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Del arresto a la sentencia: conozca qué función cumple cada juez en el proceso penal dominicano
La Ley 97-25 mantiene una distribución de competencias que abarca desde las actuaciones urgentes y la investigación hasta el juicio, los recursos y la ejecución de la condena
SANTO DOMINGO.– Un proceso penal en República Dominicana puede pasar por las manos de distintos jueces y tribunales antes de alcanzar una decisión definitiva. Cada uno interviene en una etapa determinada y tiene competencias específicas para controlar la legalidad de las actuaciones, proteger los derechos de las partes y garantizar el debido proceso.
Con la entrada en vigencia de la Ley núm. 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, se mantiene esa separación de funciones dentro de la jurisdicción penal.
El sistema comprende desde los jueces que conocen actuaciones urgentes y controlan la investigación hasta los tribunales que celebran el juicio de fondo, las cortes que conocen los recursos y los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de las sentencias.
Atención Permanente interviene en asuntos que no pueden esperar
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente tiene una función particularmente importante durante las primeras actuaciones de un proceso.
Estos tribunales atienden casos urgentes de la jurisdicción penal que requieren una respuesta judicial sin demora, incluyendo solicitudes de medidas de coerción y determinadas diligencias investigativas que necesitan autorización judicial inmediata.
Las oficinas prestan servicio todos los días, incluidos fines de semana y feriados.
Por esta razón, cuando una persona es arrestada y el Ministerio Público solicita una medida de coerción, este órgano puede tener una participación determinante en esa fase inicial.
El juez de la instrucción controla la etapa preparatoria
El juez de la instrucción ejerce el control judicial durante el procedimiento preparatorio y participa en aquellas actuaciones para las cuales la legislación exige autorización de un juez.
Entre sus responsabilidades se encuentran vigilar la legalidad de determinadas actuaciones investigativas del Ministerio Público, proteger los derechos fundamentales y decidir solicitudes judiciales formuladas durante esta etapa.
Una de sus actuaciones más relevantes ocurre cuando concluye la investigación y el Ministerio Público presenta formalmente una acusación.
Es entonces cuando se celebra la audiencia preliminar.
En esta fase se examinan la acusación, los elementos probatorios presentados y los planteamientos de las partes para determinar si existen fundamentos suficientes para que el expediente avance hacia un juicio.
El juez puede disponer un auto de apertura a juicio o, cuando jurídicamente corresponda, dictar una decisión de no ha lugar.
El tribunal de fondo determina responsabilidad penal
Superada la etapa preliminar, el expediente puede llegar al tribunal de juicio o de fondo.
Dependiendo de la competencia establecida legalmente, este puede estar integrado por un solo magistrado o por varios jueces.
Aquí se desarrolla el juicio oral, público y contradictorio: las partes presentan sus argumentos, se producen las pruebas y el tribunal debe valorarlas respetando las garantías procesales.
Al concluir el debate, corresponde al tribunal decidir si dicta una sentencia absolutoria o condenatoria, atendiendo a los hechos y las pruebas acreditadas durante el juicio.
La Corte de Apelación revisa decisiones impugnadas
El proceso no necesariamente termina con la decisión del tribunal de primera instancia.
Las cortes de apelación funcionan como órganos jurisdiccionales de segundo grado y conocen los recursos que la legislación permite interponer contra determinadas decisiones.
Pueden examinar los argumentos planteados por las partes y, según corresponda jurídicamente, confirmar, modificar o revocar la decisión impugnada.
El nuevo Código Procesal Penal también contempla facultades de las cortes relacionadas con el examen de actuaciones y registros de las audiencias para determinar la procedencia de los motivos invocados en los recursos.
Suprema Corte conoce casación y otros procedimientos
En la parte superior de la estructura judicial se encuentra la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En materia penal, entre sus atribuciones se encuentran el conocimiento del recurso de casación, así como competencias relacionadas con revisión, conflictos de competencia, extradición y otros asuntos que expresamente le atribuyen la Constitución y las leyes.
La Suprema Corte también conoce determinadas causas penales en única instancia cuando involucran a funcionarios que poseen privilegio de jurisdicción, conforme al régimen constitucional.
Ejecución de la pena también tiene control judicial
Cuando existe una sentencia condenatoria firme, entra en escena el juez de ejecución de la pena.
Su responsabilidad no consiste en volver a decidir si la persona es culpable o inocente, sino en controlar la correcta ejecución de la condena y velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
También resuelve cuestiones surgidas durante el cumplimiento de la pena y supervisa las modalidades de ejecución que correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
Una división de funciones para garantizar el debido proceso
La existencia de diferentes jueces a lo largo del procedimiento responde a una lógica esencial: no todas las decisiones de un caso penal corresponden al mismo órgano judicial.
Desde las actuaciones urgentes y el control de la investigación hasta el juicio, los recursos y la ejecución de una eventual condena, cada tribunal posee atribuciones delimitadas.
La distribución de competencias procura fortalecer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales, estableciendo controles judiciales en las diferentes etapas que atraviesa un expediente penal.
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Cámara de Diputados juramenta a Minerva Frías Ogando como sustituta de su padre Jorge Frías
La nueva legisladora del PRM representará a Santo Domingo Este y asumió el compromiso de continuar el legado político y social de su fallecido padre.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Cámara de Diputados escogió y juramentó este miércoles a Minerva Klaudel Frías Ogando como nueva integrante del Congreso Nacional, en sustitución de su padre, el fallecido diputado Jorge Frías, quien representaba al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el municipio Santo Domingo Este.
La designación se produjo luego de que la dirección del partido oficialista remitiera formalmente la terna de candidatos para cubrir la vacante legislativa, conforme al procedimiento establecido en la Constitución dominicana.
La propuesta presentada por el PRM estuvo integrada por Minerva Klaudel Frías Ogando, Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez, cuyos nombres fueron sometidos a la consideración del pleno de la Cámara Baja.
La comunicación fue remitida por el vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, y el secretario general de esa organización, Juan Garrigó Mejía.
Respaldo político a la nueva legisladora
Durante el proceso de escogencia, el vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, explicó que la organización política había colocado a Frías Ogando en el primer lugar de la terna con la intención de favorecer su elección para continuar la representación legislativa que ejercía su padre.
La propuesta también contó con el respaldo de representantes de partidos opositores, entre ellos David Báez y Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, así como Idenia Doñez, vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la trayectoria política del fallecido Jorge Frías, a quien recordó como un compañero de numerosas jornadas de lucha y un amigo cercano dentro de las filas del PRM.
Minerva Frías promete honrar el legado de su padre
Luego de recibir el respaldo del pleno, Minerva Klaudel Frías Ogando prestó juramento y recibió el distintivo que la acredita oficialmente como diputada de la República Dominicana.
En sus primeras palabras como congresista, expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader, a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y a su familia por la confianza depositada en ella para asumir esta nueva responsabilidad.
La legisladora manifestó que su llegada al Congreso representa mucho más que ocupar una posición política, pues implica dar continuidad al compromiso de servicio que caracterizó la trayectoria de su padre.
Asimismo, aseguró que trabajará en favor de las comunidades de Santo Domingo Este, manteniendo una relación cercana con las bases de su organización política y con los ciudadanos de la demarcación que representa.
Designación pone fin a varias semanas de espera
La escogencia de Frías Ogando se produjo después de varias semanas durante las cuales permaneció vacante la curul del fallecido congresista.
En ese período, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, había solicitado públicamente a la dirección del PRM agilizar la presentación de la terna correspondiente, ante la necesidad de completar la representación legislativa.
Con la juramentación de Minerva Klaudel Frías Ogando, la Cámara Baja cubre la vacante dejada por Jorge Frías, mientras la nueva diputada inicia una etapa de responsabilidad pública marcada por el compromiso de preservar el legado político de su progenitor.
La nueva congresista tendrá ahora el desafío de construir su propia trayectoria legislativa, responder a las necesidades de Santo Domingo Este y demostrar, mediante iniciativas y resultados, su compromiso con la ciudadanía.
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Caso Jet Set: hermanos Espaillat buscan revertir acusación por homicidio voluntario ante Corte de Apelación
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat sostiene que el cambio de calificación jurídica basado en el dolo eventual vulnera el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO, RD. – Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat López presentaron un recurso de apelación contra la decisión judicial que modificó la calificación penal del proceso relacionado con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La acción judicial procura dejar sin efecto la Resolución núm. 042-2026-TRES-00048, emitida el 15 de octubre de 2026 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se sustituyó la calificación de homicidio y golpes y heridas involuntarios por la de homicidio y golpes y heridas voluntarios, sustentada en la figura del dolo eventual.
Los representantes legales de los imputados alegan que la modificación constituye una interpretación extensiva de la legislación penal que podría comprometer garantías constitucionales esenciales.
Defensa cuestiona aplicación del dolo eventual
Uno de los principales argumentos del recurso se fundamenta en el principio de legalidad penal, conforme al cual las conductas sancionables y sus consecuencias deben estar previamente establecidas por disposiciones legales claras y precisas.
La defensa sostiene que el tribunal recurrió a una construcción doctrinal para atribuir a determinadas disposiciones del Código Penal un alcance que, según su interpretación, no fue expresamente previsto por el legislador.
Los abogados argumentan que la legislación penal debe interpretarse restrictivamente cuando su aplicación pueda perjudicar al imputado, por lo que cuestionan que se utilice la figura del dolo eventual para transformar una imputación originalmente sustentada en hechos involuntarios.
Como parte de sus planteamientos, hicieron referencia a disposiciones del nuevo Código Penal que regulan situaciones de muertes ocasionadas por negligencia y posibles incumplimientos de obligaciones de seguridad en establecimientos comerciales.
No obstante, la aplicabilidad de cualquier disposición penal posterior a los hechos deberá examinarse conforme a las reglas constitucionales sobre irretroactividad y aplicación retroactiva de la norma más favorable.
Alegan vulneración de garantías procesales
El recurso también cuestiona el procedimiento seguido por el tribunal para modificar la calificación jurídica.
Según los recurrentes, la decisión se produjo antes de concluir la presentación de las pruebas de la acusación y de que la defensa iniciara su actividad probatoria.
En ese contexto, alegan que el tribunal realizó valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad penal de los procesados, lo que, a su juicio, podría comprometer la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial.
Asimismo, los abogados denuncian supuestas irregularidades en la aplicación de los artículos 327 y 328 del Código Procesal Penal, relacionados con las advertencias sobre posibles modificaciones de la calificación jurídica y las circunstancias que pueden surgir durante el juicio.
Sostienen que la solicitud de variar la imputación ya había sido discutida durante la etapa preliminar y que no se presentaron hechos nuevos que justificaran el procedimiento utilizado.
Cuestionan restricciones al derecho de defensa
Otro aspecto señalado en la apelación se relaciona con el desarrollo del debate judicial.
La defensa afirma que las partes acusadoras pudieron realizar intervenciones adicionales, mientras que a los representantes de los imputados no se les habría permitido ejercer la correspondiente contrarréplica.
También alegan que los hermanos Espaillat no tuvieron oportunidad de pronunciarse personalmente sobre la solicitud de modificación de la calificación penal.
De acuerdo con el recurso, estas circunstancias habrían afectado el principio de contradicción, la igualdad procesal y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Se trata de alegaciones formuladas por los abogados recurrentes, cuya procedencia deberá ser examinada por los órganos jurisdiccionales competentes.
Solicitan anulación de la resolución
Mediante el recurso, los abogados pidieron a la Corte de Apelación revocar y declarar nula la decisión que introdujo la calificación de homicidio voluntario.
Igualmente, solicitaron que el proceso continúe bajo la imputación original de homicidio y golpes y heridas involuntarios, conforme al auto de apertura a juicio.
La defensa también pretende que el conocimiento del expediente sea asignado a un tribunal unipersonal distinto del que emitió la resolución impugnada.
Como fundamento de la admisibilidad de la apelación, invocó precedentes de la Suprema Corte de Justicia que, según sus argumentos, permiten recurrir excepcionalmente determinadas decisiones judiciales distintas de las sentencias definitivas.
Corresponderá a la Corte de Apelación establecer si el recurso reúne los requisitos legales para ser conocido y, de resultar admisible, pronunciarse sobre los cuestionamientos presentados.
Un proceso de trascendencia jurídica
La controversia introduce un debate relevante sobre los límites de la interpretación judicial del derecho penal y las condiciones necesarias para atribuir responsabilidad por dolo eventual.
En términos jurídicos, la discusión gira alrededor de la diferencia entre una conducta negligente, aun cuando exista conocimiento de determinados riesgos, y una actuación en la que pueda demostrarse aceptación del resultado dañoso.
La existencia de esa diferencia resulta fundamental para determinar la calificación aplicable, sin que la sola gravedad de las consecuencias permita establecer automáticamente una conducta dolosa.
El proceso continúa generando atención nacional debido a la magnitud de la tragedia y a sus repercusiones para las víctimas, sus familiares y la responsabilidad penal vinculada con la seguridad de los establecimientos abiertos al público.
Mientras se conoce la apelación, permanece abierta una cuestión jurídica esencial: hasta dónde puede llegar la interpretación de los tribunales al modificar una acusación penal sin vulnerar las garantías constitucionales de los procesados.
La decisión que adopte la Corte de Apelación podría tener importantes repercusiones en el desarrollo del caso Jet Set y en el debate jurídico dominicano sobre la aplicación del dolo eventual.
Fuente: Recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat López, según informaciones publicadas el 27 de octubre de 2026.
La institución llama a las empresas a facilitar la movilidad de sus empleados y evitar desplazamientos peligrosos, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones.
Por Rosa Hernández
SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio de Trabajo exhortó este martes a los empleadores de las provincias bajo alerta amarilla a adoptar medidas de flexibilidad laboral ante las intensas precipitaciones provocadas por una vaguada que afecta distintas zonas de República Dominicana.
La institución solicitó a las empresas ofrecer facilidades a sus trabajadores, especialmente a quienes residen en comunidades vulnerables, próximas a ríos, arroyos y cañadas, así como a aquellos que necesitan desplazarse por carreteras y calles afectadas por inundaciones.
Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el organismo destacó que la protección de la vida y la integridad física de los empleados debe prevalecer frente a cualquier circunstancia que represente peligro durante sus traslados.
Provincias bajo alerta meteorológica
De acuerdo con las informaciones divulgadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entre las demarcaciones bajo alerta amarilla figuran el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales.
Mientras tanto, Dajabón, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hato Mayor y San Pedro de Macorís permanecen bajo alerta verde.
Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas de mayor vulnerabilidad.
Lluvias podrían continuar hasta el viernes
La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las precipitaciones podrían prolongarse hasta el próximo viernes, cuando se espera una disminución gradual de su intensidad.
La funcionaria explicó que en determinadas localidades del suroeste los acumulados de lluvia ya han superado los 200 milímetros contemplados en pronósticos anteriores, situación que incrementa la preocupación por las condiciones del suelo y el riesgo de inundaciones.
Llamado a la prevención
El Ministerio de Trabajo recomendó a empleadores y trabajadores mantenerse atentos a los boletines oficiales del COE y del Indomet, así como evitar desplazamientos innecesarios por vías inundadas o consideradas peligrosas.
La institución insistió en que las empresas deben actuar con prudencia y sensibilidad frente a las dificultades que enfrentan los trabajadores para trasladarse de manera segura.
Las autoridades reiteraron que la prevención y la colaboración entre empleadores y empleados resultan fundamentales para reducir los riesgos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.
Fuente: Ministerio de Trabajo, COE e Indomet, según informaciones divulgadas este 27 de octubre de 2026.