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Rechazan el dolo eventual y se asume el homicidio involutario en caso Jet Set.
Santo Domingo, R.D.-El cambio de la tipificacion del caso Jet Set fue rechazado por el juez Raymundo Mejía, quien conoció el juicio preliminar del mismo y no acogió incluir la figura de dolo eventual, por lo que los hermanos Espaillat serán juzgados por homicidio involuntario.
En total 12 abogados solicitaron acoger la modificación de la clasificación jurídica para poder aumentar la responsabilidad penal de Antonio y Maribel Espaillat, principales acusados en el caso.
“Yo no puedo en este caso acoger lo pedido por los abogados, porque no hay sustento en hecho y en derecho”, dijo el juez la mañana de este lunes, en la audiencia en la que mandó a juicio de fondo a los dos imputados.
El juez les dijo a los abogados y a las víctimas que la justicia no es para venganza, sino que se aplican los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad.
“Yo en mi condición de juez estoy atado a la Constitución y a la ley. No a lo que yo quiera. Yo tengo que fallar en base a lo que establece. La justicia no se maneja así. La justicia no es para venganza. No. La justicia actúa en forma razonabilidad de y proporcionalidad”, señaló.
El juez Mejía hizo referencia a las dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia que le fueron presentadas como jurisprudencia para cambiar el tipo penal de homicidio involuntario al de homicidio involuntario con dolo eventual.
Dijo que ninguno de los casos citados se equipara al del desplome del techo de la discoteca, ocurrido el 8 de abril de 2025 y en el que murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridos.
Dijo que no se podía decir que los hermanos Espaillat quisieron matar a esas personas porque Maribel Espaillat fue una de las víctimas, al estar ese día entre los escombros y por ser junto a Antonio Espaillat personas asiduas al centro nocturno.
El juez Mejía dijo que la jurisprudencia que le habían invocado no aplica ni se parece ni se asemeja.
“No hay dolo eventual en un derrumbe donde incluso una de las imputadas estuvo ahí adentro y le cayó el techo. Y no se puede equiparar a una conducta donde un ciudadano realiza disparos a una multitud”, dijo el magistrado en parte de sus motivaciones.
Raymundo Mejía dijo que le había parecido muy prudente que 42 de los abogados representaban a víctimas se habían adherido al pedimento del Ministerio Público, de homicidio involuntario, que tiene una pena máxima de 2 años de prisión. Señaló que solo 12 se acogieron a la teoría del dolo eventual.
A continuación parte de las declaraciones del magistrado:
(…) La situación de la calificación jurídica que el juez está atado al principio de legalidad. El principio de legalidad es lo único que limita a todas las instituciones del Estado.
Yo no puedo en este caso acoger lo pedido por los abogados, porque no hay sustento en hecho y en derecho.
Yo no puedo equiparar una conducta, reitero de una persona que utilice un arma de fuego a dos personas que frecuentaban el lugar comúnmente y que sí por su negligencia, eso sí el tribunal ha podido observar, sí por el deterioro continuo, sí por el por el transcurso del tiempo, sí por varias cuestiones que dicen los informes, pero se pudo evitar.
Pero una cosa es que exista una culpa consciente o una culpa lata a que exista un dolo eventual donde la conducta, la realización del hecho y el resultado puso en juego la propia vida de los imputados. Eso yo lo llamo a la reflexión a ustedes. Yo sé que el dolor ha sido grande.
No solo para ustedes, para toda la sociedad, pero fíjense: No es casualidad que (el caso) haya pasado por cuatro jueces y los mismos hayan observado. Hay un principio de legalidad que es muy fuerte y hay una realidad de hecho material. A esos señores, en esta ocasión no se puede retener que ellos querían matar a esas personas. No hay forma humana.
Yo en mi condición de juez estoy atado a la a la Constitución y a la ley. No a lo que yo quiera. Yo tengo que fallar en base a lo que establece. La justicia no se maneja así. La justicia no es para venganza. No. La justicia actúa en forma razonabilidad de y proporcionalidad. Y la justicia no le puede dar una respuesta que no esté en la ley por el principio de legalidad.
Este tribunal no puede inventar, como he escuchado, el tribunal no puede crear jurisprudencia. No, en materia penal eso no aplica. Que un tribunal cree jurisprudencia para lamentablemente darle una respuesta que a lo mejor sea la proporcional, pero no la que esté en la ley. La ley no me permite acoger la acusación particular. Y eso se lo digo por principio, se lo digo y lo discuto con quien sea de frente.
La jurisprudencia que ustedes han invocado no aplica, ni se parece, ni se asimila. No hay dolo eventual en un derrumbe donde incluso una de las imputadas estuvo ahí adentro y le cayó el techo. Y no se puede equiparar a una conducta donde un ciudadano realiza disparo a una multitud.
Me ha parecido, oigan esto, me ha parecido muy prudente que 42 de los abogados que representan a la víctima se han adherido al Ministerio Público. Solo 12 han presentado la teoría de dolo eventual.
Me ha parecido muy prudente que abogados dentro de este salón se hayan enfocado en lo que realmente se va a discutir en este proceso a través de un juicio de fondo.
¿Qué se puede discutir?
Se va a discutir el grado de responsabilidad penal, se va a discutir el grado de la culpa, se va a discutir la responsabilidad civil sobre todo, se va a discutir la posible sanción que establece el legislador y se va a discutir la calidad que tenga cada quien”.
Santo Domingo. – Las alegadas irregularidades en el Instituto Oncológico de Santiago implicó una trama de corrupcion, nepotismo y secuestro institucional que más alla de los desfalcos financieros y las disputas por el control del patronato, lo peor del entramado recayó sobre una poblacion muy vulnerable que son los pacientes con la enfermedad, cuyas vidas han sido puestas en riesgo por la comercializacion con la salud.
Las denuncias, que han salido a la luz pública, apuntan hacia la directiva encabezada por Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su ex exposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, revelan cómo la institución de salud fue convertida en un feudo familiar.
Para los pacientes, esto se ha traducido en un grave riesgo médico y las decisiones de la clínica dejaron de tomarse mediante el consenso de un consejo médico calificado y pasaron a ser órdenes unilaterales.
El presunto desplazamiento injustificado de la directora médica Naly Cruz y la colocación de familiares en áreas críticas de atención clínica como la farmacia, la medicina nuclear y la fisioterapia compromete la idoneidad y el rigor científico que requieren los delicados tratamientos contra el cáncer.
Uno de los puntos más críticos que afecta directamente a los enfermos es el manejo de los medicamentos. Una investigación realizada por el programa «Reporte especial» señala la supuesta creación de una organización paralela llamada «Tócate RD«, dirigida por Luisa Yasiris Guzmán.
Aunque la fundación acoge gratuitamente a decenas de pacientes de escasos recursos durante sus tratamientos, operaría como fachada para un lucro mayor.
Este tipo de coacción comercial en el área oncológica pone en peligro el abastecimiento, los precios y la libre disponibilidad de los fármacos vitales para las quimioterapias, afectando el bolsillo y el tiempo de respuesta médica de los enfermos.
Acorde con el cirujano oncólogo Juan Vila, una de las personas denunciantes, mientras los pacientes luchaban por sobrevivir al cáncer, la institución que debería protegerlos mantenía una nómina que supuestamente asciende a los «11 millones de pesos mensuales», distribuida entre familiares de Héctor Lora.
“Ahí hay mucha ganancia jugosa y es la familia, imagínate que tú tengas todos tus hijos, hijastro, sobrinos, en todos los cargos dirigenciales de la institución, estoy hablando de 11 millones de pesos mensuales de nómina que se paga. Yo quiero que la hagan pública, porque eso es una cosa que no debe estar escondida», manifestó energicamente Vila.
Estos fondos, que provienen en gran medida de donaciones y del pago de servicios, deberían estar destinados a la modernización de equipos, subsidio de medicinas y mejora en la atención hospitalaria.
El dolor del padecimiento se agravó con la cruda impotencia de sentirse como rehenes comerciales. «Esta institución todo se lo quieren ganar ellos, sé que es un negocio… y el que tiene cáncer solamente tiene esa opción», lamentó uno de los pacientes afectados, evidenciando el monopolio con el que se presume operaba la clínica.
Para la población enferma, el impacto de este supuesto fraude institucional es desgarrador debido a la falta de alternativas. Una de las fuentes en la investigación alega que los imputados manejaban un monopolio de la salud regional: «Todo se lo quieren ganar ellos, es un negocio… y el que tiene cáncer solamente tiene esa opción«.
Operación Onco 14
El Ministerio Público solicitó este lunes que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a los tres imputados del proceso por la afectación realizada en contra del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer que se aprovecharon del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), al sustraer, a través de diversas maniobras fraudulentas, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en perjuicio de los pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo y que se imponga la medida privativa de libertad contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.
También, contra Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta, y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
La medida fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), representada por su titular Mirna Ortiz, conjuntamente con los procuradores generales de Corte de Apelación Héctor Joel García Acevedo y Quirsa Abreu Peña, titular interina de la Fiscalía de Santiago, y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez Sánchez, Alexis Piña Echavarría y Ernesto Guzmán Alberto.
Los imputados fueron arrestados durante la Operación Onco14, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
El oncológico era utilizado para cirugías estéticas
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
La Operación Onco14 se ejecutó con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), llevando a la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, título de propiedad, computadoras, celulares y DVR, entre otros.
El grupo deberá enfrentar cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público explicó que Lora Cruceta fue escogido presidente del IORC el 9 de octubre de 2018 y, aunque los estatutos establecen que debía ocupar la posición por dos años, permaneció en la posición hasta el 6 de octubre de 2025.
La estructura fraudulenta contó, además, con la participación de otros empleados y relacionados, quienes actuaron de manera concertada con el propósito de sustraer fondos recaudados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, destinados a la atención médica de pacientes oncológicos asistidos en el IORC.
Tales actuaciones se realizaron en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados al SeNaSa, mediante la ejecución de diversas maniobras y modalidades fraudulentas.
El IORC, fundado en octubre de 1964, está bajo la administración del Patronato Cibaeño. La entidad se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades afines en toda la región del Cibao.
Mediante el acta de la Asamblea Ordinaria de fecha 09 de octubre de 2018, el imputado Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente de la Junta Directiva y del Patronato, mientras que la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez fue designada vicepresidenta.
Las acciones descritas evidencian el interés del imputado Héctor Antonio Lora Cruceta por el control del IORC, solo con el propósito de disponer de sus recursos económicos y aprovechar las aportaciones estatales destinadas a tratamientos de pacientes afectados por el cáncer.
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Hoy lunes es el dia decisivo para que tribunal emite sentencia sobre Adán Cáceres y otros acusados por corrupción
Santo Domingo, R.D.-La tarde de este lunes el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional estaba supuesto a dictar la sentencia del juicio de fondo contra el grupo de altos oficiales militares y civiles acusados de desfalcar al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos.
Las magistradas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, dictarán sentencia contra 25 personas en total, involucradas en este caso.
Los principales acusados son el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del mismo organismo; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur).
De acuerdo al órgano acusador, los imputados desviaron fondos entre los años 2012 y 2020, a través del Cusep y el Consejo Nacional para la Niñez (Conani).
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Jucio de fondo contra Angel Martinez por difamacion contra Faride Raful es fijado para el 30 de julio.
Santo Domingo, R.D.-Será el próximo 30 de julio cuando se conocerá en la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional el juicio de fondo en contra del comunicador Ángel Martínez, quien enfrenta cargos por presunta difamación e injuria en perjuicio de la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
El tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, programó la audiencia para las 9:00 de la mañana.
El juez Amaurys Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó el auto de apertura a juicio en contra del comunicador.
Esta decisión se tomó al acoger en su totalidad el dictamen presentado por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec).
De acuerdo con el expediente acusatorio, Martínez habría violado las normativas vigentes al difundir información falsa a través de plataformas digitales.
La instancia judicial establece que el imputado realizó acusaciones falsas y sin ningún tipo de fundamento legal o fáctico contra la funcionaria, con el único propósito de dañar su imagen pública y profesional.
Cabe destacar que el tribunal que fue apoderado para el juicio de fondo de Martínez fue el mismo que lo condenó a 3 meses de prisión por difamación e injuria en contra del diputado Sergio Moya (Gory).