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Del arresto a la sentencia: conozca qué función cumple cada juez en el proceso penal dominicano
La Ley 97-25 mantiene una distribución de competencias que abarca desde las actuaciones urgentes y la investigación hasta el juicio, los recursos y la ejecución de la condena
SANTO DOMINGO.– Un proceso penal en República Dominicana puede pasar por las manos de distintos jueces y tribunales antes de alcanzar una decisión definitiva. Cada uno interviene en una etapa determinada y tiene competencias específicas para controlar la legalidad de las actuaciones, proteger los derechos de las partes y garantizar el debido proceso.
Con la entrada en vigencia de la Ley núm. 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, se mantiene esa separación de funciones dentro de la jurisdicción penal.
El sistema comprende desde los jueces que conocen actuaciones urgentes y controlan la investigación hasta los tribunales que celebran el juicio de fondo, las cortes que conocen los recursos y los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de las sentencias.
Atención Permanente interviene en asuntos que no pueden esperar
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente tiene una función particularmente importante durante las primeras actuaciones de un proceso.
Estos tribunales atienden casos urgentes de la jurisdicción penal que requieren una respuesta judicial sin demora, incluyendo solicitudes de medidas de coerción y determinadas diligencias investigativas que necesitan autorización judicial inmediata.
Las oficinas prestan servicio todos los días, incluidos fines de semana y feriados.
Por esta razón, cuando una persona es arrestada y el Ministerio Público solicita una medida de coerción, este órgano puede tener una participación determinante en esa fase inicial.
El juez de la instrucción controla la etapa preparatoria
El juez de la instrucción ejerce el control judicial durante el procedimiento preparatorio y participa en aquellas actuaciones para las cuales la legislación exige autorización de un juez.
Entre sus responsabilidades se encuentran vigilar la legalidad de determinadas actuaciones investigativas del Ministerio Público, proteger los derechos fundamentales y decidir solicitudes judiciales formuladas durante esta etapa.
Una de sus actuaciones más relevantes ocurre cuando concluye la investigación y el Ministerio Público presenta formalmente una acusación.
Es entonces cuando se celebra la audiencia preliminar.
En esta fase se examinan la acusación, los elementos probatorios presentados y los planteamientos de las partes para determinar si existen fundamentos suficientes para que el expediente avance hacia un juicio.
El juez puede disponer un auto de apertura a juicio o, cuando jurídicamente corresponda, dictar una decisión de no ha lugar.
El tribunal de fondo determina responsabilidad penal
Superada la etapa preliminar, el expediente puede llegar al tribunal de juicio o de fondo.
Dependiendo de la competencia establecida legalmente, este puede estar integrado por un solo magistrado o por varios jueces.
Aquí se desarrolla el juicio oral, público y contradictorio: las partes presentan sus argumentos, se producen las pruebas y el tribunal debe valorarlas respetando las garantías procesales.
Al concluir el debate, corresponde al tribunal decidir si dicta una sentencia absolutoria o condenatoria, atendiendo a los hechos y las pruebas acreditadas durante el juicio.
La Corte de Apelación revisa decisiones impugnadas
El proceso no necesariamente termina con la decisión del tribunal de primera instancia.
Las cortes de apelación funcionan como órganos jurisdiccionales de segundo grado y conocen los recursos que la legislación permite interponer contra determinadas decisiones.
Pueden examinar los argumentos planteados por las partes y, según corresponda jurídicamente, confirmar, modificar o revocar la decisión impugnada.
El nuevo Código Procesal Penal también contempla facultades de las cortes relacionadas con el examen de actuaciones y registros de las audiencias para determinar la procedencia de los motivos invocados en los recursos.
Suprema Corte conoce casación y otros procedimientos
En la parte superior de la estructura judicial se encuentra la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En materia penal, entre sus atribuciones se encuentran el conocimiento del recurso de casación, así como competencias relacionadas con revisión, conflictos de competencia, extradición y otros asuntos que expresamente le atribuyen la Constitución y las leyes.
La Suprema Corte también conoce determinadas causas penales en única instancia cuando involucran a funcionarios que poseen privilegio de jurisdicción, conforme al régimen constitucional.
Ejecución de la pena también tiene control judicial
Cuando existe una sentencia condenatoria firme, entra en escena el juez de ejecución de la pena.
Su responsabilidad no consiste en volver a decidir si la persona es culpable o inocente, sino en controlar la correcta ejecución de la condena y velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
También resuelve cuestiones surgidas durante el cumplimiento de la pena y supervisa las modalidades de ejecución que correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
Una división de funciones para garantizar el debido proceso
La existencia de diferentes jueces a lo largo del procedimiento responde a una lógica esencial: no todas las decisiones de un caso penal corresponden al mismo órgano judicial.
Desde las actuaciones urgentes y el control de la investigación hasta el juicio, los recursos y la ejecución de una eventual condena, cada tribunal posee atribuciones delimitadas.
La distribución de competencias procura fortalecer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales, estableciendo controles judiciales en las diferentes etapas que atraviesa un expediente penal.
La subasta de equipos y mobiliario de la oficina electoral en Manhattan está fijada para el 1 de octubre si no se paga previamente la deuda; el monto original de la condena asciende a US$838,337.50
SANTO DOMINGO.– Bienes muebles pertenecientes a la Junta Central Electoral (JCE) en su oficina de Manhattan podrían ser vendidos en pública subasta el próximo 1 de octubre de 2026, como parte del procedimiento iniciado en Nueva York para ejecutar una sentencia favorable a la empresa Latin Events, LLC.
El procedimiento tiene como punto de partida una condena por US$838,337.50, aunque la representación legal de la empresa sostiene que, al sumar intereses, recargos y gastos de ejecución, la cantidad reclamada habría aumentado a US$982,261.88.
La actuación fue comunicada mediante un Aviso de Embargo y Venta (Marshal’s Notice of Levy and Sale), correspondiente al expediente M 373516 y notificado el pasado 6 de septiembre.
La subasta está prevista para las 9:00 de la mañana del 1 de octubre, salvo que la obligación sea satisfecha en su totalidad al menos 72 horas antes de la fecha señalada.
Computadoras, mobiliario y otros bienes entre los alcanzados
El procedimiento afecta bienes ubicados en las oficinas de la JCE en 1501 Broadway, suite 410, Manhattan.
Entre los objetos identificados para fines de ejecución figuran computadoras, impresoras, equipos electrónicos, televisores, mesas, sillas, mobiliario, obras de arte y otros enseres.
La medida busca ejecutar el fallo emitido el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dentro del caso 1:25-cv-02830-PKC.
La sentencia fue posteriormente registrada ante la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026.
Deuda se originó en acuerdo relacionado con serie Águilas-Licey
El conflicto entre la JCE y Latin Events se remonta a la serie de béisbol celebrada entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en noviembre de 2023 en Citi Field, Nueva York.
De acuerdo con los documentos judiciales citados sobre el caso, la JCE y Latin Events suscribieron el 30 de octubre de 2023 un acuerdo por un millón de dólares relacionado con una campaña de registro de votantes dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados cercanos.
Dentro del convenio se contemplaban servicios asociados a la actividad, incluyendo la impresión de 15,000 boletos, el suministro de 20,000 almuerzos y acciones publicitarias.
Latin Events sostiene que del millón de dólares pactado recibió US$230,000, quedando un balance de US$770,000, al cual posteriormente se incorporaron intereses y otros conceptos.
Sentencia fue dictada en rebeldía
Según los antecedentes divulgados sobre el litigio, la JCE fue notificada del proceso seguido en Nueva York, pero no compareció dentro del plazo establecido.
Esa circunstancia dio lugar a que en noviembre de 2025 fuera emitida una sentencia en rebeldía.
El abogado Julio Cury, representante de Latin Events en República Dominicana, sostiene que la empresa ha intentado obtener el cumplimiento voluntario de la decisión antes de continuar con las acciones compulsivas.
De acuerdo con Cury, los intereses y costos acumulados elevan actualmente el monto reclamado a US$982,261.88, cantidad que, según indicó, continúa generando intereses.
Litigio también se desarrolla en República Dominicana
La controversia no se limita a Estados Unidos.
La decisión estadounidense fue objeto de un procedimiento de reconocimiento en República Dominicana y, según la información suministrada, fue homologada mediante el Auto núm. 036-2026-SAUT-00294, del 29 de junio de 2026.
La JCE recurrió esa decisión en apelación, por lo que esa vertiente del conflicto continúa sometida a los tribunales dominicanos.
Latin Events también mantiene actuaciones dirigidas a un embargo retentivo sobre fondos de la JCE depositados en el Banco de Reservas, como parte de sus gestiones para cobrar la acreencia reclamada.
Subasta dependerá de lo que ocurra antes del 1 de octubre
El próximo punto clave del conflicto será el 1 de octubre, fecha señalada para la venta pública de los bienes muebles de la oficina de la JCE en Manhattan.
Sin embargo, el propio aviso contempla que la subasta no se lleve a cabo si la obligación reclamada es satisfecha en su totalidad dentro del plazo establecido antes de la venta.
De concretarse la subasta, constituiría una nueva etapa del proceso de ejecución iniciado por Latin Events para hacer efectivo en Estados Unidos el fallo obtenido contra el organismo electoral dominicano.
Mientras tanto, el conflicto mantiene frentes judiciales tanto en Nueva York como en República Dominicana, donde permanecen pendientes actuaciones relacionadas con el reconocimiento y ejecución de la sentencia.
La medida de coerción contra Lenín Jhericop Núñez de León fue aplazada para el miércoles 16 de septiembre; familiares de la víctima aseguran confiar en que el proceso esclarecerá lo ocurrido
SANTO DOMINGO.– Familiares de Emmanuel Contreras Medina expresaron este domingo su confianza en la justicia dominicana, al tiempo que cuestionaron algunos planteamientos realizados en torno al proceso seguido contra Lenín Jhericop Núñez de León, investigado por la agresión que posteriormente derivó en la muerte del joven.
Las declaraciones se produjeron tras la audiencia para conocer la medida de coerción contra Núñez de León, cuyo conocimiento fue aplazado para el próximo miércoles 16 de septiembre.
Rosa Elena Contreras Medina, hermana de Emmanuel, manifestó su indignación por la muerte de su familiar, pero aseguró que espera que las autoridades y los tribunales puedan establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
También expresó su confianza en el sistema de justicia y en la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
Hermana rechaza cuestionamientos sobre transferencia
Las declaraciones de Contreras Medina se produjeron después de que la abogada Dianirys Perdereaux Brito, representante legal de Núñez de León, ofreciera su versión sobre el caso.
La hermana de la víctima pidió no dejarse confundir por las diferentes informaciones que han comenzado a circular y sostuvo que Emmanuel realizó la transferencia correspondiente para adquirir el teléfono celular que dio origen a la negociación.
“No se dejen confundir”, manifestó, al insistir en que existen evidencias de la operación bancaria realizada por su hermano.
La familiar también solicitó la devolución de la cédula de identidad de Emmanuel, documento que, según afirmó, permanecería en poder del investigado.
Abogado de la familia cuestiona salida del país
El abogado de la familia, José Javier Bidó, también reaccionó después de la audiencia y cuestionó las circunstancias en las que Núñez de León salió de República Dominicana.
Según el jurista, desde el 3 de julio existían una querella y una denuncia relacionadas con el caso ante el Ministerio Público.
Bidó planteó que deberá esclarecerse si el investigado conocía para ese momento las actuaciones que se desarrollaban en su contra y, de ser así, las razones por las cuales posteriormente salió del territorio nacional.
El abogado sostuvo además que algunos argumentos ofrecidos públicamente por la defensa no habrían sido planteados de la misma manera ante el juez durante la audiencia.
Estas afirmaciones corresponden a la posición de la representación legal de la familia y forman parte de la controversia que deberá ser debatida dentro del proceso.
Caso se originó tras negociación de un celular
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el caso se remonta al pasado 1 de julio, cuando Emmanuel Contreras Medina se reunió con Núñez de León en el sector Los Praditos, Distrito Nacional, para concretar la compra de un teléfono celular anunciado a través de Facebook Marketplace.
La acusación sostiene que Contreras Medina realizó una transferencia de RD$15,000 como parte de la operación.
Posteriormente se produjo una agresión en circunstancias que actualmente son objeto de investigación y sobre las cuales existen planteamientos de las distintas partes involucradas.
El Ministerio Público atribuye a Núñez de León haber golpeado a Contreras Medina con un bate, versión que deberá ser demostrada mediante las pruebas que sean incorporadas al proceso y sometidas al correspondiente debate judicial.
Emmanuel murió después de permanecer hospitalizado
Tras resultar gravemente herido, Contreras Medina fue trasladado al Hospital Dr. Ney Arias Lora, donde permaneció recibiendo asistencia médica.
Su fallecimiento se produjo el 8 de septiembre, después de varias semanas hospitalizado.
Núñez de León fue arrestado el viernes 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) cuando regresaba al país procedente de Miami, Estados Unidos.
Posteriormente fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para continuar las actuaciones judiciales correspondientes.
Medida de coerción será conocida el miércoles
El tribunal aplazó para el miércoles 16 de septiembre el conocimiento de la medida de coerción solicitada contra Núñez de León.
La familia de Emmanuel y sus representantes legales esperan que en la próxima audiencia continúe avanzando el proceso destinado a determinar las circunstancias de la agresión y las eventuales responsabilidades penales.
Mientras tanto, las versiones ofrecidas por la familia, la defensa y el Ministerio Público constituyen posiciones dentro de un proceso judicial en curso. Núñez de León conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidad penal.
Los tres especialistas presentados por la acusación sostienen que el peso añadido sobre la estructura habría provocado una fatiga progresiva de las vigas; defensa continúa cuestionando los peritajes durante el juicio
SANTO DOMINGO.– Los tres peritos presentados hasta el momento por el Ministerio Público en el proceso judicial por el colapso del techo de la discoteca Jet Set han coincidido en atribuir el desplome a una sobrecarga acumulada sobre la estructura, según afirmó este viernes el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.
Los especialistas que han comparecido ante el tribunal son los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera, Máximo José Corominas Quezada y Eduardo Fierro, cuyos testimonios forman parte de las pruebas que presenta la acusación en el juicio seguido contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat.
Los imputados enfrentan acusaciones relacionadas con homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias a raíz de la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Ministerio Público sostiene que hubo exceso de peso
Camacho explicó a periodistas que los tres especialistas habrían llegado a una conclusión coincidente: sobre el techo fueron incorporados distintos elementos cuyo peso terminó superando la capacidad de la estructura.
Según la teoría presentada por la acusación, la acumulación de cargas habría generado fatiga en las vigas, provocando un deterioro progresivo hasta producirse el colapso.
Entre los elementos señalados por el Ministerio Público figuran capas de fino colocadas sobre el techo, tinacos, casetas, equipos de climatización, sistemas de sonido y luces.
Camacho sostuvo que esos componentes fueron agregando peso a la estructura sin que, según la acusación, se realizaran los cálculos adecuados sobre la carga que podía soportar.
Peritos descartan otras posibles causas
El Ministerio Público también sostiene que los especialistas evaluaron otras hipótesis antes de atribuir el desplome a la sobrecarga.
Según lo expuesto durante el proceso, fueron consideradas posibles incidencias relacionadas con movimientos sísmicos, explosiones, fuertes vientos, lluvias y el incendio registrado en el establecimiento durante 2023.
Los peritos presentados por la acusación no identificaron esos acontecimientos como causa determinante del colapso.
Como parte de las verificaciones previas, los especialistas habrían consultado informaciones del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Policía Nacional.
Fierro comparece ante el tribunal
El ingeniero Eduardo Fierro, especialista mexicano presentado como perito internacional, compareció este viernes y sostuvo ante el tribunal que la sobrecarga de diferentes equipos y componentes incidió en el fallo de la estructura.
Su testimonio se suma a los ofrecidos previamente por Leonardo de Jesús Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), y Máximo José Corominas Quezada, ingeniero civil especializado en patología de edificaciones.
Reyes Madera había explicado durante su comparecencia que, de acuerdo con los cálculos manejados en el peritaje, la estructura terminó soportando una carga muy superior a aquella para la cual habría sido concebida.
Corominas Quezada también vinculó el desplome al exceso de peso colocado sobre la edificación.
Defensa somete peritajes a contradicción
Los testimonios de los especialistas continúan siendo sometidos al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes.
Durante la comparecencia de Fierro, la defensa ha cuestionado aspectos relacionados con el contenido y las limitaciones del informe técnico, dentro del ejercicio del derecho de contradicción de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Por tanto, las conclusiones de los peritos constituyen elementos probatorios sometidos actualmente a debate judicial y corresponderá al tribunal determinar el valor que les otorgará junto con las demás pruebas del proceso.
Ministerio Público insiste en responsabilidad de los imputados
Camacho afirmó que las declaraciones de los especialistas fortalecen la teoría de la acusación y manifestó que el Ministerio Público continuará incorporando pruebas con las que busca demostrar la responsabilidad penal atribuida a los hermanos Espaillat.
El funcionario también adelantó que el órgano acusador procurará una sentencia condenatoria y la imposición de la sanción máxima contemplada para los hechos imputados.
El equipo del Ministerio Público está integrado, además de Camacho, por los fiscales Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel, Miguel Collado y Magali Sánchez.
Audiencias continuarán los viernes
El proceso es conocido por el juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Debido a la cantidad de víctimas, querellantes y demás partes involucradas, las audiencias se desarrollan en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El expediente consta de 156 páginas e incluye 84 testigos, además de los diferentes peritajes técnicos.
El tribunal dispuso que las audiencias continúen celebrándose los viernes mientras avanza la presentación y contradicción de las pruebas.
Las conclusiones expresadas por los peritos y las afirmaciones del Ministerio Público forman parte de la teoría de la acusación y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad. Los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que intervenga una decisión judicial definitiva.