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Educación apodera al CODIA expedientes
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación (MINERD) apoderó al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) de los expedientes correspondientes a la construcción de varias escuelas cuyos contratos fueron rescindidos.
Corresponden a los centros educativos La Unión, en Santo Domingo Este, y Hernando Alonzo, en Cotuí. La construcción de dichos centros estaba a cargo del ingeniero Arturo Anibal Rincón Veras y la empresa CONSTRUVI SRL, representada por la ingeniera Johanna Michell Rincón Puigvert.
Durante una reunión efectuada en el CODIA, Carmen Reyes, consultora jurídica del MINERD, entregó a la junta directiva del gremio, encabezada por su presidenta, Esther Morillo, la documentación relativa a contratos, pagos, presupuestos, rescisiones y planos, para las investigaciones correspondientes.
Reyes estuvo acompañada por el ingeniero William Sifres, encargado de terminación de edificaciones escolares, y el asesor legal del Departamento de Edificaciones del MINERD, David Flores Martínez.
El MINERD solicitó el arbitraje de CODIA para buscar una solución alternativa al caso que involucra al ingeniero Rincón Veras, quien había sido favorecido con un contrato grado a grado (sin que mediara un concurso previo) para la construcción del centro educativo La Unión, otorgado en marzo de 2009, por 30 millones 942 mil 769 pesos con 59 centavos.
La terminación de los trabajos estaba prevista para un plazo de 180 días, a partir de la firma del contrato, pero hubo retrasos en la entrega e incumplimiento del cronograma de ejecución, desde junio del 2012, según explicó Sifres.
Agregó que Rincón Veras cobró el avance de la obra el 28 de diciembre de 2009, por un valor de 6 millones 188 mil 553 pesos con 91 centavos, y la comenzó el 9 de febrero de 2012. El MINERD le ha pagado 24 millones 972 mil 562 pesos con 71 centavos y tiene pendiente de saldo un millón 973 mil 953.57, que fue devuelto por la Contraloría General de la República, debido a que la obra fue adjudicada grado a grado.
Sifres explicó que la ministra de Educación, Josefina Pimentel, tenía previsto celebrar el acto de apertura del año escolar 2012-2013 en el centro educativo La Unión y que para esos fines convocó a Rincón Veras a una reunión, en junio de 2012, en la que éste se comprometió a terminar dicho centro a cambio de que el MINERD le pagara una cubicación pendiente por valor de cinco millones 566 mil 720 pesos con 84 centavos, compromiso que fue honrado el 13 de julio de 2012.
Pese a que el MINERD pagó la deuda, la obra no fue concluida en el plazo previsto, lo que obligó a un cambio de sede para el acto de inicio del presente año escolar.
En cuanto a la construcción de la escuela Hernando Alonzo, cuyo contrato fue rescindido, el ingeniero Sifres aclaró que éste había sido firmado con la empresa CONSTRUVI SRL, representada por la ingeniera Johanna Michell Rincón Puigvert. La obra alcanzó un nivel de avance de 65.3 por ciento, según cubicación.
De su lado, la consultora jurídica del MINERD expresó que la institución está interesada en que el CODIA ofrezca su opinión mediadora, para que se respeten los derechos de ambas partes.
“El MINERD respetará cualquier decisión que emane del CODIA y confía en que, como siempre, esta entidad contribuya a mantener las relaciones armónicas entre los profesionales de la ingeniería y las instituciones del Estado”, expresó Reyes.
En tanto, la presidenta del CODIA dijo que serán designados un ingeniero eléctrico, uno civil y un arquitecto sin vínculos directos con el gremio y altamente calificados, para que rindan un informe imparcial.
Asimismo, el MINERD designará una comisión integrada por tres ingenieros y una arquitecta trabajará junto a los peritos del gremio.
Almomento.net
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.