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Educación apodera al CODIA expedientes
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación (MINERD) apoderó al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) de los expedientes correspondientes a la construcción de varias escuelas cuyos contratos fueron rescindidos.
Corresponden a los centros educativos La Unión, en Santo Domingo Este, y Hernando Alonzo, en Cotuí. La construcción de dichos centros estaba a cargo del ingeniero Arturo Anibal Rincón Veras y la empresa CONSTRUVI SRL, representada por la ingeniera Johanna Michell Rincón Puigvert.
Durante una reunión efectuada en el CODIA, Carmen Reyes, consultora jurídica del MINERD, entregó a la junta directiva del gremio, encabezada por su presidenta, Esther Morillo, la documentación relativa a contratos, pagos, presupuestos, rescisiones y planos, para las investigaciones correspondientes.
Reyes estuvo acompañada por el ingeniero William Sifres, encargado de terminación de edificaciones escolares, y el asesor legal del Departamento de Edificaciones del MINERD, David Flores Martínez.
El MINERD solicitó el arbitraje de CODIA para buscar una solución alternativa al caso que involucra al ingeniero Rincón Veras, quien había sido favorecido con un contrato grado a grado (sin que mediara un concurso previo) para la construcción del centro educativo La Unión, otorgado en marzo de 2009, por 30 millones 942 mil 769 pesos con 59 centavos.
La terminación de los trabajos estaba prevista para un plazo de 180 días, a partir de la firma del contrato, pero hubo retrasos en la entrega e incumplimiento del cronograma de ejecución, desde junio del 2012, según explicó Sifres.
Agregó que Rincón Veras cobró el avance de la obra el 28 de diciembre de 2009, por un valor de 6 millones 188 mil 553 pesos con 91 centavos, y la comenzó el 9 de febrero de 2012. El MINERD le ha pagado 24 millones 972 mil 562 pesos con 71 centavos y tiene pendiente de saldo un millón 973 mil 953.57, que fue devuelto por la Contraloría General de la República, debido a que la obra fue adjudicada grado a grado.
Sifres explicó que la ministra de Educación, Josefina Pimentel, tenía previsto celebrar el acto de apertura del año escolar 2012-2013 en el centro educativo La Unión y que para esos fines convocó a Rincón Veras a una reunión, en junio de 2012, en la que éste se comprometió a terminar dicho centro a cambio de que el MINERD le pagara una cubicación pendiente por valor de cinco millones 566 mil 720 pesos con 84 centavos, compromiso que fue honrado el 13 de julio de 2012.
Pese a que el MINERD pagó la deuda, la obra no fue concluida en el plazo previsto, lo que obligó a un cambio de sede para el acto de inicio del presente año escolar.
En cuanto a la construcción de la escuela Hernando Alonzo, cuyo contrato fue rescindido, el ingeniero Sifres aclaró que éste había sido firmado con la empresa CONSTRUVI SRL, representada por la ingeniera Johanna Michell Rincón Puigvert. La obra alcanzó un nivel de avance de 65.3 por ciento, según cubicación.
De su lado, la consultora jurídica del MINERD expresó que la institución está interesada en que el CODIA ofrezca su opinión mediadora, para que se respeten los derechos de ambas partes.
“El MINERD respetará cualquier decisión que emane del CODIA y confía en que, como siempre, esta entidad contribuya a mantener las relaciones armónicas entre los profesionales de la ingeniería y las instituciones del Estado”, expresó Reyes.
En tanto, la presidenta del CODIA dijo que serán designados un ingeniero eléctrico, uno civil y un arquitecto sin vínculos directos con el gremio y altamente calificados, para que rindan un informe imparcial.
Asimismo, el MINERD designará una comisión integrada por tres ingenieros y una arquitecta trabajará junto a los peritos del gremio.
Almomento.net
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.