Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, anunció este martes la entrada en vigencia del Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias para los miembros de la carrera del Ministerio Público, una iniciativa que permitirá acceder a un retiro complementario a los fiscales que cumplan con los requisitos establecidos.

El plan está dirigido a fiscales con 60 años o más de edad y 25 años o más de servicio en la administración pública, y forma parte de un compromiso asumido por Reynoso al iniciar su gestión al frente del Ministerio Público.

«El día llegó, es hoy… hoy, después de décadas de espera; meses de consultas, asesorías técnicas y del trabajo de muchos compañeros fiscales… el día anhelado llegó», expresó la procuradora durante el acto de lanzamiento del reglamento.

Reynoso explicó que el plan está adscrito al Fondo de Retiro creado mediante la Ley 133-11 y contará con recursos provenientes de los aportes de los miembros de la carrera del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República como empleador.

Además, informó que el Consejo Superior del Ministerio Público acogió la propuesta de fijar la edad de retiro a partir de los 60 años, en combinación con 25 años de servicio, e incluyó en el plan a los fiscales que habían iniciado procesos de renta vitalicia o pensión anticipada.

También anunció que todos los fiscales conservarán su seguro de salud tras el retiro.

La procuradora destacó que, durante los últimos años, el Ministerio Público ha incorporado beneficios para los fiscales, entre ellos el bono vacacional, el bono de aniversario, un aporte escolar para empleados con hijos menores de 18 años, un seguro médico de amplia cobertura y el Premio al Mérito del Ministerio Público.

Los fiscales que reúnan las condiciones deberán completar el formulario de solicitud de pensión complementaria, presentar una copia de su cédula de identidad, la constancia de la pensión base emitida por la AFP o la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), además de los documentos que respaldan esa pensión.

Santo Domingo, R.D.-La Cámara de Diputados informó este martes su decisión de convocar a un proceso de diálogo con los diversos sectores de la sociedad para solucionar cualquier impefecccion que pueda tener el Codigo Penal, lo cual es el resultado de una serie de cuestionamientos a varios articulos promulgado por el presidente Luis Abinader.

Así lo informó el presidente diputado, Alfredo Pacheco, quien aseguró que esta es una decisión acogida por todos los partidos políticos, incluyendo a los opositores, que tienen representación en ese órgano legislativo.

Pacheco anunció que, “a partir de este momento”, la Cámara Baja estará recibiendo las propuestas de modificación presentadas por la población dominicana, por lo que motivó a los académicos, gremios profesionales, integrantes del Poder Judicial y todos los interesados a formalizar sus observaciones en la sede del Congreso Nacional.

“Entendemos que toda gran legislación siempre puede perfeccionarse mediante el diálogo democrático. Por esta razón, abriremos un proceso de recepción de propuestas puntuales sobre aquellos artículos que distintos sectores consideren son susceptibles de perfeccionamiento”, dijo en una rueda de prensa, acompañado por los congresistas opositores y oficialistas.

Los diputados se trazaron el objetivo de modificar el nuevo conjunto de leyes penales en menos de 20 días, antes del próximo 3 de agosto, fecha en la cual entra en vigencia y elimina el Código Penal actual, que es utilizado desde el año 1884. Sin embargo, la actual legislatura ordinaria finaliza el próximo 26 de julio, por lo que tendrían que agilizar las acciones para lograr una modificación en este periodo.

No obstante, adelantó que los congresistas tienen otras dos alternativas para lograr una nueva versión del documento contenido en la Ley 74-25, promulgada el pasado por el presidente Luis Abinader.

“Si de aquí a los 19 días que se agota la legislatura no hay tiempo, entonces tomaremos las medidas de lugar: el Poder Ejecutivo convoca a una legislatura extraordinaria o se aprueba una prórroga de la vacación legal, que prorroga la entrada en vigencia de la legislación, esa es una posibilidad que no cerramos”, manifestó.

Según expresó Pacheco, la decisión de la Cámara de Diputados no responde al “mandato” de nadie, alegando que es la atención a las inquietudes presentadas desde hace días por los congresistas.

“Es una decisión de los diputados. Por lo tanto, aprovecho para señalar que no hemos actuado porque nadie nos haya dado mandato, ni de adentro ni de afuera, sino que hemos tenido la inquietud…”, aseveró.

Sin embargo, la opinión pública ha estado durante los últimos días permeada de críticas y señalamientos a diversos artículos de la pieza que transformaría las tipificaciones penales en el país, provocando incluso la convocatoria de protestas y cacerolazos.

Los voceros de las bancadas opositoras del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) afirmaron estar de acuerdo, ya que dijeron sentir preocupación por algunas disposiciones contenidas en la nueva legislación.

Pacheco explicó que la intención de los legisladores es validar “algunas discusiones que se han estado dando” en la sociedad. Una de estas es las sanciones en los artículos que regulan el ejercicio de la libertad de expresión.

El máximo representante de la Cámara Baja aún no ha indicado los mecanismos que utilizarán para analizar las observaciones a los artículos del Código Penal.

Pero, afirmó que los legisladores continuarán” trabajando con el nuevo código penal, evaluando con responsabilidad, rigor técnico y sentido de Estado cada propuesta que contribuya a fortalecer este importante instrumento jurídico, preservando siempre el espíritu y los avances de la reforma aprobada”.

Explicó que no descarta la posibilidad de que algunos legisladores del Senado de la República participen con los diputados en una comisión bicameral para garantizar el consenso necesario antes de someter a votación las modificaciones.

“El presidente del Senado, (Ricardo de los Santos) y yo estuvimos reunidos anoche… No descartamos esa posibilidad, si amerita una comisión bicameral, lo haremos. Lo importante es que ambos órganos tienen apertura a la discusión y vamos a entrar sin dejarnos provocar”, reiteró.

En respuesta a preguntas de reporteros, Pacheco explicó que el tema de la despenalización del aborto no estaría dentro de las discusiones.

“Yo no quiero poner límites a la discusión, pero yo pienso que todo el país piensa y sabe que ese es un tema suficientemente debatido, ahora los temas del debate son otros. Vamos a estar recibiendo propuestas, avisaremos hasta cuándo la recibiremos”, indicó.

El representante “independiente” del Senado, Antonio Taveras, presentó el pasado 10 de junio una propuesta de modificación para que en el artículo 208, en el cual está sancionada la difamación, sea priorizado el castigo económico por encima del penal.

Su moción también contempla limitar la prisión en el artículo 210 sobre la injuria para quienes incurran en conductas graves y dolosas.

Asimismo, busca alterar el artículo 212 sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en caso de difamación e injuria para que en ningún caso pueda imponerse el cierre a un medio de comunicación.

Por último, Taveras considera necesaria la eliminación del artículo 310, alegando que otorga privilegios penales a los funcionarios, superiores a los establecidos para la ciudadanía, resultando incompatible con los estándares democráticos y de los derechos humanos.

Además, existe otra propuesta elaborada por el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que busca variar este apartado del Código Penal.

Santo Domingo, R.D.-En cumplimiento con la Ley Orgánica de Presupuesto el Gobierno aprobó los lineamientos de la  Política Presupuestaria Anual para el año 2027, estableciendo las prioridades que orientarán la elaboración del próximo Presupuesto General del Estado, con énfasis en la inversión pública, el fortalecimiento de los servicios esenciales y la continuidad de los proyectos estratégicos de desarrollo nacional.

Al concluir la reunión del Consejo de Gobierno, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que los recursos públicos estarán dirigidos a iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer el capital humano, desarrollar infraestructura estratégica, impulsar la productividad y consolidar las instituciones del Estado.

Para el sector salud y protección social, el presupuesto contempla la continuidad de la construcción y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de la Red Trauma, la ampliación de las unidades de atención primaria y la expansión de la Red Nacional de Hemodiálisis, además de garantizar la continuidad de los programas sociales dirigidos a proteger a las familias en condición de vulnerabilidad.

La inversión en infraestructura continuará siendo uno de los principales pilares del gasto público durante 2027. Entre las prioridades figuran la conclusión del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, el lanzamiento del Monorriel de Santo Domingo, la construcción de acueductos, obras de saneamiento, circunvalaciones y programas de mejoramiento vial en diferentes provincias del país.

Paliza destacó que el gasto de capital continuará siendo una prioridad para dinamizar la economía y dar seguimiento a importantes obras de infraestructura que actualmente se encuentran en ejecución, entre ellas la transformación de la autopista Duarte, el desarrollo de sistemas de transporte masivo y el inicio de la autopista del Ámbar, cuya licitación se encuentra en su fase final.

Mientras que el viceministro de Presupuesto, Alexis Cruz, informó que la economía dominicana mantiene un comportamiento favorable, con un crecimiento acumulado de 4.2 % hasta mayo de 2026. Para el año 2027, las proyecciones oficiales estiman un crecimiento económico cercano al 4.8 %, mientras que la inflación se mantendría alrededor del 4.4 %, dentro del rango meta establecido por el Banco Central.

En respuesta a preguntas de los periodistas, las autoridades señalaron que el monto definitivo del Presupuesto General del Estado para 2027 aún no ha sido determinado, debido a que el proceso de formulación apenas inicia con la aprobación de estos lineamientos y continuará con la elaboración de los anteproyectos presupuestarios por parte de las instituciones públicas.

Asimismo, informaron que el Gobierno trabaja en la preparación de una reformulación del presupuesto vigente, como respuesta al nuevo escenario económico y a las disposiciones contenidas en el plan anticrisis aprobado recientemente. Explicaron que esta iniciativa incorporará los ajustes necesarios para atender las nuevas prioridades fiscales y será presentada en las próximas semanas al Congreso Nacional.

Reiteraron que el presupuesto para 2027 dará continuidad a los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno desde 2020 y contribuirá al cumplimiento de las diez metas priorizadas de la administración del presidente Luis Abinader, fortaleciendo el desarrollo económico, la seguridad, la infraestructura y el bienestar de la población.