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Editorial

El poder, los indultos y el petróleo: una peligrosa contradicción en la política de Trump

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La política exterior de una potencia no se mide únicamente por los acuerdos que consigue, sino también por la coherencia entre los principios que proclama y las decisiones que adopta.

Estados Unidos ha construido durante décadas una parte importante de su influencia internacional alrededor de la defensa del Estado de derecho, la persecución del narcotráfico, el combate contra el lavado de activos y la lucha contra la corrupción. Precisamente por eso, determinadas decisiones recientes del presidente Donald Trump merecen un examen crítico.

El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández constituye un ejemplo difícil de ignorar. Hernández había sido condenado por un tribunal federal estadounidense a 45 años de prisión por delitos relacionados con la importación de cocaína a Estados Unidos y armas utilizadas para promover aquella conspiración. Trump lo indultó el 1 de diciembre de 2025. No se trata, por tanto, de una simple acusación pendiente, sino de una condena seguida del ejercicio constitucional de la facultad presidencial de clemencia.

El presidente de Estados Unidos tiene constitucionalmente un amplio poder para conceder indultos por delitos federales. Pero que una actuación sea constitucionalmente posible no significa que esté exenta de consecuencias políticas, institucionales o morales.

Cuando el beneficiario de la clemencia fue condenado por delitos directamente relacionados con el narcotráfico internacional, la decisión inevitablemente plantea interrogantes acerca del mensaje transmitido a fiscales, investigadores y agentes que durante años trabajan para desmontar organizaciones criminales.

La discusión adquiere ahora una dimensión adicional.

Estados Unidos y Venezuela acaban de estructurar un ambicioso acuerdo petrolero mediante el cual una empresa denominada North American Blue Energy Partners (NABEP) asumiría proyectos en numerosos campos venezolanos. Reuters informa que la compañía está actualmente dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt y que el Gobierno estadounidense tendría una participación del 35 %, además de acceso preferente a parte de la producción petrolera.

Aquí resulta indispensable la precisión.

Betancourt ha sido objeto de investigaciones y señalamientos relacionados con presunto lavado de dinero, pero ello no equivale a una condena penal. Informaciones recientes señalan que ha sido investigado en distintas jurisdicciones y que no ha sido formalmente condenado por esas alegaciones. Esa diferencia debe respetarse en cualquier valoración responsable.

Sin embargo, precisamente por la magnitud del negocio, esos antecedentes hacen todavía más necesaria la transparencia.

La lucha contra el crimen también depende de la credibilidad

Una democracia puede tener excelentes leyes contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción. Puede disponer de fiscales especializados, organismos de inteligencia y mecanismos de cooperación internacional.

Pero la eficacia de esas instituciones depende igualmente de algo intangible: credibilidad.

Si ciudadanos y gobiernos extranjeros perciben que determinadas personas pueden recibir tratamientos extraordinariamente favorables cuando existen intereses políticos, económicos o estratégicos de por medio, el problema deja de limitarse a un expediente judicial.

Se convierte en una cuestión institucional.

Los agentes que investigan organizaciones narcotraficantes necesitan saber que años de investigación no serán percibidos como irrelevantes. Los fiscales necesitan confianza en el sistema que representan. Los ciudadanos necesitan creer que el poder político no establece categorías diferentes de justicia según la conveniencia del momento.

El petróleo no puede justificarlo todo

Estados Unidos tiene intereses legítimos en materia energética.

Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta, y Washington tiene razones económicas y geopolíticas para procurar fuentes estables de suministro y limitar la influencia de competidores estratégicos.

El nuevo acuerdo contempla derechos sobre 17 campos y una estructura que podría otorgar a Estados Unidos acceso a una enorme cantidad de petróleo venezolano. Pero persisten interrogantes sobre su estructura jurídica, selección de participantes, supervisión y viabilidad.

La seguridad energética es importante.

Pero también lo es la seguridad jurídica.

Y ninguna democracia debería sentirse cómoda cuando los intereses económicos comienzan a generar dudas sobre la consistencia de los principios que dice defender.

Una pregunta que trasciende a Trump

El problema tampoco debería reducirse a estar a favor o en contra de Donald Trump.

La cuestión es institucional.

¿Hasta dónde puede llegar un presidente utilizando poderes constitucionales y decisiones de política exterior cuando esas actuaciones pueden entrar en tensión con la política criminal que su propio Estado proclama?

La facultad de indultar existe.

La capacidad de negociar internacionalmente también.

Pero el ejercicio del poder en una democracia requiere algo más que legalidad formal. Requiere prudencia, transparencia, rendición de cuentas y coherencia.

El costo puede pagarlo la confianza

Durante décadas, Estados Unidos ha exigido a numerosos países latinoamericanos fortalecer sus instituciones, perseguir el narcotráfico, combatir el lavado de activos y reducir la corrupción.

Ese discurso pierde autoridad cuando sus propias decisiones generan la percepción de que esos principios pueden flexibilizarse cuando aparecen intereses estratégicos suficientemente importantes.

No se trata de afirmar culpabilidades donde no existen sentencias.

Tampoco de desconocer las prerrogativas constitucionales de un presidente.

Se trata de reclamar algo elemental en cualquier Estado democrático: que el poder explique sus decisiones y que los mismos principios invocados frente a los demás puedan sostenerse cuando resultan políticamente incómodos.

La República considera que los acuerdos estratégicos de esta magnitud requieren máxima transparencia, controles institucionales efectivos y explicación pública sobre los criterios utilizados para seleccionar a quienes participan en ellos.

Estados Unidos tiene derecho a defender sus intereses energéticos.

Donald Trump tiene facultades constitucionales para ejercer la clemencia presidencial.

Pero ninguna facultad presidencial debería impedir que la sociedad formule la pregunta fundamental:

¿qué mensaje recibe el ciudadano cuando la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción parece rigurosa para unos, pero negociable cuando intervienen el poder y los grandes intereses económicos?

La respuesta a esa pregunta no afecta únicamente a un presidente.

Afecta la confianza en la justicia, la autoridad moral de las instituciones y la credibilidad internacional de Estados Unidos.

Y cuando una democracia comienza a perder esas tres cosas, el costo puede terminar siendo mucho mayor que cualquier beneficio obtenido de un barril de petróleo.

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Editorial

El fraude de las recargas telefónicas sin respuesta del Estado.

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Millones de dominicanos dependen de las recargas telefónicas para comunicarse, pero las denuncias sobre la desaparición inexplicable del saldo ponen sobre la mesa un problema que no puede continuar sin una respuesta contundente de las autoridades.

En la República Dominicana existe una situación que merece ser investigada con urgencia, la cual consiste en las reiteradas quejas de consumidores que adquieren recargas telefónicas y observan cómo su dinero desaparece después de realizar apenas una o dos llamadas, sin recibir una explicación clara sobre el costo real del servicio utilizado.

Se trata de una problemática particularmente preocupante porque afecta a quienes utilizan teléfonos móviles bajo la modalidad de prepago, sin tarifas mensuales fijas, entre los cuales se encuentran trabajadores informales, estudiantes, amas de casa, pequeños comerciantes y ciudadanos de escasos recursos que necesitan administrar cuidadosamente cada peso de sus ingresos.

Resulta difícil justificar que una persona compre una recarga de cien pesos y que, después de realizar una primera llamada, descubra que ha perdido una proporción considerable de su balance, mientras que una segunda comunicación podría dejarla prácticamente sin crédito.

Aunque situaciones como estas requieren investigaciones técnicas para determinar si obedecen a tarifas aplicadas, consumo de datos móviles, servicios adicionales o cobros indebidos, lo verdaderamente inaceptable es que el usuario no tenga una explicación sencilla, inmediata y verificable sobre el destino de su dinero.

Ninguna empresa debe beneficiarse de la falta de información del consumidor, ya que la prestación de un servicio de telecomunicaciones tiene que sustentarse en reglas transparentes, tarifas comprensibles y mecanismos que permitan comprobar cada descuento realizado.

El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera la enorme cantidad de líneas móviles existentes en el país, porque si bien debe verificarse cuántos usuarios se encuentran específicamente bajo la modalidad de prepago y cuántos experimentan descuentos injustificados, estamos ante un mercado de gran alcance social, donde incluso pequeñas cantidades cobradas indebidamente podrían representar sumas importantes.

La cuestión fundamental no consiste únicamente en determinar cuánto dinero pierde un ciudadano en una recarga, sino en establecer qué sucede cuando una práctica cuestionable se repite sistemáticamente y afecta a una población que muchas veces desconoce los mecanismos legales para reclamar.

La Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98 y las disposiciones regulatorias del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) establecen un marco de protección de los usuarios y asimismo, la Resolución 062-17 contempla derechos relacionados con los balances pagados y no consumidos, mientras que la Resolución 091-2020 regula los procedimientos para resolver controversias entre usuarios y prestadoras.

Por consiguiente, no estamos frente a un escenario carente de normas jurídicas, sino que lo que corresponde determinar es si estas disposiciones se cumplen efectivamente y si los mecanismos de supervisión resultan suficientes para proteger al consumidor más vulnerable.

El INDOTEL tiene la responsabilidad de ejercer sus facultades regulatorias y de fiscalización., dado que ante las denuncias, corresponde promover auditorías técnicas independientes que permitan establecer cómo se descuentan los balances, qué tarifas se aplican, cuáles servicios generan cargos automáticos y si existen prácticas contrarias a los derechos de los usuarios.

También resulta indispensable que las empresas telefónicas suministren informaciones detalladas sobre los consumos, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer cuánto pagó por una llamada, por el uso de internet o por cualquier servicio adicional.

No basta con comunicarle al cliente que su balance se agotó, sino que es necesario demostrarle en qué fue consumido cada peso.

El Estado dominicano tampoco puede permanecer indiferente frente a una situación que, de comprobarse como una práctica generalizada de cobros indebidos, podría constituir una grave afectación económica y social.

La protección del consumidor no debe limitarse a declaraciones institucionales ni a campañas publicitarias, sino que tiene que traducirse en supervisión permanente, investigaciones oportunas, sanciones cuando legalmente correspondan y mecanismos efectivos de devolución de los valores cobrados irregularmente.

Las empresas prestadoras, por su parte, tienen derecho a recibir el pago correspondiente a los servicios efectivamente suministrados, pero el mismo lleva aparejada una obligación igualmente importante, que es respetar las condiciones contratadas, informar las tarifas y garantizar que los descuentos realizados puedan ser comprobados.

En una sociedad cada vez más dependiente de las comunicaciones digitales, el teléfono móvil dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta indispensable de trabajo, educación, seguridad y contacto familiar.

Una persona que pierde inesperadamente su balance no solamente pierde dinero, sino que puede quedar imposibilitada de comunicarse ante una emergencia, realizar una gestión laboral o contactar a un familiar que necesita asistencia.

Por eso, las denuncias sobre el agotamiento injustificado de las recargas no deben minimizarse como simples inconvenientes comerciales.

Desde este editorial reclamamos que el INDOTEL, en coordinación con las instituciones competentes de protección al consumidor, disponga las verificaciones necesarias, publique sus resultados y establezca medidas correctivas cuando se identifiquen irregularidades.

Asimismo, consideramos pertinente que se habiliten mecanismos de reclamación accesibles, gratuitos y comprensibles, especialmente para aquellos ciudadanos que carecen de conocimientos técnicos o recursos económicos para enfrentar procedimientos prolongados.

La modernización de las telecomunicaciones dominicanas no puede medirse exclusivamente por la expansión de la cobertura, la velocidad de internet o las ganancias empresariales, sino también que debe medirse por la transparencia y el respeto con que se trata al usuario.

Un país que aspira al desarrollo tecnológico tiene que garantizar que sus ciudadanos puedan comunicarse sin temor a perder inexplicablemente el dinero que depositan en una recarga.

No corresponde condenar anticipadamente a ninguna empresa sin pruebas técnicas suficientes, pero  tampoco corresponde desestimar las denuncias de los consumidores ni permitir que la ausencia de información convierta los descuentos en operaciones imposibles de fiscalizar.

La transparencia no es una concesión voluntaria de las compañías telefónicas, sino una condición indispensable para una relación comercial justa.

La República Dominicana necesita respuestas, no explicaciones evasivas. Necesita controles efectivos, no simples promesas. Y, sobre todo, necesita que cada peso pagado por un usuario de telefonía móvil tenga un destino claro, legal y comprobable.

Porque cuando un ciudadano paga por comunicarse, tiene derecho a recibir exactamente el servicio contratado.

Y si su dinero desaparece sin una justificación verificable, el Estado tiene el deber de investigar y actuar.

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Editorial

Los partidos políticos y su gran deuda con la democracia dominicana

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La proliferación de partidos políticos en la República Dominicana constituye una realidad que merece una profunda reflexión nacional, que lejos de representar necesariamente un fortalecimiento de la democracia, la multiplicación de organizaciones políticas plantea serias interrogantes sobre los verdaderos intereses que motivan su creación y permanencia dentro del sistema electoral.

Los partidos políticos nacieron para representar las aspiraciones de la ciudadanía, promover ideas, defender principios y construir proyectos de nación, pero resulta preocupante observar cómo algunas organizaciones parecen haber sustituido esas responsabilidades por una práctica orientada fundamentalmente a negociar alianzas, obtener posiciones en la administración pública y garantizar beneficios particulares.

La democracia no se fortalece simplemente porque aumente el número de partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, sino que la misma depende de la calidad de la representación, la transparencia de sus instituciones y la capacidad de las organizaciones políticas para responder a las necesidades de la población.

Mientras el país enfrenta graves problemas relacionados con la educación, la seguridad ciudadana, el costo de la vida, el desempleo, la corrupción administrativa y las deficiencias de los servicios públicos, numerosas estructuras partidarias parecen concentrar sus mayores esfuerzos en asegurar su supervivencia electoral.

Esta contradicción resulta todavía más preocupante cuando se considera que los partidos reciben importantes recursos provenientes del presupuesto nacional, cuyos fondos  son aportados por una sociedad que tiene pleno derecho a exigir resultados, transparencia y una rendición de cuentas rigurosa.

El financiamiento público de la actividad política debe contribuir al fortalecimiento institucional, la educación democrática y la participación ciudadana, nunca convertirse en un mecanismo de enriquecimiento personal ni en una fuente de privilegios familiares.

De igual manera, las alianzas electorales, legítimas dentro del sistema democrático, deberían sustentarse en coincidencias ideológicas y compromisos programáticos, en lugar de limitarse a negociaciones destinadas a distribuir candidaturas, cargos públicos y cuotas de influencia.

No se trata de cuestionar el derecho constitucional de los ciudadanos a organizarse políticamente, el cual constituye una conquista fundamental que debe preservarse, sino que corresponde examinar es si todas las organizaciones existentes cumplen una función real en beneficio de la sociedad o si algunas han convertido la política en una actividad económica particular.

La República Dominicana necesita partidos con identidad, principios, democracia interna y propuestas concretas, ademas de dirigentes que comprendan que el ejercicio político constituye una responsabilidad pública y no una oportunidad para disponer del patrimonio estatal como si fuera una propiedad privada.

Corresponde a los organismos electorales fortalecer los mecanismos de fiscalización y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el financiamiento, la transparencia y el funcionamiento institucional de las organizaciones políticas.

Pero también corresponde a la ciudadanía asumir una actitud más crítica frente a las ofertas electorales, rechazando aquellas estructuras cuya principal fortaleza parece descansar en el oportunismo y la negociación de beneficios.

La democracia dominicana no necesita más partidos para repartir el poder; sino para servir al pueblo, porque mientras la actividad política continúe siendo percibida como un negocio rentable para determinados grupos, seguirá profundizándose la desconfianza ciudadana hacia las instituciones representativas, por lo que el gran desafío consiste en rescatar la política como instrumento de transformación social, devolverle su dimensión ética y garantizar que los recursos públicos destinados a sostener el sistema partidario contribuyan efectivamente al desarrollo democrático.

Es de primer orden entender que una nación no construye una democracia sólida multiplicando organizaciones sin proyectos, sino fortaleciendo instituciones capaces de representar con dignidad los intereses colectivos y en esa virtud la politica debe volver a ser una vocacion de servicio y dejar de ser un negocio de supervivencia y de enriquecimiento personal.

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Editorial

La pérdida de credibilidad de los partidos amenaza la democracia

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La democracia representativa en América Latina enfrenta uno de sus mayores desafíos: la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos y las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio legítimo del poder.

La corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia, el incumplimiento de las promesas electorales y la utilización de los recursos públicos para favorecer intereses particulares han contribuido al deterioro de la credibilidad de las organizaciones partidarias.

La República Dominicana no escapa a esta realidad, ya que la desconfianza ciudadana y el abstencionismo electoral constituyen señales que deben preocupar a quienes tienen la responsabilidad de preservar la institucionalidad democrática.

No basta con celebrar elecciones cada cuatro años, si no se  exige respeto a la Constitución, independencia de los poderes públicos, justicia imparcial, transparencia administrativa y una auténtica vocación de servicio por parte de quienes gobiernan.

Los partidos políticos deben comprender que no son propietarios del Estado ni de la voluntad popular y que su función consiste en representar los intereses colectivos, promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

Resulta indispensable democratizar las organizaciones políticas, transparentar su financiamiento, combatir la corrupción y la impunidad, garantizar investigaciones independientes y formar dirigentes comprometidos con los principios éticos y constitucionales.

La recuperación de la confianza ciudadana requiere hechos concretos, no discursos ni promesas que desaparecen después de las elecciones.

El mayor peligro para la democracia no es solamente que los ciudadanos pierdan la confianza en los partidos políticos, sino que terminen perdiendo la fe en el propio sistema democrático.

Preservar la democracia exige que gobernantes, partidos y ciudadanos comprendan que el poder es una responsabilidad temporal al servicio de la nación, jamás un patrimonio particular.

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