Editorial
El poder, los indultos y el petróleo: una peligrosa contradicción en la política de Trump
La política exterior de una potencia no se mide únicamente por los acuerdos que consigue, sino también por la coherencia entre los principios que proclama y las decisiones que adopta.
Estados Unidos ha construido durante décadas una parte importante de su influencia internacional alrededor de la defensa del Estado de derecho, la persecución del narcotráfico, el combate contra el lavado de activos y la lucha contra la corrupción. Precisamente por eso, determinadas decisiones recientes del presidente Donald Trump merecen un examen crítico.
El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández constituye un ejemplo difícil de ignorar. Hernández había sido condenado por un tribunal federal estadounidense a 45 años de prisión por delitos relacionados con la importación de cocaína a Estados Unidos y armas utilizadas para promover aquella conspiración. Trump lo indultó el 1 de diciembre de 2025. No se trata, por tanto, de una simple acusación pendiente, sino de una condena seguida del ejercicio constitucional de la facultad presidencial de clemencia.
El presidente de Estados Unidos tiene constitucionalmente un amplio poder para conceder indultos por delitos federales. Pero que una actuación sea constitucionalmente posible no significa que esté exenta de consecuencias políticas, institucionales o morales.
Cuando el beneficiario de la clemencia fue condenado por delitos directamente relacionados con el narcotráfico internacional, la decisión inevitablemente plantea interrogantes acerca del mensaje transmitido a fiscales, investigadores y agentes que durante años trabajan para desmontar organizaciones criminales.
La discusión adquiere ahora una dimensión adicional.
Estados Unidos y Venezuela acaban de estructurar un ambicioso acuerdo petrolero mediante el cual una empresa denominada North American Blue Energy Partners (NABEP) asumiría proyectos en numerosos campos venezolanos. Reuters informa que la compañía está actualmente dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt y que el Gobierno estadounidense tendría una participación del 35 %, además de acceso preferente a parte de la producción petrolera.
Aquí resulta indispensable la precisión.
Betancourt ha sido objeto de investigaciones y señalamientos relacionados con presunto lavado de dinero, pero ello no equivale a una condena penal. Informaciones recientes señalan que ha sido investigado en distintas jurisdicciones y que no ha sido formalmente condenado por esas alegaciones. Esa diferencia debe respetarse en cualquier valoración responsable.
Sin embargo, precisamente por la magnitud del negocio, esos antecedentes hacen todavía más necesaria la transparencia.
La lucha contra el crimen también depende de la credibilidad
Una democracia puede tener excelentes leyes contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción. Puede disponer de fiscales especializados, organismos de inteligencia y mecanismos de cooperación internacional.
Pero la eficacia de esas instituciones depende igualmente de algo intangible: credibilidad.
Si ciudadanos y gobiernos extranjeros perciben que determinadas personas pueden recibir tratamientos extraordinariamente favorables cuando existen intereses políticos, económicos o estratégicos de por medio, el problema deja de limitarse a un expediente judicial.
Se convierte en una cuestión institucional.
Los agentes que investigan organizaciones narcotraficantes necesitan saber que años de investigación no serán percibidos como irrelevantes. Los fiscales necesitan confianza en el sistema que representan. Los ciudadanos necesitan creer que el poder político no establece categorías diferentes de justicia según la conveniencia del momento.
El petróleo no puede justificarlo todo
Estados Unidos tiene intereses legítimos en materia energética.
Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta, y Washington tiene razones económicas y geopolíticas para procurar fuentes estables de suministro y limitar la influencia de competidores estratégicos.
El nuevo acuerdo contempla derechos sobre 17 campos y una estructura que podría otorgar a Estados Unidos acceso a una enorme cantidad de petróleo venezolano. Pero persisten interrogantes sobre su estructura jurídica, selección de participantes, supervisión y viabilidad.
La seguridad energética es importante.
Pero también lo es la seguridad jurídica.
Y ninguna democracia debería sentirse cómoda cuando los intereses económicos comienzan a generar dudas sobre la consistencia de los principios que dice defender.
Una pregunta que trasciende a Trump
El problema tampoco debería reducirse a estar a favor o en contra de Donald Trump.
La cuestión es institucional.
¿Hasta dónde puede llegar un presidente utilizando poderes constitucionales y decisiones de política exterior cuando esas actuaciones pueden entrar en tensión con la política criminal que su propio Estado proclama?
La facultad de indultar existe.
La capacidad de negociar internacionalmente también.
Pero el ejercicio del poder en una democracia requiere algo más que legalidad formal. Requiere prudencia, transparencia, rendición de cuentas y coherencia.
El costo puede pagarlo la confianza
Durante décadas, Estados Unidos ha exigido a numerosos países latinoamericanos fortalecer sus instituciones, perseguir el narcotráfico, combatir el lavado de activos y reducir la corrupción.
Ese discurso pierde autoridad cuando sus propias decisiones generan la percepción de que esos principios pueden flexibilizarse cuando aparecen intereses estratégicos suficientemente importantes.
No se trata de afirmar culpabilidades donde no existen sentencias.
Tampoco de desconocer las prerrogativas constitucionales de un presidente.
Se trata de reclamar algo elemental en cualquier Estado democrático: que el poder explique sus decisiones y que los mismos principios invocados frente a los demás puedan sostenerse cuando resultan políticamente incómodos.
La República considera que los acuerdos estratégicos de esta magnitud requieren máxima transparencia, controles institucionales efectivos y explicación pública sobre los criterios utilizados para seleccionar a quienes participan en ellos.
Estados Unidos tiene derecho a defender sus intereses energéticos.
Donald Trump tiene facultades constitucionales para ejercer la clemencia presidencial.
Pero ninguna facultad presidencial debería impedir que la sociedad formule la pregunta fundamental:
¿qué mensaje recibe el ciudadano cuando la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción parece rigurosa para unos, pero negociable cuando intervienen el poder y los grandes intereses económicos?
La respuesta a esa pregunta no afecta únicamente a un presidente.
Afecta la confianza en la justicia, la autoridad moral de las instituciones y la credibilidad internacional de Estados Unidos.
Y cuando una democracia comienza a perder esas tres cosas, el costo puede terminar siendo mucho mayor que cualquier beneficio obtenido de un barril de petróleo.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.
La verdadera amenaza del narcotráfico no reside únicamente en las drogas que circulan por el territorio nacional, sino en los capitales ilícitos que pueden introducirse en la economía, distorsionar los mercados, corromper instituciones y comprometer el desarrollo del país.
La República Dominicana enfrenta un desafío que trasciende la persecución de los narcotraficantes y el decomiso de grandes cargamentos de sustancias prohibidas. Se trata de determinar hasta qué punto las ganancias del crimen organizado están encontrando espacios dentro de las actividades económicas formales, creando una apariencia de prosperidad que podría esconder profundas distorsiones.
El narcotráfico no representa solamente un problema de seguridad ciudadana. Constituye también una amenaza económica, social e institucional, porque el dinero que genera necesita circular, invertirse y, sobre todo, adquirir apariencia de legalidad.
Ese proceso puede involucrar operaciones inmobiliarias, establecimientos comerciales, compraventa de vehículos, proyectos empresariales y otras actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos.
Esto no significa que las inversiones millonarias o el crecimiento de determinados sectores sean necesariamente producto de operaciones ilegales. Sin embargo, sería igualmente irresponsable ignorar que las organizaciones criminales buscan mecanismos para incorporar sus ganancias a los circuitos económicos legítimos.
Uno de los efectos más perjudiciales de esta práctica es la competencia desleal.
Mientras un empresario honesto debe enfrentar los costos de electricidad, salarios, impuestos, financiamiento, seguridad social y demás obligaciones, una estructura empresarial sostenida con capital ilícito puede soportar pérdidas, realizar inversiones aparentemente injustificables y competir bajo condiciones que distorsionan el mercado.
La consecuencia podría ser el desplazamiento de negocios legítimos y la concentración de actividades económicas en manos de quienes disponen de recursos cuyo origen no responde necesariamente a la productividad ni al esfuerzo empresarial.
El sector inmobiliario merece particular atención. La adquisición de propiedades mediante capitales ilícitos puede contribuir a presiones especulativas y dificultar el acceso a viviendas en determinadas zonas. No obstante, cualquier señalamiento concreto debe sustentarse en investigaciones, porque el aumento de los precios también responde a múltiples factores económicos legítimos.
Pero existe una consecuencia todavía más peligrosa: la capacidad del dinero del narcotráfico para penetrar las instituciones públicas y corromper las estructuras encargadas de combatirlo.
Cuando el poder económico criminal intenta comprar protección, influencias o impunidad, la amenaza deja de limitarse al mercado y alcanza directamente la credibilidad del Estado, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática.
Por eso, resulta insuficiente presentar las toneladas de drogas decomisadas como el único indicador del éxito de la lucha contra el narcotráfico.
La sociedad dominicana también necesita conocer cuántas investigaciones financieras concluyen con resultados efectivos, qué patrimonio de origen criminal ha sido identificado, cuántas sentencias definitivas sancionan el lavado de activos y cómo se garantiza la recuperación legal de los bienes vinculados con estas actividades.
La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo proporciona instrumentos jurídicos para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, la efectividad de una legislación no depende exclusivamente de su existencia, sino de la capacidad institucional para aplicarla de manera rigurosa, independiente y sin privilegios.
El Estado dominicano tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de supervisión financiera, la transparencia sobre los beneficiarios reales de las empresas y la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar el crimen organizado.
También debe evitar que la lucha contra el lavado de activos se convierta en una persecución indiscriminada contra empresarios o inversionistas legítimos. La vigilancia debe sustentarse en evidencias, respetar el debido proceso y perseguir operaciones sospechosas mediante procedimientos legalmente establecidos.
No existen datos públicos suficientemente verificables que permitan establecer qué porcentaje de la economía dominicana depende de recursos procedentes del narcotráfico. Precisamente por ello, es necesario profundizar las investigaciones y producir información que permita dimensionar este riesgo sin recurrir a especulaciones.
Desde La República consideramos que el crecimiento económico pierde parte de su valor social cuando las instituciones no pueden garantizar que la riqueza se construya bajo reglas transparentes, competencia legítima y respeto a la ley.
Un país no alcanza el verdadero desarrollo simplemente porque aumenten las construcciones, circulen grandes cantidades de dinero o se multipliquen las inversiones. El progreso requiere que esas actividades generen bienestar, oportunidades, empleos dignos y confianza en las instituciones.
La República Dominicana no puede permitir que las ganancias del narcotráfico encuentren en la economía formal el refugio que las autoridades les niegan mediante la persecución penal.
Combatir el narcotráfico exige incautar drogas, pero también seguir la ruta del dinero, identificar sus beneficiarios y desarticular las estructuras económicas que permiten sostener las operaciones criminales.
Porque una economía puede aparentar prosperidad mientras el dinero ilícito debilita silenciosamente las bases sobre las cuales debe construirse el desarrollo nacional.
Y la gran pregunta que corresponde responder al Estado dominicano es inevitable:
¿Estamos combatiendo únicamente el tráfico de drogas o también el poder económico que permite al narcotráfico sobrevivir, multiplicarse y penetrar nuestra sociedad?