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La opulencia de Adam Cáceres y otros generales fue descrita por juezas que los enviaron a juicio.
Santo Domingo, R.D.-La posesion y la propiedad de tantos bienes muebles e inmuebles por parte del mayor general del Ejército Adam Cáceres Silvestre, principal acusado del grupo de altos oficiales militares condenados este martes, constituye un claro esquema de lavado de activos, lo que justifica la sentencia de 20 años de prision que se les impuso, según el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Luego de una larga descripción de las pruebas materiales, periciales y testimoniales que confirmaron la compra de fincas y apartamentos por Cáceres, la presidenta del tribunal, Esmirna Gisselle Méndez, aclaró, incluso que entre los bienes mencionados no figuran la totalidad que adquirió el militar durante ocho años de gestión (2012-2020) en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
«Y no los hemos mencionado todos, sino solo aquellas operaciones relevantes respecto de los imputados para justificar la conclusión a la que hemos arribado», indicó Méndez.
«El patrón fue claro. Los fondos no se mantuvieron en cuentas personales. No se utilizó para colocar propiedades a su nombre. Fueron transformados en inmuebles, fincas, certificados financieros, sociedades comerciales, asociaciones, proyectos agropecuarios y se intentó camuflajearlos a través de la adquisición de préstamos y compromisos», sostuvo la magistrada Méndez.
Las juezas afirmaron que las pruebas demuestran que el entramado empezó con préstamos de sumas millonarias, a las que se abonaban cuotas mensuales, en el caso de Adán Cáceres, de más de medio millón de pesos, y se saldaban mucho antes del tiempo en el que asumieron dicho compromiso con los bancos.
Además de la cuota de más de medio millón mensuales, el mayor general aportaba otra anual de 370 mil pesos a los préstamos.
«Ya para el 2014 se implementa un esquema de adquisición de bienes a través de empresas», agregaron.
El dinero provenía de los recursos que debían destinarse a inteligencia, raciones alimenticias y combustibles de Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turísticas (Cusep), este último dirigido por el general Juan Carlos Torres Robiou, quien también fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos.
El tribunal estableció que Cáceres Silvestre devengaba un salario de 200 mil pesos mensuales, mientras su esposa menos de 50 mil pesos:
- El primer inmueble que adquirió desde que asumió en el 2012, fue una vivienda valorada en más de 11 millones de pesos, en Colinas del Oeste.
- También el apartamento A3 de la Torre Harianet, en donde el general Camilo de los Santos Viola igualmente compró uno
- Asimismo, el exjefe del Cusept adquirió un solar en la calle La Paz, valorado en 177 mil quinientos veinticinco dólares
- Un inmueble ubicado en la calle Anón Buena Vsta Jarabacoa, cuyo título figura a nombre de CSNA Universo Empresarial, con la que junto al coronel Núñez de Aza obtuvo varios bienes, entre ellos varios vehículos.
- El tribunal «retiene como un hecho probado» que Adán Cáceres «aportó la suma de 9 millones de pesos» para la compra del templo de la Iglesia Bautista Vida eterna del Señor Jesucristo, ubicado en la calle Jonás Salk, No. 64, Zona Universitaria, Santo Domingo.
- Cáceres utilizó la Asociación Campesina Madre Tierra, sin fines de lucro, como «una estructura económica y agropecuaria que tenía movimientos millonarios, bienes, vehículos, terrenos», de la que también ingresaban y salían fondos «en favor de personas vinculadas a este esquema de distracción» de recursos del Cusep y Cestur.
- De la Asociación Campesina Madre Tierra, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) «tuvo una participación importante en la implementación de un esquema de lavado de activos de esos capitales ilícitos distraídos».
- Diez inmuebles en Colinas del Oeste, adquiridos junto a Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores a través de Único Real State e Inversiones, empresa «utilizada para adquirir, mantener y transferir inmuebles» del dinero ilícito sustraído.
- Hacienda Kelman, ubicada en San Pedro de Macorís, es una infraestructura agropecuaria que actualmente está operando y que se «vincula» también a Adán Cáceres Silvestre.
- A través de del teniente de la Fuerza Aérea, Erasmo Roger Pérez, quien administraba a MJ3B Agroindustrial, Cáceres adquirió una finca sembrada de piñas, una finca agrícola ubicada en Mata los Indios, una finca sembrada de cacao y una sembrada de limones, las que fueron devueltas por Pérez y su esposa.
Cáceres fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios de multas. La misma pena recibió el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza. Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora) fueron sentenciados a 15 años de cárcel y 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
Al grupo se le señala de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos. Las otras dos juezas que integran el Primer Tribunal Colegiado son Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes condenaron a los demandados a una indemnización de cinco mil millones a favor del Estado.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am