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La opulencia de Adam Cáceres y otros generales fue descrita por juezas que los enviaron a juicio.
Santo Domingo, R.D.-La posesion y la propiedad de tantos bienes muebles e inmuebles por parte del mayor general del Ejército Adam Cáceres Silvestre, principal acusado del grupo de altos oficiales militares condenados este martes, constituye un claro esquema de lavado de activos, lo que justifica la sentencia de 20 años de prision que se les impuso, según el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Luego de una larga descripción de las pruebas materiales, periciales y testimoniales que confirmaron la compra de fincas y apartamentos por Cáceres, la presidenta del tribunal, Esmirna Gisselle Méndez, aclaró, incluso que entre los bienes mencionados no figuran la totalidad que adquirió el militar durante ocho años de gestión (2012-2020) en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
«Y no los hemos mencionado todos, sino solo aquellas operaciones relevantes respecto de los imputados para justificar la conclusión a la que hemos arribado», indicó Méndez.
«El patrón fue claro. Los fondos no se mantuvieron en cuentas personales. No se utilizó para colocar propiedades a su nombre. Fueron transformados en inmuebles, fincas, certificados financieros, sociedades comerciales, asociaciones, proyectos agropecuarios y se intentó camuflajearlos a través de la adquisición de préstamos y compromisos», sostuvo la magistrada Méndez.
Las juezas afirmaron que las pruebas demuestran que el entramado empezó con préstamos de sumas millonarias, a las que se abonaban cuotas mensuales, en el caso de Adán Cáceres, de más de medio millón de pesos, y se saldaban mucho antes del tiempo en el que asumieron dicho compromiso con los bancos.
Además de la cuota de más de medio millón mensuales, el mayor general aportaba otra anual de 370 mil pesos a los préstamos.
«Ya para el 2014 se implementa un esquema de adquisición de bienes a través de empresas», agregaron.
El dinero provenía de los recursos que debían destinarse a inteligencia, raciones alimenticias y combustibles de Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turísticas (Cusep), este último dirigido por el general Juan Carlos Torres Robiou, quien también fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos.
El tribunal estableció que Cáceres Silvestre devengaba un salario de 200 mil pesos mensuales, mientras su esposa menos de 50 mil pesos:
- El primer inmueble que adquirió desde que asumió en el 2012, fue una vivienda valorada en más de 11 millones de pesos, en Colinas del Oeste.
- También el apartamento A3 de la Torre Harianet, en donde el general Camilo de los Santos Viola igualmente compró uno
- Asimismo, el exjefe del Cusept adquirió un solar en la calle La Paz, valorado en 177 mil quinientos veinticinco dólares
- Un inmueble ubicado en la calle Anón Buena Vsta Jarabacoa, cuyo título figura a nombre de CSNA Universo Empresarial, con la que junto al coronel Núñez de Aza obtuvo varios bienes, entre ellos varios vehículos.
- El tribunal «retiene como un hecho probado» que Adán Cáceres «aportó la suma de 9 millones de pesos» para la compra del templo de la Iglesia Bautista Vida eterna del Señor Jesucristo, ubicado en la calle Jonás Salk, No. 64, Zona Universitaria, Santo Domingo.
- Cáceres utilizó la Asociación Campesina Madre Tierra, sin fines de lucro, como «una estructura económica y agropecuaria que tenía movimientos millonarios, bienes, vehículos, terrenos», de la que también ingresaban y salían fondos «en favor de personas vinculadas a este esquema de distracción» de recursos del Cusep y Cestur.
- De la Asociación Campesina Madre Tierra, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) «tuvo una participación importante en la implementación de un esquema de lavado de activos de esos capitales ilícitos distraídos».
- Diez inmuebles en Colinas del Oeste, adquiridos junto a Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores a través de Único Real State e Inversiones, empresa «utilizada para adquirir, mantener y transferir inmuebles» del dinero ilícito sustraído.
- Hacienda Kelman, ubicada en San Pedro de Macorís, es una infraestructura agropecuaria que actualmente está operando y que se «vincula» también a Adán Cáceres Silvestre.
- A través de del teniente de la Fuerza Aérea, Erasmo Roger Pérez, quien administraba a MJ3B Agroindustrial, Cáceres adquirió una finca sembrada de piñas, una finca agrícola ubicada en Mata los Indios, una finca sembrada de cacao y una sembrada de limones, las que fueron devueltas por Pérez y su esposa.
Cáceres fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios de multas. La misma pena recibió el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza. Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora) fueron sentenciados a 15 años de cárcel y 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
Al grupo se le señala de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos. Las otras dos juezas que integran el Primer Tribunal Colegiado son Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes condenaron a los demandados a una indemnización de cinco mil millones a favor del Estado.
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Aplazan coerción a acusados de sustraer millones pesos destinados a pacientes con cáncer
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazada para este viernes en hora de la tarde por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra tres implicados en el caso Onco14, imputada de asociarse para sustraer millones de pesos mediante diversas modalidades fraudulentas en perjuicio de pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El magistrado adoptó su decisión a los fines que los abogados de los imputados estudien el expediente y preparen los presupuestos para sustentar sus alegatos de defensa de sus representados.
El Ministerio Público solicita 18 meses prisión como medida de coerción a los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa, por el caso Onco14.
El órgano acusador le imputa al grupo los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito y uso de códigos de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
Los tres fueron interrogadas el sábado por un equipo de fiscales encabezados por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, también este domingo.
Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014, ocupó la vicepresidencia y también funciones como auditora interna y externa del patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando Lora Cruceta era presidente de la citada ASFL.
Según el Ministerio Público, los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (actualmente
Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían sustraído fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
Los apresados en el marco de la Operación Onco14 habrían aprovechado sus posiciones en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para ejecutar maniobras fraudulentas y sustraer fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), afectando a pacientes con cáncer del régimen subsidiado y al Estado dominicano.
Durante el operativo, a los implicados se les ocuparon dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, celulares, DVR, entre otros elementos.
Estas acciones forman parte de las diligencias de investigación que realiza la Pepca junto con la Fiscalía de Santiago, contra los imputados arrestados tras múltiples allanamientos en esa jurisdicción. Las pesquisas continúan para identificar a otros posibles involucrados.
El titular de la Pepca, Wilson Camacho, recordó que este es el tercer caso de estructura criminal enfrentado como resultado de investigaciones sobre el fraude que afectó a SeNaSa, destacando que la Procuraduría General, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, ha actuado con firmeza desde la Operación Cobra.
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Un centener de pacientes del Cibao esperan ingresar al Programa de Medicamentos de Alto Costo
Santo Domingo, R.D.-alrededor de 109 personas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa del Cibao denunciaron que permanecen a la espera de ser incorporadas al Programa de Medicamentos de Alto Costo, mientras otras 22 aguardan la aprobación de cambios de tratamientos que consideran vitales para controlar sus condiciones de salud.
Los afectados y sus familiares expresaron preocupación por los retrasos en los procesos de aprobación, asegurando que la situación está provocando complicaciones médicas, hospitalizaciones y un deterioro significativo en la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades inflamatorias intestinales.
Johnny Cruz García, vocero de los pacientes, explicó que muchos de los expedientes pendientes datan de 2024 y corresponden tanto a personas que aún no han sido admitidas en el programa como a pacientes que necesitan cambiar de medicamento debido a que los tratamientos actuales han perdido efectividad.
«Tenemos 109 pacientes esperando entrar al programa y 22 solicitando cambios de medicamentos. Esos cambios son tan importantes como una inclusión, porque cuando un medicamento deja de funcionar, el paciente queda prácticamente sin tratamiento», afirmó Cruz García.
La ingeniera en tecnología de alimentos Nayeli García relató que lleva dos años esperando la aprobación del cambio de medicamento, luego de que su organismo dejara de responder al tratamiento que recibe actualmente.
Explicó que la demora le ha provocado múltiples recaídas, cirugías intestinales y otras complicaciones que han afectado su desarrollo profesional y calidad de vida.
Otro de los testimonios fue el de Francisco Minier, paciente residente en Loma de Cabrera, ha tenido que vender sus propiedades, incluyendo un vehículo y una finca, para poder costear su tratamiento médico.
Los pacientes también denunciaron interrupciones en el suministro de algunos fármacos biológicos y reclamaron la incorporación de nuevos medicamentos disponibles en otros países, así como la descentralización de los servicios de alto costo en Santiago para agilizar los procesos y evitar que los usuarios de provincias alejadas pierdan sus tratamientos.
Asimismo, advirtieron que las enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa afectan a personas de todas las edades, incluyendo niños.
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Ley que busca afianzar lucha contra la corrupcion fue sometida al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Santo Domingo, R.D.–Luis Abinader, presidente de la República, sometió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley orgánica orientado a la creación de un nuevo órgano estatal autónomo y descentralizado con el propósito de fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y ampliar el acceso a la información pública.
La iniciativa propone la conformación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), entidad que, según el mandatario, dotaría al Estado de mayor independencia y capacidad institucional para promover una administración pública más íntegra, moderna y orientada a la protección de los derechos ciudadanos.
La directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, confirmó que el anteproyecto fue entregado este martes al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por una comisión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
Ortiz Bosch explicó que la propuesta es el resultado de un amplio proceso de consultas con instituciones, expertos y sectores vinculados a la transparencia y el buen gobierno, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto establece nuevas competencias legales para la DIGITEG, incluyendo la protección de datos personales, la salvaguarda de informantes, testigos y víctimas de corrupción, así como la coordinación de políticas de ética y buen gobierno en toda la Administración Pública y demás poderes del Estado.
Asimismo, contempla mecanismos de control más estrictos, como la obligatoriedad de declarar conflictos de intereses, un régimen de denuncias e investigaciones que permitiría actuar de oficio ante alertas de irregularidades, y un sistema sancionador administrativo que incluye multas e inhabilitaciones temporales para el ejercicio de funciones públicas.
La ley tendría alcance sobre servidores públicos, entidades centralizadas y descentralizadas, empresas estatales, órganos constitucionales, gobiernos locales y personas físicas o jurídicas que interactúen con la Administración Pública, en el marco de sus competencias constitucionales.
También se crea el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, bajo la rectoría de la DIGITEG, integrado por principios, normas y herramientas destinadas a fortalecer la integridad, el gobierno abierto, los datos abiertos y la rendición de cuentas.
Este sistema articularía acciones entre los distintos poderes del Estado y organismos públicos, con el objetivo de prevenir la corrupción y promover la cultura de transparencia, incluyendo la elaboración de un programa nacional anticorrupción.
El anteproyecto define además principios de actuación como juridicidad, debido proceso, imparcialidad, eficiencia y cooperación interinstitucional, y establece una estructura orgánica encabezada por un director general, con unidades técnicas y administrativas que serán definidas mediante reglamento.
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