Editorial
El poder, los indultos y el petróleo: una peligrosa contradicción en la política de Trump
La política exterior de una potencia no se mide únicamente por los acuerdos que consigue, sino también por la coherencia entre los principios que proclama y las decisiones que adopta.
Estados Unidos ha construido durante décadas una parte importante de su influencia internacional alrededor de la defensa del Estado de derecho, la persecución del narcotráfico, el combate contra el lavado de activos y la lucha contra la corrupción. Precisamente por eso, determinadas decisiones recientes del presidente Donald Trump merecen un examen crítico.
El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández constituye un ejemplo difícil de ignorar. Hernández había sido condenado por un tribunal federal estadounidense a 45 años de prisión por delitos relacionados con la importación de cocaína a Estados Unidos y armas utilizadas para promover aquella conspiración. Trump lo indultó el 1 de diciembre de 2025. No se trata, por tanto, de una simple acusación pendiente, sino de una condena seguida del ejercicio constitucional de la facultad presidencial de clemencia.
El presidente de Estados Unidos tiene constitucionalmente un amplio poder para conceder indultos por delitos federales. Pero que una actuación sea constitucionalmente posible no significa que esté exenta de consecuencias políticas, institucionales o morales.
Cuando el beneficiario de la clemencia fue condenado por delitos directamente relacionados con el narcotráfico internacional, la decisión inevitablemente plantea interrogantes acerca del mensaje transmitido a fiscales, investigadores y agentes que durante años trabajan para desmontar organizaciones criminales.
La discusión adquiere ahora una dimensión adicional.
Estados Unidos y Venezuela acaban de estructurar un ambicioso acuerdo petrolero mediante el cual una empresa denominada North American Blue Energy Partners (NABEP) asumiría proyectos en numerosos campos venezolanos. Reuters informa que la compañía está actualmente dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt y que el Gobierno estadounidense tendría una participación del 35 %, además de acceso preferente a parte de la producción petrolera.
Aquí resulta indispensable la precisión.
Betancourt ha sido objeto de investigaciones y señalamientos relacionados con presunto lavado de dinero, pero ello no equivale a una condena penal. Informaciones recientes señalan que ha sido investigado en distintas jurisdicciones y que no ha sido formalmente condenado por esas alegaciones. Esa diferencia debe respetarse en cualquier valoración responsable.
Sin embargo, precisamente por la magnitud del negocio, esos antecedentes hacen todavía más necesaria la transparencia.
La lucha contra el crimen también depende de la credibilidad
Una democracia puede tener excelentes leyes contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción. Puede disponer de fiscales especializados, organismos de inteligencia y mecanismos de cooperación internacional.
Pero la eficacia de esas instituciones depende igualmente de algo intangible: credibilidad.
Si ciudadanos y gobiernos extranjeros perciben que determinadas personas pueden recibir tratamientos extraordinariamente favorables cuando existen intereses políticos, económicos o estratégicos de por medio, el problema deja de limitarse a un expediente judicial.
Se convierte en una cuestión institucional.
Los agentes que investigan organizaciones narcotraficantes necesitan saber que años de investigación no serán percibidos como irrelevantes. Los fiscales necesitan confianza en el sistema que representan. Los ciudadanos necesitan creer que el poder político no establece categorías diferentes de justicia según la conveniencia del momento.
El petróleo no puede justificarlo todo
Estados Unidos tiene intereses legítimos en materia energética.
Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta, y Washington tiene razones económicas y geopolíticas para procurar fuentes estables de suministro y limitar la influencia de competidores estratégicos.
El nuevo acuerdo contempla derechos sobre 17 campos y una estructura que podría otorgar a Estados Unidos acceso a una enorme cantidad de petróleo venezolano. Pero persisten interrogantes sobre su estructura jurídica, selección de participantes, supervisión y viabilidad.
La seguridad energética es importante.
Pero también lo es la seguridad jurídica.
Y ninguna democracia debería sentirse cómoda cuando los intereses económicos comienzan a generar dudas sobre la consistencia de los principios que dice defender.
Una pregunta que trasciende a Trump
El problema tampoco debería reducirse a estar a favor o en contra de Donald Trump.
La cuestión es institucional.
¿Hasta dónde puede llegar un presidente utilizando poderes constitucionales y decisiones de política exterior cuando esas actuaciones pueden entrar en tensión con la política criminal que su propio Estado proclama?
La facultad de indultar existe.
La capacidad de negociar internacionalmente también.
Pero el ejercicio del poder en una democracia requiere algo más que legalidad formal. Requiere prudencia, transparencia, rendición de cuentas y coherencia.
El costo puede pagarlo la confianza
Durante décadas, Estados Unidos ha exigido a numerosos países latinoamericanos fortalecer sus instituciones, perseguir el narcotráfico, combatir el lavado de activos y reducir la corrupción.
Ese discurso pierde autoridad cuando sus propias decisiones generan la percepción de que esos principios pueden flexibilizarse cuando aparecen intereses estratégicos suficientemente importantes.
No se trata de afirmar culpabilidades donde no existen sentencias.
Tampoco de desconocer las prerrogativas constitucionales de un presidente.
Se trata de reclamar algo elemental en cualquier Estado democrático: que el poder explique sus decisiones y que los mismos principios invocados frente a los demás puedan sostenerse cuando resultan políticamente incómodos.
La República considera que los acuerdos estratégicos de esta magnitud requieren máxima transparencia, controles institucionales efectivos y explicación pública sobre los criterios utilizados para seleccionar a quienes participan en ellos.
Estados Unidos tiene derecho a defender sus intereses energéticos.
Donald Trump tiene facultades constitucionales para ejercer la clemencia presidencial.
Pero ninguna facultad presidencial debería impedir que la sociedad formule la pregunta fundamental:
¿qué mensaje recibe el ciudadano cuando la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción parece rigurosa para unos, pero negociable cuando intervienen el poder y los grandes intereses económicos?
La respuesta a esa pregunta no afecta únicamente a un presidente.
Afecta la confianza en la justicia, la autoridad moral de las instituciones y la credibilidad internacional de Estados Unidos.
Y cuando una democracia comienza a perder esas tres cosas, el costo puede terminar siendo mucho mayor que cualquier beneficio obtenido de un barril de petróleo.
Durante décadas, República Dominicana ha hablado con orgullo de sus ciudadanos residentes en el exterior.
Los llamamos diáspora. Reconocemos sus sacrificios. Celebramos sus éxitos.
Y cada mes observamos atentamente cuánto dinero enviaron al país.
Pero ha llegado el momento de preguntarnos si el reconocimiento que República Dominicana ofrece a sus dominicanos en el exterior está realmente a la altura de lo que ellos representan para la nación.
Los números hablan con claridad.
En 2025 ingresaron al país US$11,866.3 millones en remesas, mientras que entre enero y julio de 2026 ya se habían recibido US$7,316.4 millones. Estados Unidos continúa siendo, con enorme diferencia, el principal origen de esos recursos.
Pero La República entiende que medir a nuestros emigrantes exclusivamente por las remesas constituye una visión incompleta de la diáspora.
Detrás de esas cifras existen ciudadanos.
Existen familias.
Existen décadas de trabajo y sacrificio.
Muchos dominicanos tuvieron que construir su futuro lejos de su tierra sin abandonar nunca completamente el país que dejaron.
Han sostenido padres, hijos y hermanos. Han financiado viviendas, educación, alimentación y pequeños negocios. Han invertido sus ahorros en República Dominicana y han promovido nuestra cultura fuera de nuestras fronteras.
Nueva York constituye probablemente la expresión histórica más poderosa de ese fenómeno.
Allí los dominicanos han pasado de trabajadores inmigrantes a comerciantes, profesionales, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes políticos.
Ahora esa comunidad está cambiando.
Investigaciones recientes muestran una reducción de la población dominicana residente dentro de la ciudad de Nueva York y sugieren un desplazamiento hacia otras zonas de Estados Unidos.
Eso significa que República Dominicana también deberá cambiar la manera en que piensa su diáspora.
No podemos continuar diseñando nuestra relación con el dominicano del exterior como si todos permanecieran concentrados en los mismos barrios de Nueva York.
El Estado dominicano necesita conocer dónde están sus ciudadanos, qué necesitan, cómo están evolucionando sus nuevas generaciones y de qué manera pueden participar más activamente en el desarrollo nacional.
También necesitamos construir una relación que vaya más allá de pedir inversión, promover turismo o celebrar el volumen de las remesas.
La segunda y tercera generación dominicana en Estados Unidos representa un patrimonio extraordinario.
Son jóvenes que pueden dominar dos idiomas, comprender dos culturas y desenvolverse profesionalmente dentro de una de las economías más importantes del mundo.
Mantenerlos vinculados a República Dominicana debe convertirse en una política de Estado.
Eso requiere programas educativos y culturales, oportunidades de inversión transparentes, fortalecimiento de los servicios consulares y mecanismos efectivos para incorporar conocimientos, emprendimientos y capacidades profesionales de la diáspora.
El dominicano residente en Nueva York no debe sentirse importante para su país únicamente cuando envía dinero.
Debe sentirse parte de él.
La República considera que nuestra diáspora constituye una extensión humana de la nación dominicana.
Reconocerla verdaderamente significa escucharla, proteger sus vínculos con el país y crear condiciones para que sus nuevas generaciones puedan seguir sintiendo que República Dominicana también les pertenece.
Porque los dominicanos que un día salieron buscando oportunidades no abandonaron necesariamente la patria.
En muchos casos, simplemente ampliaron sus fronteras.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.