Nacionales
Procurador dice Danilo tiene en sus manos borrador de normativa de la Policía
Santo Domingo. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, anunció que ya está listo el borrador que regirá la nueva normativa legal de la Policía Nacional, a los fines de ser socializado por todos los sectores.
«Es un proyecto marco interesante que nos permite aclarar los roles de cada quien, sobre todo, en una serie de esferas que tienen que ver con relación Policía-Ministerio Público, relación Policía con Fuerzas Armadas, roles de Policía como uniformada, roles de Policía como Policía investigativa, diferenciación de asuntos internos y desaparición de otras estructuras policiales que durante mucho tiempo han permanecido y que ya han sido agotadas», detalló.
Domínguez Brito dijo que ya que se ha señalado que el gran problema policial es fáctico, de cultura «que tenemos que romper y, en ese segundo aspecto tenemos que tomar grandes decisiones y hay que comenzar con una Policía investigativa elite donde podamos identificar cuáles son las necesidades de hombre que tenemos, probablemente en materia de homicidios pudiéramos tener cien o ciento cincuenta hombres, y creo que es demasiado».
Dijo que la Policía debe tener hombres capacitados, egresados de la Academia Policial para poder hacer en la Policía una verdadera revolución donde «podamos identificar sus capacidades».
Precisó que los roles de las Fuerzas Armadas como ente para garantizar la seguridad nacional, son muy diferentes a los de la Policía Nacional, que deberá tener un rol en materia de seguridad ciudadana, «por eso hemos sostenido que la Policía Turística tiene que estar dentro de la Policía Nacional, no dentro de las Fuerzas Armadas».
«Hay una serie de hechos y de planteamientos que tenemos que revisar, próximamente el Presidente de la República los analizará, todo está en el proyecto que contiene la nueva normativa de la Policía y que estamos presentando a consultores internacionales que también, en esta semana participarán con nosotros para revisar ya toda la propuesta».
Dice que hay indicios de irregularidades en el caso del senador Amable Aristy Castro
Querella de Moreno es «política-partidista»
Francisco Domínguez Brito calificó la querella que interpuso el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, en contra del ex presidente Leonel Fernández, «como un documento coyuntural y político-partidista».
«En base a este documento nosotros no vamos a trabajar la lucha contra la corrupción, la lucha contra la corrupción se va a basar en elementos objetivos, concretos y que persigan que no haya impunidad en la República Dominicana», dijo el Procurador.
Al preguntarle si en el documento no se presentan pruebas de fraude, Domínguez Brito explicó «que esa es una posición que Moreno ha sostenido, nosotros estamos llevando a cabo un proceso de investigación en cualquiera de los casos que se nos han presentado, ya sea con los informes de la Cámara de Cuentas, que tenemos varios, y una serie de informaciones que tenemos, pero todo eso se hace de acuerdo a un protocolo».
Dijo que la forma de presentar la querella hace daño a la lucha contra la corrupción y «nosotros no nos vamos a prestar a que sean intereses muy personales de coyunturas, protagonismos, o tal vez oportunismos los que definan la actuación del Ministerio Público».
Al referirse al caso del senador Amable Aristy Castro dijo que hay indicios «serios» en el reporte de la Cámara de Cuentas de irregularidades donde se viola la ley penal y «nosotros hemos actuado». «Los casos hay que verlos con objetividad, yo no quiero que la justicia se haga de ella un circo y que nosotros trabajemos en función de parámetros que no son los que a mí entender deben predominar en el Ministerio Público», aseveró.
Explicó que sus actuaciones están apegadas a las normas jurídicas del país. «Fuimos nosotros que solicitamos el retiro del archivo definitivo del caso del senador Félix Bautista», recordó.
Niega que FBI interrogue a ex de la DNCD
Negó que sea cierto que el FBI esté detrás de seis ex presidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y, agregó que no sabe de dónde salió esa información. «No hay ningún tipo de documento en ese sentido, lo que sí es cierto es que estamos trabajando con autoridades norteamericanas y con autoridades europeas a los fines de que República Dominicana pueda ser limitado al máximo para que sea utilizado como puente para el trasiego de drogas a Europa y los Estados Unidos». Al referirse a las extradiciones, dijo que este aspecto lo va apoyar y va a colaborar con la comunidad internacional. «Para mí eso es vital».
Pone de ejemplo caso de Prisiones
Señaló que el primer día que llegó a la Procuraduría se encontró con el caso de una denuncia de soborno de un millón de pesos al ex director de Prisiones. «El tenía todos los amigos, tenía todas las relaciones dentro del gobierno de nuestro partido, y ahí no hubo ningún tipo de miramiento para proceder a llevarlo a la justicia».
Diario Libre
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.