista una decisión de retorno podrían ser trasladadas a instalaciones ubicadas en un tercer país que haya aceptado recibirlas.
Dinamarca espera que los primeros traslados puedan comenzar durante 2027, aunque todavía no se ha identificado públicamente el país con el que se realizan las negociaciones.
La iniciativa se produce después de una reforma de la política europea de retornos. El esquema contempla que los acuerdos respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Los menores no acompañados están excluidos de los traslados a estos centros.
Las disposiciones europeas también establecen garantías contra las expulsiones colectivas y disponen que, para menores no acompañados y familias con niños, la detención debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
República Dominicana mantiene política restrictiva
En República Dominicana, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha adoptado igualmente una posición restrictiva frente a la permanencia irregular de extranjeros, aunque mediante un sistema diferente al que proyectan los países europeos.
Las autoridades dominicanas realizan directamente operativos de interdicción, depuración y devolución, principalmente hacia Haití.
La política migratoria fue reforzada a partir de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno en abril de 2025, entre ellas el incremento del personal destinado a la vigilancia fronteriza, la ampliación de la verja perimetral, la incorporación de nuevos agentes migratorios y mayores controles en los mercados binacionales.
También fueron planteadas medidas dirigidas a endurecer las consecuencias contra el tráfico ilícito de migrantes y quienes faciliten la permanencia irregular.
Más de 250 mil extranjeros procesados en 2026
La dimensión de las operaciones migratorias queda reflejada en las estadísticas atribuidas a la Dirección General de Migración.
De acuerdo con los datos recogidos en la información suministrada, durante 2026 habían sido deportados o repatriados 250,429 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 186,139 correspondían a deportaciones y 64,290 a repatriaciones.
Los extranjeros detenidos durante los operativos son trasladados a centros de procesamiento para fines de registro y depuración. Haina, Dajabón, Elías Piña y Santiago figuran entre los puntos que concentran estos procedimientos.
Inteligencia artificial llega al control migratorio
Uno de los elementos novedosos de la estrategia dominicana es la incorporación de nuevas tecnologías.
Migración prepara en Dajabón un sistema de registro biométrico y reconocimiento facial apoyado en herramientas de inteligencia artificial, destinado a controlar el movimiento de personas durante los mercados binacionales.
La incorporación de estas herramientas agrega una nueva dimensión al debate migratorio, debido a que el uso de sistemas biométricos y de inteligencia artificial también plantea cuestiones relacionadas con privacidad, protección de datos, proporcionalidad y derechos fundamentales.
Menores reciben tratamiento diferenciado
Otro componente de la política dominicana está relacionado con los niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos migratorios.
La Dirección General de Migración sostiene que aplica un tratamiento diferenciado a los menores y que trabaja conjuntamente con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y Unicef en protocolos de identificación, atención y protección.
Dentro de esas medidas se contempla la existencia de espacios seguros separados de las áreas generales de retención, así como atención psicosocial, servicios sanitarios, espacios recreativos y asistencia médica.
Dos realidades distintas con una tendencia común
Europa y República Dominicana enfrentan fenómenos migratorios con características diferentes. Sin embargo, las políticas que actualmente desarrollan presentan un elemento común: incrementar la capacidad del Estado para retornar a las personas que carecen de autorización legal para permanecer en su territorio.
La diferencia estará también en la manera en que esas políticas logren conciliar el control de las fronteras y el cumplimiento de las leyes migratorias con las garantías del debido proceso, la dignidad humana, la protección de los menores y los demás derechos fundamentales.
En Europa, el próximo paso será determinar qué tercer país aceptará albergar el centro de retorno proyectado por los cinco gobiernos. En República Dominicana, mientras tanto, el desafío continuará siendo administrar una presión migratoria particularmente compleja sin abandonar las garantías jurídicas que deben acompañar la actuación del Estado.