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Juristas responde si la justicia en el pais funciona para todos los dominicanos.
Santo Domingo, R.D.-Tres juristas estimaron que la institucionalidad, formación judicial, independencia y tecnología han avanzado en el país, pero que para el ciudadano común todavía puede ser lenta, costosa y desigual.
Ese fue uno de los diagnósticos centrales expuestos por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, el abogado penalista Miguel Valerio y el jurista Francisco Álvarez Martínez, durante el tercer programa de “Balance: 16 miradas para el 16”, especial de CDN 37 dedicado a revisar los principales desafíos del país cuando el Gobierno del presidente Luis Abinader se aproxima a cumplir seis años.
El episodio estuvo enfocado en una pregunta directa: si una persona común necesita justicia, ¿la encontrará a tiempo y en igualdad de condiciones, sin importar su nivel económico, influencia o capacidad de defensa?
La evaluación inicial fue moderadamente favorable. Peralta otorgó 7 puntos sobre 10 al sistema de justicia dominicano, Valerio le dio 8 y Álvarez Martínez 7.5. Los tres reconocieron avances respecto a décadas anteriores, especialmente en la profesionalización de jueces, la formación especializada, el uso de tecnología y la consolidación de mayores niveles de independencia institucional.
Peralta recordó que en el pasado los jueces eran designados bajo fuertes influencias políticas y sostuvo que hoy existen mayores garantías institucionales. Valerio resaltó el papel de la Escuela Nacional de la Judicatura y el avance de la justicia virtual. Álvarez Martínez, por su parte, señaló que las nuevas herramientas tecnológicas y las reformas en marcha podrían traducirse en mejoras importantes durante los próximos años.
Sin embargo, cuando el debate pasó de la estructura institucional a la experiencia real del ciudadano, el diagnóstico fue mucho más severo.
Peralta resumió uno de los mayores problemas del sistema con una frase directa: “La justicia aquí es lenta y es cara”.
El ministro reconoció que las instituciones judiciales no cuentan con todos los recursos necesarios para responder a la demanda existente y admitió que el acceso efectivo a la justicia continúa siendo una deuda para una parte importante de la población.
“El costo es muy alto”, afirmó el abogado, al advertir que esta realidad golpea con más fuerza a quienes tienen menos recursos.
Álvarez Martínez también planteó que la desigualdad económica sigue incidiendo en la defensa de los derechos. Afirmó que no es lo mismo enfrentar un proceso con recursos suficientes para contratar una defensa robusta que hacerlo dependiendo de opciones limitadas. Aunque reconoció avances en acceso a información y herramientas digitales, advirtió que la capacidad económica continúa marcando diferencias dentro del sistema.
Uno de los puntos más críticos del programa fue el uso de la prisión preventiva. Valerio cuestionó que en República Dominicana se recurra con tanta frecuencia a esa medida y afirmó que en el país “se cae preso preventivo por cualquier cosa”. También advirtió sobre los costos humanos, económicos e institucionales de mantener a personas detenidas durante largos períodos sin condena definitiva.
El abogado planteó que el Estado podría enfrentar consecuencias cuando una persona permanece años en prisión preventiva y luego resulta absuelta o no condenada.
Álvarez Martínez fue más lejos al estimar que entre 60 % y 70 % de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva. A su juicio, ese dato revela un sistema que “ya colapsó y falló”.
Peralta coincidió en que la prisión preventiva debe ser excepcional. Señaló que su aplicación debe depender de elementos como el riesgo de fuga, el arraigo del imputado y las circunstancias concretas del caso, no solo de la gravedad del hecho atribuido.
La duración de los grandes expedientes de corrupción fue otro de los temas que generó preocupación.
Valerio recordó que la Constitución reconoce el derecho a una justicia pronta y advirtió que los procesos que se prolongan durante cuatro o cinco años pueden producir un choque entre dos derechos: el de las víctimas y la sociedad a obtener justicia, y el del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
Álvarez Martínez advirtió que algunos grandes expedientes podrían terminar extinguidos por el paso del tiempo si el sistema no logra procesarlos con mayor eficiencia. Atribuyó parte del problema a acusaciones excesivamente extensas, sobreabundancia de pruebas y expedientes difíciles de manejar dentro de los ritmos ordinarios de los tribunales.
El jurista sostuvo que la complejidad de esos casos no puede convertirse en una excusa para que los procesos queden atrapados en una mora que termine anulando la posibilidad de una sentencia.
Peralta recordó que el Poder Ejecutivo tiene límites frente a esos expedientes, debido a que el Ministerio Público ya no depende directamente del presidente de la República. No obstante, reconoció que el desenlace de los grandes procesos judiciales puede tener repercusiones políticas y se mostró partidario de simplificar procedimientos.
Consultando su calificación sobre el nuevo Código Penal, Valerio lo calificó con 9 puntos sobre 10 y defendió que incorpora principios y conductas que antes no estaban suficientemente desarrollados dentro de la legislación penal dominicana.
Álvarez Martínez cuestionó la forma en que fue socializado e implementado. Consideró que una reforma de esa magnitud debió explicarse con más amplitud a la ciudadanía antes de su entrada plena en funcionamiento.
Peralta rechazó que el nuevo Código Penal constituya una amenaza a la libertad de expresión. Afirmó que no considera que exista actualmente una legislación que restrinja a periodistas, comunicadores o ciudadanos por expresar opiniones, aunque reconoció que el texto podría requerir ajustes conforme avance su aplicación.
También hubo posiciones encontradas sobre la posibilidad de acumular penas hasta alcanzar 60 años de prisión. Valerio consideró desproporcionado ese aumento y se manifestó contrario al cúmulo de penas. Álvarez Martínez cuestionó que el sistema dominicano esté preparado para retirar a una persona de la sociedad durante seis décadas. Peralta defendió que quien cometa varios delitos graves independientes debe responder por cada uno de ellos.
La creación del Ministerio de Justicia fue presentada como una de las reformas institucionales más relevantes.
Peralta explicó que la nueva institución busca concentrar atribuciones del Poder Ejecutivo que antes estaban dispersas en distintos organismos, entre ellas políticas de justicia, derechos humanos, litigios internacionales, administración penitenciaria y otras funciones que no corresponden directamente al Ministerio Público.
Valerio respaldó la creación del ministerio y consideró que debe asumir un papel central en la definición de la política criminal del Estado.
Álvarez Martínez también valoró la nueva estructura como una oportunidad para acercar el sistema al ciudadano, mejorar la orientación pública y facilitar la comprensión de derechos, procedimientos y rutas institucionales.
En el tramo final, la conversación abordó la independencia de la justicia y el papel del Consejo Nacional de la Magistratura.
Valerio reconoció que, hasta ahora, la administración de Luis Abinader no ha dado señales de intentar imponer jueces afines, aunque recordó que la selección de las altas cortes siempre tiene un componente político.
Peralta sostuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura debería ser revisado para reducir la discrecionalidad que puede depender de quien ejerza la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, afirmó que durante la actual administración ese órgano ha actuado con libertad.
Los participantes coincidieron en definir la justicia dominicana como un sistema “en transición”, con avances reales, pero también con deudas profundas.
El desafío, según quedó planteado en Balance, es que las reformas institucionales, los nuevos códigos, la tecnología y la creación del Ministerio de Justicia se traduzcan en algo concreto para la ciudadanía: una justicia accesible, confiable, menos costosa y capaz de decidir dentro de un tiempo razonable.
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Abinader despachará desde Santiago durante tres días y recorrerá varias provincias del Cibao
El mandatario desarrollará del 14 al 16 de septiembre una agenda que incluye inauguraciones, supervisión de obras y encuentros con autoridades y sectores productivos en Espaillat, Santiago y Valverde
SANTO DOMINGO.–El presidente Luis Abinader trasladará temporalmente su despacho a Santiago durante tres días, desde donde encabezará una amplia jornada gubernamental enfocada en obras de infraestructura, saneamiento, salud y reuniones con representantes de distintos sectores de la región Norte.
La agenda presidencial se desarrollará entre el lunes 14 y el miércoles 16 de septiembre y abarcará actividades en las provincias Espaillat, Santiago y Valverde.
Durante su permanencia en la región, el mandatario sostendrá encuentros con autoridades municipales, empresarios, representantes del sector académico y actores sociales, además de supervisar proyectos actualmente en ejecución.
Recorrido comenzará en Moca
La jornada iniciará el lunes 14 en Moca, provincia Espaillat, donde Abinader encabezará la inauguración de la carretera de Las Espinas, una vía con una extensión de 5.8 kilómetros.
El jefe de Estado también sostendrá un encuentro con alcaldes y otras autoridades de la zona para escuchar planteamientos relacionados con las necesidades y prioridades de los municipios.
Concluidas las actividades en Espaillat, el mandatario se trasladará a Santiago, donde continuará su programa de trabajo con reuniones privadas.
Santiago concentrará encuentros con distintos sectores
El martes 15, la agenda estará concentrada principalmente en Santiago.
Abinader tiene previsto reunirse con representantes de los sectores público, empresarial, privado, académico y social, como parte de los encuentros dirigidos a abordar proyectos y necesidades vinculados con el desarrollo de la provincia y la región del Cibao.
El traslado temporal del despacho presidencial convierte así a Santiago en el centro de operaciones del Poder Ejecutivo durante esta jornada regional.
Supervisará ampliación del Aeropuerto del Cibao
Para el miércoles 16 está programada la inauguración de la escuela El Guano, tras lo cual el presidente se trasladará al Aeropuerto Internacional del Cibao.
En la terminal aérea supervisará los trabajos correspondientes a su proyecto de ampliación y conocerá el nivel de avance alcanzado por la obra.
El aeropuerto constituye una de las principales infraestructuras de conexión de Santiago y la región Norte con mercados y comunidades dominicanas en el exterior.
Alcantarillado y saneamiento en Licey al Medio
La agenda presidencial continuará en Licey al Medio, donde Abinader inspeccionará la construcción del sistema de alcantarillado y su planta de tratamiento.
Las obras buscan fortalecer el saneamiento y mejorar las condiciones de los residentes de ese municipio de la provincia Santiago.
Posteriormente, el mandatario continuará su recorrido hacia la provincia Valverde.
Abinader concluirá jornada en Mao
En Mao, el presidente supervisará igualmente los trabajos de construcción del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento.
También inspeccionará los avances del Hospital Traumatológico de Mao, otra de las obras incluidas en la jornada de seguimiento gubernamental.
El recorrido por la región Norte concluirá con una reunión entre el mandatario, alcaldes y autoridades de Valverde, durante la cual se dará seguimiento a las principales prioridades y proyectos de desarrollo de los municipios de esa provincia.
Con esta agenda de tres días, el Gobierno concentrará parte de sus actividades en el Cibao, combinando la supervisión de inversiones públicas con encuentros destinados a conocer las demandas de autoridades locales y sectores productivos de la región.
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Tres hombres mueren durante operativos policiales tras presunto intento de asalto en Sabana Yegua
La Policía asegura que los fallecidos formaban parte de un grupo de cinco hombres perseguido luego de un intento de robo; otro fue detenido y un quinto permanece prófugo
AZUA.– Tres hombres señalados por la Policía Nacional como presuntos integrantes de un grupo involucrado en un intento de asalto a una sucursal de una empresa de envío de remesas murieron durante dos intervenciones policiales realizadas en distintos puntos de la provincia de Azua.
De acuerdo con el informe preliminar de la institución, cinco personas habrían participado en el hecho ocurrido en un establecimiento ubicado en el kilómetro 11 de Sabana Yegua.
La versión policial establece que los individuos intentaron ingresar al negocio, pero no lograron consumar el supuesto robo.
Antes de abandonar el lugar, presuntamente despojaron al agente de seguridad del establecimiento de un arma de fuego y de su cartera personal.
Primer incidente ocurrió próximo al puente de Estebanía
Luego del hecho, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y de la Policía Preventiva iniciaron la búsqueda de los sospechosos.
Según la Policía, parte del grupo fue localizada en las proximidades del puente de Estebanía, donde se produjo el primero de los dos enfrentamientos reportados por las autoridades.
Durante esa intervención uno de los señalados resultó herido y posteriormente falleció, mientras otro hombre fue detenido.
La Policía no ofreció en el reporte suministrado mayores detalles sobre las circunstancias específicas en las que se produjo el intercambio de disparos.
Persecución continuó hasta Palmar de Ocoa
Las autoridades informaron que la operación continuó para localizar a otros integrantes del grupo, quienes supuestamente se desplazaban en una Honda CR-V blanca.
La persecución llegó hasta el municipio de Palmar de Ocoa, donde, siempre según la versión policial, se produjo un segundo enfrentamiento.
Otros dos hombres resultaron heridos durante esa intervención y posteriormente fallecieron mientras recibían asistencia médica.
Con esas muertes ascendió a tres el número de presuntos integrantes del grupo fallecidos durante los operativos.
Un cuarto hombre permanece bajo custodia de las autoridades, mientras que la Policía mantiene activa la búsqueda de un quinto señalado como parte del grupo.
Policía reporta ocupación de armas y chalecos antibalas
Durante las intervenciones, las autoridades reportaron la ocupación de un fusil y tres pistolas de distintas marcas, además de dos chalecos antibalas.
También fueron incautados cinco abrigos con capucha, dos pasamontañas, cinco teléfonos celulares, dos cargadores con capacidad para 30 cartuchos, tres cargadores para fusil y cuatro cargadores para armas calibre 9 milímetros.
Entre las evidencias reportadas figuran además 85 cápsulas calibre 9 milímetros, una placa, dos vehículos Honda CR-V, 20 tairrás y una cartera de mujer.
Las armas, vehículos y demás objetos ocupados permanecen bajo control de las autoridades para fines de investigación.
Ministerio Público participa en las investigaciones
La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público, tanto para esclarecer las circunstancias del supuesto intento de asalto como los acontecimientos registrados durante las posteriores intervenciones policiales.
También permanece pendiente la localización del quinto hombre señalado por las autoridades.
La versión sobre las circunstancias de los enfrentamientos corresponde hasta el momento al reporte ofrecido por la Policía Nacional y deberá ser sustentada mediante las investigaciones y evidencias correspondientes.
Coraavega advierte que la fuerte disminución de los caudales dificulta llenar sus depósitos; un tanque que antes completaba su capacidad en cuatro horas ahora puede necesitar hasta 22
LA VEGA.– La prolongada sequía que afecta a esta provincia ha provocado una considerable disminución en las fuentes utilizadas para abastecer los acueductos, obligando a reducir la distribución de agua potable de un servicio diario a apenas dos días por semana.
El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coraavega), Omar Beato, describió como crítica la situación que atraviesa la provincia ante la reducción de los caudales y las dificultades para mantener los niveles necesarios de producción.
Entre las fuentes afectadas se encuentra el río Camú, cuyo caudal presenta una disminución considerable.
Beato mostró imágenes de las actuales condiciones del río y explicó que zonas donde anteriormente se acumulaba suficiente agua, incluso para actividades recreativas de residentes, prácticamente han desaparecido debido a la falta de lluvias.
Tanques tardan hasta 22 horas en llenarse
La escasez no solo afecta directamente las fuentes de captación. También ha cambiado de manera significativa el funcionamiento del sistema de almacenamiento y distribución.
De acuerdo con las explicaciones del funcionario, uno de los depósitos que anteriormente podía llenarse en aproximadamente cuatro horas ahora requiere hasta 22 horas para alcanzar su capacidad.
Coraavega dispone de tres tanques de dilución con capacidad para 1.6 millones de galones cada uno.
Sin embargo, la baja disponibilidad de agua impide mantener esos depósitos llenos con la frecuencia necesaria para garantizar el suministro cotidiano a las comunidades.
Una vez que uno de los tanques alcanza el nivel requerido y comienza la distribución, el agua almacenada puede agotarse en aproximadamente dos horas, según explicó Beato.
La diferencia entre el tiempo necesario para acumular el líquido y la rapidez con que se consume representa uno de los principales desafíos que actualmente enfrenta la institución.
Comunidades de zonas altas entre las más afectadas
La reducción de la producción ha obligado a Coraavega a modificar sus esquemas habituales de distribución y establecer operativos especiales, principalmente para intentar llevar agua a las comunidades ubicadas en las zonas más elevadas de la provincia.
Estas localidades enfrentan mayores dificultades debido a que la reducción de la presión y de los niveles de almacenamiento complica el traslado del líquido hasta determinados sectores.
La situación ha transformado significativamente la frecuencia del servicio: sectores que anteriormente recibían agua potable diariamente deben ahora ajustarse a una programación que puede limitar el abastecimiento a solo dos días durante la semana.
Sequía pone presión sobre las fuentes de abastecimiento
La situación de La Vega evidencia las consecuencias que la falta prolongada de precipitaciones está teniendo sobre las fuentes naturales utilizadas para el consumo humano.
La reducción del caudal de ríos y otros puntos de captación disminuye la cantidad de agua que puede ser procesada y posteriormente distribuida por los sistemas de acueductos.
Mientras persistan estas condiciones, Coraavega enfrenta el desafío de administrar una producción limitada frente a la demanda de miles de usuarios.
La situación también refuerza la necesidad de que la población haga un uso racional del agua disponible, evitando desperdicios mientras se mantenga la reducción de los caudales que alimentan los sistemas de abastecimiento de la provincia.