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Hermanos Espaillat buscan revertir acusación por homicidio voluntario en Corte de Apelación

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La defensa de Antonio y Maribel Espaillat sostiene que el cambio de calificación jurídica basado en el dolo eventual vulnera el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa

Por Carlos Baret

SANTO DOMINGO, RD. – Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat López presentaron un recurso de apelación contra la decisión judicial que modificó la calificación penal del proceso relacionado con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.

La acción judicial procura dejar sin efecto la Resolución núm. 042-2026-TRES-00048, emitida el 15 de octubre de 2026 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se sustituyó la calificación de homicidio y golpes y heridas involuntarios por la de homicidio y golpes y heridas voluntarios, sustentada en la figura del dolo eventual.

Los representantes legales de los imputados alegan que la modificación constituye una interpretación extensiva de la legislación penal que podría comprometer garantías constitucionales esenciales.

Defensa cuestiona aplicación del dolo eventual

Uno de los principales argumentos del recurso se fundamenta en el principio de legalidad penal, conforme al cual las conductas sancionables y sus consecuencias deben estar previamente establecidas por disposiciones legales claras y precisas.

La defensa sostiene que el tribunal recurrió a una construcción doctrinal para atribuir a determinadas disposiciones del Código Penal un alcance que, según su interpretación, no fue expresamente previsto por el legislador.

Los abogados argumentan que la legislación penal debe interpretarse restrictivamente cuando su aplicación pueda perjudicar al imputado, por lo que cuestionan que se utilice la figura del dolo eventual para transformar una imputación originalmente sustentada en hechos involuntarios.

Como parte de sus planteamientos, hicieron referencia a disposiciones del nuevo Código Penal que regulan situaciones de muertes ocasionadas por negligencia y posibles incumplimientos de obligaciones de seguridad en establecimientos comerciales.

No obstante, la aplicabilidad de cualquier disposición penal posterior a los hechos deberá examinarse conforme a las reglas constitucionales sobre irretroactividad y aplicación retroactiva de la norma más favorable.

Alegan vulneración de garantías procesales

El recurso también cuestiona el procedimiento seguido por el tribunal para modificar la calificación jurídica.

Según los recurrentes, la decisión se produjo antes de concluir la presentación de las pruebas de la acusación y de que la defensa iniciara su actividad probatoria.

En ese contexto, alegan que el tribunal realizó valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad penal de los procesados, lo que, a su juicio, podría comprometer la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial.

Asimismo, los abogados denuncian supuestas irregularidades en la aplicación de los artículos 327 y 328 del Código Procesal Penal, relacionados con las advertencias sobre posibles modificaciones de la calificación jurídica y las circunstancias que pueden surgir durante el juicio.

Sostienen que la solicitud de variar la imputación ya había sido discutida durante la etapa preliminar y que no se presentaron hechos nuevos que justificaran el procedimiento utilizado.

Cuestionan restricciones al derecho de defensa

Otro aspecto señalado en la apelación se relaciona con el desarrollo del debate judicial.

La defensa afirma que las partes acusadoras pudieron realizar intervenciones adicionales, mientras que a los representantes de los imputados no se les habría permitido ejercer la correspondiente contrarréplica.

También alegan que los hermanos Espaillat no tuvieron oportunidad de pronunciarse personalmente sobre la solicitud de modificación de la calificación penal.

De acuerdo con el recurso, estas circunstancias habrían afectado el principio de contradicción, la igualdad procesal y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Se trata de alegaciones formuladas por los abogados recurrentes, cuya procedencia deberá ser examinada por los órganos jurisdiccionales competentes.

Solicitan anulación de la resolución

Mediante el recurso, los abogados pidieron a la Corte de Apelación revocar y declarar nula la decisión que introdujo la calificación de homicidio voluntario.

Igualmente, solicitaron que el proceso continúe bajo la imputación original de homicidio y golpes y heridas involuntarios, conforme al auto de apertura a juicio.

La defensa también pretende que el conocimiento del expediente sea asignado a un tribunal unipersonal distinto del que emitió la resolución impugnada.

Como fundamento de la admisibilidad de la apelación, invocó precedentes de la Suprema Corte de Justicia que, según sus argumentos, permiten recurrir excepcionalmente determinadas decisiones judiciales distintas de las sentencias definitivas.

Corresponderá a la Corte de Apelación establecer si el recurso reúne los requisitos legales para ser conocido y, de resultar admisible, pronunciarse sobre los cuestionamientos presentados.

Un proceso de trascendencia jurídica

La controversia introduce un debate relevante sobre los límites de la interpretación judicial del derecho penal y las condiciones necesarias para atribuir responsabilidad por dolo eventual.

En términos jurídicos, la discusión gira alrededor de la diferencia entre una conducta negligente, aun cuando exista conocimiento de determinados riesgos, y una actuación en la que pueda demostrarse aceptación del resultado dañoso.

La existencia de esa diferencia resulta fundamental para determinar la calificación aplicable, sin que la sola gravedad de las consecuencias permita establecer automáticamente una conducta dolosa.

El proceso continúa generando atención nacional debido a la magnitud de la tragedia y a sus repercusiones para las víctimas, sus familiares y la responsabilidad penal vinculada con la seguridad de los establecimientos abiertos al público.

Mientras se conoce la apelación, permanece abierta una cuestión jurídica esencial: hasta dónde puede llegar la interpretación de los tribunales al modificar una acusación penal sin vulnerar las garantías constitucionales de los procesados.

La decisión que adopte la Corte de Apelación podría tener importantes repercusiones en el desarrollo del caso Jet Set y en el debate jurídico dominicano sobre la aplicación del dolo eventual.

Fuente: Recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat López, según informaciones publicadas el 27 de octubre de 2026.

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Nuevo aplazamiento retrasa proceso judicial por asesinato de chofer recolector de basura en Santiago

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El Segundo Juzgado de la Instrucción fijó para el 14 de diciembre la continuación de la audiencia preliminar contra siete imputados, luego de que uno de los abogados defensores renunciara a la representación de su cliente.

Santiago, República Dominicana.-El proceso judicial seguido contra siete personas acusadas de participar en la muerte de un conductor de un camión recolector de basura en Santiago sufrió un nuevo retraso, luego de que el Segundo Juzgado de la Instrucción decidiera posponer la audiencia preliminar hasta el próximo 14 de diciembre.

El expediente está relacionado con el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien perdió la vida en abril de 2026, tras un violento incidente en el que presuntamente participaron varios motociclistas.

La decisión del tribunal se produjo después de que uno de los abogados defensores renunciara a representar al imputado Miguel García Balbuena, circunstancia que hizo necesario gestionar la intervención de la Defensoría Pública para garantizar su asistencia legal.

Con este nuevo aplazamiento, suman dos las ocasiones en que la audiencia ha sido reprogramada, mientras los familiares de la víctima continúan esperando que el proceso avance hacia una decisión judicial.

Familiares cuestionan los constantes retrasos

El abogado José Martínez Brito, representante de los familiares del conductor fallecido, expresó su inconformidad con la suspensión de la audiencia y consideró que los incidentes procesales podrían estar siendo utilizados para prolongar el conocimiento del expediente.

El jurista calificó la situación como una posible estrategia dilatoria y aseguró que mantendrá sus esfuerzos para que los tribunales conozcan las acusaciones y determinen las responsabilidades correspondientes.

Martínez Brito sostuvo que la familia continuará reclamando justicia, independientemente de los obstáculos procesales que puedan surgir durante el desarrollo del caso.

Sin embargo, desde la representación legal de algunos imputados también se expresaron preocupaciones por las reiteradas suspensiones.

El abogado Roberto Pérez, quien defiende a dos de los procesados, manifestó que esperaba que la audiencia pudiera celebrarse, debido a que los aplazamientos afectan igualmente a sus representados.

Durante la jornada de este martes, el tribunal no llegó a examinar las pruebas audiovisuales ni otros elementos relacionados con la acusación.

Siete acusados enfrentan proceso preliminar

Entre los imputados vinculados al expediente figuran Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Las autoridades también señalan a Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como «Macho», como presunto autor material del homicidio.

Este último cumple prisión preventiva luego de haber sido repatriado desde Jamaica, país al que, según las autoridades, se trasladó después de los hechos investigados.

La acusación está relacionada con la muerte violenta del conductor, quien dejó cinco hijos en la orfandad, una tragedia que provocó consternación entre sus familiares y allegados.

Garantías procesales y derecho a una justicia oportuna

El nuevo aplazamiento pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los retrasos que afectan determinados procesos penales y sus consecuencias para las víctimas y las personas sometidas a la justicia.

Aunque la renuncia de un abogado puede hacer necesaria la suspensión de una audiencia para garantizar el derecho de defensa, también corresponde a los tribunales adoptar las medidas procesales pertinentes para evitar retrasos injustificados.

En la etapa preliminar, el órgano judicial debe examinar los elementos presentados por el Ministerio Público y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer la apertura a juicio de fondo, sin que esta fase implique establecer anticipadamente la culpabilidad de los imputados.

En ese sentido, tanto los familiares de la víctima como los acusados tienen derecho a que el expediente sea conocido con respeto al debido proceso y dentro de un plazo razonable.

La próxima audiencia, programada para el 14 de diciembre, será determinante para establecer si finalmente puede avanzar la fase preliminar del proceso por la muerte de Abreu Quezada, un caso que continúa generando atención en Santiago.

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Cámara de Diputados evaluará nuevo presupuesto complementario enviado por el Poder Ejecutivo

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Una comisión especial tendrá hasta el jueves 19 de noviembre para presentar su informe sobre la propuesta que busca modificar nuevamente el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2026.

Santo Domingo, República Dominicana.-La Cámara de Diputados decidió este martes remitir a una comisión especial el proyecto de presupuesto complementario presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se procura introducir nuevas modificaciones a las disposiciones que regulan el Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de 2026.

La propuesta legislativa contempla cambios en las leyes 99-25 y 43-26, relacionadas con la aprobación y posterior modificación del presupuesto vigente, y deberá ser examinada por los congresistas antes de iniciar formalmente el conocimiento del proyecto presupuestario para 2027.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que resulta necesario concluir el trámite de esta iniciativa para avanzar posteriormente en la discusión de las asignaciones económicas previstas para el próximo año.

Recordó que el presupuesto correspondiente a 2026 fue aprobado en diciembre de 2025 y posteriormente recibió modificaciones mediante la Ley 43-26, por lo que el nuevo documento constituye otra propuesta de actualización de las disposiciones presupuestarias.

Comisión especial deberá rendir informe el jueves

Durante la sesión legislativa, el pleno conoció una comunicación remitida por el Poder Ejecutivo en la que se exponen los motivos de la propuesta.

Tras escuchar la lectura de la correspondencia, los diputados aprobaron dispensar la lectura íntegra del proyecto y enviarlo a una comisión especial, encargada de estudiar su contenido y presentar sus recomendaciones el próximo jueves 19 de noviembre.

El organismo estará presidido por el diputado Frank Paulino y contará con la participación de legisladores de distintas organizaciones políticas.

Entre sus integrantes figuran Ydenia Doñez, Charles Noé Mariotti Paz, Claudel Frías, Ramón Raposo, Jorge Manuel Zorrilla, Ángela Maruja Gregorina, Félix Hiciano, Delli Félix, Dorina Rodríguez, Abelardo Rutinel, Sergio Moya, Gregorio Domínguez, Enriqueta Rojas, Tobías Crespo, Danilo Díaz, Brenda Ogando, Margarita Tejeda, Amado Díaz y José David Báez.

La comisión tendrá la responsabilidad de examinar las modificaciones propuestas y determinar la pertinencia de recomendar su aprobación o introducir cambios durante el proceso legislativo.

Diputados conocen otras iniciativas

En la misma jornada, la Cámara Baja aprobó en segunda discusión una iniciativa que dispone designar con el nombre de Felipa Gómez Sarete una estación del Teleférico de Santo Domingo, ubicada en la calle Central del sector Buenos Aires.

El proyecto fue presentado por el diputado Ignacio Aracena.

Asimismo, los legisladores decidieron dejar sobre la mesa una propuesta que modifica varios artículos de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con el propósito de retomarla durante la próxima semana.

Aprueban convenio para proteger recursos hídricos

Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la aprobación del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, instrumento internacional adoptado en Helsinki, Finlandia, el 17 de marzo de 1992.

Este acuerdo procura fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir la contaminación y promover la conservación de las aguas superficiales y subterráneas compartidas.

Su finalidad incluye impulsar mecanismos de coordinación que permitan garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y reducir los riesgos ambientales asociados a su utilización.

Solicitudes de obras y homenajes

Durante los trabajos también fue aprobado el nonagésimo octavo grupo de resoluciones internas, mediante el cual diferentes diputados solicitan al Gobierno la ejecución de proyectos de infraestructura, reparación de instalaciones y mejoramiento de servicios públicos en sus respectivas comunidades.

La sesión incluyó, además, un minuto de silencio en memoria de Melvin López, mánager del Club Mauricio Báez; Lily Josefina Rodríguez, rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), y Rafael Antonio Reyes Almonte, rector de la Universidad Evangélica.

Al concluir la jornada, Alfredo Pacheco convocó a los legisladores para una nueva sesión el jueves 19 de noviembre, a las 12:00 del mediodía.

La atención legislativa estará concentrada en el informe de la comisión especial sobre el presupuesto complementario, una iniciativa cuyo conocimiento resulta relevante para cerrar las modificaciones fiscales de 2026 y avanzar hacia la discusión del Presupuesto General del Estado de 2027.

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Pro Consumidor intensifica vigilancia y advierte sanciones por falsas ofertas del Viernes Negro

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La institución supervisa establecimientos comerciales y plataformas digitales para evitar descuentos ficticios, aumentos artificiales de precios y publicidad engañosa durante la temporada de compras.

SANTO DOMINGO, RD. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció el fortalecimiento de sus operativos de inspección en establecimientos comerciales de distintas ciudades de República Dominicana, con el propósito de prevenir irregularidades en las promociones y descuentos anunciados con motivo del Viernes Negro.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, advirtió que los negocios que recurran a ofertas falsas, publicidad engañosa o modificaciones artificiales de precios podrían enfrentar sanciones conforme a las disposiciones legales vigentes.

El funcionario explicó que la institución mantiene labores de supervisión durante todo el año, pero incrementa los controles en períodos de alta actividad comercial, cuando numerosos establecimientos ofrecen promociones especiales para atraer compradores.

Entre los productos de mayor vigilancia figuran los electrodomésticos y otros artículos de alta demanda, cuyos precios suelen experimentar importantes variaciones durante estas jornadas comerciales.

Verificarán que los descuentos sean reales

Como parte de las acciones preventivas, Pro Consumidor utiliza registros de precios recopilados antes del inicio de las promociones, los cuales posteriormente compara con las ofertas anunciadas por los establecimientos.

Este mecanismo permite identificar posibles incrementos injustificados antes de aplicar supuestos descuentos, una práctica que podría inducir a los consumidores a creer que están obteniendo mayores beneficios económicos.

Alcántara explicó que los comerciantes deben respetar las condiciones publicitadas y proporcionar información precisa sobre los precios, la disponibilidad de mercancías y las restricciones de las promociones.

Compras por internet también estarán bajo vigilancia

La supervisión no se limitará a las tiendas físicas, debido al crecimiento de las ventas realizadas mediante páginas web, redes sociales y plataformas digitales.

El titular de Pro Consumidor alertó sobre los riesgos asociados a promociones que presentan información incompleta, condiciones ocultas o enlaces que conducen a páginas de procedencia desconocida.

En ese sentido, recomendó a los compradores verificar la identidad y confiabilidad de los establecimientos antes de realizar pagos electrónicos.

Asimismo, aconsejó comparar precios, revisar las garantías, confirmar los plazos de entrega y comprobar si existen cargos adicionales que puedan incrementar el costo final de los productos.

Comercios deben cumplir con la Ley 358-05

El funcionario recordó que la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, núm. 358-05, establece obligaciones destinadas a garantizar información clara, veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos al público.

La normativa también contempla mecanismos de protección frente a prácticas comerciales que puedan perjudicar los intereses económicos de los ciudadanos.

En consecuencia, los establecimientos deberán informar de manera visible la duración de sus promociones, las condiciones para acceder a los descuentos y la disponibilidad de los artículos anunciados.

El incumplimiento de estas disposiciones podría dar lugar a actuaciones administrativas y sanciones, según la naturaleza de las infracciones detectadas.

Exhortan a denunciar ofertas fraudulentas

Pro Consumidor llamó a los ciudadanos a mantenerse atentos ante promociones que aparenten ofrecer grandes rebajas, pero que no reflejen una reducción real del precio habitual de los productos.

La institución también exhortó a conservar facturas, comprobantes de pago y evidencias de las ofertas publicitadas, documentos que pueden resultar útiles al momento de presentar una reclamación.

Alcántara reiteró que los consumidores pueden denunciar cualquier irregularidad mediante los canales oficiales de la entidad.

Con el reforzamiento de estos operativos, Pro Consumidor busca garantizar una temporada comercial más transparente, proteger el bolsillo de los compradores y prevenir prácticas engañosas durante las ofertas del Viernes Negro.

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