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Sin que se les haya impuesto medidas de coerción decenas de detenidos permanecen en destacamentos SDE

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Santo Domingo, R.D.-En violacion del plazo de las 48 horas que establece la Constitución decenas de personas permanecen detenidas de manera preventiva en los destacamentos policiales de Santo Domingo Este sin que sean trasladadas al Juzgado de Atención Permanente.

Así lo denunció este miércoles Miguel Surún Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia y ex presidente del Colegio de Abogados.

Dijo que los detenidos se mantienen en condiciones de hacinamiento extremo en las dependencias policiales, sin acceso a la justicia oportuna, pese a que la Constitución dominicana garantiza el derecho a ser presentado ante un juez dentro de las primeras dos jornadas tras su arresto.

“El Ministerio Público culpa al Ministerio de Justicia, y este al sistema penitenciario, mientras los detenidos permanecen en los destacamentos sin audiencia, como si fueran objetos de traspaso y no personas con derechos”, afirmó.

Calificó la situación como “anómalapeligrosa e inconstitucional”, y advirtió que recuerda “los tiempos oscuros en que las personas eran detenidas sin orden judicial ni plazos definidos”, lo que atenta directamente contra el Estado de Derecho.

“Es inconcebible que no se active un espacio que podría resolver, al menos parcialmente, este colapso. No hay excusa para no garantizar el derecho a la audiencia dentro del plazo constitucional”, sostuvo.

El jurista exhortó al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a asumir sus responsabilidades y coordinar una solución inmediata.

Criticó la postura de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), cuyo director, Roberto Santana, mantiene la política de “un preso por cama”, lo que, según Surun, “no puede convertirse en una excusa para paralizar el sistema”.

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Consultas buscan mejorar el nuevo Código Penal en Cámara de Diputados.

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Santo Domingo.- Un .periodo de recepcion y evaluacion de propuestas sobre el Código Penal inició la Cámara de Diputados con el fin de enriquecer la pieza legislativa antes de su aprobación definitiva.

El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, junto a los voceros de bancadas, informó que los legisladores analizarán con “responsabilidad, rigor técnico y sentido de Estado” cada una de las observaciones presentadas.

Explicó que la meta es que la República Dominicana cuente con un nuevo Código Penal durante la primera semana de agosto. Calificó la reforma como “histórica” y señaló que moderniza la legislación penal y fortalece la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad y justicia.

Destacó que el proyecto incorpora más de 70 nuevos delitos, entre ellos el uso de “ácido del diablo”, el feminicidio conexo, el sicariato, las estafas piramidales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, endurece las sanciones contra la corrupción, el crimen organizado, la violencia y los delitos tecnológicos.

Aunque defendió los avances de la iniciativa, Pacheco sostuvo que toda legislación puede perfeccionarse mediante el diálogo y la participación social.

“Invitamos a las academias, a los gremios profesionales, a las entidades de la sociedad civil, a los operadores del sistema de justicia y a todos los ciudadanos interesados a presentar propuestas específicas y debidamente fundamentadas”, expresó.

Afirmó que el compromiso del Congreso es entregar al país “el mejor Código Penal posible”, preservando los avances alcanzados e incorporando aquellas propuestas que contribuyan a fortalecer el proyecto sin alterar el espíritu de la reforma.

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Madre pide reactivar búsqueda de su hija desaparecida

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Santo Domingo, R.D.-La madre de Johanna Lisbeth Contreras a casi un mes de su desaparición de Johanna Lisbeth Contreras, Israelina Contreras,  de quien se desconoce su paradero desde el pasado 10 de junio, pidió este martes a las autoridades reactivar su búsqueda.

Con gran pesar, la señora exhortó a las instituciones competentes a concentrar los esfuerzos en establecer el lugar donde se encuentra el cuerpo de la joven de 22 años, luego de que el principal sospechoso del caso presuntamente admitiera ante las autoridades haberla matado y lanzado al mar.

Según la madre de la joven, el militar del Ejército de República DominicanaGersón Sánchez Durán, fue la última persona que estuvo con Johanna, madre de un niño de cuatro años.

La señora indicó que, durante las investigaciones, el imputado ofreció distintas versiones sobre lo ocurrido, aunque posteriormente habría reconocido que le quitó la vida a la joven.

«Primero dijo que el mar se la llevó; luego que la dejó en un lugar, se durmió y cuando despertó no la vio. El último testimonio que dio fue que confirmó que la mató y la lanzó al mar«, expresó.

Según explicó Israelina Contreras, Johanna fue vista por última vez el miércoles 10 de junio, cuando abordó un vehículo junto al militar en el sector La Ciénega, del Distrito Nacional, donde ambos residían.

No obstante, aclaró que entre su hija y el imputado no existía una relación sentimental.

«El vivía aquí en el barrio, pero yo nunca lo había visto. Ellos no tenían ninguna relaciónÉl estaba enamorado de ella, pero ella nunca le correspondió«, aseguró.

En ese sentido, indicó que, de acuerdo con las declaraciones atribuidas al imputado, este habría llevado a la joven a una playa ubicada antes del peaje de la autopista Las Américas.

La madre también sostuvo que el militar estuvo involucrado anteriormente en otro proceso judicial por la muerte de una persona vinculada a su misma institución castrense.

«Me parece que le correspondían 10 años y nada más hizo dos. Gracias a la persona que lo ayudó a que él saliera en libertad antes de tiempo, hoy está pasando el caso de mi hija», lamentó.

Israelina Contreras instó a las autoridades a continuar con la búsqueda de su hija, con el mismo empeño que, a su parecer, han mostrado con casos de otros desaparecidos.

Aseguró que no ha recibido apoyo de los organismos oficiales y que las labores de búsqueda han sido impulsadas principalmente por miembros de la comunidad, quienes han aportado sus propios recursos para tratar de localizar a Johanna.

Además, afirmó que ni ella ni su familia han recibido asistencia psicológica u otro tipo de acompañamiento por parte de las instituciones del Estado.

«A mí no me han dado apoyo en la búsqueda de mi hija. Ni psicólogo, ni nada», manifestó.

Finalmente, expresó que vive en medio de una profunda incertidumbre y reiteró su llamado a las autoridades para que no detengan las labores de búsqueda y se haga justicia.

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Tres dias tienen abogados de Jean Alain Rodríguez para recurrir rechazo de incidentes en caso Medusa

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Santo Domingo, R.D.-Disponen sólo de tres dias los abogados de los imputados del caso Medusa para presentar un recurso de oposición, encabezados por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, contra la decisión de las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que rechazó los incidentes y excepciones planteados por las defensas de los acusados.

El plazo comenzó a correr este martes. Una vez los abogados de los implicados depositen el recurso de oposición, las magistradas tendrán también tres días para decidir si confirman o revocan la resolución mediante la cual rechazaron los incidentes presentados por las defensas.

Este procedimiento está establecido en el Código Procesal Penal, debido a que el recurso de oposición será presentado fuera de audiencia.

Se recuerda que este lunes el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar, rechazó los incidentes con los que el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes buscan la declaratoria de nulidad del juicio, tras ser acusados de un presunto desfalco superior a RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.

La decisión fue adoptada por el tribunal, integrado además por las magistradas Clara Castillo y Yisel Soto, quienes declararon inadmisibles los incidentes presentados por los abogados de los imputados.

Asimismo, ordenaron a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al proceso penal, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), criterio que el Ministerio Público ha manifestado respetar.

La resolución establece que, a partir de los elementos aportados por las partes, no existen razones para concluir que el uso del nombre del caso haya provocado una afectación al derecho de defensa de los imputados.

El tribunal también rechazó los incidentes que procuraban la nulidad de actuaciones ya decididas, declarando inadmisibles aquellos relacionados con cuestiones previamente juzgadas durante la etapa intermedia del proceso.

Las juezas fijaron para el próximo 21 de julio la continuación del juicio seguido contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes. Se espera que en esa audiencia el Ministerio Público inicie la lectura íntegra de la acusación.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusa a Jean Alain Rodríguez de múltiples actos de corrupción, entre ellos presuntos fraudes relacionados con el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República durante su gestión entre 2016 y 2020.

Según el expediente acusatorio, el exprocurador habría encabezado una estructura que provocó un desfalco superior a RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.

Además de Rodríguez, figuran en el expediente Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Los procesados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción administrativa, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado, lavado de activos y otros ilícitos.

Expediente del caso Medusa

El expediente del caso Medusa estaba integrado inicialmente por 63 imputados, de los cuales 41 son personas físicas y 22 empresas. De ese total, 25 alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público durante la fase preliminar, mientras que los demás, incluido el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, fueron enviados a juicio de fondo.

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