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El Código Penal no prohíbe WhatsApp, pero cambia la relación entre médicos y pacientes
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2 meses agoon
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LA REDACCIÓNEl endurecimiento de las responsabilidades por negligencia lleva a especialistas a ser más cautelosos con las orientaciones digitales, mientras pacientes temen mayores costos y dificultades para dar seguimiento a sus tratamientos
SANTO DOMINGO.– El nuevo Código Penal dominicano no prohíbe que médicos y pacientes se comuniquen mediante WhatsApp, ni impide expresamente el envío de resultados, recetas u otras informaciones de carácter médico por medios digitales. Sin embargo, las nuevas responsabilidades contempladas para determinadas actuaciones profesionales están comenzando a modificar una práctica que durante años se hizo habitual en los consultorios del país.
Preguntar sobre un medicamento, enviar los resultados de un análisis indicado previamente, solicitar una orientación sobre la evolución de un tratamiento o aclarar una duda mediante el teléfono son acciones comunes entre médicos y pacientes.
Ahora, algunos especialistas están estableciendo mayores límites a este tipo de comunicación y prefieren que determinadas orientaciones sean realizadas durante una consulta presencial.
La razón no está en una prohibición de WhatsApp, sino en la preocupación de los profesionales ante las posibles consecuencias jurídicas de una actuación que posteriormente pueda ser cuestionada como negligente.
Los mensajes no sustituyen la historia clínica
El abogado Juan Medina ha explicado que el intercambio de mensajes entre un médico y un paciente no constituye por sí mismo un delito.
Sin embargo, una conversación realizada mediante una aplicación de mensajería tampoco sustituye la documentación que debe respaldar adecuadamente la atención de un paciente.
Esta diferencia adquiere especial relevancia frente al nuevo escenario jurídico, debido a que una conversación digital puede dejar constancia de las orientaciones ofrecidas por el profesional y eventualmente adquirir importancia dentro de una controversia.
El nuevo contexto está llevando a algunos especialistas a documentar con mayor rigurosidad sus actuaciones y a determinar qué situaciones pueden manejarse mediante una comunicación electrónica y cuáles requieren necesariamente una evaluación presencial.
Temor a una “medicina defensiva”
Desde el Colegio Médico Dominicano (CMD) existe preocupación por el impacto que la legislación podría tener sobre el ejercicio cotidiano de la medicina.
Máximo Báez, presidente regional del Distrito Nacional del gremio, considera que el nuevo escenario podría conducir a una denominada “medicina defensiva”, caracterizada por mayores precauciones de los profesionales para reducir su exposición a eventuales reclamaciones.
El CMD ha identificado entre las disposiciones que generan preocupación las relacionadas con la responsabilidad penal, responsabilidad compartida, comisión por omisión y certificación falsa del estado de salud.
Para el gremio, una de las consecuencias podría ser que los especialistas reduzcan las consultas mediante WhatsApp, Facebook y otras plataformas digitales y privilegien la evaluación presencial.
La preocupación aumenta ante las sanciones previstas para determinadas conductas culposas y para la emisión de certificaciones falsas.
¿Se acabarán las consultas por WhatsApp?
No necesariamente.
La legislación no establece que un médico tenga prohibido responder un mensaje de WhatsApp. La decisión dependerá del profesional, del tipo de información solicitada y de las circunstancias particulares del paciente.
No es lo mismo confirmar una cita o recibir un resultado previamente indicado que emitir un diagnóstico, modificar un tratamiento o tomar una decisión clínica que requiera examinar directamente al paciente.
Esta distinción podría convertirse en uno de los principales desafíos de la relación médico-paciente bajo el nuevo marco jurídico.
Los especialistas tendrán que determinar hasta dónde puede llegar una orientación digital sin sustituir una evaluación clínica completa.
Pacientes comienzan a sentir los efectos
La mayor cautela de los profesionales ya genera inquietud entre algunos pacientes.
Personas acostumbradas a enviar resultados médicos o realizar preguntas sencillas mediante WhatsApp aseguran que algunos especialistas ahora les solicitan acudir nuevamente al consultorio.
El problema adquiere una dimensión económica y social.
Una pregunta que anteriormente podía resolverse mediante un breve intercambio de mensajes podría implicar ahora solicitar permiso en el trabajo, desplazarse hasta un centro médico, esperar una cita y asumir el costo de una nueva consulta.
La situación puede resultar particularmente compleja para quienes tienen bajo su responsabilidad adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o personas sometidas a tratamientos prolongados, para quienes el contacto con su especialista forma parte del seguimiento habitual.
Consulta presencial gana terreno
Ante las nuevas preocupaciones, representantes del sector médico favorecen que las evaluaciones clínicas sean realizadas de manera presencial siempre que las circunstancias lo requieran.
La consulta tradicional permite al profesional observar directamente al paciente, realizar el examen físico correspondiente, ordenar estudios complementarios y dejar constancia de las actuaciones realizadas.
También proporciona una documentación clínica más completa frente a cualquier cuestionamiento posterior.
Esto no significa que las herramientas digitales tengan que desaparecer de la medicina.
WhatsApp y otras plataformas pueden continuar desempeñando una función importante para coordinar citas, recibir determinadas informaciones, mantener comunicación y facilitar algunos aspectos del seguimiento médico.
El cambio estaría en los límites de esa comunicación.
Los mensajes también dejan evidencia
Otro elemento que adquiere importancia es la permanencia de las conversaciones digitales.
Los mensajes pueden registrar fechas, instrucciones, respuestas, fotografías, documentos y otras informaciones intercambiadas entre las partes.
Por esta razón, los médicos podrían ser cada vez más cuidadosos con las recomendaciones realizadas mediante aplicaciones de mensajería y procurar que las decisiones clínicas importantes queden incorporadas correctamente al expediente o historia médica del paciente.
Algunos especialistas incluso han establecido sistemas automáticos de respuesta para informar horarios y explicar qué tipo de comunicaciones atienden mediante WhatsApp.
El reto será encontrar un equilibrio
El debate que surge con el nuevo Código Penal enfrenta dos intereses que no necesariamente son incompatibles.
Por un lado, está el derecho del paciente a recibir una atención médica responsable y contar con mecanismos eficaces para reclamar cuando se produzca una actuación negligente.
Por otro, se encuentra la necesidad de que los profesionales puedan ejercer la medicina con seguridad jurídica, sin que el temor permanente a una acción penal termine condicionando innecesariamente sus decisiones.
Entre ambos intereses aparece un tercer elemento: la tecnología.
La comunicación digital se ha convertido en una herramienta cotidiana de la medicina y difícilmente desaparecerá de la relación entre profesionales y pacientes.
El desafío será establecer protocolos claros sobre qué puede manejarse mediante WhatsApp, qué debe incorporarse a la historia clínica y cuáles decisiones requieren obligatoriamente una evaluación presencial.
El nuevo Código Penal no ha eliminado WhatsApp de los consultorios dominicanos, pero sí está obligando a médicos y pacientes a replantearse hasta dónde puede llegar una conversación digital cuando de la salud y de la responsabilidad profesional se trata.
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Poder Judicial nombra a Ramón Horacio González Pérez como nuevo inspector general
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8 mins agoon
noviembre 17, 2026El Consejo del Poder Judicial también designó a César Thomas Castillo como contralor general y a Gersy Medina al frente de Mensuras Catastrales, en el marco de una reorganización de importantes áreas institucionales.
Santo Domingo, República Dominicana.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) designó este martes al magistrado Ramón Horacio González Pérez como nuevo inspector general del Poder Judicial, una posición de especial relevancia para la supervisión del funcionamiento de los tribunales y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia dentro del sistema judicial dominicano.
La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria número 31-2026, celebrada el 17 de noviembre, en la que también fueron aprobados los nombramientos de César Thomas Castillo como contralor general y Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales.
Las nuevas designaciones forman parte de las medidas institucionales orientadas a fortalecer la administración judicial, los controles internos y la eficiencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Inspectoría General supervisa funcionamiento de los tribunales
La Inspectoría General desempeña una función fundamental dentro de la estructura del Poder Judicial, debido a que tiene entre sus responsabilidades vigilar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y recopilar información sobre la prestación de los servicios de justicia.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, esta dependencia actúa como órgano de apoyo investigativo y de vigilancia, con facultades para realizar diligencias relacionadas con las denuncias sometidas ante el Consejo.
Sus atribuciones incluyen contribuir al mejoramiento de la gestión judicial y verificar situaciones que puedan afectar el funcionamiento adecuado de los tribunales, respetando las competencias que corresponden a otras instituciones del Estado.
En consecuencia, la nueva responsabilidad de González Pérez lo coloca al frente de un organismo vinculado directamente con la supervisión institucional y la promoción de mejores prácticas en la administración de justicia.
Amplia trayectoria en la judicatura dominicana
El magistrado Ramón Horacio González Pérez cuenta con una extensa carrera profesional en el ámbito judicial, particularmente en materia penal, donde ha ocupado importantes posiciones durante varias décadas.
Es doctor en Derecho, egresado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y realizó estudios de posgrado en Derecho Público e Internacional en Italia.
En el ámbito jurisdiccional, desempeñó funciones como juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional entre 2007 y 2019, período durante el cual también ejerció como segundo sustituto del presidente de esa jurisdicción.
Previamente, ocupó posiciones como juez presidente de tribunales de primera instancia y magistrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
Su experiencia también comprende una importante participación en la formación académica de profesionales del Derecho.
González Pérez ha impartido docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), institución donde ejerció como director de la Escuela de Derecho y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Reconocimientos por su trayectoria y aportes a la ética judicial
La carrera del nuevo inspector general ha estado relacionada con iniciativas de promoción de la ética y los principios que deben orientar el ejercicio de la función jurisdiccional.
En 2021 recibió el Premio al Mérito Judicial Iberoamericano, concedido por unanimidad por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, como reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al sistema de justicia.
También formó parte del jurado evaluador del Concurso de Ensayos sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
En 2020 fue presentado como candidato dominicano a juez de la Corte Penal Internacional, mediante una nominación respaldada por el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno dominicano.
Estas experiencias forman parte de su perfil profesional al asumir una dependencia relacionada con la vigilancia institucional y el cumplimiento de las responsabilidades de los órganos judiciales.
Nuevas autoridades en Contraloría y Mensuras Catastrales
Durante la misma sesión, el Consejo del Poder Judicial dispuso el nombramiento de César Thomas Castillo como contralor general, una posición vinculada al fortalecimiento de los mecanismos de control interno de la institución.
Asimismo, designó a Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales, dependencia de especial importancia para el funcionamiento de la Jurisdicción Inmobiliaria y los procedimientos técnicos relacionados con los inmuebles.
Estos nombramientos buscan fortalecer áreas fundamentales para la gestión administrativa, la supervisión institucional y la prestación eficiente de los servicios judiciales.
Fortalecimiento de la confianza en la justicia
La designación de las nuevas autoridades se produce en un contexto en el que la transparencia, la eficiencia administrativa y la adecuada supervisión de los tribunales constituyen aspectos esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.
En particular, la Inspectoría General tiene una responsabilidad significativa en la identificación de situaciones que puedan afectar la calidad de los servicios y en la realización de las investigaciones que correspondan dentro de sus atribuciones legales.
Con estas decisiones, el Consejo del Poder Judicial busca reforzar sus estructuras de vigilancia y control, mientras las nuevas autoridades asumen el desafío de contribuir a una administración de justicia más eficiente, transparente y apegada a los principios institucionales.
La información fue confirmada mediante el comunicado oficial publicado por el Poder Judicial el 17 de noviembre de 2026, que ratifica los tres nombramientos aprobados en la sesión ordinaria número 31-2026.
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Nuevo aplazamiento retrasa proceso judicial por asesinato de chofer recolector de basura en Santiago
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3 horas agoon
noviembre 17, 2026El Segundo Juzgado de la Instrucción fijó para el 14 de diciembre la continuación de la audiencia preliminar contra siete imputados, luego de que uno de los abogados defensores renunciara a la representación de su cliente.
Santiago, República Dominicana.-El proceso judicial seguido contra siete personas acusadas de participar en la muerte de un conductor de un camión recolector de basura en Santiago sufrió un nuevo retraso, luego de que el Segundo Juzgado de la Instrucción decidiera posponer la audiencia preliminar hasta el próximo 14 de diciembre.
El expediente está relacionado con el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien perdió la vida en abril de 2026, tras un violento incidente en el que presuntamente participaron varios motociclistas.
La decisión del tribunal se produjo después de que uno de los abogados defensores renunciara a representar al imputado Miguel García Balbuena, circunstancia que hizo necesario gestionar la intervención de la Defensoría Pública para garantizar su asistencia legal.
Con este nuevo aplazamiento, suman dos las ocasiones en que la audiencia ha sido reprogramada, mientras los familiares de la víctima continúan esperando que el proceso avance hacia una decisión judicial.
Familiares cuestionan los constantes retrasos
El abogado José Martínez Brito, representante de los familiares del conductor fallecido, expresó su inconformidad con la suspensión de la audiencia y consideró que los incidentes procesales podrían estar siendo utilizados para prolongar el conocimiento del expediente.
El jurista calificó la situación como una posible estrategia dilatoria y aseguró que mantendrá sus esfuerzos para que los tribunales conozcan las acusaciones y determinen las responsabilidades correspondientes.
Martínez Brito sostuvo que la familia continuará reclamando justicia, independientemente de los obstáculos procesales que puedan surgir durante el desarrollo del caso.
Sin embargo, desde la representación legal de algunos imputados también se expresaron preocupaciones por las reiteradas suspensiones.
El abogado Roberto Pérez, quien defiende a dos de los procesados, manifestó que esperaba que la audiencia pudiera celebrarse, debido a que los aplazamientos afectan igualmente a sus representados.
Durante la jornada de este martes, el tribunal no llegó a examinar las pruebas audiovisuales ni otros elementos relacionados con la acusación.
Siete acusados enfrentan proceso preliminar
Entre los imputados vinculados al expediente figuran Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Las autoridades también señalan a Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como «Macho», como presunto autor material del homicidio.
Este último cumple prisión preventiva luego de haber sido repatriado desde Jamaica, país al que, según las autoridades, se trasladó después de los hechos investigados.
La acusación está relacionada con la muerte violenta del conductor, quien dejó cinco hijos en la orfandad, una tragedia que provocó consternación entre sus familiares y allegados.
Garantías procesales y derecho a una justicia oportuna
El nuevo aplazamiento pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los retrasos que afectan determinados procesos penales y sus consecuencias para las víctimas y las personas sometidas a la justicia.
Aunque la renuncia de un abogado puede hacer necesaria la suspensión de una audiencia para garantizar el derecho de defensa, también corresponde a los tribunales adoptar las medidas procesales pertinentes para evitar retrasos injustificados.
En la etapa preliminar, el órgano judicial debe examinar los elementos presentados por el Ministerio Público y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer la apertura a juicio de fondo, sin que esta fase implique establecer anticipadamente la culpabilidad de los imputados.
En ese sentido, tanto los familiares de la víctima como los acusados tienen derecho a que el expediente sea conocido con respeto al debido proceso y dentro de un plazo razonable.
La próxima audiencia, programada para el 14 de diciembre, será determinante para establecer si finalmente puede avanzar la fase preliminar del proceso por la muerte de Abreu Quezada, un caso que continúa generando atención en Santiago.
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Cámara de Diputados evaluará nuevo presupuesto complementario enviado por el Poder Ejecutivo
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3 horas agoon
noviembre 17, 2026Una comisión especial tendrá hasta el jueves 19 de noviembre para presentar su informe sobre la propuesta que busca modificar nuevamente el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2026.
Santo Domingo, República Dominicana.-La Cámara de Diputados decidió este martes remitir a una comisión especial el proyecto de presupuesto complementario presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se procura introducir nuevas modificaciones a las disposiciones que regulan el Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de 2026.
La propuesta legislativa contempla cambios en las leyes 99-25 y 43-26, relacionadas con la aprobación y posterior modificación del presupuesto vigente, y deberá ser examinada por los congresistas antes de iniciar formalmente el conocimiento del proyecto presupuestario para 2027.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que resulta necesario concluir el trámite de esta iniciativa para avanzar posteriormente en la discusión de las asignaciones económicas previstas para el próximo año.
Recordó que el presupuesto correspondiente a 2026 fue aprobado en diciembre de 2025 y posteriormente recibió modificaciones mediante la Ley 43-26, por lo que el nuevo documento constituye otra propuesta de actualización de las disposiciones presupuestarias.
Comisión especial deberá rendir informe el jueves
Durante la sesión legislativa, el pleno conoció una comunicación remitida por el Poder Ejecutivo en la que se exponen los motivos de la propuesta.
Tras escuchar la lectura de la correspondencia, los diputados aprobaron dispensar la lectura íntegra del proyecto y enviarlo a una comisión especial, encargada de estudiar su contenido y presentar sus recomendaciones el próximo jueves 19 de noviembre.
El organismo estará presidido por el diputado Frank Paulino y contará con la participación de legisladores de distintas organizaciones políticas.
Entre sus integrantes figuran Ydenia Doñez, Charles Noé Mariotti Paz, Claudel Frías, Ramón Raposo, Jorge Manuel Zorrilla, Ángela Maruja Gregorina, Félix Hiciano, Delli Félix, Dorina Rodríguez, Abelardo Rutinel, Sergio Moya, Gregorio Domínguez, Enriqueta Rojas, Tobías Crespo, Danilo Díaz, Brenda Ogando, Margarita Tejeda, Amado Díaz y José David Báez.
La comisión tendrá la responsabilidad de examinar las modificaciones propuestas y determinar la pertinencia de recomendar su aprobación o introducir cambios durante el proceso legislativo.
Diputados conocen otras iniciativas
En la misma jornada, la Cámara Baja aprobó en segunda discusión una iniciativa que dispone designar con el nombre de Felipa Gómez Sarete una estación del Teleférico de Santo Domingo, ubicada en la calle Central del sector Buenos Aires.
El proyecto fue presentado por el diputado Ignacio Aracena.
Asimismo, los legisladores decidieron dejar sobre la mesa una propuesta que modifica varios artículos de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con el propósito de retomarla durante la próxima semana.
Aprueban convenio para proteger recursos hídricos
Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la aprobación del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, instrumento internacional adoptado en Helsinki, Finlandia, el 17 de marzo de 1992.
Este acuerdo procura fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir la contaminación y promover la conservación de las aguas superficiales y subterráneas compartidas.
Su finalidad incluye impulsar mecanismos de coordinación que permitan garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y reducir los riesgos ambientales asociados a su utilización.
Solicitudes de obras y homenajes
Durante los trabajos también fue aprobado el nonagésimo octavo grupo de resoluciones internas, mediante el cual diferentes diputados solicitan al Gobierno la ejecución de proyectos de infraestructura, reparación de instalaciones y mejoramiento de servicios públicos en sus respectivas comunidades.
La sesión incluyó, además, un minuto de silencio en memoria de Melvin López, mánager del Club Mauricio Báez; Lily Josefina Rodríguez, rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), y Rafael Antonio Reyes Almonte, rector de la Universidad Evangélica.
Al concluir la jornada, Alfredo Pacheco convocó a los legisladores para una nueva sesión el jueves 19 de noviembre, a las 12:00 del mediodía.
La atención legislativa estará concentrada en el informe de la comisión especial sobre el presupuesto complementario, una iniciativa cuyo conocimiento resulta relevante para cerrar las modificaciones fiscales de 2026 y avanzar hacia la discusión del Presupuesto General del Estado de 2027.
