Santo Domingo, R.D.-El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) decidió inhabilitar de manera temporal el reglamento que prohíbe la publicación de encuestas antes del inicio de la precampaña electoral, programada para el primer domingo de julio del próximo año.

La JCE informó que tomó esta decisión hasta tanto el Tribunal Superior Electoral (TSE) emita su análisis sobre las acciones depositadas por diversos sectores de la sociedad en contra de esta disposición, la cual entró en vigencia el pasado 22 de mayo.

Dentro de las lista de comunicaciones que ha recibido el órgano electoral se encuentra la realizada por el coordinador general de Participación Ciudadana (PC), la cual solicitó el pasado 28 de mayo revocar del documento legal el impedimento “de realizar estudios fuera de los periodos de campaña y precampaña electoral”.

El presidente del medio de comunicación ACD Media, Danny Alcántara, quien le pidió a la JCE reconsiderar el contenido del reglamento, ya que “vulnera disposiciones de la Constitución. Además, “excede las facultades conferidas por la Ley Orgánica 20-23 del Régimen Electoral y la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Habilita la medición interna

Las organizaciones políticas y sus miembros pueden pagar el desarrollo de encuestas con fines electorales para uso interno antes de la precampaña y la campaña electoral. Sin embargo, la JCE precisó que estas “no podrán ser públicas” antes del primer domingo de julio de 2027. En caso de hacerlo, los partidos políticos, aspirantes o las empresas contratadas se expondrían al recibimiento de “medidas cautelares o sanciones administrativas”.

¿Cuáles serían las sanciones?

De acuerdo con lo indicado en el artículo décimo tercero del reglamento, las firmas encuestadoras que infrinjan podrían estar sujetas a diversas penalizaciones interpuestas por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales de la JCE. Dentro de estas se encuentra la suspensión temporal del registro por un período de seis meses a un año, la cancelación definitiva del registro en caso de reincidencia y cualquier otra sanción administrativa prevista en la ley.

“Las decisiones que sean dictadas por el Pleno de la Junta Central Electoral, rechazando o revocando el registro y la habilitación de firmas encuestadoras, serán notificadas a los solicitantes a través de la Secretaría General de la Junta Central Electoral”, indica el segundo párrafo del artículo antes mencionado.

La entidad electoral informó que la realización de los sondeos y las encuestas durante el día de los sufragios, denominadas como “boca de urna o exit poll”, en los cuales se violen o vulneren el derecho relativo al secreto del voto, podrán ser suspendidas.

Las firmas encuestadoras deben notificar a la JCE ocho días antes de las elecciones. En caso de incumplimiento, le sería aplicada una multa de uno a 200 salarios mínimos.

“Las firmas y empresas encuestadoras que se encuentren ya registradas y habilitadas para realizar encuestas y sondeos con fines electorales y que a la entrada en vigencia de este reglamento no cumplan con la actualización en el plazo de los treinta días laborables, previstos en el presente reglamento, su registro y habilitación serán revocados”, ordena la normativa.

Además, precisa que las firmas y empresas encuestadoras que estén registradas perderían su habilitación si no actualizan sus documentaciones cada año.

Santo Domingo, R.D.-Unos 14 de los 15 imputados acusados de cobro compulsivo, lavado de activos y el decomiso de aproximadamente dos toneladas de cocaína procedentes de Colombia y Venezuela decidieron declararse culpables tras arribar a un acuerdo con el Ministerio Público.

La información fue dada a conocer ante la jueza suplente del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Lissa Veras, por el fiscal adjunto Miguel Collado, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.

A raíz de este anuncio, la jueza dispuso el aplazamiento de la audiencia preliminar para el próximo lunes 10 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, con el objetivo de dar tiempo a que los convenios firmados sean depositados formalmente ante el tribunal.

Proceso de firmas en la Procuraduría

Al inicio de la jornada, el fiscal Collado comunicó al tribunal la necesidad de postergar el juicio debido a que la mayoría de los encartados y sus respectivos consejos de defensa se encontraban en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR).

Según se explicó, las partes se hallan en la fase final de rúbrica y formalización de este acuerdo definitivo con la Dirección de Persecución del Ministerio Público.

«El día de hoy, los imputados y las defensas están en la Procuraduría General de la República firmando el acuerdo que ya se está concluyendo con ellos», explicó el fiscal al solicitar el aplazamiento de la audiencia.

Ponderando que el caso ya acumulaba dos aplazamientos previos y buscando una salida idónea al proceso, la magistrada Veras acogió la solicitud.

Imputados y un ausente en el extranjero

El grupo de los 14 imputados que admitirá los hechos y que negocia las penas con el Estado está compuesto por Cristino Rotestan Clase, Braulio Rotestan Clase, Isidoro Rotestan Clase, Jomaiky Ureña Rotestan y Leda Margarita Clase.

También figuran Estefany De La Cruz Paulino, Glorisel De La Cruz Paulino, Yamilka Paulino, Francisco Morrobel Pérez, Geyser Clismerson Castillo Mordan, Joelvis Ildefonso Montero Pérez, Johnny Casimiro Tejada, Luigui Aneudy Ureña Read y las empresas Elegant Records Productions, Mariscos Del Caribe Clase y Mojos.

El grupo fue arrestado durante un operativo simultáneo desplegado por aire, mar y tierra en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná.

Los operativos fueron realizados por miembros del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de los Estados Unidos.

El órgano acusador sostiene que, una vez las sustancias ingresaban al territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaba la logística para enviarlas hacia Estados Unidos y Europa, donde en ocasiones se triplicaba su valor, generando ganancias ilícitas exorbitantes para la estructura criminal.

Santo Domingo, R.D.-Más de 30 mujeres le solicitaron este lunes al Congreso Nacional reanudar la discusión de “las tres causales” en el proceso de modificación que le realizará al nuevo Código Penal.

Se trata de una propuesta legislativa que busca modificar los artículos 110 y 111 para garantizar la despenalización del aborto en tres casos específicos.

Las sugerencias contenidas en la pieza proponen otorgar a las mujeres y niñas plena autoridad sobre su cuerpo, permitiéndoles así realizarse un aborto, sin que sean condenadas en los siguientes casos.

Embarazo sea incompatible con la vida extrauterina y cuando sea consecuencia de una violación sexual o incesto”, precisa el documento recibido por el Poder Legislativo.

Mary Fernández, una de las autoras, lamentó que más mujeres estén muriendo, “sin necesidad”, dejando en algunos casos a sus hijos en la orfandad.

Fabiola Medina, quien también se suscribe al documento, aclaró que esta disposición legislativa no viola el artículo 37 de la Constitución.

El apartado antes mencionado consagra en la Carta Magna el derecho a la vida “desde la concepción, hasta la muerte”.

“Preserva la vida, porque la vida de la mujer también es una vida. Entonces, en ese momento esto puede hacer una excepción”, dijo Medina.

Según considera, una de las disposiciones más importantes establecidas en la norma suprema es la dignidad.

«El principio más firme de la Constitución es el de la dignidad. La dignidad de la mujer también tiene que preservarse…”, manifestó.

Medina expresó que esta ocasión es oportuna para solucionar las fallas registradas en el nuevo marco penal contenido en la Ley 74-25.

“Hay muchos temas que ya fueron debatidos y están siendo debatidos, entonces están reconociendo que hubo una falla. Este es el momento que corrijamos también esa redacción del Código Penal que es un error”, terminó diciendo.

¿Reavivan la discusión?

Durante los diálogos finales que desarrollaron el Senado de la República y la Cámara Baja en julio del pasado año, la despenalización del aborto no logró ser incluida en la reforma.

A pesar del esfuerzo que realiza esta agrupación, al parecer tampoco estaría dentro de las nuevas enmiendas.

Ante la pregunta de si sería discutido, el presidente de la Camara de Diputados, Alfredo Pacheco, descartó esa posibilidad.

“Yo no quiero poner límites a la discusión, pero yo pienso que todo el país piensa y sabe que ese es un tema suficientemente debatido, ahora los temas del debate son otros. Vamos a estar recibiendo propuestas, avisaremos hasta cuándo la recibiremos”, manifestó Pacheco al ser entrevistado el pasado martes.

Continúan las propuestas

Los representantes del Congreso Nacional conformaron una comisión bicameral que, en principio, se dedicaría a mejorar alrededor de ocho artículos del marco penal, promulgado el pasado 3 de agosto.

No obstante, la mesa de trabajo presidida por el diputado Wandy Batista recibió solo 18 propuestas que envió el pasado viernes el Poder Ejecutivo.

A estas se agregarán las demás observaciones que podrá presentar la población hasta que finalice el plazo de recibimiento, programado para el próximo miércoles a las 6:00 de la tarde.

Además, existen otras propuestas redactadas por los diputados Rogelio Genao, Charlie Mariotti, los voceros de las bancadas políticas y el senador Antonio Taveras.

Los principales temas que han provocado preocupación e incertidumbre en diversos sectores de la sociedad están relacionados con los delitos y sanciones establecidos para quienes se excedan ejerciendo el derecho de libertad de expresión.