Nacionales
Procurador dice Danilo tiene en sus manos borrador de normativa de la Policía
Santo Domingo. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, anunció que ya está listo el borrador que regirá la nueva normativa legal de la Policía Nacional, a los fines de ser socializado por todos los sectores.
«Es un proyecto marco interesante que nos permite aclarar los roles de cada quien, sobre todo, en una serie de esferas que tienen que ver con relación Policía-Ministerio Público, relación Policía con Fuerzas Armadas, roles de Policía como uniformada, roles de Policía como Policía investigativa, diferenciación de asuntos internos y desaparición de otras estructuras policiales que durante mucho tiempo han permanecido y que ya han sido agotadas», detalló.
Domínguez Brito dijo que ya que se ha señalado que el gran problema policial es fáctico, de cultura «que tenemos que romper y, en ese segundo aspecto tenemos que tomar grandes decisiones y hay que comenzar con una Policía investigativa elite donde podamos identificar cuáles son las necesidades de hombre que tenemos, probablemente en materia de homicidios pudiéramos tener cien o ciento cincuenta hombres, y creo que es demasiado».
Dijo que la Policía debe tener hombres capacitados, egresados de la Academia Policial para poder hacer en la Policía una verdadera revolución donde «podamos identificar sus capacidades».
Precisó que los roles de las Fuerzas Armadas como ente para garantizar la seguridad nacional, son muy diferentes a los de la Policía Nacional, que deberá tener un rol en materia de seguridad ciudadana, «por eso hemos sostenido que la Policía Turística tiene que estar dentro de la Policía Nacional, no dentro de las Fuerzas Armadas».
«Hay una serie de hechos y de planteamientos que tenemos que revisar, próximamente el Presidente de la República los analizará, todo está en el proyecto que contiene la nueva normativa de la Policía y que estamos presentando a consultores internacionales que también, en esta semana participarán con nosotros para revisar ya toda la propuesta».
Dice que hay indicios de irregularidades en el caso del senador Amable Aristy Castro
Querella de Moreno es «política-partidista»
Francisco Domínguez Brito calificó la querella que interpuso el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, en contra del ex presidente Leonel Fernández, «como un documento coyuntural y político-partidista».
«En base a este documento nosotros no vamos a trabajar la lucha contra la corrupción, la lucha contra la corrupción se va a basar en elementos objetivos, concretos y que persigan que no haya impunidad en la República Dominicana», dijo el Procurador.
Al preguntarle si en el documento no se presentan pruebas de fraude, Domínguez Brito explicó «que esa es una posición que Moreno ha sostenido, nosotros estamos llevando a cabo un proceso de investigación en cualquiera de los casos que se nos han presentado, ya sea con los informes de la Cámara de Cuentas, que tenemos varios, y una serie de informaciones que tenemos, pero todo eso se hace de acuerdo a un protocolo».
Dijo que la forma de presentar la querella hace daño a la lucha contra la corrupción y «nosotros no nos vamos a prestar a que sean intereses muy personales de coyunturas, protagonismos, o tal vez oportunismos los que definan la actuación del Ministerio Público».
Al referirse al caso del senador Amable Aristy Castro dijo que hay indicios «serios» en el reporte de la Cámara de Cuentas de irregularidades donde se viola la ley penal y «nosotros hemos actuado». «Los casos hay que verlos con objetividad, yo no quiero que la justicia se haga de ella un circo y que nosotros trabajemos en función de parámetros que no son los que a mí entender deben predominar en el Ministerio Público», aseveró.
Explicó que sus actuaciones están apegadas a las normas jurídicas del país. «Fuimos nosotros que solicitamos el retiro del archivo definitivo del caso del senador Félix Bautista», recordó.
Niega que FBI interrogue a ex de la DNCD
Negó que sea cierto que el FBI esté detrás de seis ex presidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y, agregó que no sabe de dónde salió esa información. «No hay ningún tipo de documento en ese sentido, lo que sí es cierto es que estamos trabajando con autoridades norteamericanas y con autoridades europeas a los fines de que República Dominicana pueda ser limitado al máximo para que sea utilizado como puente para el trasiego de drogas a Europa y los Estados Unidos». Al referirse a las extradiciones, dijo que este aspecto lo va apoyar y va a colaborar con la comunidad internacional. «Para mí eso es vital».
Pone de ejemplo caso de Prisiones
Señaló que el primer día que llegó a la Procuraduría se encontró con el caso de una denuncia de soborno de un millón de pesos al ex director de Prisiones. «El tenía todos los amigos, tenía todas las relaciones dentro del gobierno de nuestro partido, y ahí no hubo ningún tipo de miramiento para proceder a llevarlo a la justicia».
Diario Libre
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.