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Juristas responde si la justicia en el pais funciona para todos los dominicanos.
Santo Domingo, R.D.-Tres juristas estimaron que la institucionalidad, formación judicial, independencia y tecnología han avanzado en el país, pero que para el ciudadano común todavía puede ser lenta, costosa y desigual.
Ese fue uno de los diagnósticos centrales expuestos por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, el abogado penalista Miguel Valerio y el jurista Francisco Álvarez Martínez, durante el tercer programa de “Balance: 16 miradas para el 16”, especial de CDN 37 dedicado a revisar los principales desafíos del país cuando el Gobierno del presidente Luis Abinader se aproxima a cumplir seis años.
El episodio estuvo enfocado en una pregunta directa: si una persona común necesita justicia, ¿la encontrará a tiempo y en igualdad de condiciones, sin importar su nivel económico, influencia o capacidad de defensa?
La evaluación inicial fue moderadamente favorable. Peralta otorgó 7 puntos sobre 10 al sistema de justicia dominicano, Valerio le dio 8 y Álvarez Martínez 7.5. Los tres reconocieron avances respecto a décadas anteriores, especialmente en la profesionalización de jueces, la formación especializada, el uso de tecnología y la consolidación de mayores niveles de independencia institucional.
Peralta recordó que en el pasado los jueces eran designados bajo fuertes influencias políticas y sostuvo que hoy existen mayores garantías institucionales. Valerio resaltó el papel de la Escuela Nacional de la Judicatura y el avance de la justicia virtual. Álvarez Martínez, por su parte, señaló que las nuevas herramientas tecnológicas y las reformas en marcha podrían traducirse en mejoras importantes durante los próximos años.
Sin embargo, cuando el debate pasó de la estructura institucional a la experiencia real del ciudadano, el diagnóstico fue mucho más severo.
Peralta resumió uno de los mayores problemas del sistema con una frase directa: “La justicia aquí es lenta y es cara”.
El ministro reconoció que las instituciones judiciales no cuentan con todos los recursos necesarios para responder a la demanda existente y admitió que el acceso efectivo a la justicia continúa siendo una deuda para una parte importante de la población.
“El costo es muy alto”, afirmó el abogado, al advertir que esta realidad golpea con más fuerza a quienes tienen menos recursos.
Álvarez Martínez también planteó que la desigualdad económica sigue incidiendo en la defensa de los derechos. Afirmó que no es lo mismo enfrentar un proceso con recursos suficientes para contratar una defensa robusta que hacerlo dependiendo de opciones limitadas. Aunque reconoció avances en acceso a información y herramientas digitales, advirtió que la capacidad económica continúa marcando diferencias dentro del sistema.
Uno de los puntos más críticos del programa fue el uso de la prisión preventiva. Valerio cuestionó que en República Dominicana se recurra con tanta frecuencia a esa medida y afirmó que en el país “se cae preso preventivo por cualquier cosa”. También advirtió sobre los costos humanos, económicos e institucionales de mantener a personas detenidas durante largos períodos sin condena definitiva.
El abogado planteó que el Estado podría enfrentar consecuencias cuando una persona permanece años en prisión preventiva y luego resulta absuelta o no condenada.
Álvarez Martínez fue más lejos al estimar que entre 60 % y 70 % de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva. A su juicio, ese dato revela un sistema que “ya colapsó y falló”.
Peralta coincidió en que la prisión preventiva debe ser excepcional. Señaló que su aplicación debe depender de elementos como el riesgo de fuga, el arraigo del imputado y las circunstancias concretas del caso, no solo de la gravedad del hecho atribuido.
La duración de los grandes expedientes de corrupción fue otro de los temas que generó preocupación.
Valerio recordó que la Constitución reconoce el derecho a una justicia pronta y advirtió que los procesos que se prolongan durante cuatro o cinco años pueden producir un choque entre dos derechos: el de las víctimas y la sociedad a obtener justicia, y el del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
Álvarez Martínez advirtió que algunos grandes expedientes podrían terminar extinguidos por el paso del tiempo si el sistema no logra procesarlos con mayor eficiencia. Atribuyó parte del problema a acusaciones excesivamente extensas, sobreabundancia de pruebas y expedientes difíciles de manejar dentro de los ritmos ordinarios de los tribunales.
El jurista sostuvo que la complejidad de esos casos no puede convertirse en una excusa para que los procesos queden atrapados en una mora que termine anulando la posibilidad de una sentencia.
Peralta recordó que el Poder Ejecutivo tiene límites frente a esos expedientes, debido a que el Ministerio Público ya no depende directamente del presidente de la República. No obstante, reconoció que el desenlace de los grandes procesos judiciales puede tener repercusiones políticas y se mostró partidario de simplificar procedimientos.
Consultando su calificación sobre el nuevo Código Penal, Valerio lo calificó con 9 puntos sobre 10 y defendió que incorpora principios y conductas que antes no estaban suficientemente desarrollados dentro de la legislación penal dominicana.
Álvarez Martínez cuestionó la forma en que fue socializado e implementado. Consideró que una reforma de esa magnitud debió explicarse con más amplitud a la ciudadanía antes de su entrada plena en funcionamiento.
Peralta rechazó que el nuevo Código Penal constituya una amenaza a la libertad de expresión. Afirmó que no considera que exista actualmente una legislación que restrinja a periodistas, comunicadores o ciudadanos por expresar opiniones, aunque reconoció que el texto podría requerir ajustes conforme avance su aplicación.
También hubo posiciones encontradas sobre la posibilidad de acumular penas hasta alcanzar 60 años de prisión. Valerio consideró desproporcionado ese aumento y se manifestó contrario al cúmulo de penas. Álvarez Martínez cuestionó que el sistema dominicano esté preparado para retirar a una persona de la sociedad durante seis décadas. Peralta defendió que quien cometa varios delitos graves independientes debe responder por cada uno de ellos.
La creación del Ministerio de Justicia fue presentada como una de las reformas institucionales más relevantes.
Peralta explicó que la nueva institución busca concentrar atribuciones del Poder Ejecutivo que antes estaban dispersas en distintos organismos, entre ellas políticas de justicia, derechos humanos, litigios internacionales, administración penitenciaria y otras funciones que no corresponden directamente al Ministerio Público.
Valerio respaldó la creación del ministerio y consideró que debe asumir un papel central en la definición de la política criminal del Estado.
Álvarez Martínez también valoró la nueva estructura como una oportunidad para acercar el sistema al ciudadano, mejorar la orientación pública y facilitar la comprensión de derechos, procedimientos y rutas institucionales.
En el tramo final, la conversación abordó la independencia de la justicia y el papel del Consejo Nacional de la Magistratura.
Valerio reconoció que, hasta ahora, la administración de Luis Abinader no ha dado señales de intentar imponer jueces afines, aunque recordó que la selección de las altas cortes siempre tiene un componente político.
Peralta sostuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura debería ser revisado para reducir la discrecionalidad que puede depender de quien ejerza la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, afirmó que durante la actual administración ese órgano ha actuado con libertad.
Los participantes coincidieron en definir la justicia dominicana como un sistema “en transición”, con avances reales, pero también con deudas profundas.
El desafío, según quedó planteado en Balance, es que las reformas institucionales, los nuevos códigos, la tecnología y la creación del Ministerio de Justicia se traduzcan en algo concreto para la ciudadanía: una justicia accesible, confiable, menos costosa y capaz de decidir dentro de un tiempo razonable.
Por redacción
Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo dispuso que determinadas compras vinculadas a programas sociales del Estado sean realizadas exclusivamente con micro, pequeñas y medianas industrias de producción nacional, como parte de una política dirigida a fortalecer la fabricación local y ampliar la participación de este sector en las contrataciones públicas.
La disposición está contenida en el Decreto núm. 672-26, emitido por el presidente Luis Abinader, y abarca adquisiciones relacionadas con alimentación, vestimenta, materiales escolares, productos de higiene y otros bienes destinados a programas de asistencia y protección social.
La iniciativa establece que las instituciones comprendidas deberán priorizar a las MIPYMES industriales dominicanas siempre que exista capacidad suficiente para responder a las cantidades, especificaciones y estándares de calidad requeridos.
Productos deberán ser de origen nacional
Uno de los puntos centrales de la disposición es que los bienes adquiridos dentro de estos procedimientos deberán ser de producción nacional y encontrarse en territorio dominicano.
Además, el decreto procura que las compras se efectúen directamente a los productores y limita la intermediación, salvo que exista una autorización previa y escrita del fabricante.
Las entidades contratantes deberán incorporar en sus pliegos de condiciones los mecanismos necesarios para comprobar tanto el origen nacional de los productos como la condición del oferente como MIPYME industrial o productor nacional.
La política sigue una línea que ya ha sido utilizada por el Estado para promover la participación de MIPYMES y de la industria nacional en las compras públicas. El Gobierno también ha impulsado recientemente herramientas como Eficompras, integrada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, para ampliar el acceso de pequeños proveedores al mercado estatal.
Entidades alcanzadas por la medida
Entre las instituciones incluidas en el decreto figuran Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación.
También son mencionados el INAIPI, CONANI, CONAPE, PROMESE-CAL, URBE, MIVHED, INAVI y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, entre otras entidades responsables de programas de asistencia pública.
La disposición no implica que todas las adquisiciones realizadas por estas instituciones deban contratarse exclusivamente con MIPYMES. La aplicación queda circunscrita a los programas, bienes y servicios contemplados específicamente en el decreto.
Empresas deberán estar certificadas
Las industrias interesadas en participar deberán cumplir con varios requisitos administrativos.
Entre ellos se encuentra poseer el Registro Industrial de PROINDUSTRIA y la Certificación MIPYMES emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Cuando se trate de empresas lideradas por mujeres, deberán contar también con la correspondiente Certificación MIPYMES Mujer.
El decreto dispone que PROINDUSTRIA y el MICM faciliten estos procedimientos y brinden orientación a las empresas para agilizar los registros y certificaciones necesarios.
Estado deberá identificar proveedores disponibles
Antes de iniciar los procedimientos de contratación, las instituciones deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para identificar las empresas que puedan responder a la demanda.
La modernización del RPE forma parte de las reformas recientes del sistema de compras públicas, que han buscado simplificar requisitos para las MIPYMES y reducir obstáculos administrativos para su participación como proveedoras del Estado.
Si no aparecen proveedores con capacidad suficiente, la institución correspondiente deberá realizar una manifestación de interés con el propósito de determinar si existen otras empresas nacionales calificadas para ofrecer el producto o servicio.
Los procesos tendrán que desarrollarse mediante mecanismos competitivos y conforme al régimen establecido por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y sus normas de aplicación.
MICM y Contrataciones Públicas coordinarán implementación
Otro de los componentes de la medida es la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional integrada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Ese organismo tendrá entre sus funciones dar seguimiento a la aplicación del decreto, identificar sectores industriales con potencial para abastecer al Estado y facilitar la coordinación entre las necesidades de las instituciones públicas y la capacidad productiva de las empresas dominicanas.
También deberá promover capacitaciones dirigidas tanto a las MIPYMES como a las unidades responsables de las contrataciones estatales.
PROINDUSTRIA, por su parte, tendrá la responsabilidad de modernizar el Registro Industrial para incorporar información sobre los productos fabricados, capacidad de producción y certificaciones de las empresas.
Buscan conectar compras públicas con producción nacional
La medida coloca las adquisiciones del Estado como un instrumento para incentivar la producción local y generar oportunidades para empresas de menor tamaño.
El Gobierno ya había establecido mediante disposiciones anteriores mecanismos destinados a que determinadas compras vinculadas con programas de alimentación, reducción de la pobreza y protección de sectores vulnerables fueran dirigidas a MIPYMES industriales con capacidad de suplir los productos requeridos.
El nuevo decreto también instruye a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) y al MICM a desarrollar acciones para promover el consumo de bienes y servicios elaborados por las micro, pequeñas y medianas industrias nacionales.
Las disposiciones del Decreto 672-26 entrarán en vigencia a partir de su publicación.
Santo Domingo.– Los abogados de varios de los encartados en el denominado caso SeNaSa 2.0 cuestionaron este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer hasta 18 meses de prisión preventiva contra parte de los investigados, al considerar que existen otras medidas de coerción suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Los representantes legales sostienen que sus defendidos, entre ellos profesionales de la medicina, poseen domicilio conocido, vínculos familiares y laborales en la República Dominicana, elementos que, según la defensa, disminuyen cualquier posibilidad de que intenten abandonar el país o sustraerse de la acción de la justicia.
Los juristas insistieron en que los imputados se encuentran en disposición de asistir a las audiencias y demás actuaciones judiciales que sean requeridas mientras continúe la investigación.
“Son médicos, tienen arraigo y no se van a ir del país”, manifestaron abogados vinculados al proceso al defender la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Tribunal impuso diferentes medidas de coerción
Como parte del proceso relacionado con la denominada Operación Cobra 2.0-A, el tribunal estableció distintas medidas de coerción de acuerdo con la situación particular de cada imputado.
Entre las disposiciones adoptadas figuran prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Durante la jornada de este lunes, abogados de algunos de los procesados comenzaron además las gestiones correspondientes al retiro de dispositivos de monitoreo impuestos por el tribunal dentro de las medidas adoptadas.
Investigación por presuntas irregularidades
El expediente tiene su origen en una investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a supuestas irregularidades relacionadas con autorizaciones y servicios de salud atribuidos a personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades investigan la posible existencia de un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares en perjuicio de la aseguradora estatal.
Los abogados de los imputados han reiterado que sus clientes permanecerán disponibles para responder a las imputaciones y participar en las distintas etapas del proceso.
La defensa sostiene que el arraigo laboral, familiar y domiciliario de los acusados debe ser ponderado por los tribunales al momento de determinar la necesidad y proporcionalidad de las medidas de coerción.
El proceso continúa bajo investigación mientras las partes preparan sus respectivos argumentos frente a las decisiones adoptadas por la jurisdicción competente.
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INTRANT ajustará licencias de mayores de 75 años tras fallo del Tribunal Constitucional
La institución modificará sus sistemas de emisión y renovación luego de que el TC declarara inconstitucional la reducción automática de la vigencia de la licencia por razón de edad
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció que adecuará sus procedimientos para cumplir con la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la disposición que establecía una vigencia de solo dos años para las licencias de conducir de las personas mayores de 75 años. Tribunal Constitucional
La decisión constitucional se produjo a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu contra el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, que contiene el Reglamento de Licencias de Conducir. La sentencia fue publicada por el Tribunal Constitucional el 14 de septiembre de 2026. Tribunal Constitucional
El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, informó este lunes que la institución acatará la decisión y realizará los ajustes correspondientes en sus procedimientos. La medida elimina el trato diferenciado que reducía la duración de las licencias únicamente por haber alcanzado determinada edad. Diario Libre
INTRANT inicia adecuación de sus sistemas
Como parte del cumplimiento de la sentencia, Méndez García dispuso que las áreas jurídicas, técnicas y de atención al usuario trabajen en las modificaciones necesarias para que los sistemas utilizados en la emisión y renovación de licencias sean adaptados al nuevo escenario jurídico. El Atlantico
La institución procura que las personas adultas mayores puedan realizar estos trámites en condiciones de igualdad y sin una reducción automática del período de vigencia fundamentada exclusivamente en la edad.
La decisión, sin embargo, no elimina los requisitos relacionados con las condiciones necesarias para conducir. La normativa dominicana contempla evaluaciones y requisitos vinculados con las aptitudes y condiciones psicofísicas de los conductores, por lo que el fallo debe distinguirse de las restricciones que puedan justificarse a partir de condiciones individuales acreditadas y no simplemente de la edad de una persona. Intrant
Igualdad y no discriminación en el centro del caso
El alcance del fallo trasciende el procedimiento administrativo de renovación de una licencia. La controversia coloca en primer plano el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al cuestionar que la edad, considerada de manera aislada, pueda servir para imponer una carga administrativa diferenciada.
La sentencia TC/0904/26 constituye así una referencia relevante en la discusión sobre los derechos de los adultos mayores y los límites constitucionales de las regulaciones administrativas. Tribunal Constitucional
El INTRANT continuará aplicando la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las normas relativas a la aptitud para conducir, pero deberá hacerlo conforme al criterio constitucional establecido en la decisión.
La adecuación anunciada representa, además, una consecuencia directa del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional para los poderes públicos y órganos del Estado.