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República Dominicana eleva a 93 % la cobertura educativa previa al ingreso a primaria
El informe Global Education Monitoring (GEM 2026) destaca avances del país en acceso, equidad y culminación escolar, aunque advierte que persisten desafíos importantes en la calidad del aprendizaje.
Santo Domingo. – La República Dominicana alcanzó en 2024 una cobertura educativa de 93 % entre los niños que se encuentran un año por debajo de la edad oficial de ingreso a la educación primaria, un incremento de siete puntos porcentuales respecto al 86 % registrado en 2015, según datos recopilados por la UNESCO en el informe Global Education Monitoring (GEM 2026).
El resultado, medido mediante la Tasa Neta de Matrícula Ajustada (NERA), refleja una ampliación del acceso a los servicios educativos durante una etapa considerada determinante para el posterior desarrollo escolar de los niños.
Las cifras colocan al país entre las naciones latinoamericanas con mayores niveles de cobertura en este indicador. Con un 93 %, República Dominicana iguala a Brasil y se aproxima a Argentina, que registra un 94 %.
Al mismo tiempo, supera los porcentajes reportados para El Salvador, con 85 %; Guatemala, 84 %; Panamá, 77 %; Paraguay, 75 %; y Honduras, con 59 %.
Mayor equidad en el acceso
Uno de los aspectos destacados en las informaciones del GEM 2026 es la reducción de las desigualdades económicas relacionadas con el acceso a la educación organizada durante el año previo al ingreso a primaria.
El reporte señala que, al observar el período comprendido entre 2000 y 2024, República Dominicana se encuentra entre los países de la región que lograron eliminar la desigualdad de participación entre los niños pertenecientes al quintil de hogares de menores ingresos y aquellos procedentes del quintil de mayores recursos.
Este resultado supone que las condiciones económicas de las familias tienen actualmente una incidencia considerablemente menor en las posibilidades de los niños de acceder a esta etapa educativa.
El avance adquiere especial importancia debido a que la educación durante los primeros años constituye una herramienta para reducir desigualdades que posteriormente pueden manifestarse en el rendimiento y permanencia dentro del sistema escolar.
Avances también en educación secundaria
Los resultados presentados no se limitan al acceso durante la primera infancia.
De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre el GEM 2026, República Dominicana también experimentó mejoras en la tasa de finalización de la educación secundaria alta o bachillerato.
El comportamiento de ambos indicadores muestra una evolución del sistema educativo dominicano durante el período 2015-2024, particularmente en aspectos relacionados con cobertura, culminación de ciclos educativos y equidad en el acceso.
Sin embargo, el incremento de la matrícula y la ampliación de las oportunidades educativas plantean un segundo desafío: conseguir que una mayor cobertura esté acompañada de mejores resultados de aprendizaje.
El reto pendiente: mejorar lectura y matemáticas
Precisamente, el análisis atribuido a la UNESCO identifica la calidad del aprendizaje en lectura y matemáticas durante los niveles básicos de primaria como uno de los aspectos en los cuales República Dominicana deberá intensificar sus esfuerzos.
Este desafío resulta determinante de cara al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (ODS 4), cuya agenda hacia 2030 procura garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
En consecuencia, los avances en cobertura colocan el debate educativo dominicano en una nueva dimensión: ya no se trata únicamente de conseguir que los niños entren a las aulas, sino de garantizar cuánto y qué tan bien aprenden una vez dentro de ellas.
De cara a 2030, el desafío para las autoridades educativas será consolidar los niveles de acceso alcanzados y convertir esa expansión en mejores competencias académicas, mayor permanencia escolar y una educación capaz de reducir las desigualdades sociales desde los primeros años de vida.
El ajuste comenzó con un 12 % en junio de 2026 y se completará con otro 8 % a partir del 1 de junio de 2027
Santo Domingo.– Los trabajadores del sector construcción y actividades afines recibirán un aumento salarial de un 20 %, aplicado de manera escalonada, conforme a la resolución CNS-04-2026 aprobada por el Comité Nacional de Salarios.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, explicó que el reajuste contempla una primera partida de 12 %, vigente desde junio de 2026, mientras que el 8 % restante entrará en vigor el 1 de junio de 2027, con lo cual se completará el incremento acordado.
Olivares destacó la importancia económica y social de la medida, señalando el peso que tiene la construcción en la economía dominicana y la necesidad de que el crecimiento del sector contribuya también al mejoramiento de las condiciones de vida de sus trabajadores.
Nuevas tarifas según la categoría laboral
El ajuste establece salarios diferenciados de acuerdo con la clasificación de los trabajadores. Una vez completado el incremento, las remuneraciones indicadas en la resolución pasarán de RD$980.59 a RD$1,176.70 para los trabajadores no calificados, mientras los trabajadores calificados pasarán de RD$1,072.85 a RD$1,287.42.
En el caso de los ayudantes, la remuneración aumentará de RD$1,260.34 a RD$1,512.40, y los operarios de tercera categoría pasarán de RD$1,636.80 a RD$1,964.16.
Para los operarios de segunda categoría, el monto llegará a RD$2,240.93; los de primera categoría alcanzarán RD$2,801.60, mientras que los maestros de las diferentes áreas de la construcción llegarán a RD$3,530.13 cuando se complete el incremento en junio de 2027.
Reconocen las condiciones del trabajo de construcción
Durante el anuncio estuvo presente el diputado Pedro Julio Alcántara (Pepén), quien valoró positivamente la decisión y destacó las exigentes condiciones en que desarrollan sus labores los trabajadores de la construcción, caracterizadas por extensas jornadas y exposición constante al sol.
El legislador consideró necesario que el crecimiento económico generado por el sector también repercuta favorablemente sobre quienes aportan diariamente su fuerza de trabajo.
Trabajadores reaccionan al reajuste
El anuncio generó opiniones diferentes entre trabajadores y antiguos empleados del sector.
Mario Maza y Cristino Suero, ambos jubilados después de más de tres décadas vinculados a la construcción, consideraron favorable la medida y señalaron que puede beneficiar especialmente a los jóvenes que ingresan al sector y dependen de estos ingresos para mantener a sus familias.
Sin embargo, Miguel Vicente, trabajador de la construcción, entiende que el incremento resulta insuficiente frente al actual costo de vida y las condiciones particularmente exigentes en las que se desarrolla esta actividad.
Su planteamiento pone sobre la mesa una discusión que trasciende el porcentaje aprobado: hasta qué punto los reajustes salariales logran compensar el aumento de los gastos cotidianos de los trabajadores y sus familias.
Un sector determinante para la economía
La construcción constituye una actividad de importante incidencia en la economía dominicana y genera empleos en diferentes niveles de especialización.
El nuevo ajuste procura mejorar las remuneraciones de quienes participan directamente en esta actividad y establece un calendario que permitirá completar el 20 % de incremento el 1 de junio de 2027.
Con la aplicación escalonada del aumento, el debate ahora estará centrado no solamente en su impacto sobre los ingresos de los trabajadores, sino también en su capacidad para mejorar efectivamente su poder adquisitivo frente al costo de vida.
Los reglamentos de ambas cámaras establecen la asistencia como una obligación de los congresistas y contemplan consecuencias disciplinarias ante inasistencias reiteradas, pero las sanciones siguen sin materializarse.
Santo Domingo.– La asistencia a las sesiones del pleno y a las reuniones de las comisiones constituye uno de los deberes fundamentales de los integrantes del Congreso Nacional. Sin embargo, las ausencias y excusas continúan formando parte de la dinámica legislativa, pese a que los reglamentos internos establecen mecanismos disciplinarios para enfrentar este tipo de incumplimientos.
El Congreso Nacional está integrado por 190 diputados y 32 senadores, cuyos representantes pertenecen a las diferentes organizaciones políticas con presencia en el Poder Legislativo.
De acuerdo con las informaciones recopiladas, los legisladores pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, por constituir la bancada mayoritaria, mantienen una presencia significativa en los registros de ausencias y excusas.
Luego aparecen congresistas pertenecientes a Fuerza del Pueblo (FP) y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Reglamentos contemplan consecuencias
La Cámara de Diputados dispone de un régimen disciplinario integrado por la Comisión Instructora, el Consejo de Disciplina y el Pleno, organismos que tienen diferentes responsabilidades frente a las posibles faltas cometidas por los legisladores.
El artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados contempla la remisión a la Comisión Instructora de los casos correspondientes a representantes que incurran en ausencias injustificadas.
Asimismo, el artículo 226 dispone que los diputados que acumulen tres ausencias sin excusas legítimas sean señalados ante el Consejo de Disciplina.
La inasistencia a las sesiones sin una justificación legítima figura, además, entre las conductas que pueden constituir faltas disciplinarias conforme al artículo 207.
Las consecuencias contempladas en el régimen disciplinario incluyen medidas como la privación del pago de viáticos, amonestación privada, censura pública e inhabilitación para representar al órgano legislativo en determinados eventos nacionales e internacionales.
A pesar de esas disposiciones, según la información disponible, los órganos legislativos no han dado a conocer la aplicación de sanciones contra representantes por incumplimientos relacionados con su asistencia.
Las excusas también pueden ser evaluadas
La presentación de excusas no excluye completamente la posibilidad de una actuación disciplinaria cuando estas se producen reiteradamente.
En la Cámara de Diputados, la normativa establece que, a partir de una cuarta excusa consecutiva, el caso puede ser evaluado por el Consejo de Disciplina con miras a determinar la procedencia de alguna medida.
El Reglamento del Senado también contempla mecanismos ante la reiteración prolongada de ausencias justificadas mediante excusas.
En esos casos, el presidente del Senado puede apoderar a la Comisión Permanente de Ética y al Consejo de Disciplina para comprobar las causas alegadas por el legislador.
No obstante, hasta el momento señalado en la información recopilada, ninguno de los dos órganos legislativos habría informado públicamente sobre sanciones impuestas por esta causa.
Una obligación vinculada a la representación ciudadana
El problema de las ausencias legislativas trasciende el funcionamiento administrativo del Congreso.
Cada diputado y senador ocupa una posición de representación política y participa en decisiones relacionadas con la aprobación de leyes, fiscalización, presupuesto público, resoluciones y otros asuntos que repercuten directamente sobre la ciudadanía.
La reiteración de ausencias, especialmente cuando no existe una causa legítima, abre por tanto una discusión sobre responsabilidad institucional, disciplina legislativa y rendición de cuentas.
La existencia de disposiciones reglamentarias que contemplan sanciones contrasta con la ausencia de consecuencias disciplinarias conocidas, situación que coloca nuevamente sobre la mesa la efectividad de los mecanismos internos establecidos para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de diputados y senadores.
Mayoría oficialista
El PRM y sus aliados constituyen actualmente la fuerza mayoritaria dentro del Congreso Nacional, circunstancia que también influye en su mayor presencia numérica dentro de los diferentes registros legislativos.
Sin embargo, independientemente de la organización política a la que pertenezca cada congresista, el deber de asistencia alcanza a todos los representantes por igual.
El desafío para ambas cámaras no se limita, entonces, a disponer de reglamentos que establezcan obligaciones y sanciones, sino a garantizar que esas disposiciones tengan aplicación efectiva cuando se produzcan las condiciones previstas para ello.
De lo contrario, las normas disciplinarias corren el riesgo de convertirse en disposiciones de escasa eficacia frente a una obligación esencial de quienes fueron elegidos para representar a la ciudadanía en el Congreso Nacional.
Santo Domingo.- Un grupo de imputados del caso Medusa, diez en total, persiguen que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declare la extinción de la accion del proceso, bajo el alegato de ya transcurrió el plazo máximo de cuatro años que establece la ley.
Estos se suman al referido pedimento que realizó días atrás el exprocurador Jean Alain Rodríguez, a través de sus abogados, solicitud que fue rechazada por las magistradas del tribunal, al igual que ocurrió con la misma petición presentada por los imputados Rafael Solano y Mario Burgos, mediante sus respectivas defensas.
Caso Medusa: Posponen por segunda vez decisión sobre extinción penal a Jean Alain Rodríguez
Ahora, quienes presentan su petición son los representantes legales de los imputados Javier Alejandro Forteza, Jonathan Joel Rodríguez, Miguel José Moya, Rafael Antonio Merhems, Braulio Michael Batista, Alejandro Martín Rosa Llanes, Félix Antonio Rosario y Altagracia Guillén Calzado, así como los mencionados Burgos y Solano.
De acuerdo con la acusación, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso junto a otros imputados enfrentan cargos por un desfalco superior a RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano, además de acusaciones de corrupción, soborno y lavado de activos.
El pasado 16 de febrero se inició la presentación de varios incidentes, los cuales fueron rechazados por el tribunal el 27 de julio. Tras esa decisión, la defensa procedió a formalizar la solicitud de extinción de la acción penal, que fue rechazada el pasado lunes 17 de agosto.
Fue el 13 de julio de 2021 cuando un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó las primeras medidas de coerción contra los implicados en el expediente.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) imputa a Jean Alain Rodríguez múltiples delitos cometidos entre 2016 y 2020. Entre ellos destacan fraudes vinculados al Comité de Compras y Contrataciones de la PGR, sobornos, lavado de activos y un desfalco al Estado superior a los RD$6,000 millones.
La PEPCA acusa a Jean Alain Rodríguez de múltiples actos de corrupción, incluyendo presuntos fraudes vinculados al Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República (PGR) durante su gestión entre 2016 y 2020.