Nacionales
El Código Penal no prohíbe WhatsApp, pero cambia la relación entre médicos y pacientes
El endurecimiento de las responsabilidades por negligencia lleva a especialistas a ser más cautelosos con las orientaciones digitales, mientras pacientes temen mayores costos y dificultades para dar seguimiento a sus tratamientos
SANTO DOMINGO.– El nuevo Código Penal dominicano no prohíbe que médicos y pacientes se comuniquen mediante WhatsApp, ni impide expresamente el envío de resultados, recetas u otras informaciones de carácter médico por medios digitales. Sin embargo, las nuevas responsabilidades contempladas para determinadas actuaciones profesionales están comenzando a modificar una práctica que durante años se hizo habitual en los consultorios del país.
Preguntar sobre un medicamento, enviar los resultados de un análisis indicado previamente, solicitar una orientación sobre la evolución de un tratamiento o aclarar una duda mediante el teléfono son acciones comunes entre médicos y pacientes.
Ahora, algunos especialistas están estableciendo mayores límites a este tipo de comunicación y prefieren que determinadas orientaciones sean realizadas durante una consulta presencial.
La razón no está en una prohibición de WhatsApp, sino en la preocupación de los profesionales ante las posibles consecuencias jurídicas de una actuación que posteriormente pueda ser cuestionada como negligente.
Los mensajes no sustituyen la historia clínica
El abogado Juan Medina ha explicado que el intercambio de mensajes entre un médico y un paciente no constituye por sí mismo un delito.
Sin embargo, una conversación realizada mediante una aplicación de mensajería tampoco sustituye la documentación que debe respaldar adecuadamente la atención de un paciente.
Esta diferencia adquiere especial relevancia frente al nuevo escenario jurídico, debido a que una conversación digital puede dejar constancia de las orientaciones ofrecidas por el profesional y eventualmente adquirir importancia dentro de una controversia.
El nuevo contexto está llevando a algunos especialistas a documentar con mayor rigurosidad sus actuaciones y a determinar qué situaciones pueden manejarse mediante una comunicación electrónica y cuáles requieren necesariamente una evaluación presencial.
Temor a una “medicina defensiva”
Desde el Colegio Médico Dominicano (CMD) existe preocupación por el impacto que la legislación podría tener sobre el ejercicio cotidiano de la medicina.
Máximo Báez, presidente regional del Distrito Nacional del gremio, considera que el nuevo escenario podría conducir a una denominada “medicina defensiva”, caracterizada por mayores precauciones de los profesionales para reducir su exposición a eventuales reclamaciones.
El CMD ha identificado entre las disposiciones que generan preocupación las relacionadas con la responsabilidad penal, responsabilidad compartida, comisión por omisión y certificación falsa del estado de salud.
Para el gremio, una de las consecuencias podría ser que los especialistas reduzcan las consultas mediante WhatsApp, Facebook y otras plataformas digitales y privilegien la evaluación presencial.
La preocupación aumenta ante las sanciones previstas para determinadas conductas culposas y para la emisión de certificaciones falsas.
¿Se acabarán las consultas por WhatsApp?
No necesariamente.
La legislación no establece que un médico tenga prohibido responder un mensaje de WhatsApp. La decisión dependerá del profesional, del tipo de información solicitada y de las circunstancias particulares del paciente.
No es lo mismo confirmar una cita o recibir un resultado previamente indicado que emitir un diagnóstico, modificar un tratamiento o tomar una decisión clínica que requiera examinar directamente al paciente.
Esta distinción podría convertirse en uno de los principales desafíos de la relación médico-paciente bajo el nuevo marco jurídico.
Los especialistas tendrán que determinar hasta dónde puede llegar una orientación digital sin sustituir una evaluación clínica completa.
Pacientes comienzan a sentir los efectos
La mayor cautela de los profesionales ya genera inquietud entre algunos pacientes.
Personas acostumbradas a enviar resultados médicos o realizar preguntas sencillas mediante WhatsApp aseguran que algunos especialistas ahora les solicitan acudir nuevamente al consultorio.
El problema adquiere una dimensión económica y social.
Una pregunta que anteriormente podía resolverse mediante un breve intercambio de mensajes podría implicar ahora solicitar permiso en el trabajo, desplazarse hasta un centro médico, esperar una cita y asumir el costo de una nueva consulta.
La situación puede resultar particularmente compleja para quienes tienen bajo su responsabilidad adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o personas sometidas a tratamientos prolongados, para quienes el contacto con su especialista forma parte del seguimiento habitual.
Consulta presencial gana terreno
Ante las nuevas preocupaciones, representantes del sector médico favorecen que las evaluaciones clínicas sean realizadas de manera presencial siempre que las circunstancias lo requieran.
La consulta tradicional permite al profesional observar directamente al paciente, realizar el examen físico correspondiente, ordenar estudios complementarios y dejar constancia de las actuaciones realizadas.
También proporciona una documentación clínica más completa frente a cualquier cuestionamiento posterior.
Esto no significa que las herramientas digitales tengan que desaparecer de la medicina.
WhatsApp y otras plataformas pueden continuar desempeñando una función importante para coordinar citas, recibir determinadas informaciones, mantener comunicación y facilitar algunos aspectos del seguimiento médico.
El cambio estaría en los límites de esa comunicación.
Los mensajes también dejan evidencia
Otro elemento que adquiere importancia es la permanencia de las conversaciones digitales.
Los mensajes pueden registrar fechas, instrucciones, respuestas, fotografías, documentos y otras informaciones intercambiadas entre las partes.
Por esta razón, los médicos podrían ser cada vez más cuidadosos con las recomendaciones realizadas mediante aplicaciones de mensajería y procurar que las decisiones clínicas importantes queden incorporadas correctamente al expediente o historia médica del paciente.
Algunos especialistas incluso han establecido sistemas automáticos de respuesta para informar horarios y explicar qué tipo de comunicaciones atienden mediante WhatsApp.
El reto será encontrar un equilibrio
El debate que surge con el nuevo Código Penal enfrenta dos intereses que no necesariamente son incompatibles.
Por un lado, está el derecho del paciente a recibir una atención médica responsable y contar con mecanismos eficaces para reclamar cuando se produzca una actuación negligente.
Por otro, se encuentra la necesidad de que los profesionales puedan ejercer la medicina con seguridad jurídica, sin que el temor permanente a una acción penal termine condicionando innecesariamente sus decisiones.
Entre ambos intereses aparece un tercer elemento: la tecnología.
La comunicación digital se ha convertido en una herramienta cotidiana de la medicina y difícilmente desaparecerá de la relación entre profesionales y pacientes.
El desafío será establecer protocolos claros sobre qué puede manejarse mediante WhatsApp, qué debe incorporarse a la historia clínica y cuáles decisiones requieren obligatoriamente una evaluación presencial.
El nuevo Código Penal no ha eliminado WhatsApp de los consultorios dominicanos, pero sí está obligando a médicos y pacientes a replantearse hasta dónde puede llegar una conversación digital cuando de la salud y de la responsabilidad profesional se trata.
Nacionales
Rodríguez García pone la persecución de prófugos entre las prioridades de la Policía Nacional
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.
El movimiento ocurrió a las 5:49 de la tarde y fue sentido en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras localidades; hasta el momento no se reportan daños
Santo Domingo, República Dominicana.– Un fuerte temblor de tierra volvió a sentirse este domingo en distintos puntos de República Dominicana, provocando alarma entre residentes y la evacuación preventiva de algunos edificios y actividades públicas.
El movimiento ocurrió aproximadamente a las 5:49 de la tarde y fue percibido en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras zonas del país.
Los primeros reportes situaron la magnitud en 5.5, aunque las mediciones fueron ajustadas posteriormente por diferentes organismos especializados.
El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó más tarde una magnitud de 5.6, con una profundidad estimada de 113 kilómetros y localización a unos 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.
Otros registros internacionales actualizaron el evento con valores distintos, algo habitual mientras se revisan los parámetros de un sismo.
Movimiento fue sentido a gran distancia
La profundidad del temblor contribuyó a que fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional.
En Santo Domingo, algunas personas abandonaron temporalmente edificios y establecimientos comerciales como medida de precaución.
También fueron evacuados momentáneamente visitantes y participantes de la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura.
Hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían reportado personas heridas ni daños estructurales de consideración.
Fue el segundo sismo sentido este domingo
Horas antes, alrededor de las 6:06 de la mañana, otro movimiento telúrico había sido registrado en territorio dominicano.
Ese primer evento fue reportado con magnitud aproximada de 4.1 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros.
El director del Instituto Sismológico de la UASD explicó que durante la jornada se habían registrado varios eventos y relacionó esa actividad con la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.
Autoridades mantienen vigilancia
Los organismos especializados continúan revisando los parámetros del movimiento y monitoreando cualquier actividad sísmica posterior.
Las diferencias entre las magnitudes divulgadas inicialmente responden a los ajustes que realizan las redes sismológicas a medida que reciben y procesan información procedente de más estaciones.
Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y seguir únicamente las informaciones emitidas por organismos oficiales ante cualquier nuevo movimiento.
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Ministerio Público sostiene que asalto contra Julián Oro Duro fue preparado con un mes de anticipación
La acusación asegura que hubo reuniones previas, información interna sobre la vivienda y posterior distribución del dinero y las prendas sustraídas
Por Carlos Baret
Santo Domingo, República Dominicana.– El asalto ocurrido en la residencia del artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, no habría sido improvisado. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los cuatro imputados habrían organizado el hecho aproximadamente un mes antes de ejecutarlo.
El expediente atribuye participación en la planificación y ejecución a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel; Lawrence Mark Liranzo Marcos, conocido como Chiquito; Juan Carlos Hernández García, alias Juan Carlos Peña, y Phillips Michael Tejada Vásquez.
El caso está relacionado con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, las lesiones sufridas por Julián Oro Duro y la sustracción de dinero, joyas y otras pertenencias de la residencia.
Para sustentar su teoría, el órgano acusador señala que cuenta con grabaciones de cámaras de vigilancia, recuperación de bienes sustraídos, evidencias materiales, movimientos posteriores del dinero y registros de reuniones que presuntamente se produjeron antes del asalto.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la supuesta participación de Phillips Michael Tejada Vásquez, a quien el Ministerio Público atribuye haber proporcionado información sobre la vivienda y sus ocupantes.
Las autoridades consideran que esos elementos permiten sostener, en esta fase inicial del proceso, que existió una planificación previa entre los involucrados.
Declaración de “Yandel” forma parte del expediente
La solicitud de coerción también recoge declaraciones atribuidas a Kevin Dariel Germán Troncoso luego de entregarse a las autoridades.
Según el Ministerio Público, Yandel identificó a Lawrence Mark Liranzo Marcos como la persona que lo acompañó y habría señalado que el hecho había sido coordinado previamente con Tejada Vásquez y Juan Carlos Hernández García.
Esa declaración forma parte de los elementos utilizados por la acusación para vincular a los cuatro hombres, aunque deberá ser debatida junto a las demás pruebas durante el proceso judicial.
Madre de la víctima habría sido llevada a una habitación
El expediente reconstruye además parte de lo que, según los investigadores, ocurrió dentro de la vivienda.
La acusación sostiene que Yandel condujo a Sara Castillo Martínez, de 97 años y madre de Zeneida Socorro Castillo, hacia una de las habitaciones, mientras Chiquito habría recorrido diferentes áreas de la residencia buscando dinero, joyas y otros objetos de valor.
El Ministerio Público atribuye a los asaltantes la sustracción de US$50,000 en efectivo, además de prendas de oro y otros bienes.
Según la investigación, Julián Oro Duro llegó a la vivienda aproximadamente a las 11:50 de la noche.
La acusación sostiene que, al entrar, fue atacado con una escultura de madera y un jarrón, recibiendo varios golpes en la cabeza y el rostro.
Luego habría sido despojado de una cadena de oro con una medalla de Jesucristo, además de dinero y otras pertenencias.
Dinero y prendas aparecen entre evidencias ocupadas
Parte importante del expediente está sustentada en dinero y objetos que las autoridades dicen haber recuperado durante arrestos y allanamientos.
A Phillips Michael Tejada Vásquez le fueron ocupados, según el Ministerio Público, 98 billetes de US$100, equivalentes a US$9,800, así como una cadena amarilla con una medalla de Cristo que la acusación identifica como propiedad de Julián Oro Duro.
También fueron ocupadas prendas de vestir que, de acuerdo con los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante reuniones previas captadas por cámaras de seguridad.
En el caso de Kevin Dariel Germán Troncoso, el expediente refiere la ocupación de RD$30,000 y, en otra mochila localizada en una habitación de la vivienda de su suegra, US$3,750 y RD$88,000.
Respecto a Juan Carlos Hernández García, el documento presentado por el Ministerio Público señala la ocupación de US$240 y RD$500, aunque una información anterior de la Policía Nacional había situado la cantidad en US$240 y RD$32,000.
La diferencia entre ambos reportes deberá ser aclarada dentro de la investigación.
Allanamiento relacionado con “Chiquito”
Las autoridades también informaron sobre la recuperación de dinero y prendas durante una intervención vinculada a Lawrence Mark Liranzo Marcos.
Según el expediente, en poder de su madre fueron encontrados US$19,900 y RD$78,000, además de dos relojes, una cadena, una medalla, un guillo y un broche de mujer que el Ministerio Público relaciona con los bienes sustraídos durante el asalto.
La procedencia de estos objetos y su conexión con cada uno de los imputados deberán ser establecidas judicialmente.
Acusación deberá ser probada ante el tribunal
El Ministerio Público utiliza estos elementos para sostener que existió una actuación coordinada antes, durante y después del hecho.
Sin embargo, la descripción contenida en la solicitud de coerción representa la teoría inicial de la acusación y no una declaración definitiva de culpabilidad.
Corresponderá al tribunal valorar las evidencias, las declaraciones de los imputados y los argumentos de sus defensas para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en el proceso.